Breve disculpa:
Permítaseme comenzar hoy esta página explicándoles por qué ayer no me fue posible escribir y publicar nada. Es debido a que estas últimas noches me he estado desvelando mucho por estar viendo por Direct TV las excelentes transmisiones de la cadena NBC de los Estados Unidos de los excelentes juegos olímpicos que se están desarrollando en Peiping. Ustedes comprenderán que no es posible ponerse a escribir cuando uno se ha pasado muchas horas de la noche viendo televisión como si estuviese hipnotizado y queda poco tiempo para dormir y descansar. Les ruego que comprendan.
Ahora entremos al tema:
Hay algunas personas que malinterpretan el comportamiento de los periodistas independientes (como yo) que criticamos constantemente las decisiones y declaraciones que nos parecen inconvenientes de los altos funcionarios del Gobierno de la República ?desde el Presidente Álvaro Colom Caballeros y su esposa Sandra Torres Casanova para abajo-, y por eso no comprenden que no significa que esto sea un empecinado antagonista y de ?ataque? político. Juro por las once mil vírgenes y todos los santos de la Corte Celestial que no hay ninguna intención política atrás de mi actividad que es eminentemente periodística. Lo que se persigue es que tenga éxito el gobierno de turno -cualquiera que éste sea-, en busca del bien común, y que el país logre salir adelante mejorando las condiciones de vida del pueblo. Lo que se anhela es tener seguridad, más bajo costo de vida y un consenso para que los gobernantes en turno hagan siempre lo que beneficia a los compatriotas, mayormente a los más necesitados, en vez de dedicarse a enriquecerse en corto tiempo por medio de la corrupción. Si luchar por estos ideales es “atacar” al gobierno, me declaro culpable, pero no me arrepiento.
Así como no creo necesario tratar de demostrar que están muy equivocados quienes me catalogan como detractor del actual régimen, no tengo inconveniente en comenzar hoy este artículo aplaudiendo y felicitando al Presidente Álvaro Colom Caballeros por apoyar y respaldar la decisión absolutamente técnica y eminentemente legal que ha adoptado la Comisión de Energía Eléctrica (CNEE), a cargo del ingeniero Carlos Colom Bickford, un brillante funcionario, bien preparado y honrado a carta cabal que está actuando con estricto apego a lo que establece la Ley de Energía Eléctrica que se emitió en el Acuerdo Gubernativo Número 256-97 de fecha 21 de marzo de 1997, y la revisión que posteriormente se hizo por el Acuerdo Gubernativo número 68-2007 de fecha 2 de marzo del 2007, en donde se indica con toda claridad la forma como se debe implementar la tarifa que deberá regir durante cada quinquenio, y concretamente el que comenzó el 31 del mes anterior. Es bueno que los lectores conozcan su contenido porque esa es la mejor forma de demostrar la parcialidad que ponen de manifiesto unos columnistas ampliamente identificados en el medio como fundamentalistas ?neoliberales? que a menudo escriben por encargo y sospecho que están diciendo lo contrario a la verdad porque están recibiendo ?fafas?. Lo he sabido de muy buena fuente.
Es evidente que la EEGSA está tratando de asustarnos con el petate del muerto con la amenaza de que si no se establece la tarifa que más les conviene llevarán el caso contra Guatemala ante los tribunales internacionales y redundará en perjuicio de la imagen de nuestro país y hará que desistan de venir a invertir a Guatemala los inversionistas extranjeros que podrían hacerlo si el Gobierno de Álvaro Colom complace la voracidad de la empresa española IBERDROLA y acepta que, en perjuicio de los consumidores, se fijen tarifas excesivamente elevadas, superiores a todas las que se cobran en los países cercanos.
?Artículo 98. Periodicidad de los Estudios Tarifarios. “Cada cinco años, con una anticipación de doce meses de la entrada en vigencia de las tarifas, la Comisión entregará a los Distribuidores los términos de referencia de los estudios que servirán de base para la contratación de las empresas consultoras especializadas, precalificadas por la Comisión.
Cuatro meses antes de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, el Distribuidor entregará a la Comisión el estudio tarifario que deberá incluir los cuadros tarifarios resultantes, las justificaciones por cada renglón de costo a incluir y las respectivas fórmulas de ajuste, así como el respectivo informe de respaldo; la Comisión en el plazo de dos mes resolverá sobre la procedencia o improcedencia de los estudios efectuados por los consultores, formulando las observaciones que considere pertinentes.
El Distribuidor, a través de la empresa consultora, analizará las observaciones, efectuará las correcciones a los estudios y los enviará a la Comisión dentro del plazo de quince días de recibidas las observaciones. De persistir discrepancias entre la Comisión y el Distribuidor, se seguirá el procedimiento estipulado en el artículo 75 de la Ley. El costo de contratación del tercer integrante de la Comisión Pericial será cubierto por la Comisión y el Distribuidor por partes iguales. En caso de omisión por parte del Distribuidor de enviar los estudios o correcciones a los mismos, la Comisión quedará facultada para emitir y publicar el pliego tarifario correspondiente, con base en el estudio tarifario que ésta efectúe independientemente o realizando las correcciones a los estudios iniciados por la distribuidora. El pliego aprobado y publicado por la Comisión regirá a partir del primer día del vencimiento del pliego tarifario anterior.?
Veamos lo que dicen los artículos 75, 76 y 77 de esta Ley:
?Artículo 75. La Comisión revisará los estudios efectuados y podrá formular observaciones a los mismos. En caso de discrepancias formuladas por escrito, la Comisión y las distribuidoras deberán acordar el nombramiento de una Comisión Pericial de tres integrantes, uno nombrado por cada parte y el tercero de común acuerdo. La Comisión Pericial se pronunciará sobre las discrepancias, en un plazo de 60 días contados desde su conformación.
Artículo 76. “La Comisión usará los VAD y los precios de adquisición de energía, referidos a la entrada de la red de distribución, para estructurar un conjunto de tarifas para cada adjudicatario. Estas tarifas deberán reflejar en forma estricta el costo económico de adquirir y distribuir la energía eléctrica”.
Artículo 77. “La metodología para la determinación de las tarifas será revisada por la Comisión cada cinco (5) años, durante la primera quincena de enero del año que corresponda. El reglamento señalará los plazos para la realización de los estudios, su revisión, formulación de observaciones y formación de la Comisión Pericial. Todos los informes que evacúe la Comisión serán de público acceso.?
Comento: No creo que sea indispensable que yo haga algún comentario, pero nótese que en ninguna parte de estos artículos de la Ley de Electricidad dice que la opinión de la Comisión Pericial sea vinculante y que la CNEE tiene que aceptar su opinión que, aunque pudiese ser contraria a la tarifa del VAD establecido por la CNEE y sea favorable a los intereses de la EEGSA, es el criterio de la CNEE el que debe ser respetado porque es la autoridad en la materia, y está establecido por la ley que la autoridad no se puede delegar.
A continuación reproduciré dos artículos sobre este mismo tema que son publicados hoy en elPeriódico que me han parecido excelentes y con los cuales me solidarizo ciento por ciento. El primero fue escrito por mi amigo el periodista pofesional Juan Luis Font, co-director de ese medio de comunicación, al cual me permitiré hacer al final solo un corto comentario que creo necesario porque me he sentido aludido en el primer párrafo.
El segundo artículo es el siguiente:
Luz cara
Dejen de mentir: aquí no se está estatizando nada.
Por: Juan Luis Font
El conflicto entre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Eléctrica de Guatemala no puede ser un asunto en el cual quepan argumentos nacionalistas. El que los principales inversionistas de la EEGSA sean españoles y estadounidenses no reviste ninguna relevancia. Y tacharlos de cualquier cosa por su origen es no solo xenófobo sino aldeano.
Pero también es malintencionado atribuir el conflicto a un afán del Gobierno por estatizar un servicio privado, como se han dado a la tarea de repetir los personeros de la Empresa Eléctrica y los columnistas neoliberales de este país. Es deshonesto blandir este argumento porque no existe evidencia de semejante intención. La CNE es un ente colegiado y no una dependencia del Gobierno.
Igual que el Presidente de la República y el Ministro de Energía, dos diputados opositores, ninguno de ellos sospechoso de querer nacionalizar nada, como Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota y Mariano Rayo del Partido Unionista, comprenden y respaldan la independencia y las decisiones de esa Comisión Nacional.
Este conflicto consiste en una discrepancia entre el ente regulador (eso es la CNE) y la empresa que presta el servicio. La razón de la existencia del ente regulador es velar por la defensa de los intereses de los usuarios, los cuales incluyen tanto que se preste el servicio, y de manera eficiente, como que no se cometa abusos en contra de los consumidores. Y también es cierto que la empresa tiene el legítimo derecho de buscar mayor rentabilidad por su inversión. De manera que ninguno de los dos protagonistas de este conflicto debería ser satanizado por discrepar en torno al pliego tarifario.
Hasta el momento, sin embargo, quien mejor ha sustentado sus razones para definir las nuevas tarifas es la CNE. En cambio, la Empresa Eléctrica no ha logrado explicar por qué debe pagarse un peaje (o VAD, en términos técnicos) tan alto como el que solicitan ellos y recomienda la comisión de peritos. Su exigencia es mucho mayor que la que se paga en El Salvador, por poner al vecino como ejemplo. ¿Acaso no han logrado con los años hacer más eficiente y rentable su red de distribución eléctrica? ¿Por qué intentan cobrar como inversiones propias aquellos nuevos trechos de la red financiados por los constructores de urbanizaciones?
Parece razonable que la Comisión no admita como infalible el criterio de los peritos. Se trata de expertos de dudosa independencia con respecto a las grandes firmas de energía eléctrica en el mundo. Por otra parte, al aceptar sin reparos su dictamen, la CNE estaría resignando su carácter de regulador.
Pero si este no es un asunto de nacionalismos, ojalá que España y Estados Unidos, con su inmenso poder político y económico, con sus embajadores y sus reyes, no intenten doblegar al Gobierno para que ceda a los intereses de sus inversionistas. Y ojalá que nuestro gobierno sepa defender su soberanía. Cualquier decisión que se tome al respecto sólo puede estar basada en argumentos técnicos y no políticos, ni de ningún otro orden.
Y los neoliberales, que dejen de mentir. Aquí no se está nacionalizando nada.?
Comento: me siento aludido en el comentario que hace en el primer párrafo catalogando como “xenófono” y “aldeano” el señalamiento que he hecho del origen de la empresa española IBERDOLA y, principalmente, de su insoportable gerente en Guatemala, Luis Maté, por su habitual comportamiento de procónsul a todas luces irrespetuoso de la soberanía de nuestro país y de los usuarios. Sin embargo, acepto que Font tiene razón al calificar en forma drástica ciertas partes de los comentarios que he publicado en ese sentido y por los cuales me arrepiento y me disculpo.
Por si todavía no lo han leído en elPeriódico, les invito a leer este otro brillante artículo escrito por el abogado Acisclo Valladares Molina, ex Procurador General de la Nación:
Con la ley en la mano
Necesaria intervención de la Empresa Eléctrica.
Por: Acisclo Valladares Molina
Durante el período presidencial del alcalde Arzú fueron feriadas las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala, negociación ésta que si bien no implicaba una inconstitucionalidad como la que fuera perpetrada en el affaire Guatel, Telmex, Telgua, no por eso dejó de ser corrupta.
El asunto se había venido preparando con la falsa versión de que la empresa estaría vendiendo por debajo de sus costos, falsa, de toda falsedad, por cuanto que sus estados financieros reflejaban utilidad ?mínima, si se quiere, pero utilidad? imposible ésta si efectivamente se estuviese perdiendo en sus operaciones. Ingeniosa forma de botarle valor y feriar el activo ¿no les parece?
Los actuales ?propietarios? de la empresa se han permitido el tupé de desafiar a las autoridades del Estado y de amenazar a los usuarios con que no habrá de facturarles pero, eso sí, si no llegasen a pagar, cortarles el servicio. ¿Se ordenó ya la intervención de la entidad? ¿A qué se espera?
La Constitución Política de la República no se anda con chiquitas en lo que se refiere a los servicios esenciales y, en consecuencia, si es preciso, se reserva la potestad de intervenirlos. ¿Se espera acaso a que nos corten la luz? Por otra parte, se deben de perseguir los delitos perpetrados ¿O será que el sabotaje de cuello blanco no debe castigarse?
Debo señalar que resulta alentador que diputados como Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, hayan sabido cerrar filas al lado de la ley, de nuestras autoridades, legítimamente constituidas y de los intereses nacionales, Carlos Colom y la Comisión Nacional de Energía han hecho lo correcto y merecen el más categórico de todos los respaldos, entidad ésta que trasciende de un Gobierno.
Cabe señalar, por otra parte, que si la intervención de Mercado de Futuros se hubiese hecho a tiempo, a tiempo se hubiesen podido controlar las inversiones realizadas. En el caso de la intervención de la Empresa Eléctrica, de índole distinta, lo que debe garantizarse es la continuidad y excelencia del servicio.
¿Mala imagen para la inversión en Guatemala? En absoluto y, antes bien, generará la máxima de las confianzas un Estado que actúa, con la ley en la mano. La protección de la inversión extranjera ¡faltaba más! no se extiende ni al abuso, ni a los actos delictivos.? (Fin del artículo)
Comento: sólo quiero agregar que espero que, como respaldo al declarado apoyo que el Presidente Colom ha expresado en favor de la CNEE, el ministerio de Energía y Minas, a cargo del ingeniero Carlos Meany Valerio, actúe como es debido en estas circunstancias, sin el más mínimo temor a lo que puedan decir los supuestos inversionistas extranjeros, porque en estos casos se debe reaccionar con total apego a la dignidad y a la soberanía nacional. El no hacerlo así equivaldría a actuar como si los guatemaltecos fuésemos unas desvergonzadas servidoras sexuales y merecemos que las empresas extranjeras nos exploten sin misericordia al cobrarnos tarifas tan elevadas como las que cobra la EEGSA y encima con un trato irrespetuoso como el que acostumbra su insoportable gerente Luis Maté, a quien en vez de tenerle arraigado, por estar acusado del delito de calumnias, se le debería expulsar del país por ser irrespetuoso de la dignidad nacional. Lo que se propone realmente con no querer enviar a los usuarios los recibos por el consumo puntualmente, es que cuando transcurra algún tiempo puedan alegar que en vista de que no han recibido el pago de los usuarios para pagar a los generadores de electricidad -porque la EEGSA es solamente distibuidora-, éstos se verán obligados a cortar el servicio, y si la intervienen las autoridades respectivas, la EEGSA hará “apagones” que dejarán a oscuras a los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuinla, y dirá que es por culpa del gobierno. El presidente Álvaro Colom Caballeros no debe tolerar por ningún motivo estas tácticas terroristas y chantajistas. No debemos permitir que nos asusten con el petate del muerto.