VENGANZA DE CASTRESANA Y “ACHICHINCLES” (y 5)

Es indudable que la persona en contra de quien más se concentró la venganza del fiscal Carlos Castresana Fernández, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue el doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla, presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque no fue de los que se convirtieron en sus “achichincles” y se sometieron a sus imposiciones, por lo que comenzó a fraguar su venganza desde que declaró a los medios de comunicación que la CICIG se encargaría de proporcionar seguridad a los jueces, y el doctor Álvarez le respondió que esa es responsabilidad del Estado, en general, o del Organismo Judicial, en particular. Lo cual molestó muchísimo a Castresana, quien se creía un Virrey imperial o un Inquisidor en este país y todos le oían como si fuese “la voz de Dios”, como dijo la fiscal de investigación costarricense Gisele Rivera en una interesante y demoledora entrevista que publicaron los diarios “La Nación“, de Costa Rica, y “Siglo Veintiuno“, de Guatemala.

Castresana dijo que se había organizado una campaña “de desprestigio” en su contra, en la que supuestamente participábamos algunos periodistas, simplemente porque le criticamos que desprestigiara, calumniara y difamara a muchas personas que antes gozaban de buena reputación, pero él las acusó de estar involucrados en la corrupción sin presentar pruebas de sus acusacions, pero no había tal “campaña”, sino simple y sencillamente que en su posición y su comportamiento estaba expuesto a las críticas periodísticas. A él le parecía bien hablar mal de todos, pero no podía soportar que se le dijesen ciertas cosas. Esa fue una de las características de su doble moral. Y en cuanto a su relación íntima con la joven jamaiquina, en mi opinión, no debe ser de incumbencia de nadie su vida privada, pero sí que esté violando un código de conducta de la ONU, donde es inaceptable tener urelaciones íntimas con una funcionaria de la misma entidad, como fue el caso de la joven abogada jamaiquina de nombre Tomalja Audrey Harris, alta funcionaria de la CICIG, bajo sus órdenes, y que, además, la trajo contratada de California, donde fue su alumna, muy bien remunerada con dinero de la ONU. Recibía US$7 mil mensuales. Por lo demás, con quien se relacione o se acueste no debería ser de incumbencia de nadie. Pero que no emplee doble moral, porque por otro lado usó ese recurso para desprestigiar al presidente de la CSJ. Ya debería saber que cuando se tiene techo de vidrio no es prudente tirar piedras a otros tejados.

Doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla, Magistrado Presidente del Organismo Judicial y CSJ, principal víctima de la venganza del ex Comisionado de la CICIG Carlos Castresana, después de haber sido difamado se le chantageó para que se inhibiera de formar parte de la Comisión de Postulación. Estará en la presidencia de la CSJ solamente dos meses más y le entregará el cargo a quien entonces sea elegido por el pleno de magistrados.

Como es bien sabido, al doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla corresponde, en su legítima calidad de Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocar y presidir la Comisión de Postulación, como lo estipula el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que dice que “la Comisión de Postulación debe estar integrada por el Presidente de la CSJ, quien la debe presidir, y debe estar integrada por los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio”; y agrega que “no se aceptará ninguna representación”. Lo cual significa que nadie más puede ocupar esas responsabilidades.

Cuando se reunió esta Comisión de Postulación, entre los 29 candidatos que se presentaron seleccionó a 6 para integrar la nómina que propusieron al Presidente de la República, para que entre ellos nombrase al Fiscal General y Jefe del MP, lo cual hizo el mandatario y nombró al abogado que encabezó la nómina, doctor en Derecho Conrado Reyes, ex catedrático en las universidades Francisco Marroquín y Rafael Landívar, porque en el análisis de los postuladores obtuvo el más alto punteo. El disgusto de Castresana llegó al paroxismo cuando vio que no habían sido escogidos ni el abogado de la CICIG, licenciado Alfonso Carrillo, ni la licenciada Gloria Porras, eficiente Secretaria General del Ministerio Público, de quien se dice que está emparentada con la señora Sandra Torres Casanova de Colom, tercera esposa del actual Presidente de la República y, aparentemente, próxima candidata a la Presidencia de la República.

El doctor Conrado Reyes fue vilmente calumniado y difamado por Castresana cuando le calificó de “hijo de la corrupción” para que el presidente Álvaro Colom lo destituyese inmediatamente a pesar de que él mismo lo había escogido entre los 6 que integraban la nómina que le envió la Comisión de Postulación porque entre los 29 aspirantes a ese cargo había obtenido el más alto punteo de todos por su  honorabilidad y su brillante hoja de vida profesional.

Entonces Castresana montó en cólera y exigió al Presidente Colom –¡Púchica! ¿Qué se habrá creído?– la “inmediata destitución” del doctor Conrado Reyes, a quien acusó de ser “hijo de la corrupción” porque, supuestamente, ha estado relacionado con bufetes de abogados que se dedican a tramitar adopciones. El doctor Reyes es un hombre de elevados principios religiosos, de los que en verdad creen que “Dios sabe lo que hace” y, probablemente por eso, no le contestó que si para Castresana es para él “hijo de la corrupción”, para él Castresana es hijo de la chingada, como dicen los mexicanos. Y por increíble que parezca, el presidente Colom obedeció y destituyó al doctor Reyesdes sin haberse tomado la molestia de investigar un poco el caso y a pesar de que hacía poco tiempo que lo había nombrado y juramentado para el cargo de Fiscal General y Jefe del MP. No satisfecho con esto, Castresana pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que anulara todo el proceso de la Comisión de Postulación. ¡Y la Corte de Constitucionalidad le obedeció! Y no sólo eso, sino que, como un contrasentido, también violó la Constitución de la República al instar a todos los miembros de la comisión que se inhibiesen de seguir participando en ella. Entonces algunos de los decanos de las facultades de Derecho aceptaron inhibirse, pero el doctor Álvarez y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio se negaron a inhibirse en obediencia al ya citado mandato constitucional.  En eso se vino la repentina y sorpresiva “renuncia” de Carlos Castresana del cargo de jefe de la CICIG y sus declaraciones en una conferencia de prensa que, según dijo él, no fue conferencia de prensa sino simple declaración, porque no aceptó que se le plantearan preguntas. ¡Se puso furioso de tener que irse de Guatemala y despotricó contra los tres poderes del Estado, a los que acusó de no haber cumplido con darle toda la colaboración que él solicitó! Y decidió que antes de irse iba a desprestigiar al doctor Álvarez Mancilla y, aduciendo que éste también estaba ligado a la corrupción, exhortó a sus “achichincles”, miembros de la mal llamada “sociedad civil”, entre quienes están Rigoberta Menchú, Ana María de Klein, Carmen Aída Ibarra, Iduvina Hernández, Nery Ródenas, Helen Mack, Yolanda Pérez, y Ramón Cadena Rímola, entre otros, para que promovieran la idea de hacerle un antejuicio para que fuese destituido por el pleno de magistrados, o exigirle que presentase su renuncia, para impedir que siguiese presidiendo la Comisión de Postulación. Para lograrlo le sacaron “unos trapitos al sol”, como que en su viaje a Brasil se había llevado a su joven y bonita asistente, Londy Castillo, para que se encargara de los papeleos y trámites que se hacen en esos viajes. Y en esa malévola conspiración de parte de Castresana y los miembros de la mentada “sociedad civil”, contra el doctor Erick Alfonso Álvarez, participó también el ambicioso doctor César Barrientos Pellecer, Vocal 2º. de la CSJ y presidente de la Cámara Penal, que obviamente no simpatiza con el doctor Álvarez; y en su desesperado anhelo de sustituirlo, le movió la silla a pesar de que a éste ya sólo le quedan dos meses en la presidencia. Y así fue como un día de tantos el doctor Barrientos Pellecer sorprendió a toda Guatemala cuando declaró escandalosamente a todos los medios de comunicación que le había pedido su renuncia al doctor Álvarez por ciertas disposiciones que había tomado sin consultar a los demás magistrados, naturalmente, se armó un gran escándalo. Sin embargo, pocos días después todo se acalló, milagrosamente, cuando el doctor Álvarez accedió a inhibirse de la Comisión de Postulación a pesar de que lo ordena la Constitución  de la República, y se anunció que su lugar la ocuparía el doctor César Barrientos. Como por arte de magia, en cuanto se supo que el doctor Álvarez Mancilla finalmente había aceptado inhibirse de participar en la Comisión de Postulación a pesar de que pocos días antes había jurado que no se iba a inhibir y moriría en la raya; y en su lugar presidirá dicha comisión el doctor César Barrientos Pellecer, a pesar de lo que ordena el artículo 251 de la Carta Magna. ¡En el acto toda la campaña contra el doctor Álvarez se calmó como por arte de magia! ¡Ya nadie ha seguido recordando el viaje a Brasil con Londy Castillo, ni algunas otras cosas que le imputaban! No cabe duda de que la condición que le impusieron sine qua non al doctor Álvarez para dejar de fastidiarlo fue que se inhibiera de la Comisión de Postulación. ¡No importa lo que dice la Constitución de la República! ¡Y él se vio obligado a aceptar! Ha de haber pensado que hay veces en que más vale dar un paso a un lado que seguir soportando la andanada de los “achichincles” del nefasto Castresana.

Entonces se publicaron en los diarios “La Nación” de Costa Rica y “Siglo Veintiuno” de Guatemala las impactantes declaraciones de la fiscal de investigación costarricense Gisela Rivera, ex jefa de fiscales de investigación y, entre otras cosas alarmantes dijo ella entregó a Castresana el resultado de su investigación sobre la matanza en la Operación Pavo Real en la Granja Penal de Pavón, y de la fuga de presos en la prisión denominada El Infiernito, pero que el comisionado Castresana engavetó la investigación y le dijo que no era propicio “el momento político” para darlo a conocer. Probablemente porque en él se sindica de cometer asesinatos a varios altos funcionarios del nefasto y corrupto gobierno de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas, que fue quien firmó con la ONU el convenio para el establecimiento de la CICIG. Lo cual significa, ni más ni menos, que al haber engavetado el informe de la fiscal de investigación Gisele Rivera, Castresana cometió el delito de encubrimiento de delitos de lesa humanidad.

Probablemente el Presidente Colom condecoró con la Orden Quetzal al nefasto fiscal español Carlos Castresana en reconocimiento y agradecimiento por su novelesca explicación sobre la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, quien dejó un video inculpando de su asesinato al Presidente, a su esposa Sandra Torres Casanova, al Secretario de la Presidencia Gustavo Alejos Cámbara, al industrial y patrocinador de la campaña electoral del ingeniero Colom, Gregorio “Goyo” Valdés O’Donnell  y otras personas. elPeriódico publicó esta foto en primera plana, quizás en agradecimiento de que Castresana calificó de “el periodista más valiente de Guatemala” al vanidoso ingeniero José Rubén Zamora, hasta ahora presidente de ese medio, pero se dice que ya lo está vendiendo y que él se irá a radicar a los Estados Unidos.

No obstante su insoportable comportamiento descalificador del nefasto fiscal español Carlos Castresana para desprestigiar a todos los organismos del Estado, el Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, le impuso La Orden del Quetzal, la más alta condecoración del país. Y elPeriódico publicó en primera plana una foto del acto, indudablemente en agradecimiento de que, pocos días antes, en su úyltima conferencia de prensa, Castresana calificó como “el periodista más valiente de Guatemala” al ingeniero José Rubén Zamora, todavía presidente de ese medio, pero se dice que ya está en proceso de vender ese periódico a uno de los hombres más adinerados del país y que pronto se irá a vivir a los Estados Unidos. Pero esto mismo se ha dicho antes varias veces y hasta el momento no ha ocurrido.

Mientras todo esto sucede entre la CICIG, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, el doctor Alejandro Giammattei Falla, ex director de Presidios, ex candidato presidencial y supuesto próximo candidato presidencial (aunque todavía no ha encontrado ningún partido político que lo postule), se refugió en las oficinas de la embajada de Honduras, en la zona 10 de de esta ciudad, y solicitó que le concedieran asilo diplomático. Pero el gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa, no quiso correr el riesgo de que a esa misión diplomática le sucediese lo mismo que a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, cuando el defenestrado “Mel” Zelaya la convirtió en su “cuartel de operaciones políticas” y actividades subversivas mediáticas, y negó el asilo al doctor Giammattei y le solicitó que abandone su embajada en un plazo breve. Al principio se dijo que el ex Director de Presidios iba a salir de la embajada para entregarse a las autoridades, pero con el requisito de que le garanticen su vida y le envíen a una cárcel en la zona militar Mariscal Zavala donde va a hacer compañía al ex presidente Alfonso Portillo Cabrera (alias “Pollo Ronco”) y a los hermanos Valdés Paiz, parientes políticos del “auto asesinado” abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, a quienes Castresana acusó de ser los autores intelectuales de la muerte del susodicho abogado. Sin embargo, hay personas que sospechan que no sería de extrañar que de un momento a otro ingrese a la embajada de Honduras el embajador de Italia (quien ya visitó antes en esa misma forma a Giammattei) a bordo de su automóvil, que por extensión goza de inmunidad diplomática, y le conceda asilo en su embajada para que viaje a Italia, país en el que no hay extradición.

Sin embargo, las últimas noticias que se han transmitido son que el doctor Giammattei ha sido informado por los funcionarios de la embajada hondureña que debe abandonar esas instalaciones, por lo que se dijo que si no lo hace voluntariamente será expulsado, pero el abogado de Giammattei en Honduras , licenciado Enrique Ortez Colindres, ex Canciller de ese país, presentó un recurso de amparo para impedir que lo entreguen y recalcó que si lo expulsan estarán violando la Constitución hondureña que prohibe entregar a las autoridades a una persona que ha solicitado asilo político, aunque se lo hayan denegado.

El doctor Alejandro Giammatei Falla, ex Director de Presidios y principal protagonista de la Operación Pavo Real, quien desde hace mucho tiempo aspira a ser candidato a la Presidencia de la República, buscó asilo diplomático en la embajada de Honduras, pero el presidente Lobo se lo negó (según informó imprudentemente el presidente Colom), y pronto tendrá que abandonar esa sede diplomática, ya sea para entregarse a las autoridades o para asilarse en la embajada de Italia.

Confieso que para un comentarista como yo es un dilema muy difícil escribir sobre la famosa Operación Pavo Real, porque, aunque por una parte debo ser firme en que “la ley es la ley” (como suele decir el columnista y embajador Acisclo Valladares Molina) y debe respetarse, y están prohibidas las ejecuciones extrajudiciales, que constituyen un delito de lesa humanidad, por otra parte me pongo en el lugar de los funcionarios que tuvieron a su cargo ir a recuperar el control de la Granja Penal de Pavón que se encontraba completamente dominada por peligrosos delincuentes miembros del crimen organizado, que desde allá se dedicaban al narcotráfico, a hacer extorsiones, planear secuestros y otros delitos, habitaban departamentos amplios y cómodos, hasta con jacuzzis, y tenían a su disposición gran cantidad de teléfonos celulares y un taller para reparación de automóviles. Y como había razones de sobra para temer que si llegaban las fuerzas de autoridad iban a recibirlas a balazos, tuvieron que hacer una invasión compuesta por numerosos soldados y policías protegidos por tanquetas y tuvieron que echar plomo a diestra y siniestra. Lo digo con franqueza aunque a mí me cae muy mal el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielman Montes, y Alejandro Giammattei no es precisamente una persona que me simpatice mucho que digamos.

Carlos Vielmann Montes, (apodado “El Chonte” porque es un hombre con tendencia a ser policía), ministro de Gobernación durante el nefasto y corrupto gobierno de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas. Es hermano de parte de padre del actual Vicepresidente de la República, doctor Rafael Espada. Durante muchos años ha sido  el hombre de más confianza en la seguridad del empresario multimillonario Juan Luis Bosch, co-presidente de la poderosa empresa MultiInversiones con su primo Dionisio Gutiérrez. Vielmann es un hombre en extremo autoritario, prepotente y antipático. Pero, a pesar de que a mí en lo personal me cae mal, tengo que reconocer que trató de cumplir con su delicada responsabilidad cuando se llevó a cabo la Operación Pavo Real para rescatar la Granja Penal de Pavón que se encontraba bajo el control de un grupo de peligrosos delincuentes que murieron en el ataque. Creo que Vielmann cumplió con su deber a pesar de que actuó con tanta drasticidad, porque, de lo contrario, si hubiese tratado de parlamentar con esos presos no habría logrado más que hacer el ridículo. Es muy difícil para mí, como comentarista periodístico, el dilema que veo al analizar su comportamiento. Desde hace algún tiempo, Vielmann se enteró de que la CICIG iba a destapar la Operación Pavo Real y sin pérdida de tiempo se trasladó con su familia a España, donde se dice que ya adquirió la nacionalidad española, por lo cual nunca podrá ser extraditado, si la justicia guatemalteca lo quisiera hacer. Lo cual no creo que ocurra durante el actual gobierno.