Está visto que en nuestro país puede suceder cualquier cosa, y que ya nada debe sorprendernos. Sin embargo, hay colmos que todavía nos pueden causar sorpresa. Uno de ellos es, indudablemente, que la Corte de Constitucionalidad (CC), que está supuesta a velar por el cumplimiento de la Constitución, haya declarado con lugar el amparo que solicitó el Poder Ejecutivo del Estado contra la medida del Poder Legislativo de haberle dado un plazo para elaborar el reglamento de la Ley de Educación, de acuerdo a lo que ha declarado el magistrado Roberto Molina Barreto, nada menos que ex Procurador General de la Nación al principio del actual gobierno, y antes que eso ?¡por increíble que parezca!- presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) cuyo fin primordial es la investigación, análisis, interpretación y defensa de la Constitución, el régimen de legalidad y la problemática de la administración de justicia en Guatemala, y está integrado por profesionales del Derecho que, obviamente, están interesados en el mantenimiento del orden constitucional.
Se supone que las medidas de amparo fueron creadas con el fin de proteger a los ciudadanos de los eventuales abusos de poder del Estado y de ninguna manera para proteger a uno de los tres organismos que conforman el Estado contra una medida adoptada por otro de los organismos del Estado. Para lo cual existen mecanismos políticos.
Ante esta situación, cuando la CC ampara al gobierno contra lo que han solicitado los representantes del pueblo, los guatemaltecos se preguntan: ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado?
No cabe la menor duda de que ésta es una resolución aberrante e inconstitucional, eminentemente política, aprobada por tres de los honorables magistrados la CC que legalmente no corresponde a ese alto organismo, pero es un claro indicio de lo que podrán ser capaces de hacer durante el tiempo que resta al gobierno que preside el también abogado Óscar Berger Perdomo.
Es obvio que la resolución es aberrante y que también lo es el criterio jurídico que inspiró a los honorables magistrados de la CC para tomar esta decisión. Y merece la inmediata atención de los editorialistas y columnistas de los medios de comunicación y ?desde luego- de los miembros de Cedecon, sobre todo de los integrantes de la nueva junta directiva, ahora presidida por el abogado Mario Fuentes Destarac, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar y editorialista y columnista del diario El Periódico, quien al asumir esa importante responsabilidad declaró con su habitual solemnidad: ?Seguiremos la línea del Cedecon, de defensa y orden de la Constitución. Es importante esta gestión porque estamos en período electoral; que no se tenga duda que se velará por el orden constitucional?. El no pronunciarse sobre este tema sería también aberrante, porque equivaldría a aprobar dicha resolución o, por lo menos, no darle la importancia que indudablemente tiene.
Supongo que también el Colegio de Abogados tendrá que pronunciarse sobre este caso, aunque todavía no han dicho ni siquiera ?esta boca es mía? sobre la inconcebible captura del abogado Jorge Sactic, defensor de quienes eran ejecutivos del Banco de Comercio, quien está acusado del delito de Lavado de Dinero y, por increíble que parezca, fue detenido por orden del juez Nery Medina, a cargo del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, a petición de la Unidad de Delitos Contra Bancos de la Fiscalía Contra el Crímen Organizado cuando se presentó a la Torre de Tribunales para hacer una gestión legal.
¡Cualquier cosa puede suceder en este país!
