Están comenzando a ver claro
Algunos de los más destacados comentaristas en los medios de comunicación, que al principio se manifestaron totalmente en contra de que en la hermana república de Honduras las fuerzas militares, con el rostro cubierto con capuchas, hayan irrumpido intempestivamente en Casa Presidencial, durante horas de madrugada, para capturar y sacar del país en pijama al presidente de la República, ingeniero José Manuel Zelaya Rosales, para llevarle a un aeropuerto militar donde le obligaron a abordar el avión presidencial en el que le transportaron a San José de Costa Rica, están comenzando a ver esa situación con más claridad. En efecto, uno de los más duros críticos de esa acción fue el licenciado Óscar Clemente Marroquín Godoy, propietario y Director del vespertino La Hora. Su tesis básica consistió en que “los ejércitos no deben ser árbitros supremos de los procesos políticos de estos países”; mientras que otros colegas han basado su rechazo a dicha acción argumentando que quienes defenestraron a Zelaya Rosales no respetaron su supuesto derecho constitucional a gozar de antejuicio. Es evidente que estos últimos ignoran que en el vecino país no existe semejante cosa, porque ninguno de los funcionarios públicos, por alto que sea, goza de ese privilegio.
Pero volviendo a o dicho por el colega director de La Hora, ayer publicó en su habitual columna de opinión el siguiente artículo:
La Constitución hondureña sí hace árbitro al Ejército
Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
“Yo escribí el pasado lunes que los ejércitos no deben ser árbitro supremo de los procesos políticos de estos países, pero reconozco ligereza de mi parte al no haber leído previamente lo que dice la Constitución de ese país porque en su artículo 272, al definir a su Ejército, dice “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.”
Unido eso al contenido del artículo 239 que contempla sanciones específicas contra quien proponga reformar la norma pétrea que impide la reelección en ese país, la situación tiene matices que vale la pena señalar. Porque indudablemente que fue un golpe de Estado la acción militar que sacó no sólo de su dormitorio en la Casa Presidencial a Zelaya sino que lo mandó en un avión a Costa Rica, pero con la misma certeza se puede afirmar que el Presidente con su terquedad de implementar acciones orientadas a la reforma constitucional para permitir cabalmente la reelección, se había saltado las trancas y tenía que haber sido sometido a un proceso que, entre otras cosas, implicaba separarlo del cargo e inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de funciones públicas, simplemente por haber propuesto la reforma.
En otras palabras, el señor Zelaya puede y debe efectivamente volver a Honduras porque la acción militar que lo expulsó rebasa el mandato de mantener los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el poder, pero una vez reinstalado en su cargo, debe enfrentar las acciones legales derivadas de su propuesta que era constitutiva del delito de violación constitucional por la claridad del mandato.
El presidente Zelaya hizo lo que muchos de los políticos de estos países que al asumir el poder se sienten superiores a la misma Constitución y se la pasan literalmente por el arco del triunfo. Lo que es importante en este caso es que no se siente el precedente de que mediante un manotazo de fuerza se corrige el desmán del presidente autoritario, sino que debe ser de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley. Y definitivamente la Constitución de la República de Honduras es tan terminante como la de Guatemala en las cuestiones electorales que tienen que ver con la reelección o con la elección de parientes, acciones que persiguen perpetuar a alguien en el poder. Porque desafortunadamente nuestra historia electoral está llena de ejemplos en los que se ve cómo la utilización del poder sirve no para facilitar una auténtica elección o reelección de alguien, sino para imponer a puro tubo a los que tienen la sartén por el mango. Esa realidad está plasmada en el texto constitucional que por ello pone candados tan firmes en contra de prácticas que son contrarias a la democracia.
Reconozco, pues, que las Fuerzas Armadas de Honduras sí tenían mandato constitucional para actuar en defensa del principio de no reelección, del que son garantes, pero creo que sacar a punta de fusil al Presidente de su cama para mandarlo a Costa Rica fue un procedimiento impropio y troglodita.”
A este artículo se suma el del columnista Juan Callejas Vargas del matutino Prensa Libre, que hoy publica en su habitual columna semanal denominada INDEPENDENCIA un artículo titulado “Sin hipocresías”, que a continuación reproduzco sin comentarios:
Sin hipocresías
Juan Callejas Vargas
“Margarita M. Montes es hondureña, egresada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín; máster en Administración de Empresas del Incae; catedrática en Unitec (SPS) de Introducción a las Relaciones Internacionales, Análisis de la Información Internacional y Política Exterior. Credenciales suficientes para publicar una edición de su artículo, tomado de http://lahondurasposible.blogspot.com/ con el título: Honduras rompe paradigma en América Latina. Dice la ciudadana hondureña:
La remoción del presidente José Manuel Zelaya Rosales por parte de las Fuerzas Armadas en la madrugada de ayer, domingo 28 de junio, rompe paradigmas de la historia política de América Latina. Por primera vez en la era de la post Guerra Fría (1989 hasta la fecha), un ejército depone un presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el estado de Derecho, y no para romperlo, como era característico de los militares en épocas anteriores.
Este caso no se puede catalogar como un golpe de Estado, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del estado de Derecho. La acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial y su propósito, restablecer el imperio de la Ley, el cual estaba siendo violentado por el presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente, ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, con lo cual se nombra un nuevo presidente constitucional.
Honduras sentó ayer un precedente, el cual pasará a ser un caso de estudio de universidades, diplomáticos y políticos del mundo. Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país.
La Prensa internacional, los organismos internacionales y gobiernos alrededor del mundo no han comprendido el contexto y la esencia de este caso, y están condenando lo que ha sucedido en Honduras, pues lo están analizando con base en conceptos propios del viejo paradigma de los golpes de Estado durante la Guerra Fría.
La lección que dio Honduras al mundo es clara: aunque un presidente haya sido electo democrática y legítimamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución y las leyes de la República. Los pueblos ya no están dispuestos a tolerar abusos de poder de los presidentes constitucionales, que se consideran intocables, por el hecho de haber sido electos por el pueblo. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir, y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley.
Probablemente, tampoco los hondureños se han dado cuenta de la magnitud de lo que hicieron ayer. Con el paso de los días, los meses y años irán asimilando y comprendiendo la dimensión del nuevo paradigma que han sentado, con un rotundo mensaje para propios y extraños sobre lo que le depara a los dictadores constitucionales y a sus aprendices tropicales. El que tenga oídos, que oiga.”
callejas_juan@hotmail.com
En el periódico Siglo Veintiuno de hoy, el columnista Ramón Parellada escribió en su habitual columna titulada HACIA LA LIBERTAD el siguiente artículo:
HONDURAS, ¿QUÉ SIGUE?
Ramón Parellada
rparellada@sigloxxi.com
Lo prudente es que los hondureños resuelvan sus problemas y que los políticos estudien bien a quién apoyarán.
“Se espera que hoy regrese a Honduras, tal como lo anunció, el presidente Manuel Zelaya. Le acompañarán los presidentes Rafael Correa, de Ecuador; Cristina Fernández, de Argentina; el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D?Escoto.
Tanto la OEA como la ONU han exigido la restitución de Zelaya y condenado el golpe de Estado. Mientras, los hondureños se han quedado aislados, pues el resto de países del mundo, sus políticos y sus presidentes han dado su apoyo a Zelaya. Los países centroamericanos cerraron su comercio con Honduras a la espera de que el presidente Zelaya regre-se a su país. Considero un error esta medida, ya que no aporta nada para resolver el problema institucional en Honduras y sí causa mucho daño a todos los centroamericanos.
Considero que los presidentes de Latinoamérica liderados se han precipitado al darle el apoyo a Zelaya. Álvaro Vargas Llosa tituló un artículo publicado en The New York Times, el pasado 30 de junio, así: ?El ganador en Honduras: Chávez?, refiriéndose a la intromisión que ha tenido el Gobierno de Venezuela y la forma en que ha atrapado la ideología del Socialismo del Siglo XXI a Zelaya. Al final del artículo, Vargas Llosa considera que lo ideal sería que Zelaya vuelva al poder y termine su mandato, pero lo considera improbable.
Quien más claro ha escrito sobre el tema institucional en Honduras y sobre la dualidad que existe entre Legislativo y Ejecutivo, ambos organismos propios de una democracia, cuyos miembros son electos popularmente, es Carlos A. Mendoza de CABI en el blog The black Box (http://ca-bi.com/blackbox). Recomiendo a los lectores darle una miradita a sus varias entradas al blog en relación con el tema de Honduras y otros relacionados.
Para Mendoza, esta dualidad de dos instituciones legítimas es conflictiva. ¿Por qué se le ha dado más peso al Ejecutivo y no al Legislativo, cuando debería ser al contrario? En sus propias palabras: ?El Congreso debería tener más legitimidad porque representa una pluralidad de intereses, mientras que el Ejecutivo es siempre la representación de una mayoría que dejó sin ningún poder a las minorías?.
Tengo muchas preguntas que hay que estudiar a fondo antes de darle el apoyo a cualquiera de las partes. Yo no tengo las respuestas aún, pero quiero compartirlas con ustedes. ¿Si la OEA y la ONU apoyan a Zelaya entonces están desconociendo al Congreso de Honduras? ¿Implica este apoyo ir contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Tribunal Supremo Electoral? ¿Puede un Presidente cometer delitos que incluso van contra la Constitución y seguir siendo presidente?
Ninguna de las instituciones democráticas hondureñas fue suspendida en ningún momento. La Constitución hondureña, igual que muchas de Latinoamérica, tiene pocas previsiones para remover a un Presidente que actúa contra la Ley y contra la misma Constitución.
¿Qué sigue? Pues si Zelaya vuelve lo meterán preso. Temo una invasión por parte de Chávez a través del territorio de Nicaragua. ¿Qué hará el resto de países democráticos en caso de una invasión a Honduras? Al final, creo que lo más prudente es que los mismos hondureños resuelvan sus propios problemas y que los políticos estudien bien a quién darán su apoyo, ya que inclinarse por Zelaya es contradictorio con el resto de instituciones democráticas en Honduras.”
