Ayer se cumplieron cuatro meses de que, el 19 de febrero del año en curso, tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el chofer de su vehículo y guardaespaldas fueron interceptados en el bulevar Los Próceres por elementos pertenecientes a la División de Investigaciones Criminológicas (Dinc) de la Policía Nacional Civil (PNC) y posteriormente asesinados y quemados con gasolina en su automóvil en la aldea El Jocotillo, Villa Canales. Los diputados eran Eduardo D?abuison, William Pichinte y José Ramón González, y el chofer, que también les servía de guardaespaldas, era Gerardo Ramírez. Cuatro agentes de la mencionada división de la PNC fueron identificados y detenidos como responsables de ese hecho criminal gracias a los videos, testimonios y un informe del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) y grabaciones de llamadas telefónicas, tras de lo cual fueron conducidos a la cárcel preventiva de la zona 18, de donde les trasladaron sin orden judicial a la cárcel denominada El Boquerón, en jurisdicción de Cuilapa, Santa Rosa, supuestamente de alta seguridad. No obstante, inexplicablemente fueron también asesinados en la cárcel a pesar de que para llegar a donde se encontraban y lograr su cometido los autores materiales tuvieron que tener tres llaves.
Actualmente hay otras seis personas detenidas, entre ellas un miembro de la PNC que responde al nombre de Marvin Contreras, mientras que están prófugos los agentes Carlos Orellana Aroche y Jeiner Barillas, a quienes se sindica de haber participado en los asesinatos y de formar parte de una organización delictiva de Jalpatagua, Jutiapa.
Pero el proceso contra ellos está estancado debido a la recusación del agente Marvin Contreras contra el juez noveno de Primera Instancia Penal, Nery Medina porque considera que se violaron sus derechos cuando se llevó a cabo una audiencia supuestamente fuera de tiempo. En tanto este obstáculo no sea salvado, el Ministerio Público no puede presentar ninguna acusación contra cuatro personas a quienes hoy se vence el período de investigación. Asimismo, está pendiente también que
se haga un cambio en la clasificación de los delitos a los vinculados de Jalpatagua.
Ya en una oportunidad el presidente de El Salvador, señor Elías Antonio Saca, expresó con insólita franqueza -desacostumbrada en situaciones en las que se acostumbra observar un protocolo- su inconformidad por la lentitud con que se han hecho las investigaciones, las capturas y se han iniciado los procesos. Y de nuevo acaba de manifestar lo mismo en una conferencia de prensa y expresó que va a abordar el tema con el presidente de Guatemala, licenciado Óscar Berger, cuando éste regrese de su viaje a la isla de Taiwan y asista a la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), que se celebrará los días 28 y 29 del mes en curso. El mandatario salvadoreño declaró: ?Pienso transmitirle la preocupación salvadoreña por el escaso avance?. Y sin observar las reglas protocolarias, agregó: ?Creo que ya se debería haber logrado más?, y puntualizó que los fiscales de ambos países han sostenido varias conversaciones sobre este tema, pero hay detalles que todavía no se pueden divulgar.
Sin andarse por las ramas, el presidente Saca dijo: ?Esperamos más de Guatemala para llegar hasta el fondo de la investigación de esos asesinatos y de otros hechos que se han registrado en territorio guatemalteco?. Por otra parte, al ser consultado qué opina sobre estas declaraciones, el fiscal guatemalteco Álvaro Matus explicó que no puede opinar sobre lo que dijo el presidente Saca, pero afirmó que en el proceso se han logrado resultados importantes que se revelan por las capturas que se han hecho. Textualmente declaró: ?Lo que puedo decir es que el proceso ha avanzado. Es una investigación bastante profunda y los resultados están allí, pero las pesquisas todavía no han terminado?. Al mismo tiempo, afirmó que el Ministerio Público guatemalteco ha actuado con transparencia con los fiscales salvadoreños, para evitar que se pueda creer que se está encubriendo a alguien.
El caso es que ya han transcurrido cuatro meses y las autoridades guatemaltecas todavía no han obtenido resultados suficientemente satisfactorios. Todo lo que ha sucedido es que, después de haber sido interpelado en el pleno del Congreso de la República, simplemente renunció del cargo y se fue tranquilamente a su casa el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, y el director de la PNC Erwin Sperisen se fue al extranjero sin haber tenido que dar mayores explicaciones. Y parte sin novedad. Lo cual es natural que haga sospechar a los salvadoreños que no se ha actuado como habría sido de esperarse. Pero el pueblo y las autoridades de El Salvador, ese querido país vecino y hermano, deben confiar en que el pueblo de Guatemala tampoco está satisfecho con la forma tan irresponsable de actuar de nuestro gobierno y ha rechazado con indignación ese frívolo comportamiento; y también exige, tanto como ellos, que quienes sean responsables de una u otra forma y los funcionarios superiores que no cumplieron con su obligación de castigarles. Pero aquí se ha visto cómo el doctor Figueroa, uno de quienes tenía a su cargo esa sección de la PNC, abandonó públicamente el país con toda su familia prometiendo que pronto regresaría para enfrentar su responsabilidad, pero su paradero todavía es desconocido.
En cualquier país del mundo en el cual su gobierno cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad a sus habitantes, como lo ordena la Constitución, seguramente estos crímenes habrían provocado serias consecuencias; y no sólo para los autores materiales sino también para los jefes superiores que no tuvieron el cuidado necesario al reclutar al personal idóneo en la PNC y dieron patente de corso a delincuentes. Y, como consecuencia, ahora tenemos una policía infiltrada por la delincuencia organizada y el narcotráfico internacional. No en vano la revista estadounidense Foreign Policy cataloga a Guatemala como un país a la zaga de América Latina en el índice de estados en riesgo de fracasar.
Tienen mucha razón las autoridades de El Salvador por estar insatisfechas y considero que ya es hora de que las autoridades de Guatemala aprovechen las deducciones a las que llegaron las investigaciones de los agentes del FBI que con ese propósito vinieron a nuestro país y reportaron sus hallazgos. Si Guatemala no lo hace inmediatamente, se corre el riesgo de que los hermanos salvadoreños vayan a creer que hay interés en ocultar la verdad para que, como en tantos otros casos, se burle a la justicia e impere la impunidad. Ya no hay tiempo que perder. Se debe decir la verdad y señalar a los culpables. Supongo que al presidente Berger se le va a caer la cara de vergüenza cuando su colega y amigo salvadoreño Antonio Saca le pregunte, cuando se vuelvan a ver. qué ha pasado. Las autoridades guatemaltecas están obligadas a satisfacer las justas exigencias de las autoridades y del pueblo de El Salvador. De lo contrario nos exponemos a que se nos acuse de indolencia o, peor aún, de ser cómplices por incapacidad de la impunidad de los autores de esos crímenes. El gobierno que presiden Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas, como presidente y vicepresidente de la República, no puede dejar el poder el 14 de enero del año próximo en manos de sus sucesores sin antes haber esclarecido esos crímenes y castigado a los responsables.
