1) Hipócrita cordialidad fingida
Cordialidad fingida
Sonrientes, los dos candidatos presidenciales que competirán en la Segunda Vuelta que tendrá lugar el 6 de noviembre se despiden con un cordial apretón de manos en el Tribunal Supremo Electoral. Pero la verdad es que no se pueden ver ni en pintura. Y por mucho que se hayan comprometido (del diente al labio) en que no se faltarán al respeto, ni se insultarán, ni harán campañas negras, es indudable que Manuel Baldizón ha hecho una campaña negra instando a no votar por militares y llena de mentiras, como eso que él ha creado empresas que han dado trabajo a miles de personas, cuando la verdad es que todo lo ha heredado de su padre, un respetable médico que ha hecho una fortuna como pionero el departamento de el Petén; y, por su parte, se sospecha que los partidarios del Partido Patriota cuyo candidato es el general retirado Otto Pérez Molina, han sido quienes han pintado de rojo (como si fuera un payaso), la nariz de su contrincante en los muppies de su propaganda callejera.
Me parece genial la caricatura de Jota Ce en elPeriódico de hoy.
Para comenzar, veamos este You Tube que fue publicado hoy en la edición mediática de Prensa Libre.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QmKLIwuGEl4[/youtube]
Prensa Libre publica hoy este YouTube sobre esta reunión en el Tribunal Supremo Electoral de los dos candidatos presidenciales que pariciparán en la Segunda Vuelta Electoral el próximo 6 de noviembre, el cual comparto con ustedes.
TSE y partidos definen modelo de papeleta de segunda vuelta
El Tribunal Supremo Electoral y los partidos Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder) acordaron el modelo a utilizar en la papeleta para la segunda vuelta del 6 de noviembre próximo.
María Eugenia Villagrán presenta el modelo de papeleta acordado. (Foto Prensa Libre: Antonio Ixcot)
Magistrados se reúnen con fiscales de partidos políticos. (Foto Prensa Libre: Antonio Ixcot)
Por Bill Barreto
La papeleta a utilizar será media carta, y tendrá a la izquierda Baldizón y a la derecha Pérez. El pleno del Tribunal Supremo Electoral decidió no numerar las papeletas usadas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Además se aprobó que estas tuvieran un modelo horizontal el cual fue aprobado por los fiscales de los partidos con dos excepciones.La fiscal electoral del Partido Patriota, Anabella de León, indicó que su agrupación desea que se cambie el término “vicepresidente” de la papeleta por “vicepresidenta”, el cual según de León ya esta aprobado por la Real Academia Española.
Por su parte, el fiscal del partido Líder, Carlos Milián, dijo que pidirán que se reemplace la fotografía de su candidato Manuel Baldizón, por una nueva usada en la campaña.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidieron no acceder a la petición del Partido Patriota de colocar números correlativos en las papeletas que serán usadas el 6 de noviembre.
Según el pleno, esta disposición es tomada considerando que numerarlas “atentaría contra la secretividad del voto”.
Sin embargo, el TSE autorizó identificar las papeletas por departamento y junta receptora de votos. Además, se contará con la medida adicional de seguridad de ser impresas en papel con sello de agua. El pleno no autorizó cambiar a la empresa fabricante de las papeletas pues esta ya había ganado la licitación.
Para garantizar la transparencia del proceso el TSE autorizó a los fiscales de los partidos para “custodiar” el proceso de impresión de las papeletas y autorizó la presencia de notarios de las agrupaciones por cada centro de votación.
(Con información de Manuel Hernández)
Pleno de magistrados del TSE
2) CICIG critica a OJ por trabas al juzgar autoría intelectual
Como siempre, también es genial la caricatura de Fo en Prensa Libre
Francisco Dall’Anese presentó el informe del cuarto año de labor de la CICIG en Guatemala. El actual mandato vence en septiembre de 2013. Foto Herlindo Zet/s21
Dall’Anese cita los casos Maskana, Pavón, Amatitlán y el juicio contra Portillo.
Byron Rolando Vásquez
“Cabe destacar la persistente dificultad que en el Organismo Judicial (OJ) presenta el juzgamiento de los casos que involucran a autores intelectuales de graves delitos, como acaeció en la sentencia en primera instancia del caso del ex presidente Alfonso Portillo y sus dos ex ministros, así como en las investigaciones de los casos conocidos como Pavón e Infiernito, Amatitlán y Maskana”. Así hace constar el informe sobre el cuarto año de labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual fue presentado ayer.
El jefe de la CICIG, Francisco Dall’Anese, hizo énfasis en que “ese tipo de debilidades o de descalificaciones intencionales es un obstáculo para la justicia que favorece la impunidad”.
También sostuvo que continuarán denunciando por la vía administrativa y penal “cuanta irregularidad o delito observemos en las actuaciones de algunos jueces, y que afecta la buena imagen de la mayoría de jueces honestos”.
En tal sentido, dio a conocer que está en proceso la elaboración de la denuncia penal contra las dos juezas (vocales del Tribunal Undécimo, Patricia Veras, y Coralia Contreras) que absolvieron a Portillo. Asimismo, ofreció públicamente a la presidenta electa del OJ, Thelma Aldana, la disposición de la Comisión para apoyar la ejecución del programa de Transparencia y Cero Tolerancia a la Corrupción.
Aldana manifestó que va a dialogar con el Comisionado para ver qué es lo que quiere aportar a este poder del Estado. “Vamos a dialogar; yo no voy a confrontar con nadie; lo que quiere es trabajar y aportar al Organismo Judicial y cada funcionario es libre de emitir las críticas que estime pertinentes”, puntualizó la magistrada.
En el marco de la entrega del informe, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, resaltó que en la Fiscalía de Delitos Administrativos se encuentran en proceso de investigación 60 denuncias contra magistrados, jueces, secretarios, oficiales y notificadores por delitos como desobediencia, prevaricato, retardo malicioso, abandono de cargo, detención ilegal, falsedad material y peculado, entre otros.
En lo que respecta al MP, se encuentran en punto muerto alrededor de 60 destituciones, debido a que el Congreso no ha elegido a los dos miembros del consejo del ente investigador, y entre las faltas más recurrentes están mal procedimiento de la escena del crimen e incumplimiento de deberes.
Malestar
En el documento, la Comisión reconoce que la relación con el OJ se ha visto deteriorada en los últimos meses “tras haberse detectado conductas irregulares por parte de determinados jueces -particularmente, resoluciones ilegales que han favorecido la impunidad en casos de alto impacto-”.
El informe corresponde al período de septiembre de 2010 a agosto de 2011, en el cual la CICIG da cuenta de que ha recibido 201 denuncias; tiene 62 investigaciones abiertas y en 20 de éstas se ha constituido como querellante adhesiva. En ese marco, Dall’Anese descarta que la entidad investigue la desaparición de Cristina Siekavizza (lea: “Tráfico de influencias”).
El acto de presentación del informe no fue el único escenario en el que Dall’Anese arremetió contra los juzgadores. Durante la emisión del programa Despacho Presidencial, expresó: “Los jueces tienen que ver, oír y valorar la prueba y pronunciarse ante ello, y punto. Hay algunos que dicen ‘absolvemos porque no se trajo tal prueba, si se hubiera traído, se hubiera condenado’”, indicó.
Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, manifestó que Dall’Anese no está en posición de criticar a los juzgadores: “Que ya se abstenga de seguir criticando el quehacer de los jueces; yo creo que deben sentarse (Aldana y Dall’Anese) para hacer propuestas concretas”.
Finalmente, los dos candidatos presidenciales, Otto Pérez y Manuel Baldizón, coincidieron en señalar que al momento en que la CICIG cumpla su mandato, el 3 de septiembre de 2013, estarían dispuestos a solicitar su ampliación por otro período. (Tomado de Prensa Libre)
“Tráfico de influencias”
Caso de Cristina Siekavizza
Tanto Francisco Dall’Anese, titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público (MP), coincidieron en que en el caso de la desaparición de Cristina Siekavizza no existen estructuras legales, sino que se trata de un delito de tráfico de influencias, lo cual queda afuera del mandato de dicho ente.
“Una estruc tura supone la producción masiva de delitos. Aquí estaríamos hablando de un delito de tráfico de influencias; entonces, eso quedaría, de momento, fuera del mandato; mientras no aparezcan más elementos, así nos vamos a quedar”, puntualizó el Comisionado. Mientras tanto, Paz y Paz indicó que no puede afirmar si existen o no estructuras que impidan la captura de Roberto Barreda, esposo de Siekavizza.
La fundación Sobrevivientes ha señalado en reiteradas ocasiones que existe una estructura conformada por familiares y amigos que obstaculizan la detención de Barreda, principal sospechoso por la desaparición de Cristina, y declarado en rebeldía por el juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro.
Editorial de Prensa Libre
La CICIG hace peticiones básicas
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que celebró ayer su cuarto aniversario, hizo algunos señalamientos de las necesidades del Estado guatemalteco para que en realidad se pueda combatir el flagelo cuya existencia mina de manera constante y peligrosa la misma organización político-social del país. Lo expresado por Francisco Dall’Anese es cierto, y si no es aceptado, el país se condena a mantener dicha falta de castigo a la criminalidad.
El comisionado de la entidad internacional auspiciada por la ONU pidió depurar los organismos de justicia existentes, crear la policía científica para investigar crímenes y una plataforma de información policial, así como fiscalías especializadas. También solicitó fortalecer el programa de protección a testigos, las relaciones internacionales del Ministerio Público, la unidad de métodos especiales de investigación, así como más intervenciones telefónicas y una reforma constitucional para fortalecer la independencia judicial, además de la promulgación de 16 leyes necesarias para cumplir todo esto.
En los momentos políticos que atraviesa el país, es importante señalar la necesidad de que los dos candidatos que se disputarán la Presidencia el 6 de noviembre se comprometan a impulsar estos cambios. Pero todas esas peticiones deben estar acompañadas de una solicitud similar firmada o apoyada por la mayor cantidad posible de sectores. Esto es importante para que el nuevo gobierno se sienta proclive a colaborar con la Cicig, pero además que el sistema de justicia se vea fortalecido y salga airoso de los casos recientes en que su profesionalidad e imparcialidad se han visto puestas en tela de duda por razones más que justificadas.
Uno de los puntos expresados por el jefe de la CICIG, que a juicio nuestro tienen más solidez, se refiere al problema de la afirmación de la impunidad porque el crimen organizado y el narcotráfico, a causa de la exagerada cantidad de dinero de la que disponen, puedan solucionar necesidades de la población. Con ello compran fidelidad y contribuyen a que se cree una red popular de información acerca de las acciones de las autoridades para que estas fracasen la mayor cantidad de veces posible y ello afiance, además, la desesperanza y la frustración del resto de factores de la sociedad.
La CICIG, indudablemente, y con ella la comunidad internacional representada en la ONU, deben tomar en cuenta la magnitud de la empresa de combatir la impunidad cuando un país simplemente no tiene capacidades para erradicar el crimen organizado. Ciertamente, algunos casos muy notorios han sido solucionados gracias a dicha entidad foránea, pero lo más importante debe ser que queden las bases para que esos éxitos aumenten en número cuando termine su período. La capacidad de la CICIG no es omnímoda, y por ello lo fundamental es realmente que la ciudadanía se sienta animada para que la lucha contra la impunidad sea efectiva; es decir, gracias a la confianza pueda servir como fuente de información para las autoridades, tanto policiales como judiciales.
Mi comentario: se debe reconocer que esta vez tiene razón el jefe de la CICIG. Aunque, por otra parte, los jueces a su vez alegan que la culpa de todo la tienen los fiscales del Ministerio Público (MP) porque no aportan suficientes pruebas fehacientes para que los jueces puedan resolver la culpabilidad de los implicados en los casos que plantean. ¡Y tienen razón! En cuanto al dramático caso de Cristina Siekavizza, es evidente que el esposo, Roberto Barreda -hijo de una ex presidenta de la CSJ, tiene alguna responsabilidad por cuanto ha desaparecido de la faz de la tierra con sus dos hijos. Lo que coincide con el hecho que en esos días su madre, la licenciada de Barreda. extrajo US$40 mil de su cuenta bancaria, los cuales cabe sospechar que le dio a su hijo para ayudarle a huir de Guatemala y de la Justicia. De acuerdo a la Constitución de la República, una madre no tiene obligación de declarar en contra de su hijo, pero es obvio que esta señora es cómplice de que su hijo haya escapado de Guatemala y de la justicia. Lo cual sí consiste en un delito. Con esto no estoy inculpando al señor Roberto Barreda, esposo de Cristina Siekavizza, de haber cometido un homicidio y que por esto huyó del país y anda prófugo. Pero es lógico pensar en que anda huyendo porque tuvo alguna participación en la misteriosa desaparición de la señora Siekavizza y sus dos hijos.
3) Dall’Anese y Robles chocan por la prensa
(tomado de Siglo Veintiuno)
Libertad de Expresión
Wendy Moctezuma
Durante el programa Despacho Presidencial, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Francisco Dall’Anese, reconoció que en países donde el poder judicial ha fallado, la prensa es el agente de cambio y señaló que algunos funcionarios se creen intocables.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, mencionó que hay ocasiones en que la prensa se cree intocable y comete excesos. El comisionado le respondió: “Tocar la libertad de expresión es como tocar a la virgen con las manos sucias”, y expresó que “si nos metemos con la prensa, no hay democracia”, por lo cual hay que tolerar esos excesos. (Fin de la nota)
Mi comentario: Sinceramente, creo que ambos tienen razón. Robles (un ex reportero convertido en alto funcionario de gobierno) al señalar que hay ocasiones en que la prensa se cree intocable y comete excesos, y Dall’Anese en que son algunos funcionarios los que se creen intocables. Es innegable que a veces los periodistas nos excedemos en el empleo de la libertad de expresión y de prensa, pero es preferible el abuso de la libertad de expresión que la supresión de la misma. El filósofo Thomas Jefferson, ex presidente de los Estados Unidos de América, dijo que si tuviese que escoger entre la Constitución de su país o la libertad de expresión y de prensa, preferiría conservar esta última.