Repetición de la columna de ayer

Introducción:
En vista de que los lunes es el día de la semana que más visitas tiene este blog, y no así el domingo porque muchos de mis lectores acostumbran descansar y no tienen acceso a una computadora con Internet, se me ha sugerido que por la importancia que tiene esta columna, la repita hoy, a pesar de haber sido publicada ayer. Si usted no la leyó ayer tendrá oportunidad de leerla hoy, y si ya la leyó no sería malo que la vuelva a leer. Muchas gracias por su comprensión.
¿Volvemos a los tiempos de Nerón?
El cardenal Rodolfo Quezada Toruño, arzobispo metropolitano de Guatemala, manifestó en una de sus recientes homilías que está en contra de la aplicación legal de la pena de muerte y del posterior ?Recurso de Gracia? que faculta al Presidente de la República para perdonar la vida a un delincuente que haya sido juzgado y sentenciado a muerte por los tribunales de justicia después de haber empleando todos los recursos legales que se tienen. Francamente, tampoco a mí me parece justo que después de haber tenido acceso a todos los recursos legales para defenderse y de haber sido sentenciado a muerte por todos los jueces que le han juzgado, pueda ser perdonado por el gobernante de turno y la pena a la que fue sentenciado sea conmutada por voluntad del presidente de la República. En cuyo caso habría que preguntarse para qué diablos han servido los jueces si al final de cuentas es el presidente de la República quien decide la sentencia.
Por no estar de acuerdo con esto, el cardenal publicó ayer en el vespertino La Hora, en un recuadro en la página 8 con el título Volvemos a los tiempos de Nerón que, por tener un marco alrededor del texto, aparentemente es Campo Pagado, pero no se especifica que lo sea. Probablemente fue publicado de manera gratuita por una cortesia del director de ese medio, licenciado Óscar Clemente Marroquín Godoy, quien también se ha pronunciado reiteradamente en contra de la aplicación de la pena de muerte y es bien sabido que es católico practicante.
Es tan elaborado el pronunciamiento del cardenal-arzobispo que es excesivamente largo, por lo que no voy a reproducirlo en su totalidad, pero sí quiero publicar y comentar algunos de sus párrafos. Con evidente conocimiento de la realidad nacional, comienza diciendo, ?A guisa de prólogo?, lo siguiente: ?Confieso que no resulta fácil ni mucho menos cómodo abordar el tema de la pena de muerte en estos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en nuestro atormentado país. Es tanta y tan salvaje la violencia en que vivimos a diario que nuestra gente, sobrevivientes y víctimas, están exasperadas ante la ineficacia de las autoridades para dar seguridad a los ciudadanos. Y es comprensible su indignación, inclusive que llegue a pensarse que sólo la pena de muerte podría ser una solución. Algún comentarista se ha afirmado (sic) que el 90% de los guatemaltecos está de acuerdo con dicha pena. Pero, ¿hasta qué punto son fiables estas ?estadísticas?? ¿Hasta qué punto las personas no reaccionan con justa indignación ante tanta impunidad para asesinar??
Comento: Tiene razón el cardenal arzobispo. No es fácil ni mucho menos cómodo abordar este tema a cualquier persona con la sensibilidad que indudablemente tiene él, sobre todo cuando se tiene un techo de vidrio como el de la “santa” Iglesia Católica Romana. Y también tiene razón cuando agrega que ya es insoportable el grado de violencia que se está viviendo aquí a diario y que los guatemaltecos ya no la soportamos más y exigimos a las autoridades de policía y judiciales que le pongan un alto inmediatamente.
El cardenal sigue diciendo: ?Como arzobispo y ciudadano, no puedo ni debo callar. No busco el aplauso de quienes tengan la paciencia de leer este comentario. Tampoco pido que estén de acuerdo conmigo en un cien por ciento. Otros obispos en la historia, como Atanasio de Alejandría o Juan Crisóstomo, tuvieron que sufrir mucho por externar su magisterio. Pero creo que tengo legítimo derecho a exponer lo que siento como intérprete de una institución importante como es la Iglesia Católica, en la cual soy uno de sus cuatro mil obispos?.
Comento: de nuevo creo que tiene razón y está en lo correcto el cardenal y arzobispo Quezada Toruño. Pero si menciona a esos dos obispos que, según dice, sufrieron por la aplicación de la pena de muerte, debe recordar también que con el reconocimiento por los emperadores romanos, cuando el cristianismo se convirtió en religión estatal en el siglo XII, la Iglesia Católica instituyó primero en el sur de Francia la Inquisición Medieval que estuvo a cargo de franciscanos y dominicos basados en los estatutos Excommunicamus del papa Gregorio IX contra los supuestos herejes que fueron tratados como enemigos del Estado, a quienes se aplicó muy severos castigos y suplicios, como haber quemado viva en la hoguera a la patriota francesa Juana de Arco. Durante los 12 primeros años de su pontificado las actividades de la Inquisición romana fueron modestas hasta cierto punto, reducidas a Italia casi por completo. Y que posteriormente uno de los que habían sido inquisidores fue el cardenal Juan Pedro Carafa, quien en 1555 se convirtió en papa Pablo IV y emprendió una persecución activa de sospechosos, incluidos obispos y cardenales, como el prelado inglés Reginald Pole. Encargó que se elaborara una lista de libros que atentaban contra la fe o la moral, y aprobó y publicó en 1559 el primer Índice de Libros Prohibidos que fueron quemados en las plazas públicas en enormes piras. Aunque papas posteriores trataron de atemperar el excesivo celo de la Inquisición Romana, comenzaron a considerarla como el instrumento consuetudinario del gobierno papal para regular el orden interno en la Iglesia y la ortodoxia doctrinal. Por ejemplo, en 1633 procesó y condenó al sabio Galileo por sus descubrimientos y fue condenado y excomulgado el sacerdote católico Martín Lutero, autor de la Reforma, debido a lo cual surgió la Iglesia Protestante.
En 1965, en vista de numerosas quejas, el papa Pablo VI reorganizó el ?Santo Oficio? y le puso el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual fue prefecto el cardenal alemán Joseph Alois Ratzinger, el mismo que de joven fue miembro de las ?Juventudes hitlerianas? y hoy es nada menos que el papa Benedicto XVI. También debe recordar el cardenal Quezada Toruño que en España los llamados “reyes católicos” -Isabel de Castilla y Fernando de Aragón- establecieron en 1478 su propia Inquisición que fue calificada de “santa”, al frente de la cual fue nombrado el insaciable multiasesino fray Tomás de Torquemada, el confesor de la re¡na Isabel “La católica”, quien si en verdad existiese el infierno -como parece que cree el papa Benedicto XVI- indudablemente estará ahí, quemándose a fuego lento, porque persiguió implacablemente a los judíos como si fuesen delincuentes, acusándoles de herejes, hasta expulsarles del territorio español y ordenó la muerte de muchas personas a quienes se acusó de cometer actos de herejía.
También debería recordar el cardenal Quezada Toruño que cuando se creó en España el tribunal de la “santa” Inquisición, que de “santa” sólo tenía el nombre, los primeros inquisidores -Miguel de Morillo y Juan de San Martín- llegaron a Sevilla en septiembre de 1480 y sus pesquisas les llevaron a hallar un grupo de “cripto-judíos” cuyo líder era Diego de Susán, a quienes por no haberse convertido al catolicismo se les hizo la acusación de cometer actos de herejía y, después de un corto proceso, los principales autores fueron condenados a morir en la hoguera en el primer “auto de fe” que tuvo lugar en Sevilla el 6 de febrero de 1481, en el “quemadero” de la Tablada.
A mediados del siglo XV había en la península Ibérica varias clases sociales sumamente divididas: los reyes y la nobleza que ostentaban el poder a su sabor y antojo, manejaban las armas, hacían la guerra a los moros y eran dueños de las tierras y de las vidas de sus súbditos, despreciaban el trabajo manual; el pueblo, que era esclavo de la gleba, o sea que dependía de los señores feudales y estaba formado por personas incultas e iletradas que cultivaban la tierra; el clero que era privilegiado, estaba agrupado en conventos de diferentes órdenes, de las cuales las más importantes fueron los dominicos y los franciscanos, monjes mendicantes, que pregonaban el ascetismo, la vida dedicada a la oración y dependían directamente de Roma, no del obispo local, dominaban el saber, los libros y las bibliotecas, eran los cristianos educados; las minorías eran de otros credos: judíos y moros. Los moros eran el pueblo vencido que retrocedía a medida que los cristianos conquistaban el territorio peninsular hasta concentrarse finalmente en la provincia de Granada, Andalucía, donde perdieron la última batalla.
Los judíos, que habitaban la Península desde tiempos inmemoriales, eran habitantes urbanos que desempeñaban toda clase de oficios, desde los más humildes hasta los más elevados, como consejeros de los reyes. Eran letrados y conocían la contabilidad y la numeración decimal, pero fueron perseguidos, encarcelados y expulsados de España sin ninguna clemencia.
La Inquisición de España se diferenciaba de la Inquisición de Roma en que, en primer lugar, a los Inquisidores españoles los nombraba el rey, no el papa, o sea que pasaban a ser funcionarios del Estado y respondían a las políticas del reino; la segunda diferencia era que en Roma los procesos no eran apelables. El tribunal se organizó de tal manera que Torquemada fue nombrado Inquisidor Supremo para los territorios de Castilla, Aragón y Sicilia, formando parte también del tribunal el cardenal Mendoza, Miguel Morillo y Juan de San Martín, de ingrata recordación. La sede primitiva estaba en Sevilla, de donde se trasladó después a Toledo, porque allá vivían muchos judíos. La autoridad del Inquisidor Supremo era inapelable y presidía un consejo llamado “supremo”, compuesto por cinco ministros. El papa Clemente VIII les otorgó facultades para revisar todo tipo de impresos y manuscritos y de prohibir la lectura y circulación de todos los libros y papeles que juzgasen “perjudiciales a la moral” o contrarios a los dogmas ritos y disciplina de la Iglesia. La jurisdicción del tribunal abarcaba todas las posesiones españolas, las sedes que se fueron creando a lo largo de su actuación fueron: Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Murcia, Valladolid, Santiago, Logroño, Granada, Llerena, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Baleares, Jaén, Canarias; y, en América, los territorios en virreynatos de México (incluyendo la capitanía general de Guatemala, desde luego), y de Lima, así como Cartagena de Indias; en Italia, Cerdeña y en Sicilia. El tribunal de Ciudad Real fue trasladado con el tiempo de Toledo a Madrid.
El Consejo Supremo nombraba a los miembros de los “Tribunales Subalternos” con jurisdicción sobre todo en todos los territorios del reino en ultramar. Los procedimientos de la “santa” Inquisición española incluían hacer interrogatorios mientras se aplicaba tortura física, y el eufemismo de la relajación al brazo civil, donde sabían que por lo general la pena habitual era muerte en la hoguera.
El cardenal-arzobispo Quezada Toruño haría bien en recordar todos estos datos y episodios antes de ponerse a lanzar piedras sobre otros tejados, y no olvidar que es de vidrio el techo de la Iglesia Católica.
El siguiente párrafo del comentario o pronunciamiento del arzobispo se titula Regreso a los tiempos de Nerón y se refiere particularmente al llamado ?Recurso de Gracia? que autoriza a que el gobernante de turno pueda condonar la sentencia y perdonar la vida a un delincuente a pesar de haber sido sentenciado a muerte por un juez y haber perdido todos los recursos legales que haya presentado.
Dice el cardenal: ?Hace unos dos mil años el emperador Nerón inventó un signo con su mano imperial. Si la levantaba con el pulgar derecho hacia arriba el gladiador derrotado era perdonado y podía seguir viviendo. Si por el contrario ubicaba su dedo hacia abajo, el gladiador vencedor debía quitarle la vida al vencido. Lo triste de este caso es que la vida de un hombre no dependía tanto de ser el vencido en una lucha de gladiadores, sino que su vida o muerte dependiera de una persona, nada menos que la del ingrato y tristemente célebre emperador.
Sigue diciendo: ?Con el correr de los años, esta absurda facultad pasó a emperadores y reyes y, a pesar de vivir ya después de dos milenios, los diputados recién instalados se estrenan concediendo ahora tan neroniano encargo al C. Presidente, convertido inclusive por sus propios partidarios en un nuevo Nerón, en un nuevo circo romano.
Sigue diciendo el arzobispo: ?¡Qué vergüenza! Son increíbles los diabólicos inventos que el hombre ha producido a lo largo de los siglos para eliminar a otro ser humano. Mucha agua ha corrido bajo el puente de la historia desde aquella maldita quijada de burro, propiedad del primer Caín, hasta la ahora tristemente famosa inyección letal concebida ?humanitariamente? para que el ajusticiado no sufra tanto al morir. Todos estos inventos deshonran a las personas que las inventaron: quijadas de burro, espadas, hachas, horca, fusiles de todo tipo, la guillotina francesa, el garrote español, la cicuta griega, la silla eléctrica, la cámara de gas, la hoguera inquisitorial, el veneno florentino en una copa de vino, los métodos descritos en el libro ?Masacres de la Selva?, el rociar con gasolina gente humilde encerrada en una capilla del altiplano guatemalteco para prenderle fuego, el ?napalm? made in USA y tantos otros inventos que se ubican en la frontera de lo satánico y demencial. ¡Infame cadena de violencia! Y sin olvidar uno de los mayores tormentos inventados por el hombre para matar: la cruz.
Continúa: “Como (sic) quisiera que algunos de nuestros diputados leyera siquiera una parte del discurso de Cicerón ante el senado romano, contra un mal funcionario, de nombre Verres, en el cual el famoso orador describe lo que era la crucifixión, las causas por las cuales moría el condenado y los dolores que sufría antes de expirar?.
Comento: otra vez concuerdo con lo que dice el cardenal Quezada Toruño, aunque dejó en el tintero los millones de judíos que mató el nazismo alemán por órdenes de uno de los más grandes asesinos en la historia, Adolfo Hitler. Y los otros muchos millones que mataron esos otros dos asesinos que fueron el máximo dirigente comunista soviético José Stalin y Mao Tse-tung, máximo dirigente comunista chino. Sin olvidar a los cientos de cubanos que fusiló en el paredón el comunista cubano Fidel Castro al poco tiempo de haber entrado victorioso a La Habana.
En cuando al llamado ?recurso de gracia? que los actuales diputados otorgaron al presidente de la República en turno, entiendo que se debe a que esa es la única forma como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica acepta la existencia de la pena de muerte en el Código Penal y su posible aplicación.
Debo reconocer que nunca he estado de acuerdo con la aplicación legal de la pena de muerte, pero tampoco apruebo las ?Ejecuciones extrajudiciales? o asesinatos que se cometen en la llamada ?limpieza social?. Jamás me ha parecido justo que en nombre de la justicia los jueces condenen a sufrir la pena de muerte a quienes sean declarados culpables de delitos que las leyes castigan con esa pena y aplican los gobiernos de diferentes maneras. Sin embargo, concuerdo con quienes sostienen que ya no es posible seguir soportando con los brazos cruzados, en nombre de los resobados ?Derechos Humanos?, este tsunami de criminalidad que asola a nuestro país desde hace largo tiempo sin recurrir a la aplicación de la pena capital. Es imprescindible y urgente que las autoridades judiciales pidan que se aplique la pena de muerte a quienes se les compruebe que han cometido ciertos delitos.
Es demasiado largo el pronunciamiento del arzobispo metropolitano, cardenal Rodolfo Quezada Toruño, y concluye diciendo:
?Siempre los obispos hemos condenado enérgicamente el asesinato alevoso de tantos guatemaltecos, millares, de toda condición social, inclusive en tiempos difíciles cuando otras instituciones callaban. Casi no hay familia guatemalteca, inclusive la mía, que no haya sido víctima de horribles asesinatos. No hemos dejado de condenar las ya casi olvidadas masacres de años anteriores. Hemos levantado nuestra voz de protesta por la muerte de vidas inocentes en el seno de sus madres gracias a leyes ambiguas. Condenamos la muerte de los mismos pilotos de buses. Siempre la Iglesia ha levantado su voz para protestar y solidarizarse con las víctimas. Debe castigarse al delincuente. Debe exigirse a la autoridad pública que cumpla con su misión constitucional. Pero, a pesar de todo, recordamos, para no seguir bañándonos en sangre: ?la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta ?la acción creadora de Dios? y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la Vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente. (Juan Pablo II, Enc. Evangelium Vitae, 53). Con estas palabras la instrucción Donum vitae expone el contenido central de la revelación de Dios sobre el carácter sagrado e inviolable de la vida humana?. (Fin del comentario del cardenal)
Relatividad general
Teoría de la Relatividad general de Albert Einstein: la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, que se denomina C: E=MC_.
La razón por la cual he traído a colación la Teoría de la Relatividad general de Einstein es porque creo que todo es relativo y no es lo mismo que un cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Guatemala diga estas cosas humanitarias bajo su punto de vista, a lo que pueda pensar y desear una persona que llora sin consuelo la pérdida de un ser amado que fue asesinado para robarle un automóvil o un teléfono celular, o alguien que sufrió un secuestro y durante largo tiempo estuvo enterrado en un hoyo en la tierra sin poder mover ni una pierna. En general, quienes han sufrido las consecuencias de la criminalidad no piensan exactamente igual que el cardenal arzobispo Quezada Toruño, ni tampoco como yo.
Las personas que han sido víctimas de la criminalidad y violencia quieren que los autores de esos crímenes sean juzgados sin demora y condenados a las penas más severas que hay en el Código Penal. Y quieren que quienes sean acusados sean juzgados sin clemencia y, si se comprueba que son culpables, sean condenados a muerte y sean ejecutados cuanto antes para que desaparezcan del planeta y sirvan de lección a los demás delincuentes, preferentemete fusilados o, en su defecto, con inyección letal, pero que mueran para que nunca más puedan volver a cometer delitos y los demás delincuentes comprueben que no puede haber impunidad ni “recurso de gracia” que les salve del castigo que merecen.
Aunque yo siempre he estado en contra de la aplicación de la pena de muerte, respeto su dolor y comprendo su deseo de ver muertos a quienes les hayan podido hacer daño. Y, francamente, ¡no los culpo!
Si es indispensable que la justicia humana aplique el “ojo por ojo y diente por diente”, que se aplique sin clemencia ni demora. La criminalidad no puede seguir así y algo tiene que hacer el gobierno de la República para que así sea. Y si la única forma que hay es aplicándoles la pena de muerte a los violadores y asesinos… ¡que los maten!
¡Ya basta de soportar tantos crímenes que después quedan impunes! Quienes no quieran vivir en paz y apegados a las leyes, no tienen nada qué hacer en una sociedad indefensa como la nuestra, dicen en coro quienes han sido víctimas de sus desmanes y quieren que tan pronto sean caturados, juzgados y sentenciados a muerte, los fusilen sin escuchar los lloriqueos de quienes piden que se respeten los “Derechos Humanos” de los criminales que no respetaron los Derechos Humanos de sus víctimas.
En cuanto al famoso “Recurso de Gracia” presidencial, que se tenga la dignidad de eliminarlo totalmente aunque proteste y se rasgue las vestiduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo que se acate lo que dice el “Pacto de Costa Rica” o tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que suscribió Guatemala. Y si fuere necesario, que Guatemala denuncie ese tratado para poder aplicar nuestras propias leyes según nuestras circunstancias. Pero es injusto que después de haber empleado todos los recursos legales a su alcance y de haber sido condenado a muerte, un delincuente pueda valerse de ese recurso para pedir clemencia o conmutación de la pena al presidente de la República y éste le perdone la vida magnánimemente, aunque sólolo haga para bien de su imagen política. Si así fuere, ¿para qué fregados sirven los tribunales de justicia? La pena de muerte en Guatemala debe aplicarse cuanto antes a todas las personas que ya están sentenciadas, o de lo contrario por lo menos a los casos más graves, para que sirva de escarmiento y ejemplo a todos los delincuentes. Aunque protesten todas las organizaciones de Derechos Humanos del país y del exterior. Aquí vale recordar la famosa frase del filósofo José Ortega y Gasset, de que “es el hombre y sus circunstancias”.
Para terminar, aunque reitero que no es de mi agrado la aplicación de la pena de muerte y quisiera que no fuese necesario aplicarla en nuestro país, que ya ha sufrido bastante con tanta criminalidad, tanta represión y tanta violencia en general, me pronuncio en favor de que los condenados a muerte sean ejecutados sin más demora y sin que haya un “recurso de gracia” que salve la vida y condone la pena a quienes se le haya comprobado su culpabilidad.
Aunque Guatemala tenga que denunciar el tratado que firmó en San José de Costa Rica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el inciso 6 del artículo 4 establece que toda persona que sea condenada a muerte puede solicitar amnistía, indulto o la conmutación de la pena y que no puede aplicarse la pena de muerte mientras esa solicitud esté pendiente de resolución. Y como en el período del nefasto Alfonso Portillo Cabrera (“Pollo Ronco”) fue abolido por el Congreso el Recurso de Gracia, los diputados actuales lo restituyeron para que al actual gobierno le sea posible aplicar la pena de muerte pesar de las solicitudes de clemencia, indulto o conmutación que aún están pendientes de resolución y las cuales tendrá que denegar el presidente de la República Álvaro Colom Caballeros si sabe lo que conviene al país, no es un “blandeque” como algunos creen y tiene los pantalones bien puestos.

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