El jurista español Carlos Castresana Fernández, nombrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para presidir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fruto del Convenio firmado entre esa organización internacional y el gobierno anterior de nuestro país, ha venido desarrollando en el transcurso de los últimos días una intensa campaña de relaciones públicas y publicidad bajo la dirección de un profesional en la materia, el publicista Enrique Toriello Aramburú, para exponer su posición en diversos medios de comunicación, denunciando en general la situación desastrosa en la que se encuentra el sistema legal en Guatemala y, particularmente, lo que se refiere al caso del ex fiscal de Delitos contra la Vida del ministerio Público (MP), licenciado Álvaro Matus Flores. Y hay que reconocer que está haciendo esa campaña con mucha claridad y franqueza. En vísperas de que se cumpla el primer año de su contrato, hay quienes creen que Castresana hace esta campaña para promover que el gobierno del ingeniero Álvaro Colom reanude el contrato.
En el caso contra el ex fiscal Matus Flores, el comisionado Castresana ha asumido la responsabilidad de convertirse en querellante adhesivo, acusándole de haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de funciones en lo relativo al asesinato del ex asesor del ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, ocurrido en el mes de abril del año pasado. También le acusó de haber cometido los delitos (no excarcelables) de conspiración y obstrucción de la justicia, pero el Fiscal General y Jefe del MP, licenciado Amílcar Velásquez Zárate, los desestimó porque, en su opinión, esos delitos no concurren. Matus se presentó voluntariamente ante el juez Séptimo de Primera Instancia Penal acompañado de los abogados Milton Miranda y Jorge Luis Donado, ex jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP.
He tenido oportunidad de escuchar con mucha atención algunas de las entrevistas que el señor Castresana ha concedido recientemente, en particular la que le hicieron los estimables periodistas Juan Luis Font, Beatriz Colmenares y Felipe Valenzuela en el programa de radio A primera Hora, que transmite Emisoras Unidas, y la que le hizo en Guatevisión el periodista Haroldo Sánchez (ampliamente conocido como “El señor de los anillos”), y me ha convencido de que sus propósitos son buenos y necesarios para poder combatir la impunidad de la delincuencia y la corrupción imperantes. Aunque sigo pensando que es muy vergonzoso y lamentable que, en vista de su incapacidad para hacerse cargo de esa función, que por mandato constitucional le corresponde, el anodino gobierno de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas haya tenido necesidad de recurrir a la ONU para que se haga cargo de ella.
Y sigo creyendo que la forma personal de comportarse de Castresana es excesivamente vanidosa y en vez de limitarse a cumplir estrictamente con lo que se estipula en el acuerdo para la creación de la CICIG, pretende erigirse en implacable juez inapelable o procónsul cuya opinión debe ser acatada sin discusión por los tres poderes que conforman el Estado que establece la Constitución Política de la República y por todos los guatemaltecos en general, incluyendo, desde luego, los periodistas que expresamos nuestra opinión en los medios de comunicación, porque de lo contrario se corre el riesgo de ser calificados como partidarios de la delincuencia, la corrupcion y la impunidad. Lo cual, en mi opinión, sobrepasa sus atribuciones y le otorga poderes de procónsul que no le corresponden. Pero si el convenio con la ONU fue firmado y ha sido ratificado por el Congreso de la República, no queda más que apoyarle para que su trabajo pueda dar los frutos que se persiguen.
El señor Castresana Fernández obtuvo el título de abogado en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado estudios avanzados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia). En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, es doctor honoris causa por las universidades de Guadalajara (México) y la Central de Chile y ha sido profesor de Derecho Penal en las universidades de San Francisco, California (Estados Unidos) y Carlos III de Madrid (España). El señor Carlos Castresana Fernández es miembro por oposición de la Carrera Fiscal en su país. Es innegable que cuenta con extensa experiencia como fiscal y juez en áreas relacionadas con el mandato de la CICIG. De 1995 a 2005 se desempeñó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, investigando y persiguiendo casos graves de corrupción ante la Audiencia Nacional y otros Tribunales españoles. De 1993 a 1995 trabajó en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, donde tuvo a su cargo casos de organizaciones criminales acusadas de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Con anterioridad fue Fiscal de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, además de Juez de Distrito e Instrucción de Provisión Temporal y Magistrado Suplente de la Audiencia Territorial de Madrid. Fue fiscal de la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupciòn (FERDEC). Antes de asumir el cargo que hoy desempeña, el señor Castresana Fernández trabajó para la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con sede en México, y en 2005 recibió el nombramiento de Fiscal del Tribunal Supremo de España. A partir de 2006 coordinó un proyecto sobre la Prevención del Crimen y el Abuso y Uso Ilegal de Drogas, que forma parte de un programa de seguridad pública de cinco años de duración para el Estado Federal de Nuevo León (Monterrey).
De las opiniones más destacadas que se han publicado en el transcurso de los últimos días, reproduzco a continuación la columna de ayer (lunes 09/02/09) del estimado colega Juan Luis Font, co director de elPeriódico.
Argumentos contra la labor de CICIG
Nacionalistas, xenófobos e ideologizados
Por: Juan Luis Font
?Tres son los argumentos que los críticos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) utilizan por estos días. El primero es de tipo nacionalista. Reclama un supuesto daño para la soberanía del país por la presencia de una comisión internacional que actúa en materia de justicia. Las personas que sustentan este punto no cuestionan sin embargo, que el crimen organizado lesione cada día la soberanía del país cuando consigue mantener impunes sus delitos. Tampoco acuden a este argumento cuando notan que personajes de gran poder, sin ir más lejos, los políticos más encumbrados del país, pueden delinquir con absoluta libertad y garantías de que la justicia jamás se meterá con ellos.
A esa idea se suma el rechazo que en ciertos sectores inspira que un juez de origen español, como Carlos Castresana, cumpla el papel de comisionado contra la impunidad. Es sólo natural que una persona procedente de la nación de la cual Guatemala se independizó hace menos de 200 años, inspire resquemores. Pero en definitiva no es un argumento racional y mucho menos aceptable.
Partiendo de esos reclamos nacionalistas, pero además, adoptando una actitud de presunto orgullo profesional e institucional, un grupo de jueces y fiscales organiza por estos días un movimiento de protesta. Se trata de jueces y fiscales que se sienten lesionados por la iniciativa de señalar la responsabilidad penal y civil de quienes como operadores de justicia incumplen con su papel, según la CICIG.
Extrañamente, son jueces y fiscales que no han sentido mancillado el orgullo nacional e institucional cuando sus compañeros resuelven de manera amañada asuntos de gran trascendencia para el país o cuando fiscales como Matus han actuado con aparente negligencia en casos cruciales para Guatemala. ¿Saben estos celosos profesionales del derecho que su antiguo compañero no se preocupó, por ejemplo, por hacer una prueba de uso de armas de fuego a los reos que murieron en Pavón en 2006 o que no hizo prueba balística de las armas supuestamente utilizadas? ¿Es eso un indicio de negligencia, de incompetencia o de su interés por evitar que la versión oficial sobre la muerte de los reos pudiera ser cuestionada? ¿Acaso no debe una persona con esas ejecutorias enfrentar a los tribunales?
Ojalá de este movimiento de los operadores de justicia surgiera una convicción real de hacer respetar la ley en Guatemala, pero resulta ingenuo confiar en que esto ocurra.
El tercer argumento alude a la división social e ideológica que padecemos los guatemaltecos a partir de la guerra interna. Se intenta descalificar el proceso en contra de Matus como una especie de prolongación del caso Gerardi. Es obvio que ese argumento busca convocar a los más conservadores en contra del papel que cumple la CICIG.
Los tres argumentos son debatibles y manipuladores. Buscan inspirar el rechazo general hacia un esfuerzo que traerá beneficios a la mayoría de ciudadanos.
A quien no tiene nada que ocultar, le conviene que la impunidad acabe.? (Fin del artículo)
¿Ven lo que les quiero decir? ¿Ven en qué consiste el maniqueísmo que se emplea contra todos los que no comparten una opinión favorable de lo que hace -y la forma en que lo hace- el comisionado Castresana? A pesar de que comparto la mayoría de los puntos que toca en su artículo el colega Font, sinceramente, me parece triste y lamentable que un periodista tan respetable, como lo es el autor de esa columna, haya publicado esa última línea. Además, ni soy “nacionalista” fundamentalista, ni -¡mucho menos!- soy un rematado xenófogo, pero creo que se debe respetar la dignidad y soberanía de nuestro país. Estoy de acuerdo con la mayoría de sus puntos de vista, pero también en que algunas de las objeciones al señor Castresana tienen un carácter ideológico por la tendencia ideológica ampliamente conocida de las personas que le rodean, tales como Frank La Rue, Yolanda Pérez y otros, entre quienes hay algunos que estuvieron ligados a la subversión guerrillera. Por lo demás, no tengo nada que ocultar y creo decididamente que es conveniente que acabe la impunidad existente, pero no apruebo que basta que este señor acuse a cualquier persona para que ésta sea conducida de inmediato a la cárcel, sin derecho de pataleo. ¡Eso no se vale porque no es justicia!
No conozco personalmente al licenciado Álvaro Matus Flores, ni tengo conocimiento de lo que fue su actuación en el cargo de fiscal de los Delitos contra la Vida en el MP, pero considero que no es justo que basta que le acuse el comisionado Castresana para que tenga que ir a la cárcel, donde es probable que correría riesgos mortales en venganza por sus actuaciones legales, y soportarlo el tiempo que dure el juicio en su contra, si es que no lo asesina antes algún delincuente al que él haya mandado a la cárcel. Ignoro si el MP hizo bien en no tomar en consideración los delitos de conspiración y obstrucción de la justicia que le atribuía el comisionado de la CICIG, y si el juez que tiene a su cargo el caso hizo bien en aplicarle una medida sustitutiva de Q.15 mil para que no tuviese que ir a parar a la cárcel mientras se averigua si es culpable o inocente de lo que se le imputa. Pero creo que basta una acusación del comisionado Castresana para que se meta en la cárcel a cualquier persona que no ha sido sido oído y vencido en juicio de acuerdo al debido proceso.
Comparto totalmente la atendible insistencia del comisionado Castresana para que los juicios que involucran al narcotráfico, la corrupcion y al crímen organizado que actualmente se están siendo ventilados en los juzgados del Oriente del país sean traídos a los juzgados de la capital, porque los jueces capitalinos podrán tener un poco más de seguridad que los de allá, donde son rehenes del crimen organizado. Me parece muy bien que se procese a todos los que puedan estar involucrados en la corrupción, la delincuencia y la impunidad, en especial a quienes son funcionarios públicos, por lo que creo que es conveniente que todas las autoridades colaboren con la CICIG para que su gestión contra la impunidad pueda obtener el éxito deseado… pero sin otorgar al comisionado Castresana poderes extraordinarios de procónsul. ¡Eso es todo! Lo digo con claridad aunque corra el riesgo de que algún trasnochado seguidor de la doctrina de Manes pueda decir que eso me identifica como cómplice de la corrupción, la delincuencia y la impunidad. Como cuando el tristemente recordado ex presidente estadounidense George W. Bush declaró que están involucrados en el terrorismo internacional quienes no participaran en la guerra contra los terroristas fundamentalistas islámicos de Osama bin Laden. Por eso me sorprende y desconcierta que el colega Font haya dicho que a quien no tiene nada que ocultar le conviene que la impunidad termine. ¡Claro que sí! Yo le aseguro que no tengo absolutamente nada que ocultar y deseo -tanto como él y como el que más- que en nuestro país no haya impunidad para que impere la justicia, pero no se vale que esto se haga otorgando poderes extraordinarios de procónsul al comisionado español de la CICIG nombrado por la ONU. Que digan lo que quieran –que digan misa si quieren–, pero ese es mi criterio y tengo legítimo derecho a expresarlo. Y por ningún motivo acepto que traten de coartar mi derecho constitucional de expresar con total libertad mi pensamiento y mis opiniones.
