De un tiempo a esta parte, el fiscal colombiano doctor Iván Velásquez Gómez, actual Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha venido diciendo con insistencia, dentro y fuera del país, que hay una campaña contra él y de desprestigio contra la CICIG, por el hecho que se le han venido haciendo críticas a través de los medios de comunicación y las redes sociales por su desmedido protagonismo en temas en los que está involucrándose y que, en opinión de sus críticos, no están incluidos en la lista de actividades que le competen de acuerdo al convenio firmado por el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Hay que recordar que antes de la llegada del doctor Iván Velásquez Gómez, para hacerse cargo de la CICIG, esa oficina, única en el mundo por su naturaleza, que otros países se han negado a aceptar, había tenido dos jefes desastrosos: el primero fue el jurista y fiscal español Carlos Castresana nombrado en septiembre del año 2010 por el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, a la organización de esa entidad “dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en las instituciones”, pero causó muchos problemas y abusos de poder y se vio precisado a renunciar en el 2017 tras haber sido acusado de sostener una conducta impropia con una colaboradora de raza negra, aunque él declaró que renunció debido a una campaña de desprestigio en su contra para destruir la imagen de la CICIG, a pesar de que recibió el apoyo de los gobiernos de España y de Francia.
Castresana fue sustituido por el jurista y fiscal general costarricense licenciado Francisco Dall’Anesse Ruiz, nombrado el 30 de junio de ese mismo año por el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon y permaneció en ese cargo hasta septiembre de 2013. Después del fracaso de Dall’Anese fue nombrado el jurista y fiscal colombiano doctor Iván Velásquez Gómez, tras haber tenido una destacada actuación jurídica en su natal Colombia. Aunque su actuación jurídica ha sido muy controvertida y se le ligó de tener nexos con líderes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FARC).
Hay que reconocer que el doctor Velásquez ha tenido un brillante currículo y que en el año 2011 recibió el Premio Mundial de Derechos Humanos de parte de la prestigiada organización International Bar Association (IBA), y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, últimamente se ha sabido que está siendo investigado por la Fiscalía de su país y que el ex presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) le ha calificado de “nefasto”. El ex presidente Uribe sabrá por qué lo dice.
Las críticas que se le hacen es que está sobrepasando lo convenido en sus atribuciones, al colmo de que ha sembrado en terror en el país por haber acusado de diversos delitos a altos funcionarios de los tres poderes del Estado, los cuales han sido encarcelados en cárceles supuestamente preventivas, pero en las que han permanecido largo tiempo, sin antes haber sido oídas y vencidas en juicio y sin respetar la presunción de inocencia constitucional. Y como consecuencia se encuentran llenas las cárceles existentes y otras más que han sido creadas para dar albergue a tantos supuestos delincuentes cuya reputación ha sido destrozada por las simples acusaciones y las exposiciones inconstitucionales a los medios de comunicación.
Esta situación tiene prácticamente paralizado al país porque ninguno de los funcionarios públicos –del presidente Morales para abajo– se atreve a firmar nada por temor a que pueda verse comprometido con el MP y la CICIG y por ello los mecanismos del Estado están detenidos. Lo cual demuestra que no existe Estado de Derecho.
Se le reconoce el éxito de sus investigaciones denominada “La Línea” sobre la corrupción aduanera en la que los supuestos cabecillas son el ex presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, y están supuestamente comprometidos muchos de los altos funcionarios públicos y de la SAT, la “Cooperacha”, y otras, quienes guardan prisión “preventiva” desde hace mucho tiempo sin que se les haya oído y vencido en juicio. No obstante, algunas de sus propiedades ya han sido incautadas por el Estado.
Además, incidentes como la misteriosa muerte del ex ministro Pavel Centeno, cuando un grupo de fiscales del MP y de la CICIG trató de allanar su casa antes de la hora legal señalada por la ley y hubo intercambio de balazos, de cuyo resultado se ha dicho que el ministro Centeno se suicidó, aunque el balazo que le quitó la vida tiene orificio de entrada abajo de la nariz.
El colmo ha sido que hasta la Casa Presidencial fue allanada (supuestamente por un error, según se dijo después) para tratar de capturar al hijo menor del Presidente Jimmy Morales, acusado de un delito menor, y el hermano del mandatario Sammy Morales, fue capturado escandalosamente, como si fuese un delincuente peligroso y ambos fueron enviados a prisión preventiva aunque sus supuestos delitos eran menores y pudieron haber sido enviados a cárcel domiciliaria. Como para demostrar que no es realmente el Jefe del Poder Ejecutivo el que manda en el país, sino que quien más poder tiene en el país es el Jefe de la CICIG. Y se sospecha que esta fue una forma de obligar al presidente a apoyar la reforma constitucional y confirmar su apoyo a la CICIG. Porque se ha criticado al presidente Morales por no haber expresado su apoyo a la CICIG. A lo cual él ha contestado que ni a su hermano ni a su hijo ha apoyado y no tiene por qué apoyar a nadie. Con lo que creo que tiene toda la razón.
Esto motivó otra brillante caricatura del genial Fo, de Prensa Libre.
Pero en el exceso de sus atribuciones, ahora está tratando de imponer al Congreso de la República que los diputados se alineen y voten a favor de una reforma constitucional a todas luces apresurada, no consensuada e inconveniente. Su intromisión en este sentido ha sobrepasado excesivamente sus atribuciones en el convenio firmado entre la ONU y el Estado de Guatemala.
El doctor Velásquez se ha dedicado a ver la forma de quitar el derecho de inmunidad a todos los diputados que ha querido porque no se han querido alinear, pero él no renuncia a la “inmunidad diplomática” de la que goza gracias al convenio entre la ONU y el Estado de Guatemala. ¿Por qué él no renuncia a su inmunidad?
Finalmente, me dirijo al doctor Iván Velásquez para decirle que no es que haya una campaña en su contra ni exista el propósito de desprestigiar a la CICIG. Lo que pasa es que en principio es vergonzoso que un país supuestamente libre y soberano, como creemos que es el nuestro, tenga que soportar que la ONU, o el gobierno de los Estados Unidos de América, o su embajador, nos impongan una entidad como la CICIG para perseguir a la corrupción y combatir a la impunidad, en vez de que sea el Ministerio Público de Guatemala la que se encargue de hacer ese trabajo. Sin embargo, al principio se le tomó como una ayuda o simple colaboración para el MP, pero en el transcurso del tiempo hemos podido ver cómo la CICIG con usted a la cabeza han venido cooptando a la Jefa del MP y a todo el sistema Judicial de Guatemala.
Y ahora pretenden imponer su voluntad al Congreso de la República para que acepte las reformas constitucionales que usted cree convenientes. ¡Francamente, ya es demasiado! ¿Qué se cree usted que es? ¿El procónsul en Guatemala? Creo que los guatemaltecos ya estamos preparados para gobernarnos solos. Y de desearle a usted muy buen viaje. Que le vaya bien de regreso a su patria a aclarar las investigaciones que se están haciendo en su contra. No es que seamos malagradecidos por todo lo que ha logrado hacer por nuestro país, pero creo que se le ha pasado la mano y es mejor dejar así las cosas.
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Mientras tanto, el Comisionado Iván Velásquez se queja, dentro y fuera del país, de que existe una campaña contra él y para desprestigiar a la CICIG (siguiendo el ejemplo del tristemente recordado Castresana), pero no dice que es él quien está llevando a cabo una muy costosa campaña por Europa, Nueva York y Washington para desprestigiar a todos los medios de Guatemala y recibir el apoyo $$$ de las instituciones y personas a quienes visita. Porque hay que recordar que la CICIG no vive de un presupuesto que le haya sido asignado por la ONU sino que el elevado salario del Comisionado y demás personal y demás gastos se cubren con donaciones de varios países y personas.
Es tanta su megalomanía que afirma que quienes le criticamos somos delincuentes o estamos ligados al crimen organizado. Por mi parte, respondo en la forma en que acostumbran hacerlo los jóvenes indígenas: barajo y reviro en contra. Y si por estas opiniones el embajador Robinson va a quitarme la visa para ingresar a los Estados Unidos, ya no me importa porque a mis 88 años y con tantas molestias que hay para viajar ya no tengo deseos de hacerlo. Como decimos popularmente los guatemaltecos: “Machete, mejor estate en tu vaina”.
El fiscal colombiano Iván Velásquez con el Secretario General de la ONU el ex primer ministro portugués Antonio Guterres, a quien acudió para solicitar su apoyo $$$. Porque ya no le basta el apoyo del embajador de EE.UU. Todd Robinson.
La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, licenciada Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, doctor Iván Velásquez, visitando a unos senadores republicanos en Washington, D.C. para que continúen apoyando a la CICIG.
Todo esto ha merecido otra brillante caricatura de Fo publicada en Prensa Libre.
Asociación de Dignatarios de la Nación rechaza reformas
Por: Rodrigo Arias
I. Nimbo Lorentzen
El exconstituyente Arnoldo López Straub, se refirió a la discusión en el Legislativo, del proyecto de reformas constitucionales al sector justicia.
¿Cuál es el propósito de la asociación que representa?
La asociación fue creada con base en el Decreto 4-86, Constitucional, que se encuentra vigente, en el cual quedó como obligación que los constituyentes teníamos la obligación de divulgar y defender la Constitución.
Entonces, se han perdido 30 años y hasta ahora, Junta Directiva quiere rescatar el espacio que le corresponde, porque de conformidad con el Decreto 4-86, somos terceros interesados en todo lo relativo al tema Constitucional.
¿Cuáles son sus principales preocupaciones al conocer este proyecto de reforma, tan discutido y que ha suscitado tanta controversia?
“Bueno.., hay mucho: o sea, todas las reformas planteadas son ilegales, principiando la forma como se plantea con la presencia del presidente de la República, el presidente del Organismo Legislativo, la fiscal general y el procurador de los Derechos Humanos, ninguno de ellos, por sí y ante sí, tiene legitimidad para pedir reformas constitucionales.
El único que la tendría es el presidente de la República, pero en Consejo de Ministros, cosa que no se hizo. El planteamiento de la reforma es ilegal desde el día que nace. Si bien es cierto que firmaron 54 diputados, está probado, hay cámaras, hay videos que prueban que ellos solo llegaron a firmar, donde fueron recibidas estas altas autoridades, en el Congreso de la República, pero no se llenaron los espacios que exige la ley. Por ejemplo, la ley dice que los diputados pueden presentar mociones para reformar la Constitución, pero ahí no hubo ese consenso pues solo firmaron sin analizar ni estudiar previamente la propuesta.
Quiere decir que el proceder de los legisladores ocasiona que alguien que no tiene iniciativa de ley ni legitimación para plantear la Reforma Constitucional, la obtenga a través de las acciones de los 54 legisladores que firmaron la propuesta.
Es más: quiere decir que no la tiene, desde ningún punto de vista. En primer lugar el jefe de la Comisión Técnica, no es ni guatemalteco para poderse entrometer en los problemas jurídicos del país.
Más allá de las condiciones de ilegitimidad formal que reviste la reforma, ¿Qué otros aspectos negativos encuentra usted en la propuesta?
Que todos los artículos que quieren ser reformados no pueden tocarse. Iniciemos con el artículo que está causando más polémica, el 203. ¿Qué se está solicitando? Que a 22 etnias se les dé rango constitucional, que sean reconocidas y que cada una tenga su propia forma de aplicar la ley. ¿Qué sería eso? Una anarquía de país. Usted no sabría ni dónde, ni qué está haciendo para estar amparado un derecho legal. En ninguna parte del mundo existe eso. Sería la primera vez en un país y qué triste el que sea Guatemala el que dé ese ejemplo, de tener 23 constituciones. ¿Qué nos cuesta eso? jueces, secretarios, oficiales, comisarios, intérpretes. Y toda esa excesividad de gastos, aparte pagar alquiler de casa, teléfono, luz, agua, papelería, computadoras. ¿Cuál va a ser el costo de todo eso? ¿Guatemala está en una situación de bonanza para poder hacer eso? ¿O primero rescatamos los hospitales, o la educación?
Cuando se redactó la Constitución, ustedes incluyeron el reconocimiento a los pueblos indígenas y a sus formas propias de vida, en el artículo 66. ¿Cuál considera usted que es la insistencia en que se apruebe el reconocimiento a algo que está plenamente reconocido dentro de nuestro ordenamiento constitucional?
En la exposición de motivos del Código Procesal Penal, en su apartado 3.3 El jurista que hizo la exposición de motivos, el doctor César Ricardo Barrientos Pellecer, deja claro cuál es la posición de las etnias para que puedan estar amparados con la ley. Según yo, me he tomado la molestia de escuchar y ver noticias y tengo entendido que son tres los puntos medulares de ellos, de las etnias indígenas. Se refieren a las hidroeléctricas, en primer lugar, segundo, a las minerías y tercero a las cuestiones del agro, ríos, terrenos y todo como se ha manejado.
El día de ayer lo platicábamos con Iván Velásquez de CICIG, que eso no es tema constitucional. Es tema de una ley ordinaria y que está reconocido en la ley. Y si lo quieren mejorar, que lo mejoren. Nosotros mismos estaríamos anuentes a apoyar una mejora consensuada que venga en beneficio de todos los guatemaltecos. Nosotros no estamos apoyando a un grupo o a otro, nosotros en este momento, después de 31 años de vida, de la Constitución, lo que estamos tratando es ser un balance, que se encuentren situaciones que beneficien al Estado y a los guatemaltecos, pero ya es hora que se ponga un alto a los abusos que se cometen. Por ejemplo, hoy se tienen bloqueos en distintos puntos carreteros. ¿Qué sucedería si la iniciativa privada, el magisterio, los profesionales dispusieran hacer otro paro? Esto es una anarquía. Ya no es país. La salida viable es que todos respetemos la ley y que principiemos por conocer la Constitución, ya se discuten muchas cosas sin conocer el fondo.
¿Qué efectos podría producir el reconocimiento de la jurisdicción indígena en el rango constitucional?
De lo que percibo, declaraciones, posiciones que he visto, por ejemplo, el diputado Amílcar Pop, dice que después viene la búsqueda de los derechos ancestrales. Los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre algunos territorios.
¿Fundar la república independiente de Totonicapán? Exacto.
¿Una revolución solapada? Precisamente.
¿Sería la punta de lanza de esta revolución solapada, el asalto al Poder Judicial?
Es otro tema que podríamos tocar. La Corte Suprema de Justicia, ya no sería Corte Suprema de Justicia, sino sería Corte de Justicia, porque le quitarían la supremacía. Le quitarían parte del poder de la CSJ y esto vendría a causar una inestabilidad. No solo la Corte de Constitucionalidad tomó mucho poder; dejó a la Corte Suprema de Justicia, un eslabón abajo, con esto. ¿Qué sucedería? Llegaríamos a un problema serio de la aplicación de la justicia. Visto cómo quieren manejar las comisiones para que lleguen los magistrados de la Suprema, las Cortes de Apelaciones, jueces de Instancia, de Paz y aún de la Corte de Constitucionalidad.
La forma cómo se quiere elegir a las 10 personas que van a conformar el Consejo de la Carrera judicial, sería un club de quienes están allí, de quienes están detentando el poder. Sería un club de la izquierda. ¿Qué legislación habría para los guatemaltecos?
¿Es oportuno decir que la ideología está abrazando la reforma? Así es.
¿Cómo se puede desideologizar la Reforma?
Creo que en este momento, esta reforma está muerta. O está muerta porque la paran. O está muerta porque lo ganamos los abogados que planteemos recursos o está muerta con el rotundo no que va a dar el pueblo de Guatemala.
¿Cuál es el sustento jurídico constitucional del proyecto de Reforma Constitucional?
Esta Reforma la quieren globalizar, y no tiene ningún asidero jurídico en ninguna parte. Me dolió mucho oír a un analista español que actúa en uno de los canales preguntar: pero, y ¿Cuál es el problema? Hay que dejarlos, Y si funciona aquí en Guatemala, pues ya se utilizará en otros países. Si bien es cierto que Guatemala va a ser el primer país, hay que dejarlos para ver si nos funciona para poderlo implementar. Nuestro país no es un país de conejillos de indias, para que nos vengan a usar como sujetos de experimentación. Ya fuimos conejillos de indias con la inoculación de gonorrea y sífilis en tiempos del doctor Arévalo, que no nos han reconocido ni un centavo las autoridades norteamericanas por eso, y seguimos sirviéndoles de conejillos de indias, ya basta. El país debe tener una posición firme. Le pido personalmente al presidente de la República, en cuya toma de posesión tuve el honor de estar presente, que él juró defender la Constitución y lo que menos está haciendo es defender la Constitución de Guatemala. Es su deber así como el de los diputados y altos funcionarios es defenderla en virtud de su juramento y es lo menos que se está haciendo. Se están yendo por otro lado.
¿Cómo puede la ciudadanía colaborar en el proceso de defensa de la Constitución?
En este momento hacer conciencia social, conversar con la familia, con los amigos, con el vecino de la monstruosidad jurídica que se está dando, y el día que se llegue, que no creo que se llegue al referéndum, ir a dar un rotundo no, y ojalá podamos deducir responsabilidades, pues ese referéndum nos costaría a los guatemaltecos de 300 a 400 millones de quetzales.
¿Qué le diría a las autoridades indígenas que demandan el reconocimiento a sus derechos?
Que se informen. Que estudien. Que no se dejen llevar por cantos de sirena. Y, sobre todo, sabemos que está corriendo mucho dinero. Yo recibí, solamente hoy, un par de chats donde se evidencia que tales grupos están siendo financiados. Creo que a estas alturas nosotros ya no estamos para jugar roles políticos: la edad nos avanzó. Estamos para balancear. ¿Qué queremos? Un país unido. Una Guatemala donde en realidad nos tratemos como hermanos. Ya no más confrontación, ya no más problemas entre hermanos. Y que haya una justicia plena que las autoridades se preocupen por su divulgación y que hablen barbaridades como las que hablan sin tener el más mínimo conocimiento de lo que están hablando.
¿Qué le diría a los diputados que promueven la reforma constitucional?
Les diría que sean analíticos y críticos de lo que están haciendo. El artículo 381 del Código Penal, tiene sanciones para quien viole la Constitución, y su responsabilidad penal se prolonga durante 20 años. (Fin de la entrevista)
Reproduzco a continuación este interesante artículo que fue publicado el sábado pasado en las páginas 4 y 5 del diario Siglo.21. Espero que al autor o al medio no les moleste.
LOS ESTADOS MAYAS
Por Alejandro Palmieri Waelti
La inclusión en las reformas a la Constitución Política de la República, de la “jurisdicción indígena” me hizo recordar los textos de Teoría General del Estado que tuve que leer en la universidad y caí en cuenta que la inclusión de esa propuesta de reforma no es por generación espontánea, no es una idea novel, sino que fue agregada aprovechando el momentum reformista del sector justicia. En mi opinión, el origen -por lo menos formal, pues el conceptual es mucho más viejo- inicia el 31 de marzo de 1995 con la firma del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, parte de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado de Guatemala y la URNG.
Desde esa fecha, y mucho antes quizás, ha habido un esfuerzo direccionado, coordinado y estructurado para la conformación del estado o estados mayas. Desde entonces se ha venido construyendo sobre el acuerdo de paz antes indicado y tratado de estructurar una propuesta tomando algunos conceptos de tratadistas occidentales respetadísimos; Hans Kelsen viene a la mente.
En su libro Teoría General del Estado, Kelsen identifica los 3 elementos esenciales para un Estado: territorio, el pueblo (población) y el poder (autoridad). Así, los interesados en la conformación de los estados mayas iniciaron con la conceptualización de la identidad maya, es decir, qué es lo que es ser maya y cómo se identifica. De esa cuenta, empezaron el largo camino para poder definir uno de los elementos que Kelsen nos dice que son esenciales: la población.
Para definir quién es maya se atendió a un parámetro meramente subjetivo: la opinión personal, considerando como maya a quien se identificara como tal. Hay también teorías que identifican a un individuo como perteneciente a esa colectividad por su parentesco probado en grados que cada grupo determina; el mejor ejemplo de la aplicación de esta teoría son las “naciones indígenas” de los Estados Unidos de América.
Como para ser miembro de una “nación” se requiere poder demostrar consanguinidad, cada una de ellas ha determinado distinta distancia máxima (por ejemplo algunas naciones aceptan como parte de ellas a quienes demuestran tener 1/8 o 1/16 de sangre de esa tribu en particular). Es importante para ellos poder determinar quién es y quién no, pues hay temas impositivos favorables e incluso beneficios económicos para los miembros de la “nación” por actividades como los casinos en sus reservaciones.
En el caso de Guatemala, se escogió el camino de la auto identificación. No hay ningún requisito de consanguinidad o similar para tomar como miembro de determinada etnia a una persona. Por ello la importancia de la identidad de los pueblos indígenas. Aquel acuerdo sentó la base para poder empezar a determinar (auto determinar) la población, que como se ha apuntado, es uno de los elementos del Estado.
El segundo elemento del estado es el territorio. Se recordará que desde el 29 de diciembre de 1996 cuando se firmó la Paz Firme y Duradera, empezamos a escuchar cada vez más y más en el discurso público el término “territorios”. Cada vez que un líder indígena tenía un espacio público, mencionaba los territorios -en plural- de los pueblos mayas. Si son varios pueblos, pues son varios territorios. Así se intentó plasmar en el imaginario colectivo que los “pueblos mayas” tenían “territorios”.
Guatemala suscribió y ratificó el Convenio 169 de la OIT y es Ley vigente en la República desde el 6 de junio de 1997; este convenio les otorga particulares derechos a los pueblos originarios sobre “sus territorios” lo que sólo podría operar en el supuesto de que tengan propiedad comunal de un lugar. No es casualidad que todo eso haya ocurrido; el movimiento indigenista venía tomando fuerza hacía ya algunos años alcanzando su cenit en el año 1992 con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Así pues, el camino hacia la consolidación de los estados mayas venía dando pasos tratando de consolidar la identidad cultural (cosmovisión) como elemento definitorio para determinar la población de esos proto estados mayas; el paso siguiente, lo constituiría el esfuerzo para definir el o los territorios.
En Guatemala los impulsores y colaboradores de ese esfuerzo se toparon con un problema inesperado: si bien se pudo introducir en el imaginario y en el discurso que existen distintos pueblos mayas (país multiétnico, multilingüe y pluricultural) la división política actual del territorio guatemalteco -el único que hay- no casaba con los pretendidos territorios de los pueblos mayas. En otras palabras, el territorio del pueblo maya quiché, por ejemplo, no cazaba con la demarcación territorial actual. Eso representó un obstáculo en el camino del establecimiento del estado o estados mayas. Ya tenían una población definida, habida cuenta que la identidad de los pueblos estaba reconocida por los acuerdos de paz, lo que buscaban era establecer territorio. Fallaron y esperaron.
Con el advenimiento de la iniciativa de reforma constitucional del sector justicia, que se discute en el Congreso de la República se les presentó una invaluable oportunidad: incluir entre las reformas lo que los interesados denominaron jurisdicción indígena -lo que sea que eso signifique- y el reconocimiento de supuestas autoridades que tendrían la facultad de impartir justicia de acuerdo con sus costumbres y normas. Esta sería la oportunidad de conseguir el reconocimiento del tercer elemento necesario para la conformación de un Estado: el poder (autoridad).
Si la Constitución Política de la República reconociera la facultad de autoridades indígenas ancestrales de aplicar normas propias y procedimientos propios se estaría reconociendo ese elemento, el imperium.
Pero esa propuesta lleva oculto un propósito: al reconocer la facultad de autoridades indígenas ancestrales para la aplicación de la justicia de conformidad con sus normas y sus costumbres se provee una herramienta contundente para finalmente determinar el territorio. ¡Qué mejor forma para determinar el territorio de una población que la facultad de ejercer autoridad! El Derecho tiene varios ejemplos de cómo la facultad de ejercer poder demarca la zona en la que puede hacerlo y viceversa. La competencia territorial de los Jueces es el más patente.
Hay muestras de que algunos de los maya descendientes no se sienten guatemaltecos y no quieren ser guatemaltecos; nos extraña que exista la intención de conformar estados mayas? Inadvertidamente el Estado guatemalteco ha estado propiciando mediante medidas legislativas ese fin.
La falta de presencia del Estado guatemalteco en zonas lejanas -y no tanto- como en la zona del Polochic son más que evidentes y han sido una causa formal de la falta de cohesión de la identidad guatemalteca. Sin duda hay razones históricas y sociológicas para que el mestizaje acá haya sido de la forma que es y que en buena medida el racismo y la discriminación sean endémicos, pero el camino correcto desde la perspectiva política y constitucional no es crear elementos para la secesión de parte de la población tomando como propio parte del territorio guatemalteco. En mi opinión, el camino correcto es que el Estado guatemalteco cumpla a cabalidad con la Constitución y para ello hay que fortalecerlo, no cercenarlo.
En estos días que se siguen discutiendo las reformas a la Constitución y algunos se empecinan en incluir el tema de la jurisdicción indígena, deben tomar conciencia que no se trata simplemente de reconocer costumbre que sus proponentes denominan pluralismo jurídico que, no sólo trae un sinfín de complicaciones legales para el Estado, sino, como se ha apuntado, sentaría las bases para la destrucción de la República con la conformación de otros estados: los estados mayas con todas las de ley. ¡Estemos atentos! (Fin del artículo)
Twitter@jorgepalmieri.com