La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), como resultado de la revisión quinquenal que manda la Ley General de Electricidad (LGE), bajó los costos de distribución de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), que presta servicio en el área central del país. El nuevo cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) rige a partir del día primero de presente mes.
La EEGSA fue fundada en 1930 con capital privado. En 1972 el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio compró el 92% de las acciones y el resto de las acciones las compraron unos particulares. En julio de 1998, durante el proceso de privatizaciones, el gobierno de Alvaro Arzú Irigoyen vendió el 80% de las acciones. En un acto transparente sin precedentes en el país, la venta fue hecha frente a las cámaras de televisión y se adjudicó de inmediato al ganador por US$533 millones. La favorecida fue IBERDOLA, una empresa fincada en España. Esta suma excedió las expectativas del gobierno y de los consultores que acompañaron el proceso. Sin embargo, los nuevos dueños de la EEGSA han ideado múltiples mecanismos para resarcirse. Mencionaré solamente los principales.
En el año 2003 se realizó la revisión quinquenal del VAD durante la administración del presidente Alfonso Portillo. El proceso culminó con una abrupta subida en los precios del VAD. De la noche a la mañana, la EEGSA pasó, en números redondos, de ganar US$60 millones al año a ganar US$110 millones. Un aumento de US$50 millones, equivalente a un incremento del 83%. El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) era entonces Raúl Archila. Presidía la CNEE Luis García Pinot. Los otros dos comisionados eran entonces Elmer Ruiz y Edgar Navarro. Este último ha sido asesor tanto del MEM como de la EEGSA, al mismo tiempo, lo que no me parece ético.
El argumento de la EEGSA para obtener este jugoso incremento fue que perdían importantes sumas de dinero y no podían garantizar que podrían hacer nuevas inversiones.
Evidentemente, olvidaron mencionar ciertos detalles. Por ejemplo, que poco después de hacer la compra, la EEGSA formó la empresa Enérgica, que se ocupa de instalar y mantener la planta externa. La composición de socios de una y otra empresa es diferente. Esto abrió la posibilidad de que se ?bombeen? ganancias de una empresa a otra.
Entre los activos que compró la EEGSA que se incluyeron en el cálculo del VAD original, están la red de 13KV y la red de 69KV Pero en el año 2004 EEGSA ideó otra forma para incrementar aún más sus ganancias: formó una nueva empresa, la Transportista Eléctrica Centroamericana (TRELEC), no para distribución, sino para transporte, a la cual traspasó todas las líneas de 69KV que ya le estaban siendo pagadas en el VAD. Hizo esto con el beneplácito del mismo directorio de la CNEE que autorizó el desmedido aumento al VAD. TRELEC representa para la EEGSA aproximadamente US$12 millones adicionales.
La LGE estableció la diferencia entre el mercado regulado y el mercado libre, este último formado por grandes usuarios que tienen una demanda mayor a 100 KW/mes. A finales de 1998 EEGSA formó COMEGSA para comercializar energía en este sector. Por distorsiones de la ley, ya solucionadas por el anterior directorio de la CNEE, era muy ventajoso para las empresas pasar a ser grandes usuarios. Esto provocó una migración masiva de clientela. Era fácil pasar de ser cliente de EEGSA a COMEGSA, pero era difícil migrar desde cualquier otra comercializadora. De esta forma, aprovechando la posición dominante de EEGSA, COMEGSA consiguió acaparar el 80% del mercado libre y formar otro negocio de grandes proporciones.
Volvamos ahora el tema inicial de este artículo. Como resultado de la reciente revisión quinquenal, la CNEE bajó considerablemente los costos de distribución (VAD) de la EEGSA y lo regresó a las cercanías del mismo nivel que tenía en el año 2003, antes del desconsiderado aumento autorizado durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo Cabrera, actual prófugo de la justicia.
El reglamento de la LGE establecía que en caso de no llegar a un acuerdo, prevalecería el VAD anterior, lo cual habría significado un “excelente negocio” para la EEGSA. Pero el directorio anterior de la CNEE, integrado por José Toledo Ordóñez, presidente, y los comisionados César Fernández y Mynor López, libraron una buena batalla para aprobar nuevos reglamentos de la LGE, en los que se estableció, entre otras cosas, que de no haber un acuerdo en el cálculo de VAD, la CNEE queda facultada para emitir y publicar el pliego tarifario correspondiente. Gracias a lo cual, esta vez se han fijado precios más bajos para los consumidores de menor nivel económico, lo cual merece un aplauso y una felicitación al CNEE y al MEM. Y, por ende, al Gobierno de la República. No es verdad lo que alega la EEGSA y, lamentablemente, han recogido erróneamente los estimados periodistas Óscar Clemente Marroquín, director del vespertino La Hora en su editorial de ayer titulado La EEGSA y la ley y el columnista de ese mismo medio Eduardo Villatoro en su artículo El fin no justifica los medios, en el sentido de que CNEE ha violado lo que se había acordado en estos casos. Ha sido todo lo contrario, esta vez la CNEE actuó con absoluta libertad y transparencia, a diferencia de las ocasiones anteriores en las que hubo motivos para sospechar que el VAD estableció los precios elevados que la EEGSA le exigió. De no ser por la comprobada rectitud, patriotismo y estricto apego a la ética profesional de estos colegas, se podría sospechar que lo escribieron por encargo.
Esta modificación permitió que el directorio actual de la CNEE, integrado por Carlos Colón Bickford, como presidente, y los comisionados César Fernández y Enrique Moller, librasen una nueva batalla por llevar el VAD a su justa dimensión. Este logro habría sido muy difícil de alcanzar sin el apoyo del MEM, en este caso particular del ministro Carlos Meany Valerio.
Con la esperanza de revertir la decisión de la CNEE con alguna argucia legal, la EEGSA ha manifestado indignación por las nuevas tarifas y amenaza con que no va a poder mantener la calidad y dejará de facturar, tras de lo cual podría llegar a cortar el servicio de electricidad a los usuarios, con el consiguiente caos.
Esta es una actitud a todas luces de tendencia chantajista que por ningún motivo deben tolerar las autoridades de nuestro país, porque pretende desafiar al sistema que se ha establecido para poder saciar sus ambiciones de aumentar sus ingresos sin ninguna consideración por los usuarios.
En caso de un incumplimiento, la LGE establece los procedimientos para la terminación de las autorizaciones de distribución y transporte. Es de esperar que la EEGSA acepte su realidad y el MEM no tenga que ser obligado a llegar a estos extremos para que IBERDOLA respete a las autoridades del país. O tal vez conviene más a nuestro pueblo que eso suceda. Porque la pregunta es: ¿No ha terminado aún la colonización española en Guatemala?
