GACHUPINES METICHES

Tal como lo he venido anunciando los dos últimos días en esta página, el Parlamento español pidió ayer al Gobierno de España ?que colabore para esclarecer los crímenes de guerra en Guatemala?. En vez de estar metiéndose en los asuntos internos de nuestro país y haciéndole el juego a los guatemaltecos marxistas leninistas que fueron quienes iniciaron el conflicto armado cuando trataron de implantar en Guatemala un gobierno satélite de Cuba, deberían investigar y castigar las innumerables violaciones a los derechos humanos que se cometieron en estas tierras durante los muchos años de la sangrienta invasión y rapiña mal llamada ?conquista? de los desalmados soldados españoles que mataron a miles de indios, violaron a sus mujeres y se apropiaron de toda la riqueza.
Que investiguen también cuántos muertos y heridos hubo en todo el territorio de España en el transcurso de la Guerra Civil entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, entre las fuerzas de la Segunda República que estaba gobernando legalmente y tuvo el apoyo de la URSS y los fascistas golpistas encabezados por el general Francisco Franco que estaban apoyados por Hitler y Mussolini. Si quieren escarbar en la Historia deberían comenzar por hacerlo en su propio país en vez de meter sus narices en países soberanos. Lo que deberían investigar es hasta qué punto fue el mayor responsable criminal de la tragedia que ocurrió en las oficinas de la embajada de España el nefasto embajador español Máximo Cajal y López por haber sido el instigador de la “toma pacífica” de esas instalaciones por un pequeño grupo de campesinos del departamento de el Quiché dirigidos por unos activistas de la subversión comunista que eran estudiantes en la universidad de San Carlos y estaban encabezados por una mujer guerrillera que estudiaba en la facultad de Derecho. Cajal y López citó a sus oficinas a varias personalidades jurídicas de Guatemala -entre ellos el ex Vicepresidente de la República, licenciado Eduardo Cáceres Lehnhoff y el ex Canciller, licenciado Adolfo Molina Orantes- para que sirvieran de rehenes a los invasores que encabezaba el campesino Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz 1992, ex embajadora “de buena voluntad” del actual gobierno de empresarios, socia de un millonario mexicano propietario de una gran cadena de farmacias. Desde entonces esta mujer de raza indígena que participó en actividades guerrilleras subversivas, se ha venido dedicando a promover el apoyo de personas y entidades marxistas en los países de Europa para vengarse de quienes ella cree que pudieron haber tenido alguna autoridad militar o civil en esos días y fueron responsables de la represión contra la subversión. Hoy es la candidata presidencial del partido Encuentro por Guatemala y cree ingenuamente que va a obtener más de un millón de votos, pero eso no ocurrirá porque ni siquiera sus congéneres confían en ella porque la catalogan como oportunista que nunca ha hecho nada por la gente de su raza.
Este es el comunicado de prensa que ha sido distribuido dentro y fuera de España por estos metiches y abusivos gachupines.
?El parlamento español ha pedido al Gobierno que colabore ?con todos los medios a su alcance? para esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos durante la guerra de Guatemala (1960-1996) y para lograr que los responsables de esos actos sean conducidos ante la Justicia. Los parlamentarios instan al Gobierno para que apoye a las autoridades guatemaltecas en la adopción de ?medidas concretas? para promover ?la lucha contra la impunidad y facilitar el trabajo de los tribunales de Justicia?. Muestran además su ?máximo respeto y consideración a todas las víctimas? y su preocupación por las amenazas y hostigamientos que aún hoy sufren en Guatemala algunas organizaciones de desarrollo y de derechos humanos.
La resolución fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. El diputado socialista Juan Moscoso, que presentó esta iniciativa parlamentaria, la vinculó con ?la publicación del libro ?Guatemala. El silencio del gallo?, escrito con gran viveza y pasión por el periodista Carlos Santos?, y con el sobrecogedor testimonio del misionero Luis Gurriarán, citado expresamente en la exposición de motivos. Moscoso mencionó además el trabajo que está llevando a cabo el juzgado central numero 1 de la Audiencia Nacional española, del que es titular el juez Santiago Pedraz, para hacer Justicia sobre los crímenes contra ciudadanos españoles, hasta hoy impunes. Beatriz Rodríguez-Salmones, diputada del Partido Popular (PP), defendió una actuación decidida de las instituciones europeas y afirmó que el fortalecimiento de la democracia en Guatemala es una ?garantía de paz y libertad?.
En la guerra civil de Guatemala, que terminó con los acuerdos de paz de 1996, 200.000 personas fueron asesinadas y otras 45.000 fueron víctimas de ?desapariciones forzadas?, según datos de la ONU, de la Conferencia Episcopal Guatemalteca y de la Audiencia Nacional española. Entre las víctimas hay al menos ocho españoles, los misioneros José María Gran, Juan Alonso, Andrés Lanz, Faustino Villanueva, así como Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa, que murieron en el asalto a la embajada española, en 1980.
En su texto final, la Proposición No de Ley, Sobre respeto, cumplimiento y seguimiento de los Acuerdos de Paz y de los Derechos Humanos en Guatemala, incorpora enmiendas del Grupo Popular, Grupo Socialista y Convergencia Unión.
TEXTO FINAL DE LA RESOLUCION
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en su ámbito de actuación colabore, con todos los medios a su alcance, con las gestiones en curso para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Guatemala y para lograr que los responsables de dichos actos sean conducidos ante la Justicia, tal como demanda el Parlamento Europeo.
2. Que apoye a las autoridades guatemaltecas en la adopción de medidas concretas encaminadas a facilitar la lucha contra la impunidad y el trabajo de los tribunales de Justicia.
3. Expresa su máximo respeto y consideración a la memoria de todas las víctimas de esta guerra, compartiendo el dolor de sus allegados y descendientes.
4. Manifiesta su apoyo a las autoridades y al pueblo de Guatemala en sus esfuerzos por conseguir la correcta aplicación del Estado de Derecho y un desarrollo económico, social y político que redunde en beneficio de la paz y de la reconciliación histórica. Para colaborar con el fortalecimiento de la democracia en Guatemala, como garantía de paz y libertad.
5. Expresa su preocupación por las crecientes acciones de intimidación, hostigamiento y amenazas que vienen afectando al trabajo que desarrollan en el país las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno Español como a las autoridades guatemaltecas correspondientes para la adecuada protección y seguridad de estas organizaciones y el correspondiente esclarecimiento de los hechos, con el fin de contrarrestar la impunidad en la que se vienen cometiendo estas agresiones y en beneficio de la paz y democracia a la que aspira el conjunto de la sociedad guatemalteca”.
Madrid, 30 de Mayo de 2007
Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados

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