El nefasto ex jefe de la CICIG, Carlos Castresana se dedicó a calumniar y difamar a numerosas personas mientras ejerció ese cargo, y a desprestigiar y criminalizar a los organismos del Estado, pero por alguna razón desconocida (?) se guardó la información sobre las investigaciones de la fiscala legal Gisele Rivera, alta funcionria de esa entidad. A pesar de lo cual recibió La Orden del Quetzal y fue condecorado por otros gobiernos. Pero cuando tuvo que renunciar a ese cargo, antes de marcharse del país dejó orquestada una ridícula venganza contra varias personas, entre ellas el doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla, presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia porque rechazó dignamente el propósito de éste de dar seguridad a los jueces, respondiéndole que esa es atribución del Organismo Judicial; y contra el doctor en Derecho y periodista Mario David García, por las valientes críticas que hizo de sus abusos de poder y contra este periodista por haber publicado una fotografía en la que está acompañado de su amiguita jamaiquina Tomalja Audrey Harris, ex alumna de Castresana en la universidad jesuita de Los Ángeles, a quien éste colocó como funcionaria de la CICIG a pesar de tener una relación íntima con ella. Lo cual está terminantemente prohibido en la ONU y eso le costó el empleo.
Pocos días después de haber asumido el cargo de jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por un convenio suscrito el 12 de diciembre de 2006 entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el nefasto gobierno corrupto e incompetente del ultraderechista Óscar Berger Perdomo y el ex subversivo “izquierdoso” Eduardo Stein Barillas (quien fue compañero de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz, en la comisión diplomática de la guerrilla en las visitas que hacían a las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra) en la rama comencé a criticar la actitud irrespetuosa desagradable, característica del inquisidor Torquemada, del magistrado español Carlos Castresana (compinche del juez Garzón), porque para cualquiera que tuviese por lo menos dos dedos de frente era fácil percatarse de que no se limitaba a cumplir con lo establecido en el convenio de creación de la CICIG que consiste en apoyar y colaborar –sencillamente apoyar y colaborar, no competir– con el Ministerio Público en la lucha contra la impunidad, sino que por todos los medios de comunicación del país acusaba arbitrariamente a varias personas de cometer supuestos delitos, pero sin aportar ninguna prueba de lo que decía. Sin embargo, por motivos que no alcanzo a comprender –y no me atrevo a sospechar que se debía a que corría dinero por las mesas de redacción de los medios–, se las agenció de alguna manera para fascinar a la mayoría de los medios de comunicación y, como resultado, obtuvo una insólita credulidad entre una respetable cantidad de personas, entre ellas a ciertos periodistas y a otros que badulaques que se autodenominan “sociedad civil”, aunque no son legítimos representantes de ninguna organización. Estos se convirtieron en “achichincles” de Castresana y tomaban como “palabra divina” que se debían creer como si fuesen dogmas todas las calumnias e infamias que éste declaraba constantemente sin aportar ninguna prueba. Lo cual es contrario al contenido del Convenio para la creación de CICIG firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala.
Pero como es evidente que la mayoría de los guatemaltecos ignoran el contenido textual de ese importante documento, para que sea de su conocimiento reproduzco los tres puntos básicos del Mandato del Convenio:
Acuerdo de creación de la CICIG
Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales:
- Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
- Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
- Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.
Sin embargo, al poco tiempo de que ese señor llegó al país y asumió la jefatura de CICIG, la fiscal costarricense, aunque no trascendió como debió ser el caso, porque -–figurativamente hablando– los medios de comunicación ya habían “entregado su alma al diablo” (Castresana), la fiscala legal Gisele Rivera, una de las jefes de las investigaciones de CICIG, quien se encargó de investigar el macabro asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen y el posterior asesinato de los policías que se encontraban en la carcel por haber participado supuestamente en el crimen, presentó su informe a Castresana para que él procediera a trasladarlo al Ministerio Público (como era su deber de acuerdo al Convenio firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala), pero éste lo guardó bajo llave en la gaveta de su escritorio y para ello adujo que no era el momento político para darlo a conocer. Por esa razón –y algunas otras–, esta fiscal legal, que era la jefa de la jamaiquina Audrey Harris, amiguita de Castresana, para decidir presentar su renuncia y retirarse del país. Sin embargo, Dios tarda pero no olvida y aprovechando que Castresana llegó a Costa Rica a entrevistarse con su sucesor, el fiscal Francisco Dall’Anese, la ex fiscala legal Gisele Rivera dio declaraciones al importante diario de Costa Rica La Nación, las cuales reproduzco a continuación:
Relevo en Comisión en Guatemala
Fiscala critica a Castresana y duda de labor de Dall’Anese
Gisele Rivera trabajó como investigadora de CICIG más de un año
Asegura que exfiscal general tico enfrentará un panorama difícil
Rivera dice que aquí la tienen en el “congelador”
La funcionaria, quien ocupó hasta finales del año anterior un puesto en la CICIG como investigadora legal, dijo haber regresado al país “frustrada y decepcionada”.
“La obligación era investigar la existencia de grupos paralelos, identificarlos, desmantelarlos y someterlos a los tribunales.
“Pero no se hizo. Decía (Castresana) que había momentos políticos para hacer las cosas. Un proceso penal dura mucho. ¿Qué momento político podría esperar?”, cuestionó la funcionaria.
El exfiscal general Francisco Dall’Anese asumió desde el 1.° de agosto el cargo que dejó el magistrado español Castresana.
Rivera considera que “hubo ligereza” en algunos señalamientos de este último.
“¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están las investigaciones? La CICIG es más imagen que hechos. Trabajó mucho en la parte mediática. La gente creía en lo que decía Castresana pues pensaba que era producto de las investigaciones.
“No sabía que eran presunciones sin investigación previa”, advirtió la fiscala. Naciones Unidas rendirá hoy, en la Cancillería, un homenaje a Castresana (ayer no fue posible localizarlo) y a Dall’Anese.
Cambio de mando. Rivera indicó que Dall’Anese llega a un país complejo. “Ahí la conspiración, los arreglos y los asesinatos son una forma de vida.
”Es una sociedad que tiene una gran cultura de violencia, aunque hay gente honorable que quiere un cambio”, enfatizó.
La exinvestigadora de la CICIG recomendó a Dall’Anese no confiar en nadie pues asegura que el crimen organizado se infiltró en el aparato judicial y en las instituciones. “No tiene tiempo (el exfiscal general); lo que le queda es un año. Sería pretencioso pensar que un extranjero pueda cambiar la historia de Guatemala. Guatemala tiene que ser el protagonista de su propia historia. Francisco (Dall’Anese) la tiene sumamente difícil. La impunidad allá es del 99%”, concluyó la fiscala Rivera.
Costa Rica surgieron ayer acusaciones entre una fiscal costarricense, ex funcionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el ex comisionado Carlos Castresana. Gisele Rivera, que fungió como jefa, desde 2008 hasta 2009, de un grupo de investigadores a cargo de una serie de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Óscar Berger, acusó a Castresana de realizar señalamientos públicos sin fundamento y no dar a conocer los resultados de investigaciones bajo la excusa de esperar el momento “político”.
“La obligación era investigar la existencia de grupos paralelos, identificarlos, desmantelarlos y someterlos a tribunales, pero no se hizo. Decía (Castresana) que había momentos políticos para hacer las cosas. ¿Qué momento político podría esperar”, dijo Rivera al diario La Nación. En la entrevista con ese medio, Rivera criticó que Castresana acusó a abogados guatemaltecos sin pruebas. “La gente creía en lo que decía Castresana, pues pensaba que era producto de investigaciones. No sabían que eran presunciones sin investigación”.
El ex Comisionado Castresana, aunque evitó entrar en detalles, respondió que se había iniciado una demanda penal contra Rivera en Costa Rica, además de un proceso administrativo. “Hemos pedido la evaluación psicológica de esta persona, creemos que fue sometida a un gran estrés mientras estuvo en Guatemala, no fue capaz de resolver los casos…”, expresó. Cuando reporteros costarricenses inquirieron explicaciones específicas a Castresana, él dijo que después de tres años y decenas de casos no tenía más comentarios. La oficina de prensa de la CICIG dijo que no tenían ningún pronunciamiento sobre las palabras de Rivera.” (Fin de lo que fue publicado ayer en en el diario La Nación de Costa Rica)
En conversación telefónica con elPeriódico, Rivera dijo que Castresana no puede decir que ella no concluyó los casos. “Tengo todos los documentos con el sello de recibido por la secretaria de Castresana. Investigaciones concluidas del caso de El Infiernito, Pavón, Parlacen, Víctor Rivera y otras ejecuciones extrajudiciales. Tengo cartas de felicitaciones del jefe de investigación, Pedro Díaz y Ana Garita. Renuncié dos veces porque no me aceptaron la renuncia. Respeto a Castresana, pero que no diga eso de mí”, finalizó Rivera.
Víctor Rivera: otra hipótesis
La fiscala Gisele Rivera llevó las investigaciones del crimen del ex asesor de seguridad. Según ella, sus resultados fueron distintos.
>“No es la misma línea de investigación. No tiene ralación con el narcotráfico, sino con una estructura dentro del Gobierno, Ministerio Público y Policía. Tengo los informes, sellados por la secretaria de Carlos Castresana. Ahí se identifica a la estructura”.
>También señaló que la investigación de Rivera se conexó con la muerte de los tres diputados salvadoreños. Similar a la investigación realizada por la muerte de reos que escaparon de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito y luego asesinados. En cuanto al caso Pavón, indicó que aunque fue presentado recientemente; llegó tarde a tribunales pues la investigación estaba concluida hace un año. (Fin de lo que publicó ayer el diario La Nación de Costa Rica)
(CONTINUARÁ)