1.- Ante la tragedia ocurrida
Me uno solidariamente con el Gobierno de la República y el pueblo de Guatemala en general ante la tragedia ocurrida el miércoles 8 del mes en curso en el centro asistencial denominado “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, situado en San José Pinula, en el cual, como epílogo de una serie de hechos, se produjo un incendio causado por un colchón que quemó una de las niñas, por lo que murieron quemadas o por asfixia 39 niñas, otras aún están hospitalizadas en Guatemala y otras fueron llevadas en aviones-hospitales a la ciudad de Galveston, Texas, donde hay médicos y hospitales especializados en quemaduras.
Pero rechazo categóricamente a los políticos que aprovechan esta tragedia para tratar de echar agua a su molino, como la ex candidata a la presidencia y actual Secretaria General del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres Casanova, ex “primera dama” del nefasto Álvaro Colón, quien lanzó por las redes sociales un manifiesto sumamente demagógico tratando de achacar toda la responsabilidad de lo ocurrido a los funcionarios del Gobierno que, aunque es obvio que cometieron algunos errores en la administración que coadyuvaron a que ocurriese la tragedia, no son los únicos culpables. Al investigarse meticulosamente el caso se verá quiénes son los mayores culpables para deducirles responsabilidades. Mientras tanto los diputados de la UNE en el Congreso complacen todo lo que les pidan el embajador Robinson, la Fiscal General Thelma Aldana y el jefe de la CICIG Iván Velásquez para las reformas constitucionales… con tal de que no vayan a investigar el enorme hueveo que hubo en el sumamente lucrativo negocio del Transurbano durante el gobierno de Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres Casanova, del partido UNE, sobre el cual la CICIG no ha dicho nada. Y es porque, como dicen las campanas, “dan…darán”.
En un desafortunado editorial del diario La Hora titulado “Sus muertas señor presidente” se dijo que esta lamentable tragedia se asemeja a lo ocurrido en la embajada de España el 31 de enero de 1980, refiriéndose a la tragedia ocurrida en la sede de las oficinas de la embajada española cuando un grupo de campesinos del CUC, encabezados por Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, y dirigidos por un grupo de guerrilleros urbanos bajo la dirección de una estudiante de Derecho, armados con bombas molotov, tomaron por asalto las oficinas de la embajada con la complicidad del entonces embajador Máximo Cajal y López, y fatalmente se produjo un incendio por el fallecieron todos los ocupantes (con excepción del infame Cajal y un campesino indígena) cuando una bomba Molotov se cayó al piso alfombrado y, como consecuencia, se incendiaron todas las demás bombas molotov y esto produjo una conflagración. Y por este fatal hecho también se culpó injustamente al Gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), cuando en realidad los culpables fueron quienes llevaron a la embajada las bombas Molotov y el embajador que les invitó a llegar cuando tenía como visitantes a dos altos funcionarios del gobierno anterior, el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff y el ex Canciller Gustavo Adolfo Molina Orantes.
Otros están haciendo circular por las redes sociales copias de facturas de dos años pasados del restaurante “Fulanos y Menganos” en las que se comprueba que este vendió comida al “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” en años anteriores. ¿Qué tiene que ver esto con la tragedia? ¿Qué responsabilidad podrían tener en lo ocurrido en la tragedia quienes proporcionaban la comida años atrás? Pero es evidente que con ello se trata de involucrar a Sammy Morales, para que la responsabilidad recaiga en su hermano el Presidente de la República. No cabe duda de que quieren transformar esta lamentable tragedia en una responsabilidad del actual Gobierno para exigir la renuncia del Presidente Jimmy Morales. Pero esto demuestra que el presidente Morales tiene alacranes traidores en su camisa porque si no ¿de donde sacaron estos datos?
Coincido con el Presidente Jimmy Morales, quien dijo que los culpables somos todos, porque todos formamos parte del Estado. Y es a todas luces condenable que los políticos de izquierda aprovechen hasta esta terrible tragedia nacional para desprestigiar al actual Gobierno con la insistencia en que por su ineptitud nuestro país ha caído es un Estado fallido. Por esta razón el sábado 10 del mes en curso se llevó a cabo frente al Palacio Nacional de la Cultura una manifestación multitudinaria que comenzó a las 14 horas y terminó a las 9 de la noche, para exigir la renuncia del Presidente Morales, pero aunque en esa manifestación hayan participado 500 mil o un millón de personas, no debe olvidarse que Morales fue elegido en dos vueltas electorales por varios millones de votantes para gobernar durante un período de cuatro años –del 14 de enero del 2016 al 14 de enero del 2030– y ese voto debe ser respetado. No es cuestión de que cada presidente de la República presente su renuncia cada vez que lo exijan unos cuantos miles de manifestantes. Se ha llegado al colmo de decir que la tragedia no fue ocasionada por un accidente, sino que fue un “crimen del Estado” para que las niñas no pudiesen denunciar todas las anomalías que ocurrían en ese centro. ¡No tienen límite estas elucubraciones políticas!
Y no es de extrañar que una de las personas que encabezan esa actitud tan extremista sea la conocida activista de izquierda Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack que vive de donaciones de ONGs y se dedica a desestabilizar a los gobiernos de la república que no sean de izquierda. Esta señora se atrevió a acusar al presidente y a la Secretaría de Bienestar Social de ser los autores de la tragedia cuando agregó que la principal responsabilidad de lo ocurrido recae en el gobernante y en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. En la manifestación, un hombre cargaba una pancarta con una larga leyenda en la que se leía textualmente lo siguiente: “Burda caricatura de Presidente: Solo falta oirlo decir que “si no defendió a su hijo por qué iba a defender s hijas ajenas. Es usted un incompetente, ignorante, irresponsable, charlatán, indiferente, indolente, lento, siempre ausente, irascible, sin carácter. ¿No tiene recursos para atender a los niños y adolescentes? reduzca a la mitad su sueldo, el del vice, ministros, diputados, magistrados, Etc. CÍNICOS LADRONES”.
Por otra parte, no trato de justificar los errores que cometieron en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, ni mucho menos, pero en muchas partes del mundo han ocurrido tragedias similares. Por ejemplo, hace un año o dos, en México se quemó una Guardería de niños y fallecieron calcinados todos los niños que estaban bajo el cuidado de la Guardería.
2.- Entrevista en CNN en español
Presidente Constitucional de la República Jimmy Morales Cabrera para un período de 4 años, del 14 de enero del 2016 al 14 de enero del 2030.
Hace pocos días el Presidente Jimmy Morales compareció en el canal CNN en Español en el programa del periodista mexicano Fernando Del Rincón, presentador del programa “Conclusiones” y era de temer que este periodista, que se caracteriza por ser demasiado incisivo en sus preguntas, sin importarle quién sea su entrevistado, y se creía que le iba a tratar de hacer quedar mal parado con sus preguntas incisivas sobre la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro”, pero esto no sucedió y al final de cuentas el Presidente Morales quedó muy bien parado sin haber perdido para nada la compostura y respondiendo con discreción todas las preguntas que Del Rincón le planteaba con el evidente propósito de meterle una zancadilla. Pero no lo logró. Sin embargo, la prensa de Guatemala poco lo comentaron. Pero si hubiese ocurrido al revés sí lo habrían hecho profusamente y habría provocado comentarios de parte de muchos de los columnistas de opinión.
3.- Evidente traición a la Constitución
La Corte de Constitucionalidad ha dictado un fallo inaudito –obviamente ilegal–, que destruye el Estado de Derecho y el sistema de justicia constitucional en Guatemala.
En violación manifiesta de la Ley de Amparo y de la prohibición constitucional de no subordinación de poderes, por medio de un amparo provisional, ha resuelto el fondo del amparo interpuesto por algunos diputados de izquierda contra el nombramiento de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional del Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), lo que equivale a dictar sentencia, sin haber abierto a prueba y concluido los procedimientos de audiencias al Congreso de la República y a los terceros interesados.
Los Magistrados, además de haber cometido el delito de prevaricato al dictar una resolución contraria a la Ley de Amparo, han violentado la prohibición constitucional de no subordinación entre los poderes del Estado.
El artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece claramente que “La soberanía radica en el pueblo quien la lega, para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. LA SUBORDINACION ENTRE LOS MISMOS, ES PROHIBIDA.” (El énfasis es de quien escribe).
El Congreso de la República debe de inmediato iniciar de oficio el procedimiento de antejuicio contra los magistrados que firmaron la resolución, con el objeto de que se les deduzcan las responsabilidades penales del caso. Debe además ejercer la acción de deducción de responsabilidad civil que como funcionarios públicos les es inherente.
Pero además debe emitir un punto resolutivo, con base en artículo 156 constitucional, rechazando el cumplimiento de la orden ilegal emitida por la Corte de Constitucionalidad, en la que resuelve el amparo sin haberlo tramitado conforme a la ley, y con la que pretende subordinar e imponer al Congreso, la repetición ilegítima de un acto enteramente político, de competencia exclusiva del organismo legislativo y realizado conforme los mandatos constitucionales y de entero acuerdo con las disposiciones de la ley de CONAMIGUA.
Si el Congreso se subordina al cumplimiento de una orden ilegal de una institución del Organismo Judicial, que no tiene competencia para ordenarle la repetición de un acto realizado en ejercicio legítimo de sus funciones, ya no tendrá sentido hablar del sistema de justicia constitucional y del Estado de Derecho en Guatemala.
4.- El colmo del descaro
Es un hecho conocido públicamente que la iniciativa de reforma constitucional que se discute en el Congreso de la República fue auspiciada y organizada por el embajador de los Estados Unidos de América, el afro americano Todd Robinson y el colombiano Iván Velásquez, quienes públicamente han venido ejerciendo coacción, amenazas y presiones contra los pocos diputados que han tenido la dignidad de no someterse a ellas, como han hecho otros que deberían avergonzarse porque hacen todo lo que el embajador Robinson, Iván Velásquez y la CICIG les exigen porque es obvio que tienen “la cola machucada”.
Ambos personajes se han fotografiado y han publicitado sus reuniones con unos poquísimos líderes indígenas, a quienes falsamente denominan “autoridades ancestrales” y a quienes han engatusado, ofreciéndoles la oportunidad de ejercer un poder omnímodo y arbitrario sobre los miembros de sus comunidades.
Ante el evidente fracaso de la aprobación de la reforma al artículo 203 de la Constitución por el Congreso de la República, con la que se pretendía incorporar una supuesta jurisdicción indígena y una todavía menos existente autoridad ancestral, estos personajes pretendieron esconder su fracaso, lavándose las manos con el invento de que las supuestas autoridades ancestrales “en un acto de valentía” pidieron el retiro total de la discusión de la reforma de ese artículo.
Según palabras del demagogo Amilcar Pop, a quien sus propios paisanos detestan, el retiro de la propuesta fue “un acto de altura, madurez política, de discusión de estado y no barata y racista”.
Según expresó el colombiano Velásquez, esa decisión fue “un “acto de grandeza, de magnanimidad, de conciencia de país”. ¡Qué cinismo! Y lo peor es que así lo tomaron muchas personas ignorantes de la Constitución, aunque bien intencionadas.
Con mal disimulada frustración aprovecharon la oportunidad para denostar a sus adversarios, acusándolos de usar “tácticas dilatorias de manipulación”, de “grupos obscuros” y de ”manosear” la reforma. Es típico de los izauierdistas adjudicarles a otros lo peor de sí mismos y sus propias inmoralidades.
Con estricto apego a la verdad, hay que decir que los indígenas ni presentaron la iniciativa de reforma del artículo 203 constitucional, ni pueden retirarla de la discusión parlamentaria, sencillamente porque la Constitución Política de la República no les da ese derecho. Es el colmo del descaro, que los personajes arriba señalados sigan engañando a algunos indígenas, haciéndoles creer que tienen un derecho inexistente, sólo para ocultar la cobardía de no admitir que su propuesta fue un solemne fracaso.
Esa posibilidad sólo pueden hacerla valer los cuarenta y pico testaferros que prestaron su firma para presentar la iniciativa de reforma constitucional diseñada a su sabor y antojo por Robinson y Velásquez y supuestamente elaborada por una “mesa técnica”, nombre al amparo del cual se esconden sus siniestros promotores.
Esta manifiesta manipulación de los acontecimientos, hace que se precipite aún mas la estruendosa caída en el abismo del desprestigio, de quienes con una agenda inconfesable pretenden destruir al país con una reforma constitucional amañada.
Sólo puede retirar la iniciativa, quien la haya presentado en ejercicio del derecho de proponer reformas a la Constitución que establece el artículo 277 de la Constitución, a saber: a) el Presidente de la República en Consejo de Ministros; b) Diez o más diputados al Congreso de la República; c) La Corte de Constitucionalidad; y d) El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de ciudadanos.
Los demás, incluyendo a los extranjeros y a las autodenominadas “autoridades ancestrales”, no tienen vela en este entierro.
Twitter @jorgepalmieri.com