MISCELÁNEA 09/05/09

1) El Día de la Madre
Mañana estaremos celebrando nuevamente El Día de la Madre, por lo cual me adelanto a felicitar afectuosamente a todas las madres del mundo, particularmente a las de Guatemala, y desearles que tengan muchas felicidades.
A pesar de que constantemente hemos tenido motivos para decir que no tienen madre ciertos políticos de nuestro país, encabezados por algunos de los diputados al Congreso de la República, en esta oportunidad debo decirles que cuando yo lo he dicho ha sido en sentido figurado. Por lo cual felicito también y les deseo felicidades a las mamás de ellos. Pero, aprovecho la oportunidad de mencionar a los diputados para preguntar cándidamente: ¿Qué pasó finalmente con los Q82.4 millones que «desaparecieron» en una operación en una bolsa de valores? ¿No han decidido todavía los jueces si hay culpables de esa indebida negociación y quiénes son ellos? ¿O es que no hay responsables?

2) «El Rey Sol» y Álvaro Colom
Los diputados de la bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y otros voceros del Presidente Álvaro Colom Caballeros, afirman con insistencia que éste no es autoritario. Sin embargo, en cada oportunidad que se le presenta, se comporta como si se creyese un monarca cuya voluntad está poe encima de todas las leyes. Hace pocos días, al referirse al disparate del diputado Nery Samayoa, nada menos que subjefe de la bancada oficial de diputados, cuando amenazó con que el mandatario podría clausurar el Congreso si no se aprueba la reforma fiscal que propone, Colom dijo que no autoriza a nadie a decir nada en relación al poder Ejecutivo, a la vez afirmó que él és la autoridad, lo cual trae a la memoria histórica que el rey de Francia Luis XIV, a quien se conoce como «El rey sol», en una oportunidad declaró: L’Etat c ‘est moi, que quiere decir «El Estado soy yo». En el diario Prensa Libre de esta mañana se publica un artículo sobre este particular, el cual me permito reproducir a continuación:
«Yo soy la autoridad»
El mandatario Álvaro Colom sugiere que quien no esté de acuerdo con la restricción a la libertad de opinión, vaya a la Corte de Constitucionalidad.
Por Ricardo Quinto
El presidente Álvaro Colom fijó, en conferencia de prensa, su postura sobre la restricción al artículo 5 de la Constitución, respecto de la libertad de opinión. Aseguró que la autoridad electa en este país es él.
¿Puede explicarnos cuáles fueron los motivos para restringir ese derecho?
Mire, eso está dentro de la ley; lo consideraron conveniente. Yo no estaba en Guatemala cuando se hizo. Estrictamente, queremos prever cualquier situación que se pudiera dar en una emergencia seria, que yo no la veo venir, honestamente. No se tiene la intención de intervenir en otro tipo de cosas, más que en fortalecer la prevención y en la conducción de la gestión de emergencia. En un caso de estos, todos tenemos que alinearnos a una autoridad, y la autoridad electa en este país soy yo, y la autoridad en estos momentos de crisis se tiene que imponer para evitar que alguien, algunos, etc., tomen actitudes que no vayan en beneficio de la salud de la gente; eso es todo.
El Cedecon ha dicho que este artículo es complementario con el 35 de la Constitución, para garantizar la libre emisión del pensamiento.
Que lo lleven a la Corte de Constitucionalidad, ahí se mantienen y trabajan.
¿La restricción del artículo 5 tiene algo que ver con lo que expresó el diputado Nery Samayoa sobre disolver el Congreso, si no se aprueba la reforma fiscal?
No, absolutamente no. Ese incidente, en mi opinión, está totalmente cancelado. Yo no autorizo a nadie que no sea del Ejecutivo a opinar del Ejecutivo, y no autorizo a nadie a opinar de temas que no sean de su ministerio o secretaría.
Existe confusión sobre las herramientas del Estado de Calamidad y cómo serán utilizadas.
La Ley de Orden Público tiene el mismo problema que tienen otras leyes que se hicieron o se reformaron en tiempos que todavía estábamos en el proceso de llegar a la paz. Esta ley tiene más características militares que sanitarias, entonces, tiene términos que nos recuerdan a los señores de 1970 y 1980, pero ese es un problema de la ley, no del Gobierno. El instrumento que tenemos ahorita es ese. El Consejo Nacional de Seguridad está trabajando en una propuesta de reforma a la Ley de Orden Público, para tener mecanismos más amplios. (Fin del artículo)

Al lado dicho artículo hay una nota a una columna titulada:
Antecedente frustrado
En el 2006, el Gobierno atendió una petición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para dar marcha atrás en la exigencia a los órganos de difusión de evitar publicaciones que, a juicio de la autoridad, contribuyeran o incitaran a la alteración del orden público.
Ello porque se había decretado estado de Prevención en los municipios de Concepción Tutuapa, San Miguel Ixchiguacán, Tajumulco y Tejutla, en San Marcos, y fronterizos con México, debido a operativos para el combate al narcotráfico.
La disposición también prohibía la portación de armas, libre locomoción y las reuniones o manifestaciones públicas en esas regiones.
Sectores sociales se pronunciaron sobre el impacto que la medida tendría en la aplicación del artículo 35 de la Constitución, referente a la libertad de expresión. Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás en la medida. (Fin de la nota)

3) Elocuente editorial de elPeriódicode hoy
Gobierno de facto
El término gobierno de facto o gobierno de hecho se utiliza para designar aquellos gobiernos que no se rigen por una normativa constitucional legítima, o sea aquellos gobiernos que surgen como consecuencia de una ruptura del ordenamiento constitucional, ya sea por golpe de Estado, revolución o cualquier otro procedimiento de hecho, al margen o en contravención del ordenamiento jurídico.
Las características de un gobierno de facto son las siguientes: 1) Rompimiento total o parcial del orden constitucional. 2) Generación de normas o reglas de observancia general mediante simples decretos gubernativos. 3) Concentración de poder político y ejercicio de las funciones públicas que les competen a otros organismos estatales bajo una democracia institucional (Legislativa, Judicial, etcétera). 4) Imposición de un régimen autoritario, arbitrario y abusivo. 5) Regido por la fuerza y no por el Derecho. 6) Mantenimiento del orden público a base de represión, despotismo y opresión y 7) Legalizado a base de referendos, plebiscitos o eventos electorales manipulados o fraudulentos.
Es decir que el fundamento de un gobierno de facto no es la normativa jurídica legítima, sino la fuerza. Luego es un régimen de fuerza, que impone su voluntad y hace valer sus decisiones de manera arbitraria, unilateral y coactiva.
En Guatemala, el imperio de la ley ha venido perdiendo terreno, al punto que la impunidad y la corrupción se han convertido en el pan nuestro de cada día. No se respeta la estructura y organización formal del Estado prevista en la Constitución. Por el contrario, cada día se fortalece más y más el Estado informal, sustentado en un grotesco sistema paralelo de gasto público regido por la discrecionalidad, la opacidad, el despilfarro y el desvío de fondos. Un gobierno de facto, sin más, bajo una fachada democrática.
La regla general es el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el clientelismo político. La probidad, la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en la excepción. Los menos son los que acatan y cumplen las leyes del país. Los más evaden o se sustraen de la legalidad con absoluto cinismo, desfachatez y ausencia de castigo. Los negocios derivados de la cleptocracia son el común denominador. O sea, un gobierno del negocio, para el negocio, con el negocio y por el negocio. Los negocios son un fin en sí mismos. Todo es negociable, todo es codicia, todo es ambición.
La consigna pareciera ser que al presupuesto estatal hay que sacarle raja a como dé lugar. No importan las necesidades de la población. Lo único que importa es llenarse los bolsillos y hartarse. ¡Qué mal estamos! De verdad. (Fin del Editorial de elPeriódico)

4) Editorial de Siglo Veintiuno

EL PRESIDENTE RELUCE EL COBRE
La preocupación del mandatario no estaría sólo en la amenaza de la pandemia, sino en convertir en ley su paquete de modernización fiscal.
La declaratoria de Calamidad Pública tiene un destinatario: el sector productivo, cuyos representantes pegaron el grito en el cielo.
La escena parece simpática.
El reportero le pregunta al Presidente de la República: ?¿Los empresarios consideran que esa medida (la de decretar el Estado de Calamidad Pública) es exagerada??.
El mandatario responde: ?Yo también considero una medida exagerada detener tanto la reforma fiscal?.
El cazanoticias insiste: ?¿Se va a buscar el diálogo con los empresarios? Se le oye molesto?.
De nuevo la respuesta: ?Malestar, no, pero el que espera desespera. Ya es mucho tiempo y hay que entrarle a eso?.
Otra pregunta: ?¿Qué tienen que ver los empresarios con el atraso de la aprobación de esta ley en el Congreso??.
Álvaro Colom, en la sala de prensa de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, contesta dando una larga explicación acerca de una escuela de no pagar impuestos que existe, no sólo entre los empresarios, sino que también entre la población.
La respuesta denota que el subconsciente traicionó al mandatario. Ayer, en nuestro editorial señalamos que veíamos una especie de segundas intenciones en la declaratoria del Estado de Calamidad Pública. Y era precisamente eso. El Gobierno está dispuesto a presionar, todo indica que de cualquier manera, para que el Congreso le apruebe su proyecto de reforma, denominado de la Modernización Fiscal.
?El pez por la boca muere?, dice un antiguo refrán, el cual parece casar como anillo al dedo al presidente Colom, pues sus palabras confirman que, en el fondo, su preocupación no estaría sólo en la amenaza de la pandemia, sino en convertir en ley su paquete fiscal, con el cual espera recaudar algunos millones de quetzales más.
La medida tomada por las autoridades, pues, tiene un destinatario: el sector productivo, cuyos representantes ya pegaron el grito en el cielo, porque de llevar esa decisión hasta sus últimas consecuencias los negocios serían afectados de manera negativa, lo cual consideran grave, en medio de una desaceleración de la economía.
El presidente Colom ahora podrá decir lo que quiera sobre las medidas del Gobierno para hacer frente a la amenaza latente de que la gripe AH1N1 (porcina) se convierta en un serio problema de salud pública, pero la revelación de conectar el proyecto de reforma fiscal con la declaratoria de Calamidad Pública le resta mucha seriedad, y pone en entredicho sus verdaderas intenciones.
?A explicación no pedida, confesión de parte?, reza otro conocido refrán, el cual, también, es atinado endilgarle al mandatario, quien parece indicar que estaría dispuesto a cambiar la declaratoria de Calamidad Pública por la aprobación de su reforma tributaria. Es triste aceptarlo, pero así es: el Presidente de la República muestra el cobre y se da a conocer tal cual es. (Fin del artículo)

Comentario personal del autor de este blog: Por cierto que cuando fue entrevistado por televisión, el presidente Álvaro Colom Caballeros se equivocó varias veces al querer identificar al virus, lo cual demuestra -una vez más- que antes de hablar debería estar seguro de lo que va a decir. Ya no es una persona común y corriente, ni un candidato presidencial. ¡Es el Presidente Constitucional de la República de Guatemala y siempre debe comportarse como tal.

5) El periodista Carlos Castañaza, Editor General de Siglo Veintiuno publica hoy en la sección Análisis el siguiente artículo:
Estado en calamidad
Mucho trabajo falta para que Colom y Espada, en el Ejecutivo; Alejos, en el Congreso, e Higueros, en el Poder Judicial, devuelvan al país un poco de cordura.
Carlos Castañaza* | ccastanaza@sigloxxi.com
Nunca como ahora el nombre de una disposición gubernamental resultó tan oportuna… al menos para dar título a este artículo. Declarar a todo el país en Estado de Calamidad Pública, en boca del presidente en funciones Rafael Espada, suena más a una confesión tardía que a la preclara decisión de todo un Gabinete.
?Desgracia, adversidad o infortunio que afecta a muchas personas…? ?Cosa mal hecha, de mala calidad o que produce mala impresión?. Estas dos definiciones del término calamidad pueden dibujarse con gran destreza usando la colorida paleta de escándalos y ?metidas de pata? oficiales de las últimas semanas.
¿O no es una calamidad que en el máximo tribunal en materia constitucional de este país, sus más altos magistrados se receten pre-bendas como autorizarse el gasto de hasta Q300 mil anuales cada uno en gastos de honorarios médicos, medicinas y servicios de odontología? (excluyendo al actual presidente Juan Francisco Flores).
Para colmo de males, también nos damos cuenta de la forma en que varios de los magistrados (aquí sí, incluido Flores) tienen a sus familiares trabajando para ellos, como si de repente el nepotismo fuera un acto digno de aplausos.
Y encima, debemos soportar a los oportunistas que, cual serpientes y sin importarles poner en entredicho la noble vocación periodística, se lanzan en defensa de quienes evidentemente han sido pillados en un vulgar abuso de poder, que nada tiene que ver con sus méritos académicos y derechos.
¿O no es una calamidad que en el gobierno se propaguen como virus peligrosos la prepotencia y el abuso de poder, como el que deno-tan los cobros de comisiones por ingreso de donaciones o por dar plazas en el Gobierno, viajar en aviones de empresas privadas, ocul-tar información pública, y hasta amenazar con romper el orden constitucional disolviendo el Congreso?
Qué tal escuchar a Espada advirtiendo a los donantes que paguen su porcentaje a la oficina de la SOSEP, o de lo contrario cumplirá lo que la ley establece y los obligará a pagar impuestos. También tenemos al presidente Álvaro Colom anunciando que el Congreso no aprobará ninguna ley antes que las referentes a la llamada modernización fiscal (de más está recordar que Colom no es diputado y que la ley establece la independencia de poderes).
Qué tal el caso del subjefe de bancada de la UNE, Nery Samayoa, quien se permite amenazar a los jefes de bancadas con que el presidente Colom estaría dispuesto a disolver el Congreso si no pasa aquella reforma impositiva. Es muy difícil creer que Sa-mayoa sea tan cándido, distraído, tonto, o las tres cosas juntas, como para lanzar tal amenaza ?sin querer queriendo?, como quien, de repente, estornuda dos veces.
Desgracia congresil
¿O no es una calamidad que en el Congreso de la República las fuerzas del mal hagan causa común para impedir controles en el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y, en cambio, se empecinen en aprobar un paquete de impuestos en plena crisis?
Valga recordar que desde hace varios días, el Presidente del Congreso advirtió que no había tiempo para pasar la ley que regula a las comisiones postuladoras, cuando a todas luces, con una dosis aceptable de voluntad política, se hubiera logrado hace bastante rato.
Sin embargo, unas veces en forma solapada y otras con visos de descaro, la bancada oficial junto a sus aliadas de ocasión se impusieron para evitar la aprobación de la iniciativa llegada desde la voz de Nineth Montenegro, secundada por varios sectores interesados en que, tras los dudosos procesos de comisiones de postulación, terminemos eligiendo en la CSJ a personajes comprometidos políticamente.
En cambio, la prioridad oficial se centra en crear impuestos a todo nivel, justo en momentos en que la economía nacional, regional y mundial está deprimida. También lo está el fisco, pero nadie parece dispuesto a apretarse el cincho, y por eso los viajes no terminan, los salarios siguen creciendo, los gastos médicos son cuantiosos y sobra para blindarle el carro a algún funcionario amigo.
¿O no es una calamidad que ni siquiera haya en las esferas públicas la capacidad para elegir bien el color de un chaleco que identificará a los motoristas, como si para tan simple medida se requirieran fórmulas algebraicas o marcianas, y no los dos dedos de frente que deben bastarle a cualquiera?
Porque este caso evidencia el grado de falta de capacidad, planificación y previsión que, también cual virus, se ha regado en el Gobierno. No sin una buena dosis de razón, un motorista afectado sugirió en un programa de Emisoras Unidas que ?el chaleco debería ser de varios colores, pues así combinaría con la payasada que están haciendo?.
Incluso, por infantil que parezca, ¿no es una calamidad que Colom relacione su medida de decretar la Calamidad Pública, con el atraso en la aprobación de las leyes fiscales? ¿No parece esconderse tras la sorpresiva medida un ulterior propósito para desentrampar a la fuerza el nudo político en el Congreso?
Es una desgracia, un desastre… una calamidad. (Fin del artículo)
Sin comentarios.

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