Los famosos Archivos
Todos los guatemaltecos que sufrimos una guerra fratricida durante más de tres décadas nos alegramos cuando los representantes del gobierno del Presidente Álvaro Arzú Irigigoyen ?licenciados Gustavo Porras Castejón, Raquel Zelaya Rosales, Richard Aitkenhead Castillo y el general de brigada Otto Pérez Molina– firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, con los comandantes de los grupos guerrilleros subversivos integrantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG): Ricardo Ramírez De León (“Comandante Rolando Morán”), Jorge Ismael Soto García (“Comandante Pablo Monsanto”) y Ricardo Rosales Román. Pero, al mismo tiempo, expusimos con franqueza nuestros temores de que no habría ninguna ?paz firme y duradera? mientras se siguiesen escarbando los hechos sanguinarios que cometieron ambos sectores durante el conflicto, porque ya se sabía la intención de los sectores de izquierda, apoyados por los gobiernos de Alemania, España, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña, Suecia, Suiza y la Unión Europea, que, según reconoció la CEH aportaron ?fondos que han permitido cubrir las necesidades presupuestarias? para investigar lo ocurrido y señalar en una publicación los supuestos “excesos” cometidos unilateralmente por las fuerzas de policía y militares de los gobiernos que se sucedieron en el transcurso de esa guerra sucia; y, por otra parte, para cumplir con el mandato constitucional de defender y garantizar la institucionalidad en nuestro país de la amenaza de quienes trataban de instaurar un régimen comunista, también el Ejército cometió una gran cantidad de actos de barbarie que violaron los derechos humanos de la población civil en general y en especial de los presuntos implicados en la subversión. Porque, lamentablemente, esas cosas siempre ocurren durante una guerra sucia entre hermanos como la que tuvo lugar aquí.
Y tal como se había sospechado, inmediatamente fue integrada una comisión ad hoc, obviamente parcializada, compuesta por elementos ampliamente identificados con la izquierda, de la cual fue designado coordinador el izquierdista alemán Christian Tomuschat, un profesor del Instituto de Derecho Europeo e Internacional en la Universidad Humboldt de Berlín y doctor honoris causa de la Universidad de Zurich; de 1985 a 1996 fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU); ha desempeñado diversas labores por encargo del gobierno alemán, la ONU, la CSCE y la Unión Europea (UE). Y los otros dos miembros de esta comisión ad hoc, para que el resultado fuese favorable a los guerrilleros y condenara a los militares, fueron el licenciado Alfredo Balsells Tojo y la doctora Otilia Lux de Cotí ampliamente reconocidos como militantes o partidarios de la izquierda.
La comisión fue denominada Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que preparó un listado parcializado de algunos de los hechos represivos que se sucedieron, sobre todo de los más sanguinarios cometidos por el Ejército, y titularon Guatemala, memoria del silencio, en la cual concluyeron diciendo lo siguiente:
?El propósito principal del Informe es dejar constancia del reciente pasado sangriento de Guatemala. Aunque muchos saben que el enfrentamiento armado causó muerte y destrucción, la gravedad de los reiterados atropellos que sufrió el pueblo todavía no ha sido asumida por la conciencia nacional. Las masacres que eliminaron comunidades mayas enteras pertenecen a la misma realidad que la persecución urbana de la oposición política, de líderes sindicales, de sacerdotes y catequistas. No se trata ni de alegatos pérfidos ni de fantasmas, sino de un capítulo auténtico de la historia de Guatemala.
Los autores del Acuerdo de Oslo pensaban que, a pesar del choque que puede sufrir la nación al mirarse en el espejo de su pasado, es necesario conocer y hacer pública la verdad. Esperaban que la verdad condujera a la reconciliación, aún más, que hacer frente a la verdad es camino indispensable para conseguir este objetivo.
Es indudable que la verdad beneficia a todos, víctimas y victimarios. Las víctimas, cuyo pasado ha sido degradado y manipulado, se verán dignificadas; los victimarios, por otro lado, podrán recuperar la dignidad de la cual ellos mismos se privaron, por el reconocimiento de sus actos inmorales y criminales.
Conociendo la verdad de lo sucedido será más fácil alcanzar la reconciliación nacional, para que los guatemaltecos podamos en el futuro vivir en una auténtica democracia, sin olvidar que el imperio de la justicia ha sido y es el clamor generalizado como medio para crear un Estado nuevo.
Sin embargo, nadie hoy puede asegurar si el inmenso desafío de la reconciliación a través de la verdad puede ser enfrentado con éxito. Se requiere sobre todo que los hechos históricos sean reconocidos y que se aprenda la lección enseñada por el sufrimiento de la Nación. El futuro de Guatemala depende en gran medida de las respuestas que el Estado y la sociedad sepan dar a las tragedias vividas por casi todos los guatemaltecos en carne propia.
La creencia errónea de que el fin justifica cualquier medio convirtió a Guatemala en un país de muerte y tristeza. Se debe recordar, de una vez por todas, que no existen valores que estén por encima de las vidas de los seres humanos y, en consecuencia, sobre la existencia y el bienestar de toda una comunidad nacional. El Estado no existe por sí mismo, existe como instrumento de organización mediante el que un pueblo cuida sus intereses fundamentales.
Miles son los muertos. Miles son los deudos. La reconciliación de quienes quedamos no es posible sin justicia. Miguel Angel Asturias, nuestro Premio Nobel, lo dijo: ?Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no los cerrarán?.
Con tristeza y dolor hemos cumplido la misión encomendada. Ponemos el Informe de la CEH esta memoria del silencio, en manos de los guatemaltecos, hombres y mujeres de ayer y hoy, para que las nuevas generaciones conozcan las grandes calamidades y tragedias sufridas por este pueblo. Que las lecciones de este Informe sirvan para reflexionar, escuchar y comprender al otro y para ser creativos en la paz.?
Como consecuencia del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y del informe de la CEH, así como también de las conclusiones derivadas del Proyecto Interdiocesano de la Recopilaciones Históricas Guatemala nunca más, principal responsable del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) redactado también por elementos proclives a la izquierda y detractores de la Institución Armada, encabezados por Obispo Juan Gerardi Conedera –controvertido ex Obispo de Verapaz, ex Obispo de el Quiche, ex presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y, por último, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y párroco de la iglesia San Sebastián, quien el 24 de abril de 1998 leyó dicho informe durante una ceremonia en la Catedral y dos días más tarde fue brutalmente asesinado–, de un tiempo a esta parte se ha venido exigiendo al Ejército de Guatemala, por todos los medios habidos y por haber, que entregue los archivos sobre las acciones de guerra que realizaron para combatir y derrotar a las fuerzas irregulares subversivas guerrilleras.
Y aprovechando que en el actual gobierno, que preside el ingeniero Álvaro Colom Caballeros, de supuesta ideología “social-demócrata”, ocupan cargos de mucha importancia ciertas personas que fueron miembros de las guerrillas, se exige a la Institución Armada que entregue esos archivos para expulgarlos y tratar de encontrar culpabilidad en supuestos actos de barbarie y genocidio de algunos militares que ocupaban posiciones de mando.
Sin embargo, no se exige lo mismo (que hagan entrega de sus archivos, si es que los tienen) a los comandantes de las fuerzas subversivas guerrilleras que eran ilegales entonces. Pero es dudoso que los comandantes guerrilleros los tengan porque generalmente las guerrillas no actúan con esa planificación. Pero como la ley debe ser pareja, también se les debería exigir que rindan cuentas por los numerosos delitos que ellos cometieron. ¿Acaso no asesinaron agricultor Luis Arenas, apodado “Tigre de Ixcan”? ¿No mataron en la finca “Adelaida” al finquero Normand Petersen Lind, cónsul ad honorem de Noruega? ¿No mataron por la espalda mientras hacía ejercicio en la avenida Reforma al embajador de los Estados Unidos de América, Gordon Mein, y en la avenida Las Américas asesinaron también a dos miembros de la misión diplomática militar de ese país? ¿No secuestraron y asesinaron cobardemente al embajador de Alemania, conde Karl von Spretti? ¿No asesinaron por el estadio Mateo Flores al periodista Isidoro “Chilolo” Zarco, co-propietario y columnista del diario Prensa Libre ¿No mataron a los exitosos empresarios Luis Canella y Alberto Habie? ¿No secuestraron vilmente para exigir elevados rescates económicos a tantas personas, incluyendo a la respetable anciana Olga Alvarado de Novella? ¿Las guerrillas no mataron a muchos indígenas porque no quisieron unirse a las guerrillas y colaboraban con el Ejército? ¿No mataron los guerrilleros a tantos soldados indígenas y a otros los dejaron inválidos por el resto de sus días? ¿Ha habido algún tipo de “resarcimiento” de parte del gobierno para ellos? A menos que se pretenda que la amnistía que se decretó fue solamente para que los guerrilleros subversivos pudiesen regresar a Guatemala pero no favorezca los militares y a los demás que combatieron al lado del gobierno. ¡No se vale!
Genocidio
En cuanto a que las fuerzas militares de los sucesivos gobiernos cometieron actos de genocidio, ya se ha dicho suficientemente sobre este particular, pero no tengo ningún inconveniente en repetir cómo define el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (DRAE) esta palabra: Genocidio es “el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” .
Y nadie puede decir que el Ejército mató indígenas por el hecho de ser indígenas, sino les mató ya sea porque formaban parte de las guerrillas subversivas que trataban de derrocar al gobierno y establecer un régimen comunista satélite de la dictadura cubana de Fidel Castro, o porque colaboraban con ellas de manera encubierta.
Pero al insistir en que la ley debe ser pareja, también los guerrilleros mataron indígenas porque los soldados del Ejército que mataron indígenas por estar involucrados en las guerrillas también eran indígenas, y no eran precisamente noruegos, ni suecos, ni griegos, ni finlandeses, ni italianos, ni gringos.
Esa fue una guerra fratricida, vale decir entre hermanos ?sucia como todas las guerras– y si se va a condenar a quienes actuaron en obediencia a los mandatos constitucionales para defender la soberanía y la institucionalidad, es justo y necesario que se condene también a quienes actuaron ilegalmente para destruir la infraestructura del país y para secuestrar a numerosas personas anticomunistas, muchas de las cuales perdieron la vida. Como dice la expresión popular: O todos hijos o todos entenados.
¡Que quede bien claro!