Cuando se estaba discutiendo si sería o no conveniente para el prestigio de Guatemala que el jesuita arrepentido y ex guerrillero Vicepresidente de la República, Eduardo Stein Barillas, y el ex guerrillero ministro de Relaciones Exteriores Edgar Gutiérrez hubiesen firmado con la Organización de Naciones Unidas (ONU) un convenio para conformar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), opiné igual que algunos otros compatriotas que tienen sangre en la cara y dignidad y dijeron que era vergonzoso que el gobierno que presidió Óscar Berger haya tenido que reconocer ante el mundo entero que no tenía la capacidad necesaria para cumplir con el mandato constitucional de combatir la delincuencia y la impunidad y por eso haya tenido que pedir ayuda a la ONU. A lo que el susodicho sacristán que en mala hora llegó a desempeñar el cargo de Vicepresidente de la República respondió que quienes nos oponíamos a la aprobación de la CICIG teníamos “gusaneras” escondidas, a lo que le respondimos que gusaneras tenía él por todo lo que hizo cuando andaba de guerrillero, pero que de todas maneras… y barajo y reviro en contra.
Pero la desverguenza pudo más que la dignidad y se salieron con la suya los tres elementos que anteriormente fueron subversivos pero estaban infiltrados en ?el gobierno de los empresarios? (Eduardo Stein, Edgar Gutiérrez y Frank LaRue) cuando convencieron a los candidatos presidenciales que estaban en plena campaña electoral y temían que podrían perder votos si los diputados de sus bancadas en el Congreso no votaban a favor de ratificar el convenio que fue firmado a espaldas del pueblo en las oficinas de la ONU en Nueva York, y pasaron la consigna a sus diputados de votar a favor de la creación de la CICIG y en contra del enjundioso dictamen que había elaborado la Comisión de Relaciones Exteriores que presidía la todavía guapa licenciada Zury Ríos Sosa de Weller, el cual con ello quedó automáticamente anulado a pesar de que era obvio que estaba en lo correcto.
Está totalmente equivocado ese reportero irrespetuoso y malintencionado autor de ese “reportaje” al dar a entender que la CICIG fue impuesta a Guatemala, porque la verdad es que dos poderes del Estado -el Ejecutivo y el Legislativo- autorizaron su establecimiento, lo cual significa que no nos fue impuesta por la ONU.
El acreditado periódico español El País publicó ayer un ?reportaje? sumamente ofensivo, denigrante e insultante contra nuestro país titulado Guatemala, ¿Estado fallido? y el subtítulo: ?El español Carlos Castresana, presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dirige la lucha para hacer del país un auténtico Estado de derecho?, supuestamente escrito desde Guatemala por un tal M. Á. Bastenier. Como ustedes podrán darse cuenta cuando lo lean, se trata de un ?reportaje? muy sui generis porque editorializa la opinión caprichosa del autor sobre lo que ocurre aquí. Para que vean la ofensiva opinión que le merece esta desafortunada situación, lo reproduzco textualmente a continuación:
?¿Es Guatemala la Somalia de América Latina? O, más próximamente, ¿el Haití de Iberoamérica? El Estado guatemalteco cumple con impecable tenacidad todos los requisitos para convertirse en un Estado fallido, si es que aún no lo es: zonas del país –corredores estratégicos los llaman- escapan al control de las fuerzas de seguridad, y son santuarios del narco-delito; 60 muertes violentas por 100.000 habitantes y año, cuando el índice español no llega a tres; impunidad que sonríe por igual al que le tira la basura al portal vecino que al asesino industrial en serie; y una Administración que regula indiferente la pasividad, en lugar de prestar servicio al ciudadano.
Muchos ven al nuevo presidente como el último tren a la
salvación nacional
“Es la soberanía lo que se trata de devolver al país”, afirma Castresana
Guatemala adquirió el lunes pasado un nuevo presidente democráticamente elegido, Álvaro Colom Caballeros, de 57 años, que tiene la sangre fría de declararse socialdemócrata en medio de este pandemónium, y muchos le ven como el último tren a la salvación nacional, tarea hercúlea para la que cuenta con un Eliot Ness español, como lo llama el presidente de la patronal, Carlos Zúñiga, cuya misión es reinventar la justicia. Como presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el jurista Carlos Castresana, nombrado por la ONU por dos años, ha de ser sheriff y magistrado, policía científico y alquimista social. Sabe que su ambición merodea lo milagroso, pero es optimista porque pesimismo es sólo otra forma de decir Guatemala.
El país centroamericano firmó en 1996 unos acuerdos de paz que casi parecía que consagraban la victoria de la guerrilla, 200.000 muertos y tres décadas después de iniciado el conflicto. Castresana explica que aquello fue un espejismo. Los servicios de espionaje del Ejército, que habían infiltrado la guerrilla, fueron los verdaderos vencedores. No sólo no se cumplió ninguno de los compromisos democratizadores, sino que la incorporación de los guerrilleros a la vida civil derivó en masacre y la desmovilización de un Ejército reducido en sus efectivos a los 15.000 actuales, creó una gran masa de maniobra para el crimen.
La profesora de literatura y analista social de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aida, distingue cuatro grandes causas de violencia: delincuencia común; bandas de jóvenes, las maras que ya vamos conociendo en España, que comenzaron como mecanismos de dominación territorial y hoy son máquina de extorsión y poder; crimen organizado o mafias, que monocultivan el narcotráfico, y violencia autónoma, como la de los ejércitos privados de finqueros, militares desmovilizados y antiguos patrulleros civiles, que colaboraban con la milicia en la guerra y que ahora actúan frecuentemente por impulso ideológico para salvar el país. Para Aida, Guatemala es una macroinfografía del dolor.
La socióloga y el jurista coinciden, como prácticamente el coro de personalidades consultadas, en que no hay Estado fallido, pero sí una gravísima pérdida de gobernabilidad, que empuja hacia el despeñadero. El empresario Zúñiga mide como en filigrana sus palabras cuando dice: “Si no se hace algo, será la perdición de Guatemala”. Y el director del diario de referencia, Prensa libre, Gonzalo Marroquín, lamenta que “el país se haya acostumbrado a convivir con el fracaso”.
El optimismo reservón de Castresana se basa en que cree que algo importante ha cambiado. “La elite ha comprendido que si no apoya con el esfuerzo incluso económico necesario para la reformulación de Guatemala, lo perderá todo”. Hasta hace sólo unos meses destacados representantes de los poderes reales y hasta del Estado se oponían a la formación de la comisión que preside el jurista, aduciendo que ello significaba una “pérdida de soberanía”; pero Castresana replica que, al revés, es “la soberanía lo que se trata de devolver al país”.
Muchas voces apuntan a que fue el asesinato de tres diputados salvadoreños en Guatemala capital en febrero pasado, con gran probabilidad a manos de la narco-mafia, lo que acabó por fumigar las mayores resistencias a la intervención internacional. La comisión contará con 150 especialistas, de los que ya hay contratados 40, unos cuantos de ellos españoles, y su primer cometido será rescatar a Guatemala del Paleolítico de la investigación judicial. “Hoy sólo se practica la prueba testifical, de forma que el soborno y la intimidación eliminan a cualquier testigo, y lo que hace falta es la prueba científica, irrefutable, para lo que hay que adquirir la tecnología y formar al equipo que la maneje”, dice Castresana. No sólo Elliot Ness, sino David Caruso, el del CSI.
El procurador para los Derechos Humanos, Sergio Morales, se niega también a admitir que esto sea la bancarrota del Estado, pero el lenguaje del cuerpo no acompaña cuando con resignación bíblica recuerda: “De cada 250.000 delitos sólo 240 investigaciones llegan a juicio”. Y a ello podríamos añadir que hay 250 asaltos diarios a autobuses de línea y servicio. Tomar el autobús es hoy aquí la mayor profesión de riesgo. Pero Morales, fortaleza dentro del realismo, añade: “Soy optimista porque no es productivo ser pesimista”. Hay quien recuerda con sarcasmo que hace dos años salvadoreños poco amistosos elevaron unas vallas en un puesto fronterizo en las que se leía: “Bienvenidos a Guate (en letras negras) Mala (en letras rojas, que chorreaban sangre)”.
¿Es Colom el hombre adecuado, en el momento adecuado, y en el lugar adecuado? Carmen Aida cree que “lo ha improvisado todo; el Gobierno, en el que sólo hay una mujer y un indígena, obedece mucho más a un aroma de social democracia que a auténtica competencia”. Y añade que, aunque el presidente ejerza el poder formal, no está claro cuáles son sus apoyos en el poder real para prevalecer sobre el crimen.
Monseñor Álvaro Ramazzini, presidente de la conferencia episcopal, no cree que el anterior presidente, Óscar Berger, pastoreara con acierto a sus ministros, “y los congresistas tampoco sé que hacían, aparte de cobrar el sueldo”. Con la excepción del titular del Interior. Vielmann dice que “no le ponían cara al problema”, razón por la cual siente que hay que darle un voto de confianza a Colom. Los consultados coinciden en que por fin anida la esperanza, si bien no falta quien, perverso, señala que cuando Colom pronunciaba su discurso inaugural y hablaba de ser “el privilegio de los pobres”, exhibía un reloj de oro de 18.000 euros.
El embrollo guatemalteco debería aún ser más laberíntico si tenemos en cuenta que el indigenado abarca los dos tercios más empobrecidos de la nación. Pero la extrema división étnica, como cuenta el español residente más español y más residente en Guatemala, el escritor Francisco Pérez Antón, hace que “el indígena no juegue como pueblo un papel significativo, porque no es leal a ninguna ideología, sino que se mueve a través de cacicazgos clientelares que negocian con el poder criollo un apoyo siempre supeditado”. Y el crecimiento del protestantismo evangélico, mayoritariamente indígena, fomenta esa desmovilización política.
La Guatemala de Álvaro Colom tiene, pese a todo, una oportunidad. La UE, según impecables fuentes españolas, guarda en el refajo 25.000 millones de euros para apuntalar esa reingeniería. El presidente lo sabe y sólo ha de armarse de la decisión necesaria para emprender a fondo la limpieza de los establos de Augias.? (Fin del ?reportaje?)
Comento: No puedo terminar la reproducción de este artículo tan denigrante para Guatemala sin decir que este tal M. Á. Bastenier tiene que ser uno de esos izquierdosos trasnochados que a estas alturas todavía andan promoviendo la tendencia marxista-leninista por el mundo a pesar de que ya está de sobra demostrado que es un fracaso. Es injusto que hable de 200 mil muertos durante los treinta años de conflicto armado y no mencione cuántos hubo durante la mal llamada “Conquista” de los soldados españoles que vinieron a robarse todas las riquezas, ni recuerde el número de muertos que hubo durante los años de la Guerra Civil Española, y es estúpido que compare el número de crímenes que se cometen a diario en Guatemala con los que se cometen en España. ¿Por qué no compara las estadísticas de la criminalidad en España con la que se registra en los demás países de la Unión Europea?
En resumidas cuentas, lo único interesante y afortunado que contiene ese “reportaje” de ese gilipollas español es la observación del reloj de 18 mil Euros que exhibía el presidente Colom mientras decía en su discurso que su gobierno daría preeminencia a resolver el problema de la miseria y la pobreza.
En todo caso, tenemos merecido que un papanatas o gilipollas como este tal M. Á. Bastenier escriba esas pendejadas difamatorias acerca de Guatemala, si los guatemaltecos toleramos que otros españoles como el jurista Carlos Castresana, de la CICIG, pretenda que se opere “un cambio político en Guatemala para que el país cumpla las reglas en materia de seguridad pública, fiscalía y justicia?, según declaraciones que publicó el diario La Hora el 18 del mes en curso (página 6), y que los impertinentes jueces Santiago Pedraz y Baltazar Garzón de la Audiencia Nacional de España cometan el abuso de tratar de imponer su jurisdicción al sistema judicial de un país soberano como Guatemala. Pero para que vea ese señor que a pesar de haberse aprobado la CICIG todavía hay guatemaltecos con dignidad, los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad mandaron al carajo a esos jueces al fallar que los jueces de España no tienen jurisdicción en nuestro país. Después de todo todavía hay dignidad en nuestra patria. ¡Bravo por ellos!
