MISCELÁNEA DEL 21/02/17

1.- La CICIG está agitando el cotarro

Otra vez pretenden dividir el país

Casi al final del conflicto armado interno, las fuerzas guerrilleras dirigidas por “comandantes” de ideología marxista leninista, unificados por órdenes del dictador Fidel Castro en la Unión Revolucionaria  Nacionalista Guatemalteca (URNG) cuando ya estaban perdiendo la guerra, solicitaron a varios de  los países que les apoyaban que les proporcionaran ayuda económica y les vendieran armas, pero se encontraron conque no podrían hacerlo mientras las fuerzas subversivas no tuviesen beligerancia, o sea que hubiesen tomado posesión de una parte del territorio nacional para declararse independientes y ser reconocidos por algunos países, y entonces trataron de posesionarse de una franja de territorio de Huehuetenango, Quiché, Sololá y Chimaltenango, pero jamás lograron dominar completamente la zona y no pudieron fundar una nueva nación para obtener beligerancia. Solo el gobierno de Francia se empeñó en hacerlo y solicitó al gobierno mexicano que se uniera, pero a pesar de la aprobación del entonces canciller mexicano Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, de ideología marxista, quien tenía simpatía por la subversión guerrillera guatemalteca, pero el presidente de México, licenciado José López Portillo, no lo aceptó, gracias a la buena amistad que tenía conmigo que por entonces era Embajador de Guatemala. Y los guerrilleros no lograron obtener beligerancia. Pero lo que entonces no obtuvieron las fuerzas de izquierda marxista, están tratando de obtener ahora con la aprobación de las reformas constitucionales.

Es evidente que ciertos elementos de izquierda, con el apoyo del Comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque y de la Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana están agitando el cotarro para que grupos indígenas se manifiesten públicamente en favor de las reformas constitucionales. Al extremo de aconsejarles ir a tocar la puerta de Casa Presidencial para exigir hablar con el Presidente Jimmy Morales Cabrera. Lo cual ya hicieron.ivan-velasquez-promoviendo-la-reforma-constitucional Como puede verse en esta foto para la cual posaron en este “selfie” las “autoridades indígenas” con el fiscal colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG. Me recuerda a la anécdota que se le atribuye al famoso cazador de búfalos y aventurero estadounidense James Butler Hickok (27 de mayo de 1837al 2 de agosto de 1876), llamado Wild Bill (“Bill el Salvaje”), de quien se dijo que en una ocasión declaró que su secreto para salvar la vida había sido que cuando se vio rodeado de indios por todas partes, para salvar la vida se convirtió en indio.

Por otra parte, a quienes les interese conservar a nuestra patria, les recomiendo que lean el interesante artículo de hoy de Antonio Mosquera Aguilar en Prensa Libre titulado “En reunión secreta se planeó sitiar a Guatemala”, y el subtítulo: “Cita de militares, diplomáticos y asesores de EE.UU. y México evaluó cursos de acción adversos al país”. Si eso no les preocupa, no se qué podría asustarles. Les recomiendo que lo lean.

Ayer, en el Congreso de la República, en la sesión de jefes de bloque, se vieron las agendas de trabajo para hoy (martes) y jueves, en sesiones ordinarias, pero se volvió a programar para el miércoles la reforma constitucional. La izquierda quiere introducir más enmiendas al artículo 3o, que reforma el artículo 203 de la Constitución Política de la República, a pesar de que, en la sesión pasada, perdieron el voto para hacerlo.

En puntos varios, el diputado Fernando Linares Beltranena expresó su preocupación porque el Comisionado de la CICIG, el fiscal colombiano Iván Velásquez siga llegando al Congreso, violando con ello su Mandato, la Convención de Viena y el artículo 137 de la Constitución Política de la República.

Ayer, en el salón de Junta Directiva, llegaron tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Delia Dávila, Baquiax y Ranulfo Rojas.  Al Magistrado Baquiax le preguntaron qué pasaría si se desecha el artículo de la jurisdicción indígena y contestó que “nada”, pues seguirán con sus mediaciones consuetudinarias como siempre.  Con relación a las reformas del sector justicia, les preguntaron si, como las reformas tratan de la administración de la Corte,  esta administración no se podría regular con reformas a la ley orgánica, la Ley de la Carrera Judicial. Estudiarán las reformas, pues no las tenían, y nos contestarán.   Walter Felix, de URNG, dijo que preferiría que pospusiéramos la discusión hasta oír a los magistrados.  Hace pensar que, ahora que la izquierda sabe que va a perder la jurisdicción indígena, quizás les conviene alargarlas, crear incertidumbre en lo que la neo-guerrilla causa estragos en el interior del país y que, en el río revuelto, ganen algo.

2.- NUEVA TIRANÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL.

Enmascarada con el antifaz de la necesidad de separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, se esconde en la iniciativa de reforma judicial elaborada por los jefes de la CICIG, EL MP Y LA PDH, la cooptación de la facultad nominadora de magistrados de las tres cortes del sistema judicial.

No han podido ocultar que lo que se pretende es eliminar las Comisiones de Postulación de candidatos a magistrados, las cuales son mucho más difíciles de cooptar, por estar representados en ellas sólidas instituciones de gente pensante.

La estrategia ha sido demonizar y satanizar a estas instituciones y a sus representantes, quienes son los llamados a integrarlas, sindicándolos de todos los males que sufre el sistema de justicia.

Las Comisiones de Postulación, de acuerdo con los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, se integran así: cuando se trata de elegir candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por: a)Un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside; b)Los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país; c)Un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; y d)Por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría.

En el caso de la selección de Magistrados de la Corte de Apelaciones, la Comisión de Postulación se integra con los mismos representantes, con la salvedad que los representantes de la Corte de Apelaciones, son sustituidos por representantes de la Corte Suprema de Justicia,

Es indudable que para tomar esta importantísima, delicada y trascendental decisión, la Asamblea Nacional Constituyente seleccionó, entre todas, aquellas instituciones cuya tradición, relación y conocimiento del mundo jurídico nacional, es innegable y ampliamente reconocido.

Es difícil pensar que pueda haber instituciones y personas más calificadas para escoger a los magistrados del sistema de justicia de nuestro país.

En la iniciativa de reforma constitucional que los tres funcionarios mencionados al inicio de esta reflexión, redactaron e impulsan en el Congreso de la República, con la peregrina excusa de que con ella se terminará con la corrupción, quieren eliminar las Comisiones de Postulación, y dejarle la facultad nominadora de candidatos a ambas cortes, a una entidad que le han venido cambiando nombre, pero ahorita se conoce como CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA, aunque ya se sabe que por tercera vez piensan, cambiarle el nombre y llamarlo CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO JUDICIAL, como que el nombre cambiara automáticamente el contenido.

La sindicación de cooptación por tráfico de influencias, del que se ha pretendido señalar a las Comisiones de Postulación, también incluye, por supuesto, a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y tribunales colegiados, quienes también las integran con un número de representantes igual al número de Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales, e igual al número de representantes de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Pero ahora los proponentes de la reforma constitucional, por arte de magia, han decidido que el único santo inocente de todos los satanizados miembros de las Comisiones de Postulación, es el Organismo Judicial y que este es el que debe designar otra especie de comisión postuladora que denomina CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, que será la que designe a los candidatos a magistrados de las dos cortes mencionadas, y cuyos miembros con infalible escogencia, enviaran una lista de congraciados al Congreso de la República, para que este les dé su bendición.

Los canonizados beatos de ese santulón Consejo de la Carrera Judicial, serían de manera abrumadoramente mayoritaria, pecadores absueltos de culpa por el ORGANISMO JUDICIAL, para la Dirección de la Carrera Judicial, cuya función será designar a los candidatos a magistrados de ambas cortes: a) Un juez de paz, b) Un juez de primera instancia; c) Un magistrado de la Corte de Apelaciones; d) Un abogado nombrado por dos tercios de la Corte Suprema de justicia; d) Tres profesionales de carreras no jurídicas, escogidos por los anteriores. Que tal.

No cabe duda de que este desastroso empeoramiento de la designación de magistrados, por uno sólo de los miembros de las actuales comisiones de postulación, el Organismo Judicial, es un insulto sin precedentes al sistema de justicia y al pueblo de Guatemala.

Fuera de estar estructurando un monopolio para la designación de magistrados en un organismo del estado que, por elemental ética, debiera ser el único que no debiera participar en la selección- ya que es juez y parte en el proceso- no puede haber peor ocurrencia que un juez de paz, un juez de primera instancia y tres profesionales de ramas ajenas al conocimiento del derecho, sean los más indicados para calificar la capacidad, idoneidad y honradez de profesionales del derecho con los más altos indices de conocimiento y experiencia en el mundo del derecho.

También resulta que al juez de paz, al juez de primera instancia y los tres profesionales de otras disciplinas, por el simple hecho de formar parte de este ente, se les conceden todas las prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir se eleva a estos funcionarios inferiores y profesionales extraños al derecho a la categoría de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto no tiene precedente alguno en los anales de la historia del derecho, es descabellado e inaudito.

Si esta no es una propuesta completamente absurda, e indigna de una iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia, difícilmente habrá otra que pudiera serlo.

Pero aún hay más: resulta qué, no contentos con atribuirle a esta brillante Dirección de la Carrera Judicial del Consejo Nacional de Justicia, el monopolio de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, también se le adjudica en ese proyecto de reforma constitucional la facultad de aprobar la lista de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. No hay pues autoridad judicial alguna cuya designación no dependa de un juez de paz, un juez de primera instancia, un magistrado de la Corte de Apelaciones, y tres profesionales de otras disciplinas ajenas al derecho.

Es con esta insostenible propuesta de reforma constitucional, que se piensa mejorar el sistema de justicia en Guatemala, según la CICIG y sus demás compinches.

3.- ¡Qué vergüenza!

No puedo creer que “el Colegio de Abogados y Notarios” (CANG) haya podido autorizar esto y estoy seguro que lo ha publicado el presidente saliente de la Junta Directiva, Marco Antonio Sagastume Guemmell, porque es coyote de la misma loma, pero sin el consenso de los agremiados, porque estoy seguro que ellos no lo habrían autorizado, porque es servil a la Jefa del Ministerio Público y al Comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.
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4.- Tomado de Revista Crónica

ENRIQUE DE LEÓN: La Nación merece reflexión

Por Enrique de Leon / edeleon@cronica.com.gt

No nos equivoquemos. Nuestra Constitución Política de 1985 fue promulgada con suficiente proyección a futuro e igualmente fue consensuada entre los tres principales estamentos ideológicos de entonces, así, sus enunciados permanecen actuales y consistentes y son motivo de orgullo nacional; por lo que no debe correrse el riesgo de reformarla apresuradamente en un momento tan convulso en el que priva la polarización oportunista y la desinformación. Tal acción podría derivar en un caos mayor; el reino de la corrupción podría ensancharse e intentar cambiar la historia de orden y justicia que pretendemos construir.

Es innegable que el sector justicia requiere de transformaciones integrales y que las comunidades indígenas, con sus mecanismos consuetudinarios de resolución de conflictos, prosiguen contribuyendo a la estabilidad social de aquellos territorios en donde el Ministerio Público y los Tribunales aún no tienen la posibilidad de acudir.

Por esto mismo hago un llamado a la sensatez de los guatemaltecos responsables, aquellos que entienden que no es prudente asumir decisiones de tal relevancia instigados por el miedo, los intereses mezquinos, ideológicos y raciales.

Por el contrario, es tiempo de hacer un alto para retomar nuestro camino para la reconstrucción de nuestra sociedad; para luego instaurar un diálogo respetuoso, SIN PREMURAS NI PRESIONES. Talvez, como resultado del mismo, no se produzcan más que reformas a las leyes ordinarias o de algún otro tipo…; pero que cualquiera cambio, por grande o pequeño que sea, provenga de la sana reflexión y la decencia de quienes realmente nos importa el bienestar de nuestra GUATEMALA UNIDA Y NO MAS DIVIDIDAEnrique de León Asturias, Diputado al Congreso de la República    

5.- Interesante video que está circulando

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