La audiencia pública
Cuando llegó el día de la audiencia pública en el Juicio de Imprenta que entabló contra mi el italiano Orazio Cultreri, la cual tuvo lugar en la Sala de Sesiones de la antigua Corte Suprema de Justicia, frente al parquecito del Teatro Abril, el numeroso público que asistió me aplaudía como si fuese un héroe, lo cual me hizo sentir que era el papá de Tarzán, mientras que a mi acusador y a su abogado los abucheaban cada vez que abrían la boca. Sin embargo, cuando mis abogados y yo creíamos que había llegado el momento de dar a conocer los documentos oficiales de varios países sobre las malas andanzas del italiano Cultreri, en los cuales me basé para lo que había publicado, el abogado del acusador pidió la palabra para recordar al juez lo que establece el Código Penal en los artículos 161, 162, 164 y 165l, Título II (Delitos contra el honor), Capítulo I (De la calumnia, de la injuria y de la difamación). El 161 dice: “es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”; el 162 dice: “al acusado de injurias no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación”; el 164 dice: “hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que pueda provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido, ante la sociedad”; y el 165 dice: “quien a sabiendas reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de dos a cinco años”.
Al oír esto yo comprendí que estaba totalmente desarmado y tuve que darme por satisfecho con leer frente a un micrófono, desde el podio, las cartas que había recibido sobre las imputaciones que hacían a Cultreri las autoridades de Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México, a pesar de que comprendí que éstas no tendrían valor alguno en el juicio. Pero al menos me quedaría la satisfacción de que se enteraran el juez, los miembros del jurado de imprenta y el numeroso público asistente.
Declarado culpable y sentenciado
Al final de cuentas el jurado me declaró culpable de injuria y el juez me sentenció a un mes de cárcel conmutable por el pago de diez centavos diarios, aunque dejó sin efecto la sentencia por no tener antecedentes penales. Pero la condena en la rama penal abrió la puerta para la demanda por daños y perjuicios contra la empresa de Prensa Libre en la rama civil.
Al día siguiente salí retratado en la portada de ese periódico en una pose teatral o cinematográfica, en el preciso momento en que señalaba a Cultreri con el dedo acusador mientras leía los informes que había recibido, pero de nada me sirvieron porque, de acuerdo a los citados artículos del Código Penal, cometí injuria y el delito de difamación por haber publicado las imputaciones que le hicieron al susodicho italiano las autoridades de esos países.
Poco tiempo después un equipo de abogados de Cultreri entabló la demanda civil contra Prensa Libre y el abogado de esa empresa, quien se decía mi “amigo”, aconsejó al director, mi viejo “amigo” Pedro Julio García, que me despidiera de inmediato para deslindar al periódico de mí. Y así fue, a pesar de que yo venía publicando en ese periódico todos los días dos columnas alternas desde el primer número que se publicó. ¡Y pensar que me pagaban un salario miserable por mi trabajo periodístico de altura! Además, todo -absolutamente todo- lo que publiqué contra Cultreri había sido previamente revisado y autorizado por él, porque en ese periódico jamás se podía publicar algo que pudiese ser conflictivo sin la aprobación del director. Por eso su actitud tan indigna de un “amigo” me pareció una traición, una infamia, una cobardía, a pesar de que comprendo que estas cosas suceden cuando hay intereses económicos de por medio y las personas involucradas carecen de auténtica calidad humana. Con “amigos” como ellos dos yo no necesitaba de enemigos. Pero todo lo malo que se hace en esta vida se paga tarde o temprano aquí mismo, muchos años después Pedro Julio me visitó y me pidió sollozando que lo perdonara cuando me contó que había sido traicionado por el mismo abogado que le había aconsejado despedirme y fue despojado por su hija de buen número las acciones del periódico que fundó con varios socios.
Expulsado de aquí y asesinado en Puerto Rico
El juicio civil contra Prensa Libre jamás prosperó y tuvo su punto final cuando, durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, Cultreri fue capturado por la Policía Nacional y la Interpol y deportado a Italia en un vuelo que hacía escala en Santo Domingo, República Dominicana, donde Cultreri dijo en el aeropuerto que iba al servicio sanitario y se fugó por una ventana. Poco tiempo después supe que estaba en Puerto Rico en compañía de una mujer guatemalteca de origen chino, pero no pasó mucho tiempo para que fuese asesinado en una callecita del romántico barrio denominado Viejo San Juan, presuntamente por la mafia.
La razón por la que les he contado todo esto es para que sepan de este caso en la historia nacional en el que hubo un Juicio de Imprenta contra un periodista por haber publicado los informes oficiales de varios países sobre actividades delictivas de un mafioso que era una amenaza para la sociedad. Sin embargo, ahora se lee constantemente en todos los periódicos que personas ampliamente conocidas son acusadas, con nombres y apellidos, de estar ligadas con el crimen organizado, o con el narcotráfico o con el lavado de dinero. Y nunca pasa nada. Que yo sepa, no ha vuelto a darse en Guatemala otro caso jurídico como el de Cultreri vs Palmieri, a pesar de que casi a diario la prensa acusa a varias personas de estar involucradas en actividades delictivas. La excusa que se esgrime para ello es que se trata de asuntos de naturaleza política y hay libertad para publicar críticas a los funcionarios públicos, pero hay veces en las que se critica y acusa no sólo a los funcionarios y a los políticos, sino también a sus parientes y especialmente cuando son aspirantes a cargos políticos aunque todavía no lo sean. Está comprobado que todo se vale cuando se trata de personas involucradas en la vida política. Especialmente si se trata de candidatos a la presidencia de la república a quienes se acusa impunemente de cualquier cosa sin que pase nada.
Sigamos con la glosa
En el siguiente párrafo de donde nos quedamos dice el editorial: ?La opinión acerca de cualquier hecho, en especial todo lo relacionado con la política y otros temas similares de interés nacional, es una de las manifestaciones más importantes de aquel derecho. Lo más natural es que haya puntos de vista distintos, y que sean los medios de prensa las entidades desde las cuales se expresen y lleguen a conocimiento de la generalidad de los ciudadanos?.
No se puede negar que en nombre de la sagrada libertad de expresión y de otras premisas como la anterior los medios de comunicación a menudo cometen injurias y delitos de difamación contra algunas personas ?tanto mujeres como hombres- que tienen que soportar que impunemente se les calumnie, se les insulte, se les vitupere, se les injurie y se les difame simple y sencillamente por el hecho de estarse dedicando a una actividad pública. ¡No hay derecho!
Sigue diciendo: ?Los editoriales, como es innecesario repetir, constituyen la voz oficial de un medio y la manera en que éste analiza los hechos de importancia en la vida nacional. Pero al igual que cuando opina una persona, no tiene sentido afirmar que una opinión constituye una manera de presión. Esto sólo es válido cuando en esa opinión se expresa claramente una forma de amenaza?.
Todos los días leemos en los periódicos locales notas informativas que deberían ser objetivas pero son subjetivas porque contienen versiones tendenciosas o tergiversadas que no necesariamente son verídicas, sino son de algún reportero que se cree con derecho a desvirtuar su función informativa y estrictamente objetiva para transformarse en columnista o editorialista subjetivo y opinar lo que quiere en las informaciones que publica. Me refiero sobre todo a los llamados ?equipos de investigación? como los de Prensa Libre y elPeriódico, que son fantasmas anónimos porque nunca se sabe quiénes son sus integrantes. Aunque a veces también firman unas notas “la Redacción”, pero sin que haya un nombre responsable. En las supuestas “investigaciones” se acusa a medio mundo de todo lo que les da la gana porque están amparados en la libertad de expresión que garantiza la Constitución. ¡Y eso no se vale! Ese tipo de “periodismo” amarillista e irresponsable no deben permitirlo los directores de los medios, por más que, afortunadamente, haya en el país libertad de emisión del pensamiento. Pero no es una libertad que sirva para calumniar, injuriar y difamar a las personas sobresalientes del país.
Sigue diciendo el editorial: ?Por tanto, cualquier persona que confunde la expresión de un criterio que–obviamente, es subjetivo– con la amenaza, demuestra poca o nula capacidad de entender la esencia de este principio fundamental. Una de las maneras de expresar esta incapacidad es dejar de señalar que una determinada afirmación constituye un criterio personal y por ello puede afirmar falsedades o hechos que simplemente no existieron?.
Sabihondos y dueños de la verdad
Los periódicos de Guatemala se creen con derecho a dirigir con insoportable arrogancia y prepotencia el comportamiento de cualquiera de los funcionarios de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y si estos no hacen lo que se quiere que hagan, ¡ay de ellos! ¡Duro y a la cabeza! Se despedaza sin misericordia su reputación. Cualquiera creería que los medios de comunicación en Guatemala son el Oráculo de Delfos, que todo lo sabía y, lo que es peor, se creen dueños de la verdad, y creen que todos los funcionarios del presente y de los sucesivos gobiernos que vienen deben hacer lo que ellos quieren que hagan, y si no lo hacen se exponen a recibir vituperios y caer en el desprestigio.
Sigo glosando: ?Este punto es de particular importancia. Por eso la Corte de Constitucionalidad (CC), en un campo pagado de esta semana, afirmó su respeto escrupuloso por la libre emisión del pensamiento y por el acceso a la información, aunque en otro párrafo expresa que es punible cualquier atentado contra la independencia de los magistrados y jueces, lo cual abre la puerta a algunas dudas en lo referente a cómo reacciona cuando hay críticas a la tarea de esa institución?.
Lo que la CC expresó en ese campo pagado no podría ser más claro. Los medios de comunicación no deben adelantar opiniones sobre cuáles deben ser los veredictos judiciales en los casos que se plantean a los jueces o magistrados, porque al hacerlo tratan de imponer opiniones periodísticas a soluciones legales. En todo caso, los editorialistas y columnistas deben ser siempre respetuosos de la calidad personal y profesional de los jueces y magistrados sin poner en tela de juicio si tienen capacidad o idoneidad para resolver los casos que tienen a su cargo y sin caer en la corrupción. De no ser así no tendrían razón de existir las cortes de justicia, ni los jueces y magistrados, si los medios de comunicación deliberan y resuelven los casos a su antojo como si tuviesen calidad y autoridad jurídica. Por eso fue tan lamentable que en los periódicos que se identificaron como francamente antagónicos al Alcalde Metropolitano, Álvaro Arzú Irigoyen, en la crisis con el gobierno nacional que surgió por la reglamentación municipal del horario para el transporte pesado por las calles de la capital, versus el intento del gobierno de pretender que un acuerdo del ministerio de Gobernación violase la autonomía municipal al imponer a la comuna la obligación de obtener el voto ?favorable? de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y pusieron en entredicho la calidad personal y la ética profesional del ilustrado magistrado Alejandro Maldonado Aguirre al instarle con insistencia a inhibirse de participar en la votación para resolver la acción de inconstitucionalidad que planteó ante la CC el Alcalde Metropolitano, como diciendo que podría haber la posibilidad de que el ex ministro de Educación y ex Canciller de la República pudiese ser parcial al votar a favor de la acción de inconstitucionalidad que planteó la municipalidad por su amistad con él y porque cuando fue diputado fue miembro de la bancada del partido Unionista, y no porque ese pueda ser estrictamente su criterio jurídico. También por eso me causó mucho gusto reproducir íntegramente el voto concurrente razonado de Maldonado Aguirre, que demostró su alta calidad de magistrado constitucional.
Conclusión del editorial
?La posición editorial de Prensa Libre ha sido y será siempre la de defender los intereses de la mayoría. En eso debe coincidir con la CC y con cualquier otra institución del Estado. Pero nos reservamos el derecho de expresar nuestro pensamiento acerca de cualquier tema, sin más limitaciones que las marcadas por la ley y el respeto a las personas. Quien afirme que realizamos nuestra tarea con veneno o mala fe, solamente demuestra que carece de capacidad de leer; que, si lee, no puede interpretar lo leído, o que su juicio es poco sereno o está influenciado por lo que podrían ser intereses espurios disfrazados de objetividad y de seriedad.? (Fin del Editorial)
Creo que sería justo y necesario que los directores y/o jefes de redacción de los periódicos exijan a los reporteros bajo sus órdenes que en sus notas informativas sobre los acontecimientos políticos nacionales se limiten a informar con objetividad de los hechos y se abstengan de hacer comentarios subjetivos que la mayoría de las veces son tendenciosos, venenosos, tergiversados y prepotentes sobre el comportamiento de las personas involucradas, porque hay ciertos reporteros que acostumbran no dejar santo parado. Es verdad que los editoriales son las voces oficiales de los medios de comunicación o las opiniones de los directores y que los columnistas están en su derecho al expresar sus opiniones personales, pero jamás deben hacerlo los reporteros en sus notas informativas. Aunque ahora se escudan en grupos anónimos como los llamados ?equipos de investigación? que cuestionan todo lo que hacen y expresan las figuras públicas, como si los periodistas fuésemos jueces sabios y verdugos implacables al mismo tiempo.
Es comprensible que después de tantas sucesivas dictaduras militares autoritarias en nuestra Historia, que cuando no se negaba de plano el derecho a ejercer la libertad de expresión se corría el riesgo de sufrir las trágicas consecuencias por la osadía de criticar a las autoridades de turno, sería prudente y conveniente que sin caer en la autocensura los medios de comunicación no permitan que las notas de información política nacional de los reporteros sean empleadas como desagües o cloacas de tendencias políticas partidistas o de enfermizas antipatías personales, sino se limiten a informar objetivamente de los hechos que les consta, porque cuando no hay objetividad en la información se vulnera la verdad y se desinforma a los lectores.
