MISCELÁNEA

* Dinero tirado por la ventana
De nada sirven tantas campañas publicitarias y gestiones que se hacen por otros lados para atraer el turismo a nuestro país mientras sigan imperando la inseguridad y la delincuencia generalizadas y, sobre todo, contra los extranjeros que se encuentran de visita y son víctimas de asaltos, agresiones, robos y asesinatos.
Ayer fue un día particularmente sangriento en la ciudad de Guatemala y sus alrededores, porque en diferentes lugares se encontraron numerosos cadáveres de personas asesinadas. Al ver tantos cadáveres en los noticiarios de televisión, o leer la información en los medios escritos, a cualquiera que ame la vida y tenga dos dedos de frente y se encuentre aquí le dan ganas de salir huyendo para salvar la vida. Porque con esta situación dan ganas de huir gritando «¡Sálvese quien pueda!» Con más razón quienes han venido al país atraídos por la propaganda de las bellezas naturales y del folclore porque no tenían ni la menor idea de lo que les esperaba.
De nada vale que el propio presidente de la República afirme con inconcebible cinismo -que nadie cree-, que en los seis meses que lleva en la presidencia han disminuido los actos de violencia y la criminalidad, cuando es bien sabido que todos los días hay incontables hechos delincuenciales que lo desmienten. En estas circunstancias, hacer propaganda turística para atraer visitantes equivale a tirar el dinero por la ventana… a menos que se quiera atraer a los visitantes sin prevenirles del alto grado de criminalidad imperante.
Además de las constantes noticias espeluznantes que dan cuenta de los muchos cadáveres que se encuentran en las calles de la capital y en sus alrededores, lo cual motiva que cualquiera llegue a la conclusión que en Guatemala esa es la forma de morir que se puede calificar como ?muerte natural?, los hechos criminales contra los visitantes son la puntilla para matar el interés de los posibles turistas. Se invita a los vecinos y hermanos salvadoreños que nos visiten durante el mes de agosto que tienen vacaciones, pero la carretera a El Salvador se ha convertido en una «ruta mortal» por los constantes asaltos y crímenes que en ella se cometen a diario sin que las autoridades logren poner un alto a tanta delincuencia. Para su seguridad, quienes vienen de El Salvador o van de regreso para allá tendrían que viajar en vehículos blindados o rodeados de guardaespaldas para asegurarse de que llegarán con vida a nuestra capital y regresarán vivos a la de su país.
El Editorial de hoy de elPeriódico, está titulado con la pregunta sarcástica Quién visita un país de bandidos, y da cuenta de dos hechos sumamente alarmantes y uno de ellos ha sido recogido hace unos cuantos días por el diario británico en línea Mail Online al informar que doce aterrorizados jóvenes británicos que realizaban un viaje escolar con el propósito de ayudar a la población escolar de Alta Verapaz, fueron agredidos por asaltantes armados que llegaron incluso a disparar en su contra y despojados de sus efectos personales como aparatos musicales y teléfonos móviles, además del dinero en efectivo. Y agrega que los jóvenes británicos habían venido al país como parte de un proyecto para remozar escuelas rurales guatemaltecas en ese departamento y, además, para ofrecer clases del idioma inglés en las comunidades donde pernoctaban. Agrega la información que estos jóvenes estudiantes británicos terminaron su aventura asaltados y atados con las correas de sus propios zapatos. Aunque el Editorial dice que las autoridades escolares dijeron que no concluirán abruptamente su viaje como consecuencia del asalto, concluye que después de lo ocurrido difícilmente otra escuela británica se interesará en enviar a sus alumnos a Guatemala.
Ese mismo Editorial menciona el fatal desenlace del asalto que sufrió una pareja de visitantes estadounidenses integrada por Daniel Perry Dryden y su esposa Nancy, quienes se encontraban plácidamente a bordo de una embarcación en el lago de Izabal cuando unos delincuentes les asaltaron como si fuesen piratas y les agredieron con machetes para robarles su dinero, como consecuencia de lo cual murió el esposo. Y a pesar de que ya han trascurridos tres días desde entonces, ni las autoridades del departamento de Izabal ni las autoridades nacionales han capturado todavía a ninguno de los asaltantes.
El Editorial en cuestión finaliza diciendo: ?Y el turismo, que en la situación actual podría consolidarse como una fuente generadora de gran cantidad de plazas de trabajo para guatemaltecos, difícilmente podrá desarrollarse con éxito en esas condiciones. Los turistas no visitan los sitios en donde su vida corre riesgo. Al menos, no a manos de asaltantes y cuatreros. Los visitantes no están dispuestos a viajar a ?un país de bandidos?, como tituló la nota del asalto a los jóvenes británicos, el diario Mail Online. Y menos aún, de bandidos sin castigo.?

* Los anuncios amenazantes de la EEGSA
La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) ha venido repitiendo en todos los noticiarios de televisión unos anuncios en los que amenazan al país con denunciarlo en foros internacionales y con que no vendrán inversionistas extranjeros si no se les complace en lo que quieren, y acusa a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de haber cometido ?a todas luces? un abuso de poder por haber decidido publicar un nuevo cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el quinquenio que comienza a regir a partir del día primero del presente mes y aduce que esto podría causar que no sea satisfactorio el servicio eléctrico que presta en los departamentos del área central del país y lanza la amenaza de que por ello ya no vendrán inversionistas al país. La EEGSA olvida que la decisión de la CNEE de publicar las tarifas aplicables al presente quinquenio se debe a un análisis eminentemente técnico respecto al lo que la Ley General de Electricidad estipula en su artículo 71, particularmente en su último párrafo que indica que «El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada». Olvida también que la CNEE lo hizo de acuerdo a lo que está claramente estipulado en la Ley General de Electricidad, de manera que la decición de la CNEE es a todas luces legal y está enmarcada en lo que dice la ley. Todo el Capítulo III del Título IV de la mencionada Ley indica detalladamente todos los elementos para realizar el cálculo de las tarifas aplicables a consumidores en redes de distribución final, cálculo que, según la propia Ley, finalmente debe realizar y aplicar la CNEE.
Si el cálculo que determinó a la CNEE para publicar el VAD no es suficiente para que la EEGSA opere en Guatemala, quiere decir entonces que no es una empresa eficiente y, por lo tanto, debe mejorar su operación, o el propio mercado terminará marginándola por ineficiente.
Es necesario anotar que de ninguna forma el actuar de la CNEE puede salirse de lo contemplado por la Ley y en el caso que nos ocupa no es la excepción ya que todo su actuar está debidamente fundamentado, extremo que, a pesar de lo que dicen las publicaciones de la EEGSA será probado las veces que sean necesarias ante las instancias legales pertinentes.
Es un hecho conocido que a través de los Reglamentos se desarrollan conceptos contenidos en la Ley y en el presente caso el Reglamento a la Ley General de Electricidad estipula en el Capítulo III del Título VI una serie de fórmulas mediante las cuales se calculan las tarifas antes indicadas en la Ley; se trata de una serie de lineamientos muy específicos con valores determinados, o determinables, mediante la aplicación de las fórmulas en la que, por supuesto, no se permite incluir como costos depreciaciones de equipos, por mencionar un caso.
Así, tanto la Ley como su Reglamento determinan y desarrollan extensa e íntegramente el procedimiento por medio del cual se calculan y aprueban las tarifas aplicables a usuarios de distribución final, incluido el VAD, y en el caso que nos ocupa se cumplió a cabalidad.
Finalmente, es importante destacar que toda persona, individual o jurídica, tiene el derecho de petición constitucionalmente garantizado y, sobre todo, a no verse amenazado o violentado en el legítimo ejercicio de sus derechos, pero debe anotarse que la inconformidad de una de las partes resultante de la aplicación de la Ley no es motivo para alegar violación de derechos, más bien se trata de un legítimo Estado de Derecho en el que se ha privilegiado la aplicación de la Ley sobre los intereses puramente económicos de personas individuales o jurídicas. Así que las reglas en este caso están PERFECTAMENTE CLARAS, lo que pasa es que su correcta aplicación no satisface a la EEGSA.
El Gobierno no debe dejarse amedrentar por el chantaje que se está desarrollando por medio de los anuncios por la televisión y están coreando unos cuantos periodistas que están escribiendo por encargo sobre el tema, porque la EEGSA está gastando dinero a manos llenas para pagar a quienes se están uniendo al chantaje de amenazar con el «petate del muerto» de que si a ellos no se les permite imponer sus condiciones para continuar esquilmando a los guatemaltecos con sus caprichosas tarifas tan elevadas, ya no van a venir más inversionistas extranjeros y el país perderá probables fuentes de trabajo. Si a los españoles de IBERDOLA, propietaria de la EEGSA no les conviene continuar prestando el servicio de distribución de energía eléctrica en los departamentos del centro del país de acuerdo a lo que está convenido, deben retirarse sin hacer chantaje y dejar que presten ese servicio quienes estén mejor dispuestos hacerlo sin exigir que se les permita ganar tantos millones de dólares con tarifas totalmente desproporcionadas. Al fin y al cabo que esos españoles no son los únicos que pueden hacerlo.

* El patético caso del magistrado De León Molina
Continúa sin resolverse satisfactoriamente la insólita crisis que surgió en el Organismo Judicial (OJ) y Corte Suprema de Justicia (CSJ) como consecuencia del comprensible empecinamiento del veterano abogado Rodolfo De León Molina, magistrado vocal XII de la CSJ en no renunciar y entregar el cargo a un sucesor designado por el Congreso de la República -el abogado Vladimir Aguilar- pesar de que ya cumplió más de 75 años de edad que, de manera obviamente discriminatoria, es el término señalado por la Ley del Organismo Judicial para que los magistrados renuncien y se retiren, a pesar de que es una evidente violación a los derechos humanos de una persona por motivo de su edad, lo cual, repito, es una discriminación que prohíbe la Constitución de la República.
A pesar de que es intachable el brillante currículo profesional del magistrado De León Molina, la ley que rige al OJ y CSJ ordena que todos los magistrados deben presentar su renuncia ipso facto al llegar a los 75 años de edad. Probablemente considera el autor de ese drástico requisito que a esa edad se pierden las facultades mentales para continuar desempeñando con idoneidad ese cargo, y por eso conviene que presenten su renuncia y se retiren a cuidar las margaritas y chatías del jardín de su casa.
Pero es evidente que el magistrado De León Molina no cree que ha convencido perdido sus facultades mentales ni su capacidad para seguir desempeñando ese cargo y rehusa aceptar que tenga que renunciar y retirarse por motivo de su avanzada edad. Es triste que en un país como el nuestro hasta el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia menosprecie a los viejos, desestimando lo mucho que estos hayan podido aprender en el transcurso de los años y de las experiencias que han vivido en el ejercicio de su profesión y de su cargo. En otros países de cultura milenaria, los veteranos son apreciados precisamente por ser viejos con experiencia y por la sabiduría que han podido acumular.
Sin embargo, si la Ley del OJ y la CSJ ordena que los magistrados se retiren a los 75 años de edad, aunque sea discriminatorio y contradiga lo que establece la Constitución de la República en cuanto a que a nadie se le puede negar que desempeñe un empleo por razón de su edad, es indiscutible que el magistrado De León Molina debe acatarlo sin discutirlo para presentar su renuncia y retirarse.
Porque «la ley es la ley», como suele decir constantemente el brillante abogado y columnista de elPeriódico Acisclo Valladares Molina, ex Procurador General de la Nación, quien no sé por qué sigue viviendo en Guatemala y escribiendo artículos casi todos los días a pesar de que fue nombrado embajador ante el Vaticano y, según vimos en el programa de televisión Cuestión de Minutos, ya presentó sus Cartas Credenciales al papa Benedicto XVI, con frac y condecoraciones. Luego entonces, ¿qué fregados sigue haciendo en Guatemala? ¿O es que tiene un arreglo «muy particular» con el Presidente Colom o su poderosa esposa, Sandra, o con el Canciller Haroldo Rodas? Porque supongo que a pesar de que ya está cobrando el sueldo de embajador, sigue tan campante como columnista de un medio que lo más probable es que no le está pagando ni un pinche centavo por sus magníficos artículos, pero le concede el espacio para que él pueda escribir apologías llenas de ditirambos sobre los principales protagonistas del actual régimen.
Pero volviendo al tema original -disculpen la breve disgregación-, creo sinceramente que el estimable licenciado De León Molina debería aceptar la exigencia de la ley del OJ y la CSJ que dice que debe retirarse de ese cargo y entregárselo al sucesor que ha designado el Congreso. De lo contrario, debe ver la manera de hacer que se declare inconstitucional y se anule la exigencia para que se retire a los 75 años de edad. Debe hacerlo por el respeto que merece su prestigio bien ganado en su carrera profesional. Es muy triste que a estas alturas de su vida se empecine en mantenerse en un cargo en el que todos le están diciendo que ya debe hacer mutis por el foro y retirarse. Aunque sólo fuese por respeto a sí mismo, debe retirarse sin necesidad de que la Corte de Constitucionalidad (CC) se lo exija.
Es patético verle por televisión librando esa batalla perdida con su cabello y su bigotito pintados de un color negro teléfono, pero cualquiera puede darse cuenta de que entre sus empecinamientos está el de aparentar que sigue siendo un hombre joven, a pesar de que su Cédula de Vecindad diga otra cosa distinta.
Yo que ya estoy próximo a cumplir 80 años de edad -siempre y cuando no me mate antes en cualquier calle o avenida de la ciudad o camino de la república algún desalmado asaltante que quiera robarme mi automóvil o mi teléfono celular-, le comprendo perfectamente y me solidarizo con él. Pero sólo hasta cierto punto, porque insisto en que creo que ya le ha llegado el momento de renunciar y retirarse a pesar de que el color artificial de su cabello y de su bigote pretendan hacer creer que todavía no está muy viejo. Se lo digo con todo el respeto que me merecen su excelente currículo profesional y sus canas que no están a la vista porque las que tiene están pintadas de negro.

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