1.- Engaño número dos
Mañana, miércoles, continuará la discusión parlamentaria de la iniciativa de reforma constitucional que hicieron llegar al Congreso de la República, y pretenden imponernos, los extranjeros Todd Robinson, embajador de los Estados Unidos de América, y el doctor Iván Velásquez, fiscal colombiano jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se entrará a conocer el texto del artículo 4º de la iniciativa, que reforma el artículo 209 de la Constitución Política de la República.
Los mencionados extranjeros no lograron esconder suficientemente en su proyecto la intención de romper el sistema de pesos y contrapesos del principio de separación de poderes, y, con subrepticia mala intención, pretenden subordinar los Organismos Ejecutivo y Legislativo al Organismo Judicial, el cual los proponentes de la iniciativa tienen ya casi cooptado.
No se trata de un proyecto improvisado, porque vinieron preparando el terreno desde hace algún tiempo, satanizando a las Comisiones de Postulación adjudicándoles todos los males del sistema de justicia. Es la estrategia que vienen utilizando en todo el mundo los partidarios del colectivismo para alcanzar sus propósitos: denostar al sistema para tratar de justificar su cambio arbitrario.
El artículo 141 de la Constitución Política de la República prescribe que “La soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismo es prohibida.”
De este mandato constitucional resulta muy claro que la designación de los funcionarios de los tres organismos del Estado corresponde al pueblo, es decir a los ciudadanos, según el significado de la palabra “pueblo” en derecho constitucional.
Por esa razón las máximas autoridades del Organismo Ejecutivo, es decir el Presidente y el Vicepresidente de la República, y las del Organismo Legislativo, los Diputados al Congreso de la República, son escogidos por el pueblo (los ciudadanos) en las elecciones generales.
Pero para elegir a las autoridades del Organismo Judicial, el pueblo, representado por los Constituyentes, decidió confiarle esa tarea a sus ciudadanos más calificados por su conocimiento del mundo del derecho: un representante de los Rectores de las Universidades del país, los decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número igual de representantes de la Asamblea General del Colegio de Abogados y un número igual de representantes de los magistrados de las Corte de Apelaciones, de los Tribunales Colegiados y de la Corte Suprema de Justicia, según el caso.
De los representantes de los magistrados podría decirse que quizás no deberían participar, pues se trata de decidir quienes ocuparán los cargos que ellos mismos desempeñan y para los cuales pueden ser reelectos. Pero, al fin, errare humanum est.
Pero en la actual descabellada propuesta de reforma constitucional, resulta que todos los nominadores de candidatos a magistrados, no representan a ningún sector del pueblo, sino que son parte del mismo Organismo cuyos funcionarios se van a designar.
En otras palabras, con la propuesta se rompe el mandato constitucional de que sea el pueblo el que delegue la soberanía en el Organismo Judicial, y se propone que sean los propios funcionarios del Organismo Judicial en quienes no radica la soberanía y, como consecuencia, no pueden delegarla, quienes designen a quienes deberán ejercerla. Es difícil imaginar una propuesta más absurda.
Quienes delegarían la soberanía del pueblo en el Organismo Judicial serían: un juez de paz, un juez de primera instancia, un magistrado de la Corte de Apelaciones, un abogado escogido por la Corte Suprema de Justicia, y tres abogados escogidos por estos cuatro personajes. Resulta obvio que ninguno de estos personajes ejerce la soberanía del pueblo y que, como consecuencia, no pueden delegarla, pues nadie puede dar lo que no tiene.
Esta es la propuesta que, supuestamente para “mejorar el sistema de justicia”, han propuesto el afroamericano que actualmente es embajador de Estados Unidos de América y el colombiano que hoy es jefe de la CICIG, utilizando de parapeto una denominada “mesa técnica”, cuyas conclusiones de todos modos ignoraron y, como testaferros, a unos guatemaltecos que en mal momento fueron electos diputados.
2.- Capitalización política de la tragedia
Con ocasión de la lamentable desgracia ocurrida en la institución estatal denominada “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, donde murieron quemadas o asfixiadas 40 menores que se encontraban hospedadas en el lugar, los grupúsculos de izquierda han aprovechado la oportunidad para continuar atacando al Presidente de la República, atribuyéndole, mal intencionadamente, toda la responsabilidad de la tragedia, por el hecho de que ese hogar está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
Los perpetuos “protestadores” o desestabilizadores de oficio organizaron una costosa manifestación en la que gastaron muchos miles de dólares de los que reciben constantemente de ONGs europeas (principalmente holandesas y danesas) y encabezaron las diatribas y movimientos frente al Palacio Nacional de la Cultura, logrando que algunos ingenuos mal informados cayeran en su trampa. Es indudable que algunos de quienes tenían a su cargo ese centro incurrieron en alguna responsabilidad, pero tampoco se puede decir que ellos son los únicos responsables. Ni mucho menos se puede responsabilizar directamente al Presidente Jimmy Morales porque está claro que su función constitucional no consiste en cuidar a menores ni atender personalmente el cuidado de centros como el susodicho.
El apasionado ataque que algunos lanzan tendenciosamente contra el presidente Jimmy Morales se concentra en la coyuntura y carece totalmente de un análisis sereno y desapasionado. Porque por mucho que algunos de los funcionarios del mal llamado “Hogar Seguro” hayan cometido errores, que aún tendrán que dilucidarse para deducir responsabilidades, no es posible que en la cabeza de ninguna persona sensata pueda caber la idea de que la espantosa tragedia fue un crimen de estado realizado a propósito para desaparecer a todas esas infelices menores. Y cabe suponer que si antes ya se habían denunciado graves anomalías que merecían ser investigadas y superadas, y aún no se habían hecho, esto no puede achacarse a toda la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, del presidente Morales a la cabeza, porque la responsabilidad recaía directamente en los encargados del centro. Y se debe investigar por qué es que una juez que recibió órdenes superiores del Ministerio Público de entrar a investigar el hecho y no lo hizo porque dijo que “no le habían permitido el ingreso” no hizo uso de su autoridad legal para entrar, como habría correspondido.
Por otro lado, hay que tomar en consideración que el cuidado de los hijos es, innegablemente, la obligación primaria y natural de los padres. La paternidad irresponsable es el punto de partida de la desgracia ocurrida y de muchas otras que sufre la niñez abandonada, pero de eso nadie dice nada. Ahora resulta que los verdaderos victimarios de sus hijos ponen el grito en el cielo reclamando “justicia”, cuando debieran ser los primeros en ser investigados y algunos probablemente serán procesados.
Se ha sabido que algunas de las niñas que se encontraban en el mal llamado “Hogar Seguro” habían huido de sus casas por diversas razones, una de ellas porque habían sido violadas por sus padres o parientes y amigos, como el lamentable caso de la niña Ana Rubidia que huyó de su casa porque su padre la violó y después la obligaba a tener relaciones sexuales con él y un amigo. De hecho, algunas de las muertas aún se encontraban embarazadas, mientras que ocho menores de las sobrevivientes que después del incendio fueron trasladadas a Quetzaltenango también lo están. Algunos dicen que esos embarazos se deben a que en el Hogar supuestamente Seguro estaban también algunos mareros delincuentes que forzaban a las menores a tener relaciones sexuales.
Habrá que investigar también dónde andaba a la hora del incendio el policía nacional civil que tenía la llave de la puerta de la habitación donde se encontraban algunas de las víctimas del incendio que, según se sabe, fue provocado por una de las menores que incendió un colchón, lo cual fue la chispa que causó la terrible conflagración.
Tampoco se habla de que la institucionalización de los menores produce daños físicos y psicológicos irreversibles en los menores de edad y que la única solución conocida por la humanidad es la adopción de los hijos biológicos no deseados por los padres.
Tampoco se habla de que la supresión de la adopción en Latino América es el producto de las presiones políticas de la UNICEF, una de cuyas políticas centrales es la promoción del aborto para los hijos no deseados.
Los beneficios económicos de politizar la tragedia han comenzado a escucharse pues con la asesoría de grupos como Sobrevivientes y Semilla, ciertos agitadores ya están hablando de indemnización para los padres irresponsables que con el incumplimiento de sus obligaciones propiciaron la tragedia. Es la misma estrategia de asesorar a supuestas víctimas del conflicto armado y de desplazados de la hidroeléctrica Chixoy, que de repente se multiplicaron en proporciones convenientemente exponenciales, como lo ha denunciado el doctor Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo.
Estas gentes medran de la miseria y viven de la desgracia. Como la pobreza es consecuencia de la falta de fuentes de trabajo, su interés evidente es destruir tales fuentes, como ocurre con las hidroeléctricas y la minería. Es evidente que a estos grupos les conviene que haya pobres o proletarios, porque el día que no los haya ellos desaparecerían. Tal es la lógica de su lucha.
Esta tragedia también les permite aprovechar la agitación política generada por la CICIG con la descabellada iniciativa de reforma constitucional que con el testaferrato de algunos diputados logró llevar al Congreso de la República. La polarización de la sociedad guatemalteca es un campo fértil para alcanzar sus propósitos: ricos contra pobres, indígenas contra no indígenas, mujeres contra hombres, niños contra padres, guatemaltecos contra guatemaltecos, el pueblo contra el pueblo. Es el patrón observado en otros países donde la izquierda trata de alcanzar el poder por otros medios, ante su fracaso en las urnas.
Con esta cortina de humo desvían la atención de los otros asuntos importantes que deben ocupar la agenda nacional: la discusión de la reforma al artículo 209 constitucional, con el que se pretende destruir la separación de poderes y subordinar al Ejecutivo y al Legislativo al Organismo Judicial, quien tendrían el monopolio de designación de la totalidad de magistrados a las cortes. También se oculta con este barullo la invasión sistemática de las fincas y la destrucción de los proyectos hidroeléctricos.
Para colmo de males en su afán por contribuir a su propósito de lograr la renuncia del Presidente, han inventado que dentro de sus funciones está la de cuidar niños, y lo responsabilizan de no haber estado en el hogar seguro a las diez de la noche para apagar el incendio. Difícilmente hay gente más ridícula.
Algunos trasnochados han aprovechado para recordar (a su manera) otras tragedias ocurridas también por causa de incendios: el 14 de julio de 1960, durante el gobierno del general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, la quema del Manicomio (Hospital de Salud Mental) que estaba situado en la zona 1 de la capital como consecuencia de un corto circuito, en el que murieron varios enfermos mentales y otros salieron despavoridos a buscar refugio; y el incendio ocurrido en las oficinas de la embajada de España, el 31 de enero de 1980, por causa del estallido de bombas molotov que llevaban los campesinos del CUC encabezados por Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, y dirigidos por un grupo de universitarios que eran guerrilleros urbanos miembros del EGP bajo la dirección de un tal Meoño, segundo al mando de esa organización guerrillera, que realizaron la “Operación Subida” de tomar por asalto la embajada con el consentimiento del embajador español Máximo Cajal y López, para que fuera una caja de resonancia de los guerrilleros en su denuncia de los abusos de militares en la zona Ixil, para lo que citó a valiosos juristas guatemaltecos como el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff y el ex Canciller Adolfo Molina Orantes, quienes también perecieron en la conflagración. Pero los izquierdistas dijeron que las fuerzas de policía habían lanzado “bombas de azufre blanco” (qué ridículo!) contra la embajada, lo cual me consta que fue totalmente falso. Yo me encontraba presente frente al edificio de la embajada cuando eso ocurrió y puedo dar testimonio de que primero se oyeron unos balazos en el interior de las oficinas y acto seguido se produjo el gran incendio por el que murieron 37 personas, todo el personal de la embajada y los campesinos y guerrilleros urbanos. Los únicos dos que se salvaron fueron el infame Cajal y un campesino.
Hay columnistas de opinión de marcada tendencia política de izquierda extrema que son tan arrogantes que han llegado al colmo de decir que la lamentable tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción demuestra una vez más la incapacidad del Presidente de la República para desempeñar el empleo para el que fue electo, por lo que debería buscarse otro empleo. ¿Qué se estarán creyendo esos señores? Les guste o no les guste, el licenciado Jimmy Morales fue electo para desempeñar el cargo de Presidente de la República por un período de cuatro años, comprendidos del 14 de enero de 2016 al 14 de enero del 2020. Y debe gobernar el país hasta que se cumpla ese período constitucional. Quienes no quieren que él gobierne al país debieron ocuparse en que en vez de él hubiese ganado las dos vueltas electorales del año 2015 la candidata del partido UNE, Sandra Torres Casanova. O peor aún, el doctor Manuel Baldizón, del partido Líder. ¡Pero una vez más es evidente que Dios ama a Guatemala!
3.- Interesante artículo
Reproduzco este interesante artículo:
TEOREMA
La demanda de CODECA
J. Fernando García Molina
http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=888
Fecha de Publicación: 12/03/2017
Tema: Presidencia
Para mí, lo más insólito de la manifestación del pasado martes 7 promovida por el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA–, fue su inmediata contra manifestación. Plantada frente a las puertas del que fuera Palacio Nacional una señora, sola, íngrima, portaba un cartel cuyo significado entendí como: “Presidente Morales: usted se propuso para el cargo y nosotros, los ciudadanos, por las razones que haya sido, lo elegimos. Ahora, usted se aguanta y nosotros lo aguantamos. Que no se le ocurra renunciar, la Constitución y nuestro precario Estado de Derecho, están de por medio.”
Karen Edda Ness, ciudadana guatemalteca, era quien portaba aquel cartel. Ella hizo lo que muchos otros quienes pensamos de manera similar no fuimos capaces de hacer. Sucede que la mayoría de guatemaltecos no hacemos sino observar, señalar, criticar… Después, cuando sucede algo grave actuamos como dama de alcurnia bajo grave ofensa.
Algunos entendidos en el tema de estimar las multitudes calculan que hubo seis mil manifestantes; otros piensan que esa cifra se elevó a diez mil. Fueron suficientes para crear un caos vehicular de grandes proporciones, pero este no llegó a suceder porque muchas personas permanecieron en sus casas. Se encerraron, como si fueran criminales, ante el terror a los manifestantes y lo que pudiera suceder.
El presidente Morales triunfó en las elecciones con 2.39 millones de votos. Muchos de esos votos no fueron por él sino contra de su oponente, la exesposa de Álvaro Colom. Hoy, muchos electores suyos se manifiestan defraudados ante su actuación como Presidente de la República. La prensa nacional, que le fue adversa desde el principio, se ha encargado de magnificar sus no pocos errores y devaluar sus escasos méritos hasta hacerlos invisibles.
Aun así, la petición de diez mil simpatizantes de ese comité de campesinos es absurda frente a más de dos millones de ciudadanos que lo eligieron. A eso se agrega la sospecha razonable de que muchos participantes lo hayan hecho, no por convicción política sino por una paga que los convertiría en seres miserables. Ser pobre es una condición humana; venderse es una categoría despreciable, solo superada en su ignominia por quien les pagó. Es el viejo dilema de la prostituta y quien la prostituyó.
Además, sobre esa organización pesa el antecedente de robos de energía eléctrica y posterior lucro con la venta de lo robado. Las demandas penales presentadas ante el Ministerio Público por Energuate, la parte asaltada, parecen haber sido dolosamente desestimadas.
Como si el desamparo de la justicia fuera poco, el pueblo está harto de hechos que limiten su libertad para transportarse de un sitio a otro. Hay tanta aversión al abuso de esas organizaciones como hartazgo ante la ausencia de un gobierno que haga cumplir la ley. Algunas personas encuentran tan intolerables las manifestaciones, huelgas, bloqueos y muestras de “poder”, como la corrupción misma dentro del Estado. De allí que los comentarios del público, tanto por la prensa escrita, radiada y televisada, como en los mensajes por las redes sociales, condenaran severamente la manifestación de CODECA.
La ejecutoria del gobierno podría parecer indefendible a muchos. Empero, la petición de los manifestantes es inadmisible por cuanto es contraria a nuestra Constitución.
Sin embargo, supongamos que en mal momento el presidente Morales decidiera obedecerles y renunciara ¿qué sucedería entonces? No hay mucho que discutir porque ya sucedió en 2015 con la renuncia del presidente Pérez: El Vicepresidente asumiría la presidencia y nombraría una terna de la cual el Congreso escogería un nuevo Vicepresidente.
De Morales, con algo de razón, se puede decir muchas cosas: que es timorato, pusilánime, que no sabe qué hacer, que se contradice, que no hace caso a la prensa, que se enoja, que habla mucho, que no habla… lo que usted prefiera, pero sería injusto decir que ha robado, señalarlo como ladrón. En comparación, después de catorce meses de gobierno sus antecesores ya estaban forrados. Del Vicepresidente no se puede asegurar lo mismo. Ni en su cargo actual ni cuando fue rector de la USAC. Así que, por ese lado, la sustitución difícilmente convendría a nuestro país.
Se sabe de fuerzas no muy ocultas que buscarían hacerse del poder y doblegar al nuevo presidente o sacarlo de la jugada. El Congreso no garantiza absolutamente nada; la gran mayoría de representantes del pueblo, en realidad representan los más oscuros intereses personales y de sus partidos. Así, en menos de un año, podríamos tener un nuevo gobierno, nuevos ministros, nuevas visiones… ¡Y todo sin un solo voto! Incluso, podría acontecer que después, siguiendo el ejemplo de Nicaragua, Venezuela, Ecuador o Bolivia, solo llegaríamos a las urnas a convalidar el deseo de un gobernante que decidió reelegirse.
Según Cirilo Ordóñez, máximo dirigente de CODECA, de renunciar Morales se convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. En ella participarían “todos los grupos representativos del país”. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Se estará refiriendo a las organizaciones que reciben financiamiento sueco, noruego, holandés español, canadiense y gringo; precisamente las que causan zozobra en la población?
Por eso, junto a la señora Ness y a muchos otros ciudadanos que respetamos nuestro ordenamiento y pensamos que ese es el único medio de salir adelante como nación, rechazo abierta y tajantemente la solicitud de CODECA.
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