PATADAS DE AHOGADO

Esto viene a cuento porque los severos cambios climáticos que se están produciendo en el planeta que habitamos, con sus correspondientes huracanes y ondas frías que han desfigurado las estaciones a las que estábamos habituados y produjeron la sorpresiva lluvia de esta mañana, son consecuencia de que los terrícolas no hemos sabido respetar la armonía correspondiente para evitar que se produzcan los fenómenos climáticos denominados “efectos del niño” y “de la niña” a quienes se atribuyen los los efectos señalados. Si hubiésemos sido respetuosos de la armonía universal y evitado tanta contaminación ambiental que ha destruido buena parte de la protección de la capa de ozono que cubría a la Tierra, nuestro planeta no estaría en peligro de congelarse, como se teme que lo está.

Doctora Claudia Paz y Paz,  Jefa del Ministerio Público

Esto viene a cuento para decir que la armonía que debe regir a nuestro país depende del estricto cumplimiento del compromiso que todos los guatemaltecos hemos contraído, nos guste o nno nos guste, a través de los diputados constituyentes que elaboraron la Carta Magna que está en vigencia y que nos obliga a seguir rigurosamente sus mandatos, sin interpretaciones caprichosas. Mientras lo hagamos estaremos viviendo en armonía con la norma a la que estamos comprometidos: la Constitución Política de la República de Guatemala.

Entre lo que establece esa norma ineludible es esencial que la Corte de Constitucionalidad (CC) es el organismo indicado e inapelable para dirimir las dudas que puedan surgir en todos los casos que se presenten sobre la Constitución de la República. Y está claro que sus decisiones están por encima de las que puedan emanar de otros organismos judiciales, como la Corte Suprema de Justicia. Y debe quedar claro que lo que estipula la Constitución no debe ser interpretado, sino sencillamente cumplido. Y eso es justamente lo que han hecho, ni más ni menos, los honorables magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera (presidente), Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar, Alejandro Maldonado Aguirre y Mauro Roderico Chacón Collado. Su fallo al conceder amparo provisional al licenciado Ricardo Sagastume Morales, de ninguna manera pone en entredicho la preparación, ni la capacidad, ni la inclinación ideológica o política de la doctora Paz y Paz Bailey, sino se limita a definir el término de su período. 

Pero en la primera plana de elPeriódico de hoy –que no cabe duda que apoya definidamente a la doctora Paz y Paz Bailey–, el principal titular en letras bien grandes y negras es CC ignoró dictámenes técnicos sobre período de Paz y Paz y el subtítulo: “La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió dos opiniones técnicas, que concluyen que la fiscal general Claudia Paz y Paz termina su gestión el 9 de diciembre de 2014”. Y dedica las páginas 4 y 5 a un reportaje de Martín Rodríguez Pellecer que comienza diciendo: “Instancias técnicos de la Corte Suprema de Justicia informaron en 2013 que el período de la Fiscal en diciembre de 2014: Los informes fueron engavetados y sus autores, despedidos. La CC los ignoró”.

Y más adelante dice: “Ante el requerimiento de opinión jurídica por parte de la Presidencia de la Corte Suprema, el asesor jurídico Ricardo Alvarado Ortigoza realizó un informe de cuatro páginas el 25 de julio de 2013. Concluyó que “la anulación del proceso (…) varió institucional y legalmente los periodos anteriores toda vez que la Fiscal actual tomó posesión para un periodo de 4 años el 10 de diciembre de 2010, por lo que su periodo vencerá el 9 de diciembre de 2014”.

Y agrega: “Otro dictamen técnico, de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial, del 7 de agosto de 2013, coincide con el de la Asesoría Jurídica y agrega más argumentos. El documento elaborado por Flor de María Salazar y revisado por Víctor Valverth Morales, secretario de Fortalecimiento Judicial, subraya que la Ley del Ministerio Público dice que la Comisión de Postulación propondrá al sexteto de candidatos a Fiscal General “antes del periodo para el cual fue nombrado el Fiscal General que deba entregar el cargo”. Paz y Paz fue nombrada por el expresidente Colom en el Acuerdo Gubernativo 90-2010 “para un periodo de cuatro años”.

Se me ha informado que, en efecto, por una maniobra que trató de hacer el magistrado Gabriel Medrano, los mencionados asesores jurídicos fueron destituidos de sus cargos, así como también la licenciada Estella Baily, hermana de la mamá y tía de la Fiscal General quien era jefa del departamento Jurídico y, aunque no firmó el dictamen, tuvo que haberlo aprobado, por lo que fue igualmente despedida de la CSJ por haberse prestado a esa maniobra.

En el fallo unánime de los magistrados de la CC acerca del período de la doctora Claudia Paz y Paz Bailey en el cargo de Fiscal General del Ministerio Público, no queda ninguna duda. Estipula con toda claridad que su período termina en el mes de mayo, aunque no haya cumplido los cuatro años para el que algunos alegan que fue nombrada y no en diciembre, como estos pretenden. Más claro no canta un gallo. Sin embargo, se han venido manifestando en contra del mencionado fallo de la CC algunos medios de comunicación y ciertos connotados periodistas que, obviamente, ya sea que simpatizan con la persona de la doctora Paz y Paz, o aplauden sus ejecutorias como Fiscal General, o comparten su inclinación ideológica. A quienes sorpresivamente se han sumado algunos embajadores, encabezados por el de los Estados Unidos de América, señor Arnold Chacón, quien ya está en las postrimerías de su gestión diplomática en Guatemala. Lo cual es raya en injerencia en los asuntos internos de nuestro país (que deseamos creer que es libre y soberano), de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada el 24 de abril de 1963que entró en vigor el 19 de marzo de 1967 el hecho de publicar un Boletín de Prensa en el que se manifestó su respaldo oficial a la Fiscal General en ocasión en que la CC emitió un fallo en el cual le limitó el plazo de su gestión. Porque no se limitó a expresar su simpatía y admiración por doctora Paz y Paz Bailey y su reconocimiento a la buena relación, calificándola de “socia” –¿socia en qué?– sino deja entrever que la decisión de la CC será contraproducente para las relaciones entre nuestro país con el gobierno del poderoso país cuya misión diplomática él encabeza.

Pero en Guatemala, los medios de comunicación en general y algunos columnistas en particular ya se han acostumbrado, lamentablemente, a juzgar las decisiones judiciales y calificarlas antojadizamente de acuerdo a sus preferencias. Y cuando algún fallo judicial no es de su conveniencia o de su completo agrado, lo discuten a tal extremo que lo satanizan. Únicamente aceptan los fallos que son de su agrado. Este es un papel que se podría decir que lo autoriza el artículo 35 de la Constitución de la República –Libertad de emisión del Pensamiento—pero, sn mi opinión, sobrepasan las atribuciones periodísticas. Están equivocados los periodistas que se creen dotados de poderes extraordinarios para juzgar y calificar todo, como si fuesen el Oráculo de Delfos. Y no actúan con ética periodística quienes emplean el medio del que disponen para expresar sus antipatías personales o satisfacer sus venganzas o saciar sus revanchas.

Todo periodista apegado a la ética profesional debe informar sobre los acontecimientos con objetividad y analizar los hechos con imparcialidad, sin juzgar a las personas involucradas en ellos. Pero es indigno que un periodista aproveche tener a su disposición un medio de comunicación para emplearlo como arma para saciar sus venganzas personales o políticas.

En cuanto a la visita del honorable Subsecretario de Estado William Brownfield, hay que expresarle nuestra respetuosa y cordial bienvenida y supongo que el presidente Otto Pérez Molina aprovechará su visita para reiterar el rechazo que hizo a las declaraciones del asesor del senador de Vermont, mister Patrick Leahy. Porque es de esperar que su visita será amigable y respetuosa, respetuosa de la soberanía nacional, estrictamente protocolar y su objetivo no será para tratar de enmendar la plana a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el fallo reciente y pretenda imponer que continúe en el cargo hasta diciembre la Fiscal General del Ministerio Público, doctora Claudia Paz y Paz Bailey.

Por cierto que es interesante conocer la siguiente información sobre la demanda de antejuicio interpuesto por la ex Fiscal de Hueguetenango Gilda Aguilar, por medio de este video tomado del noticiero del Canal Azteca:

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COMUNICADO DE PRENSA de la ex Fiscal Gilda Aguilar

“El día de ayer, el 6 de febrero de 2014, presenté querella en contra de Daniel Pascual, Coordinador General del Comité de Unidad Campesina (CUC), y Byron

Francisco Tello López, por los delitos de asesinato en grado de tentativa, conspiración y asociación ilícita, delitos contenidos en la ley contra la delincuencia organizada.

Los sindico, porque al tomar en cuenta los hechos y las circunstancias, mi experiencia profesional como abogada y fiscal me hacen concluir, que ante la ley, califican como parte de una estructura criminal que intentó privarme de la vida por haber estado cumpliendo con mi función de fiscal.

Había pedido ordenes de aprehensión contra personas relacionadas del CUC por los delitos de terrorismo, secuestro y robo agravado, y estaba encargada de la persecución penal contra Tello López, por los delitos de secuestro y violencia contra la mujer.

El CUC me había denunciado públicamente, pidiendo a la Fiscal General Paz y Paz mi destitución. En base de esto, ella ordenó un proceso disciplinario en mi contra. Posteriormente, fui víctima de un intento de asesinato, después del cual denuncié públicamente al CUC y a la banda de Tello López como presuntos responsables.

El 7 de enero del 2014, revisé el expediente del atentado contra mi vida y descubrí que el Ministerio Publico no había investigado estos grupos que habían dirigido agresiones verbales y amenazas contra mi vida. Por lo cual concluí que la investigación fue maliciosa y destinada a desviar la persecución penal para encubrir a los verdaderos responsables.

Por tal motivo el 8 de enero de 2014, presenté antejuicio contra la Fiscal General Paz y Paz por los delitos de denegación de justicia e incumplimiento de deberes.

Como lo había hecho en numerosos casos a lo largo de mi carrera como Fiscal, proseguí la investigación para descubrir a los responsables de los delitos contra mi persona, pues era obvio que si yo quería descubrir y llevar a justicia a los responsables, lo tendría que hacer personalmente.

Después de investigaciones por algunos meses, tengo ahora en mi poder las declaraciones, por escrito y en video, bajo juramento de Rene Israel Martínez declarando que él oyó “de la boca” de Daniel Pascual cuando este le ofreció a Tello López la cantidad de Q50,000 para matarme. También declara Martínez haber escuchado a Pascual decir que “tienen gente importante que les puede ayudar al momento de algún problema.”

A pesar de que yo como fiscal estaba encargada del caso en su contra, Martínez declaró que él no querría participar en amenazarme. Ahora teme por su vida y pide que lo tengan como testigo protegido.

Yo demando a todas las autoridades del país, protección para el testigo Rene Israel Martínez; para que tomen su declaración inmediatamente e inicien una investigación eficiente y correcta de las acusaciones que ayer presenté ante el sistema de justicia”. (Fin del comunicado de prensa de la fiscal Gilda Aguilar)

Pero si acaso el Subsecretario Brownfield viniese para amenazar al gobierno del general Pérez Molina con que bloquearán en el futuro cualquier préstamo bancario a Guatemala, reproduzco a continuación un interesante artículo que publicó hace muchos años José Toledo Ordóñez cuando todavía era columnista de Prensa Libre.

Twitter: @jorgepalmieri