El presidente venezolano Nicolás Maduro. / EFE
Hace tres meses Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en medio de una grave crisis política. Contra todos los pronósticos, su rival, Henrique Capriles, había obtenido una votación histórica para la oposición en tres lustros. Apenas lo separó de la victoria un ínfimo porcentaje de votos (una distancia de un punto y medio) que derivó en sospechas de fraude. Solo las inequidades del proceso electoral venezolano —la parcialidad del Consejo Electoral, el descarado uso de los recursos del Estado con fines proselitistas o la amenaza de represalias a los beneficiarios de los programas sociales— y las irregularidades en el día de la votación habían impedido un histórico relevo en el palacio de Miraflores.
Esa ajustada derrota colocaba al chavismo frente a un gran revés político. Un mes antes, el 5 de marzo de 2013, cuando fue declarado muerto el presidente Hugo Chávez, sus herederos parecían destinados a sucederlo sin mucha resistencia. La derrota provocó nuevas lecturas. Se dudaba entonces de la capacidad que tendría el Gobierno de mandar sin convocar a la mitad que le había votado en contra. Para la segunda semana de mayo, una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) mostraba que 51,3% de los ciudadanos tenían una opinión negativa de la situación del país. La percepción del aspecto político era incluso peor. Seis de cada 10 pensaban entonces que la situación era inestable.
Tres meses después, mientras el recuerdo de Chávez se diluye en la rutina de una vida compleja, que no deja espacio para el culto al héroe, Maduro se afianza y la oposición se debilita entrampada en su propia estrategia, que consiste en esperar que prospere la impugnación de las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras apuesta al desgaste de un Gobierno que no tiene el imán de Chávez y a ganar más espacios en las municipales del próximo 8 de diciembre. Ya sufrieron su primera derrota. A mediados de semana la Sala Constitucional desestimó una recusación de los abogados de Capriles para impedir que los siete magistrados titulares de la sala, chavistas confesos, intervinieran en la causa.
La oposición sigue sin darle dirección política a las recurrentes protestas y demandas sociales. Hace una semana Capriles dijo que la gente no debía esperar el visto bueno del líder para organizarse y buscar soluciones a sus problemas. En ese escenario de voluntaria desmovilización Maduro ha administrado el caos y se ha afianzado en el cargo. Valgan estas cifras para ilustrar la crisis económica de este país: entre diciembre y junio la moneda local, el bolívar, se ha devaluado un 172%; las ventas petroleras del primer trimestre del año —el 96% de los ingresos— cayeron a 21.300 millones de dólares, un 13,41% menos que en el mismo periodo de 2012, y el índice de desabastecimiento de productos básicos llegó al 20,5% en mayo, una cifra jamás alcanzada en tiempos de Chávez. Hasta el 11 de julio las reservas internacionales habían caído en 5.363 millones con respecto al mismo periodo del año pasado. Solo se contaba con dinero contante y sonante para 15 días de importaciones, según los cálculos del economista Pedro Palma.
La tasa de inflación acumulada en el primer semestre es la expresión más concreta de todos los malestares del venezolano. La cifra de 24,99% superó al marcador de todo 2012 (20,09%). El Gobierno supo entender que la crisis se agudizaría si no generaba las condiciones para que la empresa privada pudiera trabajar sin tantas restricciones. Una reunión con el empresario Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, la segunda fortuna del país, simbolizó la cohabitación por la que el Gobierno apostó en aras de suavizar un modelo socialista que luce agotado y de su propia supervivencia.
En aquellos días, cuando la escasez apremiaba y Venezuela era el centro de la atención del mundo por la falta de papel higiénico, Maduro acusó a Mendoza de ser el principal responsable del desabastecimiento al no producir al máximo. Tras esa cita la comunicación con los empresarios comenzó a fluir, aunque estos no están satisfechos con los acuerdos alcanzados con el Gobierno.
Para cumplir con esos acuerdos se reformó el gabinete económico. Maduro relevó entonces al dogmático Jorge Giordani del Ministerio de Finanzas y lo sustituyó por Nelson Merentes, que ha diseñado un mecanismo alternativo a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para obtener dólares de forma legal (en Venezuela rige un control de cambios desde febrero de 2003). Aunque apenas se han efectuado dos subastas en el año, se espera que se convoquen nuevas pujas con regular periodicidad. Al Gobierno le urge corregir la reducción del 87,7% de la oferta de dólares por vías alternas a Cadivi en el primer semestre de 2013. Este año se adjudicaron apenas 639 millones comparados con los 5.197 millones del primer semestre de 2012.
Todas esas concesiones al sector privado no se corresponden con la estrategia asumida para enfrentar a la oposición. Contradiciendo lo que vaticinaban los analistas el 15 de abril —que sería imposible gobernar sin acuerdos políticos—, el chavismo se ha seguido comportando como si el otro no existiera y ha estrechado el cerco sobre sus rivales. Dos de los tres gobernadores de la oposición están siendo investigados por la Asamblea Nacional por malversación de fondos. Sobre la espalda del restante, Henrique Capriles, se cierne la presunta responsabilidad de las nueve muertes ocurridas tras el rechazo del estrecho resultado de las elecciones. El Gobierno amenaza cada tanto con enjuiciarlo por ese hecho. Eso tal vez nunca ocurra, pero sí ha logrado que el dirigente prefiriera seguir su reclamo en los despachos de los tribunales y no en la calle.
Otros dos diputados, María Corina Machado y Richard Mardo, serán investigados también. La antigua candidata presidencial, por una escucha difundida por el Gobierno en la cual criticaba a sus compañeros de la Mesa de la Unidad por la estrategia seguida después de las elecciones. Mardo lo tiene mucho más difícil. El Supremo encontró motivos para quitarle la inmunidad parlamentaria y enjuiciarlo por blanqueo de capitales y defraudación tributaria.
El Gobierno asegura que está haciendo una lucha sin cuartel contra la corrupción sin distinciones políticas. Pero en el chavismo solo caen peces chicos: 7 funcionarios de migraciones en el Estado de Táchira, 14 ciudadanos acusados de cobrar beneficios para entregar ayudas sociales, otras 7 personas relacionadas con el desfalco al Fondo Chino. Maduro ha usado ese ejemplo para aleccionar a los suyos. En eso sí se parece a Chávez, pero también en otros aspectos: copiosas intervenciones en la cadena de televisión del Estado, largas caminatas por la provincia para cumplir con el denominado “Gobierno de calle” y bailes con la comunidad. El pasado domingo también agregó otro hito al anunciar su primera expropiación. Sucedió en el Estado de Apure, donde anunció la toma de un terreno para construir viviendas. Poco antes anunciaba que había logrado “estabilizar la revolución”.
Mi comentario: Es evidente que el gobierno espurio de Maduro tiene a Venezuela en el caos.
2.- Panamá descubre dos cazas listos para su uso en el barco norcoreano
Caza MIG-21 descubierto en el barco norcoreano. / REUTERS-LIVE! / REUTERS
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha asegurado este domingo, al anunciar el hallazgo de dos aviones Mig-21 ocultos y sin declarar en un buque de Corea del Norte retenido desde hace dos semanas en aguas panameñas con un cargamento de armas propiedad de Cuba, que “aparentemente” las aeronaves estaban en uso porque tenían combustible. La versión del mandatario panameño contrasta con la información oficial del Gobierno de Cuba, que al confirmar que las armas le pertenecen, alegó que son obsoletas.
En la zona del caribeño puerto de Manzanillo, donde el barco Chong Chon Gang está sometido desde el pasado lunes a un intenso trabajo de descarga de 10 mil toneladas de azúcar en sacos, Martinelli narró que “aparentemente estos aviones estaban en uso porque tenían combustible”. El mandatario, quien ha atestiguado varias etapas de la inspección de la nave, explicó a la prensa que “por ahora van dos aviones Mig-21 y baterías antiaéreas y otros equipos”.
El Jefe de Estado también anunció en su cuenta de Twitter el descubrimiento de los dos aviones. “Avión Mig 21 dentro de un contenedor proveniente de Cuba con destino a Corea del Norte”, escribió en un primer mensaje. “El segundo avión Mig 21 encontrado en el barco de Corea del Norte”, anunció en el segundo, acompañados por fotografías del hallazgo.
Al respecto, el Fiscal Primero de Drogas de Panamá, Javier Caraballo, relató que “en los contenedores que hemos abierto hasta el momento hemos encontrado dos fuselajes de avión Mig—21”. También fueron encontradas baterías antiaéreas, radares para controlar antimisiles y sus respectivos vehículos de transporte, agregó.
Las aeronaves aparecieron luego de que el pasado viernes, como parte del lento proceso de descarga de 220 mil sacos con azúcar, los operarios panameños hallaran más armas dentro del Chong Chong Gang que zarpó de un puerto cubano con 240 toneladas métricas de armamento que, sin declarar, Cuba enviaba a reparación a Corea del Norte.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba admitió el martes que las armas son de su propiedad. En la nave, detalló La Habana, “se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto, dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de este tipo de avión, todo ello fabricado a mediados del siglo pasado-, para ser reparado y devuelto a nuestro país”.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino, ha insistido en que aunque la carga sea considerada obsoleta, se trata de un “contrabando”, ya que toda mercancía marítima debe declararse sin importar sus condiciones.
Panamá planteó el caso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que desde 2006 le impuso sanciones a Corea del Norte que prohíben a Pyongyang exportar o importar armas y en una represalia internacional por su programa de desarrollo nuclear. Los especialistas de la ONU estarían llegando el próximo 5 de agosto y verificarán si Cuba y Corea del Norte violaron las resoluciones de la ONU.
Caraballo explicó que “estamos hablando evidentemente de material bélico, pero serán los expertos los que nos dirán si es material obsoleto o no”. Las labores de descarga total podrían prolongarse por una semana.
Luego de que Panamá anunciara la aparición de las primeras armas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte alegó que el gobierno panameño debe liberar a la tripulación y al buque, porque no llevaba a bordo drogas o un cargamento ilegal, la sospecha inicial. El buque, que se aprestaba a cruzar el Canal de Panamá para llegar al Océano Pacífico y seguir viaje hacia Corea del Norte, fue retenido inicialmente porque se sospechaba que transportaba sustancias ilícitas.
La carga, según Pyongyang, “no es más que el envejecimiento de armas, que (Corea del Norte) envía de vuelta a Cuba tras un reacondicionamiento de las mismas, de acuerdo con un contrato legítimo”.
“Las autoridades panameñas atacaron, de manera apresurada, y detuvieron al capitán y a la tripulación de la nave con el pretexto de que estaban llevando a cabo una ‘investigación sobre drogas’, y (luego) hicieron una requisa del buque pero no descubrieron ningún tipo de droga”, aseguró el régimen norcoreano.
Los 35 tripulantes —todos norcoreanos— están retenidos en una base naval panameña, bajo investigación, y está previsto que una comitiva de la Cruz Roja les visite este lunes, para verificar su estado. La tripulación ha recibido alimentación y asistencia médica y psicológica. Aunque otorgó visas a dos diplomáticos norcoreanos acreditados en Cuba para que viajaran a suelo panameño y visitaran el buque y a los tripulantes, Panamá luego canceló el visado porque ese tipo de permiso únicamente puede ser otorgado por el Ministerio Público.