Por hablar más de la cuenta desde los altares de sus catedrales, sobre temas ajenos a los evangelios que deben predicar a sus feligreses, están ocupando las primeras páginas de los medios de comunicación dos “príncipes” de la iglesia católica, apostólica y romana, los arzobispos de Guadalajara y de Guatemala, cardenales Juan Sandoval Íñiguez y Fernando Quezada Toruño, respectivamente. En el diario El Universal de México se publica hoy este interesante artículo del cual he obtenido los datos que reproduzco a continuación:
Arranca el juicio Ebrard-Sandoval
Cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez
El Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Federal admitió la demanda por daño moral que interpuso el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara (Jalisco) y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero porque el primero de ellos dijo que Ebrard había “maiceado” (comprado”) a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que declararan legal los matrimonios entre personas del mismo sexo y que éstos puedan adoptar niños y el segundo por haber dicho que el Consejo Episcopal apoya lo dicho por el cardenal Sandoval Íñiguez, amenazó con excomulgar a Ebrard y pidió a los católicos que no voten por él.
La determinación de la juez María Magdalena Malpica Cervantes —publicada en el boletín judicial número 149 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF)— confirma el inicio del procedimiento, cuyo expediente ha quedado radicado en la causa civil 1081/2010.
La semana pasada, el jefe de Gobierno presentó la demanda contra Sandoval y Valdemar, al considerar que sus declaraciones sobre el tema de la adopción por parejas gay le generaron un daño moral. En los próximos días se comunicará a la parte demandada el inicio del juicio en su contra, y se le emplazará para que acuda al juzgado e inicie el ejercicio de su defensa bajo los términos que considere.
La frase que pululó en las redes
Momentos después de que se diera a conocer que su demanda contra el cardenal Sandoval había sido aceptada, y cuando se encontraba en la inauguración de una exposición en el World Trade Center, Ebrard levantó una caja con 18 huevos de gallina blancos y envió este mensaje al cardenal: “¡Para que los vea Sandoval!”.
Pasaba el mediodía cuando el mandatario local comenzaba un recorrido por los stands de la Feria Internacional de la Industria del Pan “Mexipan 2010”, cuando se acercó a uno donde había un sartén, un cuchillo y la caja de plástico sobre la mesa, levantó ésta y ante varios fotógrafos pronunció la frase retadora que un par de horas después pululó en las redes sociales.
“Prelados no gozan de fuero”
El pasado 16 de agosto, Sandoval Íñiguez acusó a Marcelo Ebrard de “maicear” —dar dinero— a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar niños.
El jefe de Gobierno respondió con un ultimátum para que el cardenal presentara pruebas o se disculpara en público. Como no lo hizo, lo demandó de la misma forma que a Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México.
Ayer por la mañana, luego de encabezar un evento de transporte escolar obligatorio, Marcelo Ebrard aseguró que “los cardenales o prelados de la Iglesia católica o de cualquier otra iglesia no gozan de fuero por encima de la ley”. Agregó que la demanda no tiene que ver con la libertad de expresión, pues a nadie se le está coartando ese derecho.
El cardenal responderá
El Arzobispado de Guadalajara (Jalisco) emitió un comunicado en el que afirma que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez utilizará “todos los recursos legales que estén a su alcance para responder a la demanda que en su contra emprendió el jefe de Gobierno del Distrito Federal”. En el texto de dos puntos se informa que “el cardenal Juan Sandoval está en la disposición de responder a esta demanda en el marco de la ley, con todas las posibilidades que ésta le permita para actuar”.
Y agrega que “los abogados del cardenal Sandoval estudiarán el caso y ofrecerán las respuestas pertinentes a las autoridades competentes —luego de analizar cuidadosamente el apercibimiento (con el que todavía no se cuenta)—, lo mismo que a la opinión pública, para hacerlo de] su conocimiento”. No obstante, la Arquidiócesis reconoce que aún no han sido revisados los documentos y oficios derivados de la demanda.
Enfatiza que “por el momento, entonces, no tenemos alguna otra respuesta que dar, hasta no conocer de primera mano todos los documentos que presenten las autoridades, que han decidido dar entrada a la demanda. Es a partir de ese momento cuando se le dará cauce a la postura del demandado, para ofrecer los elementos de defensa en fondo, tiempo y forma oportunos”.
Los prelados de las iglesias no gozan de fuero
Los cardenales o prelados de la Iglesia católica, o de cualquier otra religión, no gozan de fuero por encima de la ley, por lo que si imputan un delito grave a servidores públicos o a instituciones, tienen que probarlo. Por lo que “simple y llanamente Juan Sandoval Íñiguez se va a tener que disculpar y recibir una sanción como cualquier otro ciudadano”, sentenció el Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Entrevistado sobre la decisión de la juez María Magdalena Malpica Cervantes de dar entrada a la demanda civil por daño moral que interpuso en contra del cardenal Juan Sandoval y el vocero del Arzobispado, Hugo Valdemar, el Ejecutivo remarcó que los prelados deben someterse –igual que todos los demás– a lo que la ley dispone y saber que no se puede imputar delitos o tratar de desprestigiar instituciones porque toman decisiones que no comparten, porque para todo hay un límite.
Recordó que eso ocurría en el siglo XIX, y ya estamos en el XXI. “Durante largo tiempo no ha habido este tipo de demandas, se les ha permitido muchas cosas, pero en este caso me pareció que, dada la gravedad de las imputaciones que hacen y que me señalan directamente como jefe de Gobierno, sí debía de hacer algo porque de otro modo sería consentir una violación de esa naturaleza a nuestra Constitución y al Estado laico que vivimos”.
Rechazó que con esto se coarte la libertad de expresión del cardenal o del vocero; “ellos tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, a expresar lo que quieran, aquí el problema es que están tratando de coaccionar, presionar y, en última instancia, subordinar a las instituciones que toman decisiones según la ley, en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe de Gobierno”.
Señaló que ahora Sandoval Íñiguez tendrá que demostrar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal “maiceó” (que significa que les dio dinero) a los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que avalaran los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar.
“Como es evidente que no tiene tales pruebas, anticipo que en lo que va a concluir este juicio es en que el señor (Sandoval) se va a tener que disculpar públicamente”, declaró el jefe del Gobierno del D.F.
Por cierto que una vez que yo estaba de visita en la Ciudad de México y me encontraba tomando unos tequilas con unos amigos en el lobby-bar del hotel Presidente InterContinental, de la zona de Polanco, de pronto vimos salir del servicio sanitario al susodicho cardenal, en total estado de ebriedad, o sea “bien a tuna” o “a moronga” (como decimos por acá) como agarrándose de las paredes para no caerse, y uno de mis acompañantes me informó quién era.
En Guatemala, el Cardenal Quezada Toruño
El cardenal Fernando Quezada Toruño aprovecha las misas dominicales que oficia en la Catedral Metropolitana para hacer todo tipo de comentarios, a cual más caprichoso, que en nada tienen que ver con la prédica del Evangelio que corresponde a su ministerio cristiano y constantemente despotrica sobre muchos temas que ignora, como la explotación de los recursos naturales, tales como la mina de oro Marlin I en San Marcos y la explotación petrolera de la empresa Perenco en la Laguna del Tigre del Petén, y contra el control de la natalidad, al extremo que considera que un condón o un anticonceptivo son equivalentes a una bala (¡aunque usted no lo crea!); y contra el aborto bajo cualquier circunstancia que sea y por justificable que pueda ser, y se ha pronunciado contra la legislación que protege los derechos humanos de las mujeres, sobre todo sobre su derecho a tomar decisiones sobre su reproducción, el derecho a utilizar métodos anticonceptivos de planificación familiar y decidir con libertad qué método se quiere y cuándo se quiere, lo cual es un derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala y en múltiples convenios y compromisos ratificados por el Estado desde hace 50 años. Parece increíble que a estas alturas del siglo XXI todavía no comprende que las mujeres no son propiedad de los hombres, como se ha creído durante muchísimos años, y que tienen derecho a tomar las decisiones que prefieran sobre su propia vida.
En su ignorante fanatismo, ha tratado de frenar la vigencia de las leyes que protegen los derechos inalienables de las mujeres. En noviembre del 2006 cuando el Congreso de la República se disponía a pasar a segunda lectura la iniciativa, la Iglesia católica alertó a la población sobre el riesgo de que ésta fomentaría el aborto y se inmiscuía en el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos en temas de sexualidad.Pero por medio de una moción privilegiada, el 16 de noviembre la ley fue aprobada por 110 diputados, evitando una segunda y una tercera lecturas. La semana siguiente se generó un febril y enconado debate entre sectores que apoyaban la ley o la detractaban. El desafortunado llamado del cardenal Quezada Toruño a rechazar la ley movió a que columnistas y editorialistas (entre quienes tuve el honor de contarme) por medio de muchos medios de comunicación, expresáramos nuestro desacuerdo con la injustificada posición de la Iglesia. La columnista de Prensa Libre Carolina Vázquez Araya, en un artículo titulado “Ser Mujer”, opinó lo siguiente: “Esto que les asusta tanto, significa simplemente tener igualdad ante la ley como lo manda la Constitución Política de la República, enmendar aquellas leyes discriminatorias que atentan contra su dignidad de seres humanos, legislar salud sexual y reproductiva, eliminar toda forma de acoso sexual y castigar a quienes atenten contra ellas, tanto en el ámbito público como porivado”. Sin embargo, en vísperas de Navidad, el 21 de diciembre la población guatemalteca recibió la noticia de la decisión tomada por el presidente Óscar Berger en Consejo de Ministros, de vetar con argumentos notoriamente absurdos la Ley de Planificación Familiar. Entonces el escenario político se trasladó a la Corte de Constitucionalidad y, como estrategia de seguimiento se presentó un memorial para unirse al caso de la Ley de Planificación Familiar como terceras interesadas. Este memorial fue presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuya presidenta era la licenciada Myrna Ponce, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y la Red de Mujeres por la Construcción de la Paz. Esta acción de adherrencia no fue aceptada. Organizaciones de la sociedad civil y diputadas del FRG, EG, URNG y PP visitaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad como medida de presión para que se declarara sin lugar el amparo presentado por el presidente Berger. Acompañando estas acciones, se realizaron conferencias de prensa, presentaciones del contenido de la ley en universidades, seminarios, talleres y ferias de salud que se realizaban en parques nacionales. La vigencia del tema estaba garantizada por las organizaciones de mujeres. Los diarios Prensa Libre y elPeriódico, de manera oportuna publicaron los resultados de una encuesta, la cual daba cuenta de la anuencia de la población a que se impartara educación sexual en las escuelas. Se logró aglutinar a 198 organizaciones a nivel nacional, las cuales promovieron foros, apoyaron campos pagados y realizaron conferencias de prensa a nivel local. La presión dio como resultado que el 16 de abril la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el amparo presentado por el Presidente de la Repúblkica. Acto seguido, el Congreso ordenó la publicación de la Ley de Planificación Familiar en el periódico oficial, Diario de Centro América. Después, el 27 de abril fue publicada la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Métodos de Planificación Familiar y su integración en el Programa de Salud Reproductiva.
A los tres días de haber sido publicada, se presentaron tres recursos de inconstitucionalidad. Uno dirigido a la ley en su totalidad y el otro a la palabra DEBEN. Los argumentos eran que, supuestamente, viola el derecho constitucional a la vida, a la libertad de religión, a la protección de la familia, al derecho a la educación y al derecho a la salud. El Cardenal Quezada Toruño llamó a la “Objeción de conciencia” para no cumplir con la ley que, a su juicio, era antimoral y abortiva. ¡El “príncipe” de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana pidiendo al pueblo desde su púlpito en la catedral metropolitana no acatar la ley! No satisfecho con esta barbaridad, se presentó ante la prensa con una bala y una caja de acticonceptivos o condones diciendo que ambos matan por igual. ¡Cómo se ve que no sabe lo que dice! De seguro el celibato nunca le ha permitido saber lo que es un acto sexual.
Mostró una bala y un condón y dijo que eran lo mismo
La columnista de Prensa Libre Carolina Escobar Sarti publicó un artículo en el que dijo: “El presidente de Guatemala vetó la Ley de Planificación Familiar y el arzobispo sacó una bala para rematar tal disposición. Es como haberle dado el tiro de gracia a la normativa, para ponerlo en sus términos. El poder político y el poder eclesial se unen nuevamente para cumplir un mandato de siglos; los fanáticos de la virtud no serían nada sin la ayuda de los sectores de poder. Precisan de un marco político que les permita legitimar en público sus instintos purificadores, controladores y autoritarios”-
Algunos nombres de quienes fueron el motor de esta historia: Elizabeth Lemus, Lily Caravantes, Alma Odette Chacón, María Eugenia Lemus, Nora Soto, Rossana Cifuentes, Ingrid Merck, Sandra Morán, Andrea Barrios, Tita Godínez, Dalila de la Cruz, Dinora Gil, Consuelo Esquivel, Rebeca Guízar, Olga Villalta, Mirna Montenegro y Luz Méndez.
Diputados comprometidos con la iniciativa: Myrna Ponce, Zury Ríos Sosa, Nineth Montenegro, Alba Estela Maldonado, Ana Bella de León, Roxana Baldetti, Elizabeth Donis, Eduardo Meyer, César Fajardo, Gudy Rivera y Armando Aragón. Mi cordial aplauso para ellas y ellos.
Columnistas que se pronunciaron a favor de la Ley de Planificación Familiar: Ana María Cofiño, Aquiles Pinto Flores, Bárbara Schieber, Carolina Escobar Sarti, Carolina Vásquez Araya, Guatavo Berganza, Gustavo Bracamonte, Haroldo Shetemul, Ileana Alamilla, Jorge Palmieri, Juan Luis Font, Laura Asturias, Marielos Monzón, Marta Pilón, Olga Villalta, Pablo Rodas Martini, Rita María Roesch, Sam Colop.
Últimamente el cardenal Quezada Toruño se ha manifestado extremadamente indignado, ofendido y visiblemente disgustado porque el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Ronaldo Robles, se ha referido a él llamándole simplemente “señor” –y no “monseñor”–, lo cual, evidentemente, le ha parecido una imperdonable falta de respeto a su alta dignidad de “príncipe de la Iglesia” (¿dónde están la sencillez y la humildad que predicaba Jesús?) por lo que ha amenazado con no volverá a poner un pie en Casa Presidencial mientras aún esté dicho funcionario. Tal parece que le molesta demasiado que se le llame “señor” en vez de “monseñor”, pero “mon” significa “mío” en francés y probablemente a Robles no le parece que deba llamar “mío” a ese señor. ¡Y está en su legítimo en su derecho! ¡Que le llamen “monseñor” los católicos que en verdad lo consideren un “príncipe de la Iglesia” y por ello lo traten de esa manera. Por cierto que tampoco Marcelo Ebrard Casaubón llama “monseñor” al cardenal Sandoval, sino le llama simplemente “señor”. ¡Peor sería que se refiriese a él como “cura tal por cual!”. Aunque este Cardenal mexicano se lo tendría merecido por haber sido tan irrespetuoso con los doctos, honorables e insobornables magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República de México y con el Jefe del Gobierno del Distrito Federal.