Una vez más, después de las muchas veces que se comenta entre dientes, pero que rara vez se habla abiertamente, se ha hecho evidente el acoso al que son sometidos por el Ministerio Público (MP) y la CICIG, algunos funcionarios encargados de administrar justicia.
Existen ya denuncias de coacción a los propios fiscales, que se niegan a presentar acusaciones sin pruebas, contra ciudadanos inocentes.
Hace algunos días se presentó una querella por tráfico de influencias y abuso de autoridad contra Mayra Veliz Secretaria General del Ministerio Público, y Rootman Pérez Secretario de Política Criminal de la misma entidad, porque pretendieron coaccionar a la entonces Fiscal Tamara de León para que promoviera antejuicios contra algunos Magistrados de una Sala de Apelaciones.
El Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Walter Villatoro, ordenó que se nombrara un Fiscal Especial, es decir independiente, para que hiciera la investigación, pues resultaba obvio que de lo contrario los denunciados tendrían que investigarse a sí mismos.
La Fiscal General de la República ha dicho que impugnará esa decisión porque afecta “la independencia” del MP. Tal afirmación da pie para sospechar que lo que pretende la Fiscal con esa impugnación, es garantizar la impunidad de sus subalternos, quienes es de suponer que estaban obedeciendo órdenes suyas.
La querella se deriva de una conversación telefónica entre la Secretaria General del MP Licenciada Mayra Véliz y la ex Fiscal de Delitos Administrativos licenciada Tamara de León. En esa conversación, que fue grabada y posteriormente hecha pública por la ex Fiscal, se escucha de qué manera la Secretaria General del MP trató de presionarla para que iniciara antejuicios en contra de dos Magistrados de una Sala de Apelaciones de Femicidio.
El Secretario de Política Criminal por escrito, también presionó en el mismo sentido a la ex Fiscal de León.
Los propios Magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Noé Adalberto Ventura Loyo y Henry Alejandro Elías Wilson, al haberse enterado de la ilegal confabulación de los sindicados, han presentado ahora una querella contra la Secretaria General y el Secretario de Política Criminal del Ministerio Público para deducirles responsabilidades, pues se pretendía acusarlos calumniosamente de un delito que no cometieron, acusación que perseguía defenestrarlos de sus cargos, por no ser complacientes con las ilegales e improcedentes pretensiones del Ministerio Público.
Es indudable que la exigencia de promover antejuicio contra los magistrados, se deriva de que estos, dictaron una resolución que no fue del agrado de Thelma Aldana, esta es la estrategia que ella y la CICIG han venido utilizando para someter a los juzgadores que no se pliegan a sus arbitrarios deseos.
Y ha dado resultado, pues, salvo algunos pocos y excepcionales jueces y magistrados dignos, que por serlo han sido denostados canallescamente, y perseguidos con amenazas y antejuicios espurios, el resto de medrosos se ha plegado a dictar resoluciones manifiestamente inconstitucionales y violatorias de los más elementales cánones de justicia, ya no digamos de los derechos fundamentales de quienes han tenido la desgracias de ser sujetos de la persecución penal.
Esta es la clase de “independencia judicial” que impulsan también en la iniciativa de reforma constitucional que se discute en el Congreso del República, con la cual se pretende implantar la “dictadura de los jueces” mediante el monopolio de su designación.
VELÁSQUEZ SIGUE INMISCUYÉNDOSE
En recientes declaraciones del colombiano Iván Velásquez en su país de origen, siguió incitando a la aprobación de las reformas constitucionales que se discuten en el Congreso de la República.
Hace rato que perdió la vergüenza que debiera producirle la inmiscusión inconstitucional en los asuntos políticos de Guatemala, pero el miedo complaciente de quienes debieran ponerlo en su lugar lo hace posible.
Ayer, en un evento que denominaron “Observatorio Judicial”, Velásquez tuvo el descaro de afirmar que, si las reformas constitucionales no eran aprobadas por el Congreso de la República, no sería él ni Thelma Aldana los que perderían sino el pueblo de Guatemala. El principal titular del diario Prensa Libre de ayer decía: “CICIG: SIN REFORMAS NO HAY FUTURO”. Es evidente, una vez más, que el comisionado colombiano Iván Velásquez se cree “el salvador de nuestra patria”. Ojalá que el Presidente Constitucional de la República, Jimmy Morales, tenga lo que se necesita para exigir a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que retire a este prepotente señor cuando venza su período en septiembre. Sería insoportable que le prorrogaran un período más su mandato.
¡Que descaro! Este señor si que debiera llamarse el rey de las falacias, ahora resulta que los responsables del fracaso de sus disparates constitucionales avalados por Thelma Aldana serán los guatemaltecos y no él, que es su autor y promotor.
Esta falacia de transferencia de responsabilidad, además de cínica, es un acto de desesperación. Ya se está dando cuenta que los guatemaltecos no son los tontos que siempre ha creído que son y que las manipulaciones que ha pretendido hacer, con campañas de desinformación y la colaboración de algunos malos guatemaltecos no ha dado el resultado que esperaba.
Con gran pompa inauguró hoy el “Observatorio Judicial” dizque para evaluar las sentencias judiciales para fortalecer al sector justicia, en el cual participaron funcionarios del Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos.
Los únicos que no participaron son quienes debieran ser los evaluadores de esas sentencias, es decir los abogados litigantes por medio del Colegio de Abogados y las Asociaciones de las diferentes ramas del derecho, que son quienes conocen al detalle la historia de esos procesos.
Se trata de una farsa más, en que se echaran flores los mismos funcionarios que dictaron las sentencias, quienes con su evidente pobreza de criterio las alabaran como la más elaborada elucubración doctrinaria y jurisprudencial.
Un intento más de engañarse a ellos mismos y seguir engañando a los pocos ingenuos que no se informan de lo que realmente se esconde atrás de estos personajes. Hay quienes creen que Iván Velásquez es una especie de héroe nacional por el hecho de que ha encarcelado a media Guatemala, sin pararse a tomar en cuenta de que lo ha hecho violando la Constitución de la República y el debido proceso. Además, no se han tomado el trabajo de investigar que muchos de los sindicados y enviados a cárceles “preventivas” no han sido enjuiciados ni mucho menos sentenciados. ¿Cuántos casos han sido enjuiciados hasta el momento? Ni uno solo. Todos están presos sin que se haya respetado la presunción de inocencia constitucional. Ni mucho menos se han respetado los plazos establecidos. Hay guatemaltecos que guardan prisión “preventiva” mucho más tiempo del que podrían haber sido sentenciados si hubiesen sido juzgados. Además de que han sido desprestigiados y condenados mediáticamente, con lo cual se ha cometido otra flagrante violación a nuestra Constitución Política. ¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo? ¿Es que en Guatemala no se tiene vergüenza?
Reitero por enésima vez que estoy en contra de la corrupción y de la impunidad, pero no aplaudo que se las combata violando la Constitución Política de la República y el estado de Derecho. A ese precio saldría peor la medicina que la enfermedad.
Twitter@jorgepalmieri.com