* Ni delegados ni representantes
Los medios de comunicación del país han informado ampliamente de que “delegados o representantes de la sociedad guatemalteca” acompañan al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su viaje a Nueva York para solicitar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se prolongue su período y se le otorgue más apoyo. Pero hay que aclarar que esas dies personas no son ni “delegados” ni “representantes” de la sociedad guatemalteca, sino son simplemente personas particulares entre quienes hay algunos que desempeñan o han desempeñado algún importante cargo público, como son los casos del ex vicepresidente Eduardo Stein Barillas y del comerciante Peter Lamport, ex embajador en EE.UU. Pero ninguno de estos dos puede decir que es “delegado” –ni tampoco “representante”– de la sociedad guatemalteca. El primero porque ya dejó de ser vicepresidente de la República y ahora se dedica insistentemente a tratar de incrustarse en un alto cargo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el segundo ya no es embajador en Washington, ni siquiera está en el Cuerpo Diplomático, sino se dedica al lucrativo negocio de la venta de licores. Tampoco puedo creer posible que el licenciado Roberto Alejos Cámbara, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, esté participando en ese grupo en su calidad oficial, con la aprobación del pleno de ese organismo. Por otra parte, no encuentro ninguna justificación para haber llevado también a la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, a menos que haya sido para darle un toque folclórico al grupo por su vestimenta típica. Y mientras tanto habría que preguntar si todos los gastos están siendo pagados con dinero de los viajeros o del bolsillo de Castresana… o de los millonarios fondos que está manejando la CICIG.
Otra cosa que llama la atención es que entre los “avances” que dijo Castresana que había logrado en el tiempo que lleva en Guatemala al frente de la CICIG, hay varios casos que ya se habían hecho antes de su llegada. ¡Sólo faltaría que se adjudique también el haber capturado, procesado y fusilado a Miculax!
Este reportaje fue publicado hoy en Prensa Libre:
Delegación guatemalteca respalda a Cicig en ONU
Por Coralia Orantes
Foto Prensa Libre: EFE
Eduardo Stein, Rigoberta Menchú y Carlos Castresana, jefe de la Cicig, durante una conferencia de prensa en la Organización de Naciones Unidas, donde explicaron la importancia y logros de la Comisión en el país.
Postura: En Nueva York Carlos Casresana destaca logros contra la criminalidad
“Representantes de la sociedad guatemalteca pidieron ayer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que mantenga el respaldo y fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para que continúe la lucha contra el crimen organizado en el país.
Los 10 representantes guatemaltecos que participaron en una reunión efectuada en la sede de la ONU, en Nueva York, manifestaron su respaldo a la labor la CICIG y coincidieron en que los 18 meses que le quedan a esta instancia no son suficientes para desmantelar las estructuras clandestinas en el país.
Al encuentro asistieron César Barrientos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992; Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República; Roberto Alejos, presidente del Congreso; Francisco Jiménez, secretario técnico para el Consejo Nacional de Seguridad; René Valdés, coordinador del Sistema de la ONU en Guatemala; Anabella Sibrián, del consorcio de Organizaciones No Gubernamentales Plataforma Holandesa; Peter Lamport, ex embajador de Guatemala en EE. UU.; y Gonzalo Marroquín, director editorial de Prensa Libre y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Planteamientos
Al rendir en la ONU un informe de sus primeros dos años de gestión, Carlos Castresana, jefe de la CICIG, resaltó que se ha contribuido a separar del cargo a unos dos mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a un fiscal general, 10 fiscales de diferentes secciones y tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de enviar a prisión a 130 personas.
Resaltó el proceso contra el ex presidente Alfonso Portillo, en el que aparecen sindicados diez militares, y agregó que se llevó a prisión a un ministro de la Defensa y a uno de Finanzas.
El jefe de la CICIG apuntó que uno de los casos de trascendencia fue la investigación que permitió destituir y capturar a dos cúpulas de la PNC vinculadas con el narcotráfico.
“Estamos en una región donde las amenazas son obviamente transnacionales, y la respuesta debe ser transnacional también”, dijo Castresana.
Afirmó que los éxitos en la lucha contra la impunidad se deben a que existen policías, fiscales y jueces comprometidos en ayudar a cambiar al país.
“Hay un cambio de tendencia en Guatemala, que es posible porque tenemos el apoyo de la mayoría de la población”, apuntó.
Apoyo nacional
Los delegados guatemaltecos expresaron ayer su respaldo a Castresana y a la CICIG, ante los representantes de la ONU, países cooperantes y medios de comunicación, en varias jornadas que empezaron a las 9 horas y terminaron a las 20 horas.
Menchú indicó: “Estamos acá una delegación de distinguidas personalidades guatemaltecas para decirle a la comunidad internacional que la creación de la CICIG fue una decisión acertada, un mensaje contra la impunidad”.
Expuso que la destrucción de las estructuras clandestinas sirve para completar el proceso de paz que se inició con el fin del conflicto armado interno.
Stein dijo: “Hay una discusión sobre si solo es una extensión del mandato o si este debe ser reformado e incluir otros asuntos de impunidad general”.
El ex vicepresidente lanzó el reto de que la experiencia vivida en Guatemala se pueda ampliar a países como El Salvador, Honduras y México, ya que los problemas de criminalidad tienen nexos regionales.
Stein opinó que hay fuerzas dentro de la vida política empeñadas en impedir los cambios legislativos impulsados por la CICIG, que incluyen una reforma de la Constitución.
“Nuestra actual Constitución ya no es suficiente; tiene demasiadas limitaciones”, enfatizó.
Alejos señaló que no sabe cuánto tiempo más la ONU podría ampliar el mandato de la Comisión, pero que este es necesario para terminar de fortalecer los procesos de cambio en Guatemala.
Marroquín puntualizó en la necesidad de que la CICIG sea más independiente de los poderes del Estado durante el resto de su mandato.
“Necesitamos que una CICIG fuerte, y sobre todo muy independiente de los poderes del Estado guatemalteco, pueda ayudarnos a abrir la brecha y terminar con la cultura de impunidad”, exhortó el director de Prensa Libre.
Avances
Carlos Castresana, jefe de la CICIG, presentó los logros obtenidos en sus dos años y medio de labor.
> Resaltó la separación de unos dos mil agentes de la Policía Nacional Civil, de un fiscal general y 10 encargados de unidades específicas del MP; tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el haber enviado a prisión a 130 personas.
> Indicó que uno de los principales logros fue haber procesado al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), además de un ministro de la Defensa y uno de Finanzas.
> Destacó la acción de llevar a la cárcel a dos cúpulas de la Policía Nacional Civil (PNC), por su vinculación con el narcotráfico.
> Castresana afirmó que los éxitos alcanzados en la lucha contra la impunidad se deben a que existen policías, fiscales y jueces guatemaltecos comprometidos en ayudar a “cambiar al país”.
> El jefe de la Cicig también se refirió a la necesidad de una respuesta “transnacional” a la amenaza de narcotraficantes y el crimen organizado que operan en varios países de la región”. (Fin del reportaje de Prensa Libre)
También este reportaje publicado en Prensa Libre:
Castresana pide reformas a Guatemala para abordar sus “males estructurales”
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, dijo este miércoles que el país debe acometer profundas reformas en sus sistema jurídico y policial para abordar “males estructurales” que han contribuido a su indefensión ante el crimen organizado.
“Hasta ahora lo que hemos hecho es lo quirúrgico, hemos cambiado aquellas cosas que eran imprescindibles para poder hacer nuestra tarea. Lo que le estamos diciendo ahora a Guatemala es que algunos de los males son estructurales”, explicó el jurista español en una entrevista con la agencia española de noticias EFE.
Los cambios que pide son “de fondo y requieren de un enorme consenso político”, por lo que instó a los tres poderes del Estado, así como a los partidos políticos de todas las tendencias, a sumar esfuerzos para llevarlos a cabo.
El magistrado español acompaña esta semana a una delegación compuesta de políticos, periodistas, activistas y juristas guatemaltecos que se ha reunido con los países donantes de Naciones Unidas para transmitirles el apoyo con que cuenta la labor de la Comisión en la sociedad guatemalteca.
Castresana se muestra satisfecho con los logros alcanzados por la institución que dirige en sus dos años y medio de funcionamiento, en los que han contribuido depurar a la policía nacional y enjuiciar a figuras poderosas como un ex presidente y magistrados de la Corte Suprema.
Al mismo tiempo, advirtió: “A medida que hemos acumulado éxitos, también hemos cultivado más enemigos”, que se resisten a la reconocer la labor de la Comisión.
Castresana señaló que ha pedido sin éxito la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la ampliación del número de fiscales que trabajan con la CICIG, algo que tampoco se ha logrado.
Entre los cambios que la comisión promueve están la ampliación a entre 48 y 72 horas el período que se puede tener detenido a alguien sin cargos, como en la mayoría de democracias, en lugar del máximo de seis (horas) que establece la legislación guatemalteca.
También considera “un disparate” que los allanamientos solamente se puedan practicar de las 6 a las 18 horas, en lugar de durante las 24 horas del día.
“Es muy difícil combatir el crimen organizado con normas que parecen de caballero británico. Las zonas donde se mueve el crimen organizado no están precisamente pobladas de aristócratas”, apuntó.
En el ámbito del poder judicial, insistió en la necesidad de cambiar los mecanismos de postulación de los miembros de los órganos judiciales, que a menudo son causa de escándalo, así como de ampliar los años de mandato de los jueces.
“La Corte Suprema se cambia entera cada cinco años. Eso es un disparate, no ocurre en ningún otro sitio”, afirmó.
Castresana advirtió de que la CICIG, fruto de un acuerdo en 2007 entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas, es “una intervención de emergencia” cuyas responsabilidades, tarde o temprano, deberán asumir las instituciones de este país.
“Si te acostumbras a ir en muletas, te quedas cojo para siempre”, señaló el magistrado, quien recordó que la extensión del mandato de la Comisión más allá de septiembre de 2011 dependerá del secretario general de la ONU y del presidente de Guatemala.
En caso de que se prorrogue el mandato de la CICIG, recomendó que se amplíe su objetivo más allá de la misión actual, que es el “desmantelamiento de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, para incluir delitos más genéricos como la corrupción o el crimen organizado.
También abogó por reforzar el estatuto jurídico de sus empleados, tanto internacionales como guatemaltecos, para equipararlo al de los trabajadores de Naciones Unidas, tanto en el terreno de la inmunidad como en el de las prestaciones económicas.
Para Castresana, el ambiente hostil al que se enfrenta la Comisión se refleja en el hecho de que la mitad de su presupuesto, que ronda los US$15 millones anuales y es financiado por la comunidad internacional, se invierte en medidas de seguridad.
“Estando allí, los riesgos son mayores, pero los resultados también. Es imposible arreglar África desde La Haya, para que nos entendamos”, observó.
En su opinión, el modelo de la CICIG se puede replicar en otros países de la región, que también sufren altos índices de impunidad y crimen organizado, pero advirtió de que debe hacerse respondiendo a las circunstancias de cada lugar: “No hay dos enfermos iguales”, señaló.
* Sandra de Colom acudió al Congreso
Después de haberse negado empecinadamente a aceptar primero la invitación y después la citación de la jefa de la bancada del Partido Patriota (PP), diputada Roxana Baldetti Elías, para acudir al Congreso de la República para explicar en qué se están gastando muchos millones de quetzales en el Proyecto de Cohesión Social del cual hasta ayer ella era la coordinadora, por designación del Acuerdo 79-2008 del Poder Ejecutivo, que fue reformado el 09 de junio del 2008 por el Acuerdo gubernativo 155-2008 en el que fue nombrada presidenta. Finalmente aceptó la invitación de los bloques de diputados que no son de oposición, y ayer acudió al Congreso para sostener una plática con ellos y después ofrecer una conferencia de prensa en la que puso de manifiesto, una vez más, que tiene muy mal carácter, es intolerante y no responde a las preguntas que le desagradan.
El título del reportaje de Leonardo Cereser y Claudia Acuña sobre este hecho, que publica Prensa Libre de hoy se titula: “Torres recibe aplausos y la denuncian por dos delitos”.
El texto del reportaje no lo voy a reproducir.
Y el reportaje de Siglo Veintiuno se titula Relevan a De Colom de presidencia de Cohesión
Gobierno modifica acuerdo que nombra a Sandra Torres como titular del Consejo de Cohesión Social.
Sustitución de la primera dama se decidió poco después de que el PP la denunciara por no acudir a citación.
Rafael Rosales/S21
SIN PROBLEMAS. Sandra de Colom salió bien librada de la invitación que le hizo su partido y los bloques aliados.
Byron Vásquez. Suseth Casasola
Torres llega a jefes de bloque, el PP presenta denuncia en su contra
Los diputados del partido opositor aseguran que ha cometido los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia al no asistir a la citación de bancada.
“Esta era la oportunidad para que conocieran el trabajo”, dijo Torres al referirse al PP.
Kenia Reyes
Ayer, mientras la esposa del Presidente, Sandra Torres, exponía el trabajo del Consejo de Cohesión Social (CCS) en la instancia de jefes de bloque del Congreso, una denuncia era presentada en su contra en el Organismo Judicial, por no presentarse a la citación de la bancada del Partido Patriota (PP).
Los diputados del PP antes de decidir presentar la denuncia contra Torres por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia, esperaron por una hora a que ella llegara a la bancada. Ese fue el mismo tiempo que Torres usó para informar a los jefes de bloque –del partido oficial y las bancadas aliadas– la forma en que se desarrolla el trabajo de todos los programas coordinados a través del CCS.
“Lo que nosotros queremos es despejar las dudas que como oposición tenemos, pero desde ayer -lunes- habíamos escuchado al vocero de Cohesión anunciando que ellos no vendrían. Lo que nos parece raro es que a la invitación que le hicieran algunos jefes de bloque sí aceptara venir”, dijo Roxana Baldetti, jefa de la bancada del PP.
El expediente contra Torres fue trasladado al Juzgado Undécimo de Instancia Penal, donde se llevará el control del proceso. Ahora se deberá esperara que el juez califique si existen o no los delitos por los cuales esdenunciada la esposa del mandatario, de haber indicios de un ilícito, mandará el proceso al Ministerio Público.
Baldetti indicó que está clara la posición de la Coordinadora del CCS de no querer dar cuentas a los partidos de oposición sobre el trabajo que realizan en estos programas. “Será en los tribunales donde se haga justicia”, señaló.
TAN LEJOS Y TAN CERCA
Mientras los patriotas criticaban la inasistencia de Torres a la bancada, ella se presentaba a la instancia de jefes de bloque acompañada por los ministros de Salud, Cultura, los viceministros de Finanzas, Educación, además de los secretarios de Fonapaz, Segeplan, entre otros funcionarios de Gobierno.
Allí se dedicó a explicar a los diputados los logros que cada entidad del Estado ha tenido por su trabajo a través de los 14 programas que maneja el CCS. Además, aprovechó su visita para solicitar apoyo financiero a los congresistas para las instituciones que manejan los fondos para este tipo de proyectos.
José Miguel Lam/El Periódico
BALDETTI (al centro) tras la presentación de la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.
* Relevan a De Colom de presidencia en Cohesión
Gobierno modifica acuerdo que nombra a Sandra Torres como titular del Consejo de Cohesión Social.
Sustitución de la primera dama se decidió poco después de que el PP la denunciara por no acudir a citación. Byron Rolando Vásquez bvasquez@sigloxxi.com
El Ejecutivo modificó el Acuerdo Gubernativo 79-2008, que crea al Consejo de Cohesión Social (CCS), y releva de la presidencia de la entidad a la primera dama, Sandra Torres de Colom.El artículo 3 del citado Acuerdo, el cual fue modificado el año pasado por medio del Acuerdo Gubernativo 155-2009, establecía que “la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social será presidida en forma ad honorem por la Esposa del Presidente de la República”.
En la nueva disposición, que sería publicada hoy en el diario oficial y entraría en vigencia mañana, Torres es sustituida como titular del CCS por el presidente Álvaro Colom.
La decisión de reemplazar a Torres se tomó poco después de que el Partido Patriota (PP) la denunció penalmente por no acudir a la citación que se le hizo en su calidad de presidenta del CCS. La bancada presidida por la diputada Roxana Baldetti la citó por las dudas en los manejos financieros de los programas que coordina Cohesión Social.
Cumple advertencia
Baldetti cumplió la advertencia que le hizo a Torres de que si no llegaba a esta nueva citación la denunciaría penalmente.
Tras la inasistencia, la parlamentaria se dirigió a la Torre de Tribunales, y en Gestión Penal presentó la querella contra Torres, a quien señala por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia (vea: Acción penal).
Baldetti indica que la base para accionar contra De Colom es su designación como presidenta del CCS. Dejó claro que en este caso no se está irrespetando su investidura como primera dama. Según el Código Penal la pena máxima por los delitos que le imputan a Torres es de tres años de prisión, por incumplimiento de deberes y multa de Q50 mil, por desobediencia.
Exposición con aliados
Torres no acudió a la citación del PP, pero sí asistió a la invitación que le hizo el partido oficial y los bloques aliados para exponer la situación de los programas como Mi Familia Progresa que coordina el CCS.
De Colom llegó al Congreso a las 7:45 horas, pero ingresó al Salón del Pueblo unos 25 minutos después. En la sala ya estaban más de 25 funcionarios y empleados públicos relacionados con los programas de CCS.
Torres hizo una exposición sobre las bondades de los programas sociales durante una hora y media.
Durante la reunión, en no menos de tres ocasiones, Torres afirmó: “Estoy aquí por mi propia voluntad; no soy funcionaria pública; no soy cuentadante; no recibo ningún sueldo, mi compromiso es con el Presidente, con los más pobres y quiero rendir cuentas”.
Tras la exposición de la primera dama, Gabriel Heredia, diputado de la Gana, y presidente en funciones del Congreso, reiteró el agradecimiento a Torres. “Gracias por haber atendido nuestra cordial invitación”, dijo y tímidamente agregó: “¿No sé si los diputados tienen alguna inquietud?”. Como nadie de los presentes cuestionó nada, el congresista añadió: “Se dan por satisfechos de la información, todo quedó claro en cuanto a las funciones de Cohesión”.
A los agradecimientos se sumó el diputado de la Gana Manuel Barquín, quien incluso aplaudió la presentación.
Tras finalizar la actividad, Torres respondió a algunas interrogantes de los periodistas, no sin antes ordenar al subsecretario de Comunicación Social, Francisco González, que sólo admitiera 4 preguntas. Sobre la denuncia presentada por Baldetti dijo: “La desconozco; no me quisiera anticipar, pero ellos están en su derecho”. Ante la ausencia del PP durante su exposición, se quejó: “Sucedió lo que sospechábamos, que no ha habido un genuino interés por conocer los programas; ha habido un interés partidario y politiquería”.
Al cuestionar por qué no acudió a la citación del PP, la cual le fue notificada desde hace una semana, pero sí fue a la “invitación” que se le hizo pocas horas antes, se exaltó y dijo: “Perdón, otra pregunta”, pero el periodista insistió: “Yo le estoy haciendo esa pregunta”, Torres replicó: “Ya le contesté y le voy a contestar lo mismo”.
Sobre la exposición de Torres con los diputados aliados de la UNE, Baldetti afirmó: “La intención era desviar la atención; lo que se está dando es una reunión entre compadres hablados, nosotros lo que queríamos era una fiscalización”.
Sobre la denuncia contra su esposa, el presidente Álvaro Colom declaró: “Es responsabilidad de ellos. Será el MP o donde la hayan puesto, quien resuelva”.
Lo que dicen los abogados
> El abogado litigante, Bryan Palacios, explica que ella no fue electa como funcionaria pública, su verdadera investidura es para dirigir la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Señala que el punto es que se ha desviado la función de ella y no ha existido alguna institución que frene esta situación. “Aquí a quien deben llamar para que rinda cuentas es a aquellos funcionarios a cargo de los programas y a ella se le debe delimittar su función”, indica.
> Ricardo Sagastume, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, advierte que en el Consejo se pretende simular que ella no da órdenes o -crea- políticas a seguir; lo preocupante es que se está desarrollando una estructura paralela que socavaría la gobernabilidad de las instituciones públicas. Agrega que Torres tiene la responsabilidad de asistir a las citaciones que se le hagan en el Congreso.
* Gobierno modifica acuerdo para que Torres no sea citada al Congreso
La esposa del presidente, Sandra Torres de Colom, ya no será más la “Coordinadora del Consejo de Cohesión Social”, con lo cual el Ejecutivo busca evitar que haya fundamento legal para que sea citada al Congreso.
El Gobierno publicó este miércoles el Acuerdo 118-2010 que modifica el 79-2008, el que dio vida a Cohesión Social, para que la coordinación de esa entidad esté a cargo del presidente de la República y ya no la esposa del presidente. Sin embargo, el acuerdo deja abierta la puerta para que Torres ocupe el cargo al establecer que en caso de ausencia temporal del presidente, presidirá el consejo la persona que éste designe. En el programa (de radio) Despacho presidencial el gobernante justificó el cambio al afirmar que con él al frente de Cohesión Social se evolucionará hacia la institucionalidad, aunque resaltó que Torres “siempre estará con nosotros”, de quien dijo, es “su brazo derecho”.
Aunque Colom mencionó que el cambio de Torres en Cohesión Social se había evaluado desde tiempo atrás, ocurre un día después de que ella llegara al Congreso para recibir los aplausos de los aliados al partido oficial y antes de que avancen las acciones legales que ayer interpuso el Partido Patriota (PP) en su contra por no comparecer a las citaciones de esa bancada.
Comento: No cabe duda de que esta pareja que gobierna a nuestro país cree que se puede pasar de lista y que está gobernando un pueblo de babosos, pero no toman en consideración que si Sandra Torres Casanova de Colom ya acudió una vez al Congreso en la calidad de Coordinadora del Programa de Cohesión Social, también tendrá que hacerlo obligadamente cuando sea citada como ex Coordinadora del Programa de Cohesión Social para explicar lo que hizo cuando todavía estaba vigente su nombramiento. Y desobedeció la citación del Congreso cuando aún desempeñaba esa función, de manera que tendrá que responder por haber cometido entonces el delito de desobediencia. Aún en su calidad personal podría ser citada por el Congreso y tendría que asistir.