Ha llegado a mis manos una copia auténtica de la acusación (Indictment Title 18 United States Codes, sections 982 and 1996) que el fiscal de Estados Unidos de América Phreet Bahrara ha presentado ante el juez federal Robert Patterson de la United States District Court Southern District of New York contra el ex presidente de la República de Guatemala Alfonso Portillo, y he llegado a la conclusión de que está muy bien documentada por una exhaustiva investigación, sumamente minuciosa, en la que se proporciona muchísimos datos sobre los caminos y vericuetos que recorrieron los millonarios depósitos del ex mandatario en dos bancos de Guatemala y varios bancos extranjeros –en Miami, en Nueva York, en París, en Lichtestein y en Londres– sospecho que los gringos saben que su caso es apenas la punta del Iceberg de algo mucho más importante, que la CICIG no ha sido capaz de descubrir y procesar. Sospecho que creen que éste es apenas el inicio de un caso mucho más explosivo en el están involucradas muchas personas que en este documento no son mencionadas con nombres y apellidos, pero están debidamente identificadas y clasificadas. Es innegable que antes de extraditar al ex presidente Portillo se aseguraron de tener suficientes datos para que al juzgarle sea condenado a por lo menos 20 años de cárcel. Lo cual mueve a sospechar que lo que realmente buscan al condenarle es que les permita “regatear” con él ofreciéndole hacerle “una rebaja” en la condena si él accede a colaborar con ellos para investigar, capturar y extraditar a otros personajes de nuestro país que, según la embajada de EE.UU., la DEA y otras autoridades norteamericanas, podrían estar comprometidos en “grupos paralelos del crimen organizado” que se han venido dedicado al contrabando, al lavado de dinero y al narcotráfico.
Sobre este particular, el 1 del mes en curso el distinguido jurista Gabriel Orellana Rojas, ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, publicó este artículo en su acreditada columna titulada Vox Signata en el diario Siglo Veintiuno:
Y ahora ¿qué?
Gabriel Orellana Rojas
Reducido es el espacio que dispongo para responder las preguntas que estos días me han hecho frecuentemente sobre el tema. Y en aras de la objetividad, recurro a Rafael Ruiz Harrell (1933-2007), destacado penalista mexicano, de quien copio lo siguiente: “los tribunales penales estadounidenses están diseñados —como todos los sistemas de esta naturaleza—, para encontrar culpable al acusado. La propaganda podrá decir lo contrario, más las cifras disponibles revelan claramente que no es así […] en Estados Unidos son declarados culpables entre el 94 y el 97 por ciento de los acusados. […] Nuestro sistema, por fortuna, es en esto menos eficaz […] La diferencia es clara: los juicios penales realizados en México encuentran inocente a una persona de cada siete. En Estados Unidos sólo a una de cada veinticuatro.
El Regateo. Ante tan abrumadora presunción de culpabilidad, y el hecho de que llegar a ser declarado inocente sea tardado, difícil y extraordinariamente costoso, el sistema yankee ha terminado por dar origen a una absurda institución: el regateo. […] al acusado se le ofrecen de entrada dos opciones: declararse culpable o inocente. Lo importante no es si cometió o no el delito que se le atribuye, sino cómo se declara, y todo está diseñado para conseguir que se confiese culpable. Hacerlo tiene varias ventajas para el acusado. La primera es que no tiene declararse culpable del delito que se le imputa. Puede hacerlo por una menor y recibir una sanción menos severa. La segunda es que los jueces y abogados, sobre todo los defensores de oficio, ven con disgusto a quien se declara inocente, ya que si lo hace habrá de llegar a juicio –lo que implica más trabajo y más costos, y por lo general, una condena mayor. Todo el sistema conspira para convencer al acusado que lo mejor para él –ya que de todas formas está perdido—, es que se declare culpable y le permita a su defensor regatear la pena y ahorrarse varios años de cárcel. Año con año, así, se declaran culpables en Estados unidos entre el 80 y el 90 por ciento de los acusados. […].” (Criminalidad y Mal Gobierno, págs. 236-7 México, 1998).” Sin comentarios.
Otro más
Esta tesis coincide con el excelente reportaje que la periodista profesional Claudia Méndez Arriaza publicó en elPeriódico el miércoles 27 de enero de 2010 y no se por qué motivo no se le dió la importancia que merece.
“Portillo, un eslabón más de una extensa y poderosa cadena”
Claudia Méndez Arriaza
“elPeriódico” tuvo acceso a la acusación de la Fiscalía de Nueva York contra Alfonso Portillo. Esta, aunque mantiene bajo reserva los nombres, da cuenta de al menos 5 co-conspiradores
En la acusación la Fiscalía hace el recuento de tres casos concretos: a) el desvío de US$2.5 millones, de una aparente donación del Gobierno de Taiwán, hacia cuentas de la ex esposa e hija de Portillo; b) el desvío de US$3.9 millones del Ministerio de Defensa hacia distintas cuentas; y c) el desfalco de una cantidad aún no estipulada a través de un esquema que generaba fondos ficticios en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
En todas estas operaciones, acusa la Fiscalía, Portillo utilizó bancos del sistema estadounidense, pero el gran misterio aún bajo reserva en el documento es el nombre de al menos cinco socios a quienes el fiscal hace especial referencia: “co-conspiradores no nombrados como acusados en el presente caso”.¿Quiénes son? y ¿cómo empezó esta historia? La respuesta está en un solo hombre: José Armando Llort Quiteño. Su historia con la justicia estadounidense empezó hace ocho años, cuando después de huir de Guatemala, se entregó, a través de agentes de la DEA (agencia antinarcótica estadounidense).
Entonces empezó a hablar. Y lo que develó ante diferentes agencias de Estados Unidos fueron las historias de cómo una estructura, dirigida por militares de vieja guardia, urdieron diferentes esquemas para desfalcar y distribuir fondos del erario nacional.
En la acusación ante la Corte Federal, la Fiscalía identifica a esos militares como CC-2 y CC-3 (co-conspiradores), pero además el Gran Jurado que abrió el juicio a Portillo los identifica como “un coronel que también estaba a cargo del equipo de seguridad de Portillo y un oficial de inteligencia”.
El testimonio de Llort Quiteño, contenido en el caso de narcotráfico que el Gobierno de Estados Unidos siguió contra Byron Berganza, revela que el ex Presidente era apenas un eslabón de una extensa cadena. El testigo aseguró que de las operaciones llevadas a cabo en el CHN, el Presidente recibía apenas un porcentaje de los fondos desviados.
Este es un resumen de esa declaración: A principios de 1999 Llort dijo a los fiscales estadounidenses, Portillo ya era conocido como el candidato a la Presidencia de la República del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para el período 2000-2004.
Y para ser precisos, el primer encuentro entre Portillo y Llort fue en San Francisco Zapotitlán, Mazatenango. “Se hicieron amigos”, recordó Llort.
Él mismo prestó el avión de su familia para que Portillo hiciera dos viajes de Guatemala hacia Nicaragua. Los vuelos se hicieron en marzo y septiembre y los planes de vuelo estuvieron a cargo del piloto Óscar Solares, quien laboraba para la familia de Llort. “Lo acompañaba Julio Girón y otras personas que el piloto no conocía”, relata el documento, “permanecían una noche en Nicaragua y luego regresaban a Guatemala con fuertes sumas de dinero… el piloto le contaba que los billetes venían en dos maletas”.
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A medida que avanzaba la campaña electoral en 1999, Llort penetraba en el círculo más cercano del candidato.
Hizo dos contribuciones: Q600 mil que provenían de fondos propios y logró recaudar otros Q600 mil entre familiares y amigos. En total aportó Q1.2 millones. En diciembre de ese año Portillo ganó las elecciones.
Y dos semanas después recibió la llamada de su amigo. “Cuando el Presidente lo llamó”, contó el testigo, “respondió que siempre le había interesado la banca”. Entonces, según sus declaraciones, Portillo le mencionó que podía gestionar un puesto en la Junta Directiva de Banrural. “Pero antes de esa llamada”, reza su declaración, “ya lo había contactado Francisco Alvarado Macdonald para preguntarle si estaba interesado en dirigir el CHN”.
Llort le contestó a Alvarado Macdonald que no estaba preparado para dirigir el CHN. “Nunca había estudiado en la universidad y de banca no sabía nada”, le dijo.
Entonces, de acuerdo con su versión, Alvarado Macdonald le dijo que eso no era un problema: “Había otras personas que iban a ayudarle”.
Y poco tiempo después de asumir el puesto, en un partido de fútbol amistoso, a los cuales el presidente Portillo invitaba a sus amistades más cercanas, Llort entró en contacto con militares retirados: en esas chamuscas conoció al general Francisco Ortega Menaldo, y a los coroneles Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas.
Ya como presidente del CHN, conoció también a Byron Barrientos, el ex Ministro de Gobernación, quien se acercó a él 15 días después de asumir la dirección de la cartera del Interior. Y según Llort, este fue el primero que empezó a dar indicaciones que pronto revelarían cuál era realmente su función en el banco: “Se harían varias transferencias de varios millones de quetzales al CHN, iban a provenir de una cuenta del IGSS (Seguro Social). El 6 por ciento debía ser colocado en las cuentas de Portillo”.
No recordó los números de cuentas, tampoco las cantidades exactas, pero supo que después de ser depositados, esos fondos fueron transferidos a otros bancos: en Guatemala, Panamá y Estados Unidos.
Entre estas cuentas, una a nombre de Patricia Arana de Ortega –esposa del general Ortega Menaldo– en el Hamilton Bank. Y mientras transcurrió el primer año de gobierno de Portillo, Llort sostuvo contactos diarios con Ortega Menaldo. A finales de ese año, este le pidió otra operación. “Debía conseguir Q16 millones de fondos públicos, pero nunca explicó para qué durante la conversación”, añadió Llort, “Ortega Menaldo pidió ayuda para que 1.7 por ciento de esa cantidad fueran destinados a sus fondos personales”.
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¿De qué manera operaba la estructura financiera tan fascinante de Llort? Así: todo el dinero era transferido a una cuenta de la cual los fondos eran transferidos a donde indicaran sus socios. Esos fondos se presentaban luego en los balances financieros como gastos de operación. Y los gastos de operación se justificarían con mágicas papeletas que adquirieron en el mercado negro de facturas.
“Daban facturas hasta por un máximo de Q900 mil” le contó Llort a los fiscales estadounidenses, “y las cuentas que más se usaron para extraer fondos fueron las que Guatel y el IGSS tenían en el CHN.”
En una ocasión ocupó entre 6 y 8 semanas para conseguir esos Q16 millones que Ortega Menaldo solicitó a finales de 2000. Y de esos Q16 millones, este general le pidió apartar Q600 mil. “Ortega Menaldo dijo que era para comprar equipo de escuchas telefónicas, y dijo que era una orden de Portillo”, consta en la declaración de Llort y “la compra fue hecha por el Jefe de Finanzas del Ministerio de la Defensa”.
De acuerdo con Llort, el equipo fue instalado en una residencia en la zona 9. Ortega Menaldo explicó que era una casa, propiedad de su esposa Patricia Arana. Llort no recordó la dirección.
Si Portillo tenía conocimiento de estos hechos es un punto que Llort no pudo responder en su testimonio.
Pero, es obvio que Portillo no sabía esto: que Ortega Menaldo también interceptaba sus comunicaciones.
“¿Cómo obtuvo esa información?” le preguntó uno de quienes estaban presentes en la sesión durante la cual Llort proporcionó esta declaración. Muy fácil: el propio Ortega Menaldo empezó a entregarle a Llort la transcripción de las conversaciones del entonces Presidente. Eso relató.
En enero de 2001 Llort cumplió un año en sus funciones como Presidente del CHN. Entonces llegó febrero y una orden operativa más del astuto general Ortega Menaldo. Llort le contó a los fiscales estadounidenses que la orden indicaba que en las próximas semanas ingresarían quetzales en efectivo que él debía cambiar a dólares.
A la bóveda del banco los condujeron los coroneles Rojas y Salán. “En el carro del Vicepresidente, la placa era 0-2” relató Llort en su testimonio.
El dinero de nuevo se repartió a diferentes cuentas. Y la revelación se hizo pública en el diario Siglo Veintiuno. En marzo de 2004 la investigación develó, entre otros detalles, que los fajos de billetes ingresaban con precintos del Banco de Guatemala. Ese diario tenía en su poder copia de 18 boletas de depósitos monetarios que sumaban Q42.8 millones que el CHN ingresó a sus balances entre el 9 de febrero y 30 de marzo de 2001.
Los periodistas descubrieron que parte de los fondos se habían destinado a empresas vinculadas a Llort, pero además a Ortega Menaldo y a su esposa Patricia Arana de Ortega. En total los esposos Ortega recibieron cerca de Q4 millones. Ortega Menaldo explicó que, en efecto, ellos habían recibido ese dinero, pero correspondía al pago por la venta de una finca suya ubicada en Puerto Barrios.
En la misma entrevista, Ortega Menaldo añadió que era un hombre retirado, que vivía su vida en paz, alejado del bullicio capitalino..
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A principios de abril de 2001, Portillo llamó a Llort. En su testimonio explicó que durante la plática el ex Presidente le comentó que ya todas las irregularidades del banco, se reportaban en la prensa. “Que renunciara le pidió”, relató Llort, “que no se preocupara por todo lo legal”. Entonces Llort renunció. Su sucesor, Édgar Balsells, asumió la Presidencia de la Junta Directiva a finales de abril de 2001.
“Ortega Menaldo llamó de nuevo”, relató Llort a los fiscales neoyorquinos. “Le dijo que se fuera, que la orden de captura iba a salir, que se fuera. Eso fue el 17 de julio”.
Ese día se marchó, horas antes de que la juez ordenara su arresto. Llort llegó a El Salvador. Y ahí fue perseguido por sus antiguos socios: en los negocios de café y en una financiera aparentemente habían deudas no saldadas y sus problemas llegaron a las amenazas de muerte.
Es en este momento cuando entró en contacto con la DEA. Y pronto su historia se multiplicaría complejamente en los vericuetos del sistema legal estadounidense.” Sin comentarios
Twitter: @jorgepalmieri