1.- Conmiseración humanitaria
Sé que me expongo a ser mal interpretado por quienes puedan creer que mi intención es convertirme en defensor de oficio del ex presidente Otto Fernando Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías –¡líbreme Dios de hacerlo!–, pero quiero exponer lo que pienso sobre este caso.
Debo comenzar por decir que el susodicho militar nunca me simpatizó desde el día que le conocí porque nuestro primer encuentro fue muy desagradable, cuando él desempeñaba el cargo de Jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente Ramiro De León Carpio, porque tuvo una actitud de típico “chafarote”, intolerante, prepotente y abusivo en ocasión de la boda del hijo del mandatario en la finca presidencial Santo Tomás, en el departamento de Escuintla, al ordenar a sus subalternos que cacharan a todos los invitados para comprobar que no estaban armados. Y nunca volví a verle mientras fue presidente de la república, a pesar de que por mi oficio siempre había sostenido cierto grado de relación con los anteriores mandatarios que hemos tenido. Pero hablar con él nunca me llamó la atención, ni mereció mi interés, porque me daba la impresión de ser en extremo vanidoso, poco inteligente y escaso de cultura.
Y en cuanto Roxana Baldetti, la conocí cuando trabajaba en el noticiero de televisión Aquí el Mundo del periodista Mario David García, y posteriormente vino a mi casa a almorzar alguna vez cuando todavía era diputada y jefa de la bancada del partido mal denominado “Patriota”. Entonces todavía era una mujer atractiva y simpática. Pero jamás volví a verla personalmente, ni hablé con ella cuando ya era vicepresidenta de la república. Aunque me disgustaba su exagerada arrogancia, prepotencia y ambición de poder y fortuna, así como su abuso de poder con sus acostumbradas largas caravanas de guardaespaldas de la que se hacía acompañar. Y me reí muchas veces que hizo declaraciones desafortunadas, por ser tan torpes o cínicas, como cuando dijo que “juraba por la memoria de su madre, que ya está muerta, que nunca se ha robado un centavo” o cuando visitó el hospital Federico Mora para enfermos mentales y al salir declaró que dicho centro “es re bonito”. Y cuando dijo después de visitar al papa Francisco en el Vaticano que “es más barato ir a Europa que a Petén”.
Sin embargo, cuando la CICIG les denunció por su supuesta participación en la mafia del contrabando denominada “La Línea”, me pareció imperdonable, pero lamenté que Guatemala hubiese tenido que soportar la vergüenza de tener mandatarios tan corruptos. Pero, al mismo tiempo, me compadecí del general Pérez Molina al comprobar hasta dónde puede llevar la pasión por una mujer a un general del Ejército de Guatemala con un historial profesional como el suyo. Y hasta dónde puede llevar a una mujer su ambición desmedida por el poder y la riqueza.
Pero cuando se vieron obligados renunciar a sus cargos por presión popular, sentí compasión tanto por ellos como por nuestro país. Y ahora me causa conmiseración humana verles guardando prisión supuestamente “preventiva” (cárcel es cárcel) y siendo objeto del odio nacional. Sobre todo ella, con su mala salud, lo cual todos ponen en duda y nadie siente compasión por ella, pero ha sido rechazada de varios hospitales, desde que en un hospital privado contrajo una bacteria difícil de combatir y le tuvieron que poner un catéter en una vena que le ha complicado la vida. De hecho, un amigo mío adquirió esa misma bacteria en el mismo hospital privado y también le tuvieron que poner un catéter que le causó una infección, por lo cual desde entonces ha tenido que tomar fuertes antibióticos. Pero la Baldetti se hizo merecedora del odio concentrado de la opinión pública, y a Pérez Molina se le ve con tristeza porque su apasionada entrega a una mujer no le permitió demostrar si merecía ser presidente de la república.
Sin embargo, no se debe olvidar la preeminencia constitucional de que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Y creo que se debería tener un poco de respeto por la dignidad de los cargos que ocuparon y para los cuales fueron electos. Pero temo que en este caso no se está observando el principio de igualdad para todos porque es obvio que el mayor ingrediente que hay en este juicio es político.
No obstante, tengo la impresión de que no se les está dando un trato justo, porque en sus casos no ha privado el principio constitucional de presunción de inocencia. Y antes de haber sido oídos y vencidos en juicio ya se les está aplicando la Ley de Extinción de Dominio que en opinión de muchos viola la Constitución de la República porque es muy compleja y, sobre todo, porque obliga a los acusados probar la licitud de sus bienes y no son los investigadores del MP quienes deben demostrar lo contrario. Claro que es una ley injusta, pero es una ley y está vigente, por lo que hay que cumplirla.
La Constitución Política de la República establece en su artículo 12 que “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”.
La Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010 del Congreso de la República) que controla el Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, es una ley voraz inspirada en una ley que se estableció en Colombia por los casos de los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela, como parte de los compromisos adquiridos con el gobierno de los Estados Unidos de América, como muchos otros compromisos que suscriben nuestros gobernantes sin pensar el alcance que tienen para la generalidad de guatemaltecos.
La extinción de dominio es un hibrido dentro de un proceso penal como tal y tiene sus etapas procesales bien establecidas. Hay un momento de aportación de prueba y de contradictorio, pero quien decide es el Juez y, como es bien sabido, actualmente la independencia judicial está siendo socavada. Es mas, desde hace algún tiempo no existe independencia judicial porque no hay un juez que se atreva a dar una sentencia que contradiga a la CICIG. ¡Dios le libre!
2.- Dále con los abogados ticos
Foto ContraPoder
Se ha seguido discutiendo en los medios de comunicación y por las redes sociales el caso de los abogados costarricenses Christian Ulate y Cristian Gamboa, que renunciaron de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para establecer una oficina de consultoría, financiada por el empresario guatemalteco José María Coma, para aprovechar su expertise para dar asesoría legal a quienes la requieran. Y algunas personas han pegado el grito en el cielo calificándolo de “falta de ética” porque mientras trabajadorn en la CICIG ellos se enteraron de muchos casos de los que se podrían valer en su desempeño como asesores. Quienes dicen esto no saben que cuando fueron contratados en la CICIG aceptaron un pacto de confidencialidad que no pueden violar sin riesgo de ir a parar a la cárcel. El colmo ha sido que el Ministro del Trabajo, el ex guerrillero Oswaldo Enriquez, declaró que al dejar de trabajar para esa entidad de la ONU perdieron su visa de cortesía y si ahora desean trabajar en lo particular no se les extenderá permiso de trabajo. Es evidente que perdieron la visa de cortesía como funcionarios de la CICIG, desde el momento que renunciaron, pero es lamentable que el ministro de Trabajo ignore que ambos son nacidos en Costa Rica, una parcela de Centroamérica, y la Constitución Política de la República les cataloga como guatemaltecos de origen, y para trabajar solamente deben cumplir los trámites correspondientes, por lo cual tienen los mismos derechos que todos los nacidos en Guatemala y podrían desempeñar cualquier cargo publico, inclusive el de Presidente de la República. Además, ambos están casados con guatemaltecas y tienen hijos guatemaltecos. ¿No les basta esto?
Para acabar de preocupar a quienes se han escandalizado por esto, se les ha unido el ex fiscal del MP Danilo Flores, quien renunció al MP y, aun no confirmado, también José Antonio Morales, quien era jefe de la agencia 4 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien tuvo a su cargo el caso de los vinculados en el caso La Linea.
Pero creo que es injusto que se les satanice por tartar de ejercer su profesión en el sector privado después de haber servido varios años a la CICIG.
Twitter@jorgepalmieri