Aplaudo y felicito al Presidente de la República, general (retirado) Otto Fernando Pérez Molina y a la Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por haber dado marcha atrás en su demanda por la vía penal contra el presidente de elPeriódico, ingeniero José Rubén Zamora, y hayan decidido plantear su demanda en la vía correcta (un juzgado de Imprenta).
El aforismo que sirve de titulo a este artículo es una expresión en latín que significa: “Errar es humano”. Esto es lo que dice sobre el particular la Enciclopedia libre Wikipedia de Internet: “Se considera que es intrínseco a la naturaleza humana el equivocarse, por lo que hay que aceptar los errores, y aprender de ellos para evitar que se repitan. La frase ha entrado en el lenguaje común, como aforismo con el que se busca mitigar un fallo, un error, siempre y cuando sea esporádico y no se repita. La expresión latina completa es: errare humanum est, sed perseverare diabolicum; que traducida literalmente significa: “errar es humano, pero perseverar (en el error) es diabólico.”
Y agrega textualmente: “Básicamente se refiere (aunque no literalmente) a una expresión de San Agustín, aunque hay varios antecedentes pre-cristianas de América. El que más se acerca data de Cicerón (Filípica XII): Cuiusvis hominis est err: nullius nisi insipientis, perseverar en el error (“lo que es común a errar, es sólo el ignorante perseverar en el error”). Más matizada por Livio (Historias, VIII): Venia dignus este error humanus (“error cada ser humano merece el perdón”). La atribución se realiza por varias partes 1 de una frase similar a Séneca el Viejo (55 antes de Cristo. aproximadamente) parece estar basada en una lección errónea del texto (“Humanum este errar” en lugar de “de errores humanos”) . La primera fuente cristiana que contiene una frase similar es San Jerónimo (errado humanum est). Más tarde, San Agustín de Hipona en sus Sermones dice: Humanum fuit errar, diabolicum este a animositatem por error Manere (“el error fue propio del hombre, pero es malo para insistir en el error de orgullo”).
Ingeniero José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico fue victimizado por el Presidente Pérez y la Vicepresidenta Baldetti que casi le convirtieron en héroe y mártir que elevaron su prestigio y al final de cuentas les ganó la partida.
Como podrán comprender mis lectores –que gracias a este blog y a Internet ya no son los “cuatro gatos” que un día me dijo un pendejo que tenían mis columnas diarias en un periódico escrito, porque ahora me leen muchas más personas y en diferentes partes del mundo– se refiere a la oportuna rectificación que hicieron el Presidente de la República, general (retirado) Otto Fernando Pérez Molina y la Vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, en la demanda que originalmente habían planteado erróneamente, por la vía penal, en contra del presidente de elPeriódico, ingeniero José Rubén Zamora Marroquín. Lo cual era un grave error jurídico y político porque –como les dije ayer– en el Código Penal establece en el artículo IV de las Disposiciones Generales del Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas), que dice: “Lo previsto en este Código no afecta materias comprendidas en leyes constitucionales o en fueros especiales. Y agregué que en nuestro ordenamiento jurídico la Ley de Emisión del Pensamiento es una de las cuatro leyes constitucionales. Por consiguiente, el Código Penal descalifica todos esos supuestos delitos que se le achacan a José Rubén Zamora y lo remite a los Tribunales de Imprenta. Además, debieron decirle que no existe el delito de desacato, porque fue derogado, como bien dijo ayer el Editorial de elPeriódico.
En elPeriódico electrónico de hoy se destaca en la primera página lo siguiente:
Pérez y Baldetti retiran querella contra Jose Rubén Zamora
El binomio presidencial desiste de las medidas legales interpuestas contra el presidente de “elPeriódico”.
Redacción > elPeriódico
El binomio presidencial anunció que dará marcha atrás en sus demandas penales contra Zamora.
“La decisión que yo estoy tomando es de desistir de la acción que presenté inicialmente, y voy a un Tribunal de Imprenta a presentar una querella”, declaró el presidente Otto Pérez Molina, mientras brindaba una conferencia de prensa en Zacapa, durante una gira para entregar el Bono Seguro.
El mandatario indicó que aunque desistirá de las querellas presentadas por coacción, desacato, chantaje, extorsión y violación a la Constitución contra Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, seguirá con la batalla para frenar las publicaciones que se realizan en este medio.
“Nosotros seguimos haciendo esa batalla, porque creemos que no se puede utilizar un medio de comunicación para estar insultando, poniendo apodos, diciendo mentiras y, al final de todo, sin ni siquiera firma, que solo ponen una sección que le llaman elPeladero”, indicó el mandatario.
Adicionalmente, Roxana Baldetti, vicepresidenta de la República, decidió retirar la querella que interpuso contra Zamora en el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violación Sexual Explotación y Trata de Personas. En esta querella, la vicemandataria se quejaba de sufrir violencia psicológica de parte del presidente de elPeriódico, a través de sus escritos en el matutino.
“He tomado también la decisión de desistir de la acción penal: sí voy a un Tribunal de Imprenta. Quiero que me prueben absolutamente todo lo que ha dicho esa sección de elPeladero”, declaró la vicemandataria.
Con estas desestimaciones, el arraigo que resultó como efecto de la querella presentada por el Presidente, y las medidas de seguridad que favorecen a la Vicepresidenta, que dictan que Zamora no puede acercarse a su lugar de trabajo, residencia o estudio; y la prohibición de actuar de manera que perturbe o intimide a la funcionaria, quedarían sin efecto. Aunque ninguno de los dos funcionarios aclaró cuándo presentarían el desistimiento.
Organizaciones de prensa nacionales e internacionales condenaron las acciones penales que Pérez Molina y Baldetti iniciaron contra Zamora, y advirtieron que estas debieron encausarse a través de un Tribunal de Imprenta, como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento.
El Artículo 35 de la Constitución establece que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos” y que “los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados”; sin embargo, los funcionarios ignoraron esa normativa.
Presión
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) emitió un comunicado en el que celebra la decisión de los funcionarios, pero resalta que fue una acción obligada por la presión de la sociedad que exigía el respeto a la libertad de expresión.
“Esta decisión política, lograda por la sociedad, es un paso adelante en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, dice el comunicado.
Para Renzo Rosal, analista político, las rectificaciones que hacen los funcionarios obedecen a una reflexión de las decisiones que toman por reacciones emotivas, o los comentarios de la gente cercana.
Las rectificaciones del Presidente
Los dos años en los que Otto Pérez Molina ha estado al frente del Ejecutivo, han sido marcados por iniciativas que se quedan solamente en el discurso y no levantan vuelo. El Gobierno ha rectificado en repetidas ocasiones sus decisiones, a continuación presentamos algunos ejemplos:
El 2 de enero de 2013 emitió un acuerdo sobre la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para juzgar casos de guatemaltecos a partir de 1987. En esa ocasión, defendió la legalidad del acuerdo, pero nueve días después anunció la derogatoria.
A mediados de 2013, el Presidente y la bancada del Partido Patriota promovieron en el Congreso la emisión de Bonos del Tesoro por Q 3.5 millardos, para el pago de la deuda en el Ministerio de Comunicaciones. A inicios de noviembre, el ministro Alejandro Sinibaldi declaró que el Ejecutivo desistía de la iniciativa.
En octubre, se promovió una intervención a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero semanas después se modificó la iniciativa, en medio de la renuncia del exministro de Finanzas, Pavel Centeno.
Insisto en que alguno de los asesores legales del Poder Ejecutivo debió informar al Presidente Pérez y a la Vicepresidenta Baldetti que el artículo IV de las Disposiciones Generales del Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas), dice: “Lo previsto en este Código no afecta materias comprendidas en leyes constitucionales o en fueros especiales Y agregar que la Ley de Emisión del Pensamiento es una de las cuatro leyes constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, el Código Penal descalifica todos esos supuestos delitos que se le achacan a José Rubén Zamora y lo remite a los Tribunales de Imprenta. Además, debieron decirle que ya no existe el delito de desacato porque ha sido anulado.
Me parece políticamente correcta la rectificación del Presidente y la Vicepresidenta, pero comparto la opinión de las personas que han señalado que en los dos años que llevan en el poder han dado marcha atrás a la mayoría de las medidas que han anunciado, lo cual sería muy largo enumerar, pero ya son ampliamente conocidas. Está visto que la nave del general-presidente Pérez Molina tiene una reversa automática muy veloz.
Opinión autorizada
Como guinda en el pastel, reproduzco la columna Vox Signata del periódico Siglo.21 del doctor en derecho constitucional Gabriel Orellana. Es evidente el doctor Orellana que se propone escribir más de una columna sobre este tema, pero hoy reproduzco la primera
Vox signata
Gabriel Orellana
gorellana@siglo21.com.gt
Supremacía constitucional (1)
Cuando se dice que la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de nuestro sistema jurídico, tal supremacía la destacan varios de sus artículos: el 44, que dispone: “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”; el 175 que: “Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución.
Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure” y el 204, que dice: “Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado”. En virtud de lo anterior, todas las leyes y normas de carácter general que existen en nuestro Derecho deben ajustarse o conformarse a las disposiciones constitucionales.
Y por este motivo es que la Ley del Organismo Judicial, que en nuestro sistema jurídico suple la deficiencia de otras, dispone en su artículo 10 que: “Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales” y agrega en su artículo 51 que: “El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país”.
El artículo 35 constitucional establece que: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna” y, reconociendo que no existen libertades absolutas, agrega que: “Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones” y que: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. (Fin del artículo)
Twitter: @jorgepalmier
Avanzan antejuicios
El presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, denunció a los funcionarios más altos del país por los delitos de simulación del delito y abuso de autoridad. La querella contra Otto Pérez fue trasladada al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dirigido por Carlos Aguilar, mientras que la demanda contra Roxana Baldetti se encuentra en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a cargo de Adrián Rodríguez.
Los juzgados indicaron que posiblemente el lunes trasladarán los expedientes a la Corte Suprema de Justicia, para que decidan en el pleno si procede enviarlos al Congreso, y este organismo conforme una comisión que determine si les retiran la inmunidad a los funcionarios, y puedan ser investigados por una posible comisión de los delitos.