MISCELÁNEA DEL 02/04/13

1.- La Terminal aérea “La Aurora” es una vergüenza.

Constantemente se han hecho diversas críticas a la Terminal Aérea Internacional “La Aurora”, la única obra emblemática de ese desastroso que gobierno de ingrata recordación del presidente Óscar Berger Perdomo y el vicepresidente Eduardo Stein Barillas, en cuya construcción se dice que lucraron abundantemente algunos de los allegados del mandatario. Por ejemplo, todavía no hay una sala de espera adecuada para los pasajeros que van o vienen, y las personas que esperan a quienes van o vienen, tienen que esperar de pie afuera del edificio. Además, no funciona el aire acondicionado. Cuando llueve hay que poner muchos recipientes en los corredores para captar las numerosas goteras. Las escaleras eléctricas a menudo no funcionan y los viajeros discapacitados o de avanzada edad tienen que soportar serios problemas para poder bajar a las dependencias de Migración y Aduana. Etcétera.

Pero a todo esto hay que agregar que, apenas ayer, los pasajeros provenientes de Europa que aterrizaron alrededor de las 8 de la noche, después de haber volado en un avión de Iberia siete horas de Madrid a Costa Rica, tuvieron que esperar cuatro horas y medio en el aeropuerto de San José antes de abordar un vuelo de Copa para volar a Guatemala; pero en la “La Aurora” tuvieron que esperar cuarenta minutos sentados adentro del avión, porque no había energía eléctrica en el edificio de la terminal que estaba a oscuras. ¡Qué vergüenza! Es lamentable que esta Terminal Aérea Internacional que es la puerta de salida y de entrada al país, sea una de las peores del continente americano.

2.- Sigue el linchamiento a Ríos Montt

Los izquierdistas que fueron guerrilleros subversivos y sobrevivieron a la confrontación armada interna que tuvo tres décadas de duración y después de haberse firmado el armisticio y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, siguen empeñados en vengarse de los militares que les derrotaron en el campo de batalla. Y, como es bien sabido, ahora los chivos expiatorios son los generales José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez que están siendo juzgados en el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A. por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad por actos cometidos en 1982. A pesar de que en el conflicto armado interno, a sabiendas de que EN GUATEMALA NO HUBO GENOCIDIO.

Yo lo he venido sosteniendo, aunque comprendo que insistir en ello es como arar en el mar porque aunque su acordó un armisticio y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la izquierda aún militante a pesar de haber sido derrotada cuando empuñaban las armas, están bien ubicadas en diferentes organismos del Estado, en cuenta el Ministerio Público (MP) y en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No cabe duda de que la intención que tienen es juzgar en  y condenar  al general José Efraín Ríos Montt, presidente de facto del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 y a su Jefe de Inteligencia Militar, general Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia Militar durante ese período. A los numerosos columnistas que hemos opinado sobre este tema, insistiendo en que en esa forma no se procura la paz, sino todo lo contrario. A continuación voy a reproducir tres artículos sobre ese tema que me envió recientemente por correo electrónico la activista Ingrid Argueta y fueron escritos por columnistas de prestigio, y han sido publicados en diferentes medios de comunicación. El columnista Raúl González Garza publicó en Prensa Libre el siguiente artículo en su columna titulada HOMO ECONOMICUS.

3.- Juicio del siglo 

El juicio por genocidio en contra del general Ríos Montt ha elevado el nivel de polarización en la opinión pública. Yo no creo que el diverso apoyo al general sea por un repentino aumento en su popularidad. Más bien creo que es porque muchos se hacen una elemental pregunta: si guerrilla y ejército cometieron crímenes… ¿por qué sólo se juzga a militares? Y ¿cuándo se juzgará a un guerrillero? La respuesta arranca en la llamada “Ley de Reconciliación Nacional” promulgada poco antes de la firma de la paz en 1996.

JOSé RAúL GONZáLEZ MERLO 

Fue un “decreto de amnistía” que exoneraba a todos de la responsabilidad penal por delitos cometidos en el marco del conflicto armado; excepto por el delito de genocidio. Hecha la ley, hecha la trampa… Firmada la paz, los guatemaltecos se fueron a trabajar en recuperar sus vidas; menos los guerrilleros que siguieron haciendo lo mejor y lo único que saben hacer: continuar la guerra por otros medios. 

Para continuar la guerra era indispensable tipificar el delito de genocidio en la “memoria histórica” del conflicto. Infiltrados en la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la redacción de sus informes, supuestamente “imparciales”, introdujeron la tesis del genocidio en Guatemala. Ahora, desde el Ministerio Público, la tesis es recogida e impulsada vigorosamente, con toda la presión internacional, sobre los operadores de “justicia”. Una tesis “jalada” porque los guatemaltecos no creemos que el conflicto armado, con todo y las matanzas que ocurrieron, haya tenido como propósito específico eliminar a grupo étnico alguno; tal como lo exige la definición de genocidio. Sin embargo, el trabajo ha sido paciente y exitoso. La “comunidad internacional” ha visto con simpatía que neo guerrilleros avancen la tesis del genocidio. Tontos útiles algunos y conscientes otros, no están promoviendo la búsqueda de justicia, ni siquiera de venganza; buscan la continuidad de la guerra “hasta la victoria siempre”. 

Hay que ser ingenuo para creer que el propósito del “Juicio del Siglo” es “justicia para las víctimas de la guerra”. Si querían justicia deberían haber derogado el decreto de amnistía para deducir responsabilidades por igual a militares y guerrilleros. Pero no es así. El “clamor de justicia” es la excusa perfecta. Que no quede la menor duda; Ríos Montt y los otros militares entran a este “juicio” en la misma situación en la que estaban los negros del viejo sur de los EUA: “primero los linchamos y luego les damos un juicio justo”. Ganada esa batalla, en palabras de los neoguerrilleros, lo que perseguirán es atacar “las razones económicas del genocidio”. 

Ríos Montt no será el único que perderá si se le condena por genocidio. Perderemos todos los guatemaltecos. La comunidad internacional no está financiando la reconciliación; está financiando la nueva guerra en la que todos volveremos a perder, excepto aquellos que han hecho de ella su modo de vida y se guían por la proclama: “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”. ¿Y no que nunca más, pues? (Fin de la columna del licenciado Raúl González Merlo)

La destacada comentarista de prensa, televisión y radio Marta Yolanda Díaz-Durán A. publicó ayer en el periódico Siglo.21 el siguiente artículo:

4.- Genocidio del Derecho

Es inquietante ver que la mayoría de quienes comentan el juicio contra Efraín Ríos Montt están más preocupados en seguir peleando una miserable guerra en lugar de intentar salvar lo poco de Estado de Derecho que queda en nuestro país. Si les interesa nuestro futuro, deberían ocuparse en la FORMA en la cual se está llevando a cabo.

Que el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa (que incluye el derecho a escoger defensor) son fundamentales para asegurar que el sistema judicial no violente los derechos de un inocente, es uno de los aprendizajes más importantes de mi vida. A lo cual agrego que, para hacer este ideal una realidad, el proceso debe ser respetado para todos, aún aquel que sea considerado el peor de los criminales.

El genocidio es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. En Guatemala hubo un fatal enfrentamiento por el poder. Hubo, según el cálculo científico (no político) hecho por Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, tomo II) aproximadamente 37,000 muertos. Trágico. Pero genocidio NO hubo. Lo que sí estamos viendo es el genocidio de lo poco que queda de nuestro sistema de justicia.

En mi artículo publicado en “Siglo Veintiuno” el lunes 17 de julio de 2006 escribí lo siguiente que sigue siendo vigente: “En los enfrentamientos entre serbios y croatas, árabes y kurdos, tutsis y hutus, sí hubo una eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. En Guatemala no. Aquí, pelearon ixiles contra ixiles, k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikelesY así hasta listar todas las comunidades lingüísticas que reconoce la Academia de Lenguas Mayas. Murieron implicados en el llamado conflicto armado interno quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta cruenta lucha.

Entre los mandos castrenses habían indígenas, escenario difícil de encontrar entre los comandantes subversivos: la mayoría de ellos eran ladinos. Por ejemplo, según recuerda mi padre, a Romeo Lucas García en la toma de posesión presidencial lo acompañó su madre quien vestía un traje regional de Alta Verapaz. Otros cuentan que a Lucas le costaba expresarse en castellano, razón por la cual, en varias ocasiones, dio discursos en su idioma materno: q’eqchi”.

Me preocupa ver cómo en nuestro país algunos oportunistas desvirtúan el sentido del genocidio sin importar las consecuencias. Me provoca lástima ver cómo manipulan y se aprovechan de los familiares de varias de las víctimas del conflicto. Pero más me alarma ver cómo destruyen los pilares del debido proceso y el derecho de defensa con tal de alcanzar sus objetivos espurios y, finalmente, ganar la lucha por el poder.

(Fin del artículo de Marta Yolanda Díaz-Durán A.)

5.´Genocidio controvertido

Bertrand de la Grange

Con el proceso iniciado el 19 de marzo ante un tribunal guatemalteco, el general Efraín Ríos Montt, de 86 años, se ha convertido en el primer ex jefe de Estado juzgado por genocidio en América Latina. Y aunque las pruebas en su contra son políticamente sesgadas, el militar retirado tiene todas las de perder en la última batalla de su larga vida.

¿Cometió el Ejército actos de genocidio durante los treinta y seis años del conflicto (1960-1996) que le enfrentó con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)? El debate sigue abierto. A pesar del tiempo transcurrido desde la firma de los acuerdos de paz, en diciembre de 1996, los guatemaltecos están divididos en dos bandos: los que ven a Ríos Montt como un asesino y los que le están eternamente agradecidos por haber impedido que el país cayera a manos de una guerrilla comunista.

Los primeros no han cejado en su empeño de enjuiciar al ex mandatario. Al quedar sin inmunidad parlamentaria en enero del año pasado, Ríos Montt —el diputado más votado en 1994— fue acusado formalmente de genocidio y puesto bajo arresto domiciliario. Con la colaboración de un grupo de activistas estadounidenses y españoles, que asesoran a las poblaciones indígenas víctimas de las atrocidades cometidas durante el conflicto, la fiscalía ha armado un expediente contra el general retirado. Se le procesa por 15 masacres perpetradas en el Triángulo Ixil, una zona del altiplano donde la guerrilla tuvo mucha presencia.

Esas matanzas —murieron 1,771 personas, niños y ancianos en mayoría, según la acusación— ocurrieron durante el Gobierno de Ríos Montt (1982-1983), que llegó al poder por un golpe de Estado a petición de un grupo de oficiales jóvenes, hartos de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, preocupados por el avance de la guerrilla en las zonas rurales. Habían escogido a ese general retirado, entre otros motivos, porque había sido despojado mediante un fraude de su victoria en las elecciones presidenciales de 1974, cuando se presentó por una coalición de centro izquierda. Poco después, se convirtió en pastor evangélico por la influyente iglesia del Verbo.

“Con la Biblia y la metralleta”, las dos herramientas del “buen cristiano”, según Ríos Montt, el golpista mesiánico reorganizó la lucha contrainsurgente. En pocos meses, el Ejército logró revertir la situación sobre el terreno y acabó con el sueño de la izquierda revolucionaria de llegar al poder por las armas, como lo habían hecho tres años antes los sandinistas en Nicaragua.

Ahora, después de tres décadas, los indígenas del altiplano relatan ante un tribunal cómo vivieron la ofensiva militar “Victoria 82”. Describen todo tipo de atrocidades: familias quemadas vivas en sus casas, mujeres embarazadas destripadas por las bayonetas de los soldados, fetos reventados contra los árboles, casos de canibalismo y otras aberraciones. Esos testimonios desgarradores ya fueron recopilados en dos informes publicados hace catorce años por la Iglesia (Recuperación de la Memoria Histórica, Remhi) y por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU.

Los militares, como era de esperarse, pero también varios analistas independientes han puesto en duda la veracidad de algunos de esos relatos y la cifra de víctimas. El informe de la CEH, que responsabiliza al Ejército de la inmensa mayoría de las masacres, habla de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. Son cifras muy infladas, según el sociólogo Carlos Sabino, que sitúa el número de muertos “en el rango de 37,000” (civiles, militares y guerrilleros) entre 1960 y 1996, y señala que las ONG dedicadas a las exhumaciones han encontrado apenas 3,000 cuerpos, después de doce años de “intensa labor”.

En un apasionante trabajo publicado en 2008 por el Fondo de Cultura Económica, Guatemala, la historia silenciada, el investigador asegura además que las matanzas de civiles empezaron a disminuir poco después de la llegada de Ríos Montt al poder. Y para demostrarlo, Sabino recurre a los datos proporcionados por el Remhi.

¿Hubo genocidio? Los mismos analistas consideran que no, porque no hubo “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, según la definición de la ONU. El Ejército atacó a esas poblaciones no por ser indígenas, sino por apoyar a la guerrilla, y cometió barbaridades. La tropa era indígena de ambos lados. En cambio, el mando no lo era en ninguno de los dos, lo que lleva a una pregunta necesaria: ¿cuál fue la responsabilidad de los comandantes de la URNG?

Ellos llevaron la guerra al altiplano después de convencer a varias comunidades —no todas, ni mucho menos— de que apoyaran la lucha para derribar la “dictadura de la oligarquía”. Y cuando el Ejército contraatacó, los guerrilleros huyeron y dejaron desprotegida su base social. Esto suscitó un agrio debate entre las diferentes facciones de la URNG, según reconocerían posteriormente algunos de sus dirigentes. Pero de todo ello, los activistas de derechos humanos no quieren hablar. (Fin del artículo del periodista Bertrand de la Grange)

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