1.- Devolución del “Bono Revolucionario”
El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Héctor Hugo Pérez Aguilera envió esta carta a la Presidenta de esa entidad, licenciada Gloria Patricia Porras Escobar (quien decretó el controversial “bono revolucionario”) para devolver lo que le tocaba del discutido “Bono Revolucionario”. El primero en devolverlo fue el magistrado Roberto Molina Barreto y después el magistrado Pérez Aguilera. Y tras de él lo devolvieron también la magistrada presidenta Porras Escobar y el magistrado Mauro Chacón. Felicito a todos y me alegra. El pueblo se los reconocerá.
El texto de la carta dice:
Guatemala, 23 de noviembre de 2015.
Señora Presidenta Corte de Constitucionalidad
Licenciada Gloria Patricia Porras Escobar
Su Despacho.
Honorable Señora Presidenta:
Con un atento y cordial saludo, me permito informarle que, no obstante, reconocer la buena fé con que se decidió favorecer con un bono extraordinario a todos los trabajadores de la Corte por su buen trabajo, y porque además en los últimos cinco años no han tenido un aumento en sus emolumentos, he tomado la decisión de devolver el monto que por ese concepto se me depositó el 23-10-2015. Por lo mismo, adjunto a la presente el cheque número 24161729 por el monto de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q. 72,710.00), del Banco G&T Continental, para que sea depositado en la cuenta que corresponde a la Corte de Constitucionalidad.
Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.
Héctor Hugo Pérez Aguilera
Magistrado.
De parte de los magistrados suplentes recibí esta aclaración que reproduzco con mucho gusto:
El texto de este documento dice:
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Guatemala, C. A.
Guatemala, 24 de noviembre de 2015.
Señor Periodista Jorge Palmieri El Periódico
Señor Parmieri:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted como Magistrados Suplentes de la Corte de Constitucionalidad para manifestarle que con fecha 21 del presente mes y año, en la página 11 de este matutino, usted en su columna Miscelánea que titula: Desvergonzado “Bono Revolucionario” comenta sobre el mismo que “… haya otorgado ese regalo a todos los magistrados”. Por lo que nos permitimos solicitar la siguiente aclaración: “Los magistrados suplentes de Ia Corte de Constitucionalidad, devengan “DIETAS” cuando integran, por ausencia de los magistrados titulares, o por “SORTEO”, por mandato Constitucional y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y “NO DISFRUTAN DE BONO ALGUNO”, prestaciones de ley ni beneficio de IGSS”. Tal publicación lesiona nuestra dignidad profesional.
Agradeciendo Ia aclaración respectiva, nos es grato suscribirnos de usted.
Atentamente,
Dr. Juan Carlos Medina Salas
Lic. Ricardo Alvarado Sandoval
Licda. Carmen María G. de Colmenares
Lic. Hector Efraín Trujillo Aldana.
2.- Cultura de descalificación por principio
En el ultimo número (131) de fecha 27 de noviembre de la revista ContraPoder se publica en la portada este artículo titulado DE ACUSADORES A DEFENSORES y el subtítulo “Ayer fueron de la CICIG y hoy constituyen su propia oficina para asesorar bufetes y persona en aprietos legales”, acerca de los abogados costaricences Christian Ulate y Cristian Gamboa.
Agrego que esta revista me parece excelente, salvo por el evidente hecho que es sezgada y tendenciosa.
El surgimiento de un bufete que formaron dos antiguos integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el que también participa un ingeniero informático recién salido de la institución y probablemente al fiscal del caso La Línea, no solo levanta un debate ético, sino agita los nervios en el gremio jurídico.
Esta descalificación me parece injusta e indebida porque los abogados Christian Ulate y Cristian Gamboa, que trabajaron para la CICIG utilicen su expertise “para defender a personas en conflicto con la ley, o que recurran a Estuardo del Pinal para identificar a José María Coma, como empresario dispuesto a financiar el proyecto”.
Mi comentario: ¿Qué esperan? ¿Que los mencionados abogados no trabajen más en el ejercicio de su profesión solo porque dejaron de trabajar en la CICIG? Por otra parte, en la mencionada revista se involucra maliciosamente –como algunos lo han venido haciendo injustamente—al abogado y notario Sergio Roberto López Villatoro. Coincidentemente, ayer se publicó en la sección de Cartas del Lector de elPeriódico esta aclaración del susodicho sobre este particular:
ACLARACIÓN
En su edición del día domingo 22 de noviembre, en la sección de elPeladero y bajo el títuloNegociantes de la Justicia informaron hechos falsos que afectan mi reputación y mi nombre. Solicito que tal y como lo estipula la ley, aclaren y rectifiquen la siguiente información:
elPeladero afirma que bajo un salario de 25 mil dólares, los abogados costarricenses Christian Ulate y Cristian Gamboa, ambos exempleados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– trabajan conmigo y otros aludidos. Esto es una información FALSA; ambos me presentaron un proyecto de consultoría que fundaron, pero no invertí capital en el mismo. Y, por ende, no pago dichos salarios.
La nota indica que desde dicha oficina, a la cual me relacionan, se asesora casos contra exfuncionarios de gobierno que enfrentan diferentes causas judiciales, relacionadas a corrupción, acusados por CICIG. Hasta hoy no conozco, no recomiendo ni gestiono defensa ni asesoría legal a favor de personas que han resultado señaladas por dicha Comisión Internacional.
Como abogado guatemalteco no emprendo ningún esfuerzo contrario a la tarea de CICIG. Me identifico, apoyo y reconozco la labor de dicho organismo, pues contribuye a construir y formar un sistema de justicia sólido e independiente en el país. Yo respaldo las tareas que emprenden día con día para combatir la corrupción y luchar contra la impunidad.
SERGIO ROBERTO LÓPEZ VILLATORO / ABOGADO Y NOTARIO. COLEGIADO ACTIVO 13660
Mi comentario: por alguna razón que ignoro siempre se trata de involucrar a este destacado abogado y notario en ciertos temas maquiavélicos o que despiertan suspicacias, y se le llama despectivamente “El rey del tenis” por el apodo que le endilgó la periodista Sylvia Gereda en un artículo en este mismo medio, en venganza por haberle ganado una licitación pública a su esposo, propietario de Calzado Cobán. ¡No hay que ser! Algunas personas la tienen emprendida contra este abogado que, si le conocieran personalmente, y no solo de oídas, cambiarían de opinión. Además, se pasan llevando de corbata a Quique Godoy solo por haberles alquilado un espacio para sus oficinas en su edificio. ¡No hay derecho!
Twitter@jorgepalmieri