Al oído de los señores diputados:
De un largo tiempo esta parte los señores diputados al Congreso Legislativo han venido siendo catalogados como lo peor del país. De hecho, el Organismo Legislativo está considerado el peor organismo del Estado. Y es indudable que algunos de sus diputados han merecido esa mala fama. Pero no todos los diputados son iguales. Es injusto que se generalice. Así como ha habido algunos diputados indignos de ser catalogados como “representantes del pueblo” o “padres de la patria”, también ha habido otros que son respetables.
En estos momentos se está poniendo a prueba su patriotismo y lealtad a Guatemala al discutir las reformas constitucionales en la sesión plenaria del Congreso que se está desarrollando. El pueblo está vigilante de su comportamiento. Veremos quiénes están aceptando consignas del embajador de Estados Unidos de América, Todd Robinson, del comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, de la Fiscal General Thelma Aldana, del Procurador de Derechos Humanos, Jorge Deleón Duque, y demás camaradas que aceptan dócilmente las consignas emanadas de la embajada de la avenida Reforma y del jefe de la CICIG, que se ha convertido en el hombre más poderoso del país.
Veremos quiénes apoyan irrestrictamente el viejo proyecto de algunos indígenas manipulados por desvelados izquierdistas que les empujan a integrar un país ajeno a Guatemala, como trataron de hacerlo duran el sangriento enfrentamiento armado con el proyecto que llamaban “División del Territorio”, para que los gobiernos de los países que les apoyaran les reconocieran y pudiera tener beligerancia para poder obtener préstamos y comprar armas para continuar su lucha. Ahora vuelven a tratar de implementar ese nefasto proyecto de independizar de Guatemala a una parte de nuestro territorio ocupado mayoritariamente por indígenas, con la ayuda de los nefastos curas de ideología marxista Ricardo Falla y Álvaro Ramazzini para que haya una parte del territorio de Guatemala indígena y una parte de Guatemala ladina. Pero se equivocan los dirigentes de los 14 cantones de Totonicapán al decir que los indígenas son una mayoría de 80 o 90% porque ya se ha rebajado mucho esa mayoría. Lo cual puede comprobarse con un censo.
Ahí mismo están también los diputados izquierdistas Daniel Pascual, Pablo Ceto y Amílcar Pop, que participan en ese proyecto. Porque como no pudieron ganar el poder con las armas en las manos durante los 36 años de lucha armada, ahora tratan de hacerlo por otros medios, Y ahora quieren apoderarse del Poder Judicial, por lo menos de la parte administrativa, desde la cual pretenden dominar a todo el organismo Judicial.
Por cierto que alrededor de este personaje colombiano Iván Velásquez, se dice que se está haciendo una “campaña negra” de parte de presuntos delincuentes. Les aseguro que yo no formo parte de esa supuesta “campaña negra”, pero no me agrada que dos extranjeros, como los mencionados, estén interviniendo descaradamente en algo tan importante como las reformas a la Constitución Política de Guatemala. Y me disgusta saber, por ejemplo, que el comisionado colombiano Velásquez haya visitado esta mañana en su despacho al actual presidente del Congreso de la República, diputado presidente, Oscar Chinchilla.
Eso de la “campaña negra” me suena como la denuncia que hizo hoy en elPeriódico el ingeniero José Rubén Zamora, de que supuestamente los jueces le están acosando porque le exigen que acuda a los tribunales de justicia para tratar algunas demandas en su contra. Hace pocos días en ese medio se criticó al ex Presidente de la República y actual Alcalde Metropolitano Álvaro Arzú por no comparecer ante un juez que lo citó por el ridículo caso de un ex empleado de la Municipalidad que desde que fue despedido del empleo por no llegar a trabajar y por ello se convirtió en enemigo jurado del Alcalde Arzú y todo el tiempo hace todo cuanto le es posible para criticarle y fastidiarle, y esta vez le demandó acusándole de promover la violencia, porque en forma de broma les dijo a los habitantes del mercado del Amate que les iba a dar garrotes para sacar “a morongazos” a quienes trataban de apoderarse abusivamente de la sexta avenida, que ahora es peatonal, pero Zamora no acude a los reiterados llamados como si gozase de un fuero especial de periodista, tan solo porque es presidente del Consejo directivo de ese medio escrito. Es evidente que ni a Iván Velásquez ni a Zamora se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, el primero porque además de gozar de inmunidad diplomática y otras prebendas, gracias al Convenio firmado entre la ONU y el Estado de Guatemala, se ha convertido en el personaje más poderoso del país, y nadie se atreve a llevarle la contra por temor a ser acusado de algún delito y de inmediato encarcelado preventivamente sin derecho a que se le aplique la presunción de inocencia y un juez le mande la cárcel y no le no le aplique una condena de cárcel domiciliaria; y el segundo porque se cree intocable por tener un medio de comunicación desde el cual calumnia y difama a quienes quiera, sin que nadie tenga derecho a que la justicia les proteja por miedo a ser atacados en la tristemente famosa sección dominical denominada “El Peladero”. Pero ahora se rasga las vestiduras y pega gritos al cielo solo porque un juez insiste en citarle a su despacho para poner en su conocimiento una demanda en contra de él. Dice que no acude porque teme que le vayan a meter al bote. Con lo cual comete dos delitos: uno porque dice que el Ministerio Público va a desestimar el caso, en lo que hay tráfico de influencias; y otro porque dice que dice que un juez le dijo que si el va a desestimar el caso si llega a él, lo cual equivale a omisión de denuncia porque no dice que juez comete ese delito de prevaricato.
¿Qué hace el fiscal colombiano Iván Velásquez en estos precisos momentos en la sesión plenaria del Congreso de la República, mientras se discuten las reformas y sus enmiendas? ¿Está presionando para que se aprueben las reformas que quiere, como le preguntó en voz alta el valiente diputado Fernando Linares Beltranena, uno de los pocos que se atreven a discutir sus “instrucciones”, y no es como los diputados que aceptan dócilmente esas consignas por temor a ser investigados y llevados a los tribunales y enviados al Mariscal Zavala o a la zona 18.
Diputados, les hago un recordatorio:
El artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho.
En su segundo párrafo prescribe que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
El Congreso de la República tiene competencia para modificar el arto. 203 de la Constitución Política de la República, competencia que le confiere del artículo 280. Sin embargo, al incluir en la reforma a ese artículo el derecho indígena, o jurisdicción indígena, y lo que denominan “autoridades indígenas o ancestrales”, estaría SUBREPTICIAMENTE E INDIRECTAMENTE MODIFICANDO EL CONTENIDO Y SIGNIFICADO DE LOS ARTICULOS, 4º,12,14 y 17 del Capítulo I Título de la parte dogmática de la Constitución, que se refiere a los derechos individuales, normas cuya reforma es competencia exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente, según lo establece el artículo 278 de la propia Constitución Política de la República de Guatemala.
El Congreso de la República, al amparo del texto de la norma contenido en el artículo 280 citado, está persiguiendo un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico constitucional en su artículo 278, lo que tipifica un FRAUDE DE LEY CONSTITUCIONAL.
Esto hace que los diputados que apoyen esa reforma tipifiquen con su conducta el delito de VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, regulado en el artículo 381 numeral 1º. del Código Penal que reza: “ARTÍCULO 381.-Violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de tres a diez años: 1º. Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional.”
Los diputados, a sabiendas de que los artículos 4º,12,14 y15 de la Constitución de la República de Guatemala sólo pueden ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente, y que el Congreso no puede usar su facultad de reformar la parte orgánica de la Constitución para reformar su parte dogmática, en FRAUDE DE LEY CONSTITUCIONAL, están introduciendo en el Arto. 203 una norma que disminuye, restringe y tergiversa el contenido de los derechos individuales señalados, por lo que debe deducírseles su responsabilidad penal por tales hechos.
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