IGUAL JUSTICIA PARA TODOS

La caminata del movimiento «Familias»

El domingo pasado tuvo lugar una manifestación del movimiento Familias, integrado por un grupo de varios cientos de personas que son parientes, amigos o partidarios de altos jefes militares que están siendo juzgados acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad, la cual se desarrolló, por la avenida Reforma, de la antigüa Escuela Politécnica al monumento a Los Próceres de la Independencia, al final de La Reforma. Al terminar la caminata, varias personas hicieron uso de la palabra, entre quienes destacó la ex diputada Zury Ríos Sosa, hija del general retirado y varias veces presidente del Poder Legislativo y la Asamblea Nacional, Efraín Ríos Montt, juzgado actualmente por el delito de genocidio. Entre otras cosas, la doctora Ríos Sosa dijo en su emocionado discurso que los militares no tienen que pedir perdón por haber cumplido con su deber de defender a la patria de la subversión comunista. Y, ya sea que nos guste o que no nos guste, dijo la verdad. Las órdenes militares emanan del Alto Mando Militar, que es un ente colegiado en el que participan varias personas, no una sola. Las órdenes militares no emanan de una persona, no son decisiones personales que emanan de un gobernante caprichoso. Y si se quiere juzgar a los altos jefes de la Institución Armada por las acciones militares, deben juzgarse también a los comandantes guerrilleros por los crímenes atrocidades y abusos que cometieron. ¡Que no fueron pocos! Pero nadie ha publicado un libro dando cuenta de los innumerables crímenes, atrocidades y abusos que cometieron los subversivos como el que prepararon los izquierdistas contra los militares. En cambio, algunos de ellos están ocupando posiciones importantes en el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, quien, dicho sea de paso, en su ascendente paso a la Presidencia de la República, antes fue Jefe de Inteligencia Militar (G-2), Jefe del Estado Mayor Presidencial, Inspector General del Ejército, kaibil y uno de los más destacados combatientes contra la guerrilla durante los 36 años de la lamentable guerra fratricida, y por ello también ha sido acusado de haber cometido genocidio, por lo que debería poner su barba en remojo. Porque tarde o temprano van a acusarle de haber cometido lo mismo mientras estuvo combatiendo a la guerrilla en el departamento de Quiché. Ahí está el detalle, como diría mi inolvidable amigo Cantinflas.

Sobre este tema se publica hoy en la sección de Cartas en la página 17 de elPeriódico, hay una carta escrita por el señor Carlos Rosales Minondo, titulada «La persecución a exguerrilleros», que dice textualmente: «La guerra que se vivió en Guatemala no permitió que el comunismo entrara al país. Cada quien, según el bando al que pertenezca, verá el asunto de acuerdo con sus intereses. Para los que estamos a favor de la libertad, soberanía e independencia de Guatemala, agradecemos que el Ejército actuara y velara por no permitir la caída de Guatemala al comunismo. Por esta razón, y siendo un Ejército que actuó en defensa de esta amenaza y bajo autorización de los poderes del Estado, no es válido la persecución a exmilitares y militares que cumplieron órdenes del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Los perseguidos deberían ser los exguerrilleros que asesinaron y actuaron de una forma subversiva y en contra la ley». (Fin de la carta)

Sin embargo, en sezgado contraste, el destacado periodista Gustavo Berganza dice en su habitual columna de hoy el elPeriódico:

La fallida marcha de los militares
Lenguaje de la Guerra Fría.
Con más pena que gloria transcurrió la marcha realizada el pasado domingo por el movimiento Familias, una entidad que cuestiona los juicios a los militares implicados en abusos y excesos durante el conflicto armado.
En un país en el que recién se ha elegido a un general retirado como Presidente de la República, y en donde el Ejército es la única institución del Estado a la que más de la mitad de la población califica de manera positiva (LAPOP, 2010), llama la atención que en la manifestación solo hayan participado entre 200 (Siglo 21) y 300 personas (elPeriódico). Es interesante que uno de los más entusiastas defensores de los militares y sus acciones durante la guerra, me refiero al Secretario de la Paz, tampoco haya participado. Y eso a pesar de ser él quien le ha dado vuelo y vida jurídica al argumento que nutría la mayoría de pancartas de Familias: que en Guatemala no hubo genocidio.
Uno puede darle dos lecturas a esa manifestación tan escuálida: la primera, muy improbable, que a casi tres años desde que se realizó la encuesta de LAPOP el apoyo en el país a los uniformados haya podido evaporarse. Y la segunda, que una cosa es la simpatía hacia el Ejército y otra el interés de la opinión pública en los juicios en los que se les encausa.
La Avemilgua y esta nueva entidad pro militar Familias, hicieron un cálculo equivocado, probablemente fundado en columnistas y comentaristas de radio que se han manifestado contrarios a juzgar a los militares. Una cosa es la opinión publicada y otra muy distinta es la opinión pública. El hecho que haya periodistas y columnistas que hablan del tema con vehemencia no significa que: a) los juicios sean interesantes o relevantes para sus audiencias; b) sus audiencias compartan su punto de vista sobre los procesos; y c) si comparten su opinión, lo hagan con tal ardor que estén dispuestos a movilizarse para expresar su apoyo. Y esto no me lo estoy inventando yo: forma parte de una de las más probadas teorías sobre la formación de opinión pública: la teoría del establecimiento de la agenda (o agenda setting).
La idea de los organizadores era mostrar a jueces, fiscales y activistas de izquierda que ellos también eran capaces de movilizar apoyo, y así incidir para que los juicios contra militares violadores de derechos humanos traten de mejor manera a sus víctimas. No solamente fallaron, sino además mostraron su incompetencia para pelear en el campo de las ideas. Los mensajes de las pancartas eran vergonzosos: a estas alturas repetir las consignas de la Guerra Fría muestra un absoluto desconocimiento del presente.
Y aunque hubo discursos exigiendo juicio justo para los militares, el tono de la manifestación fue el de promover la impunidad para quienes abusaron so pretexto de defender al país de la amenaza insurgente. Esa es la connotación de la desafortunada frase “un soldado no tiene que pedir perdón por defender a su patria de la insurrección”.
Con todo, no puede uno evitar sentir pesar por ellos: derrotaron a la guerrilla en lo militar, pero continúan sin poder encontrar el camino para ganar la batalla política. (Fin del artículo del columnista Gustavo Berganza)

Por otro lado, en Prensa Libre de hoy se publica este artículo del columnista Pedro Trujillo, que dice lo siguiente:

 Ciega o embarrada

Pedro TrujilloLa semana pasada un tribunal compuesto por tres magistrados absolvió, por unanimidad, a ocho pandilleros señalados de diversos delitos. El tribunal consideró que las pruebas aportadas por el MP no eran concluyentes para condenar a los imputados. No es la primera vez que se observa la incapacidad del MP en materia de investigación. Recordemos que el expresidente Portillo fue absuelto por mayoría de dos de las juezas que argumentaron de la misma forma: no había pruebas suficientes y cuando se solicitaron, no fueron aportadas.
A este dispendio de justicia hay que sumar casos como la encarcelación y posterior absolución del señor Giammattei; la declinación de continuar la persecución penal por parte del MP al señor Vielmann —admitiendo la imposibilidad de hacer justicia—; la permanencia en prisión y sin juicio por más de dos años de los hermanos Paiz Valdés y la denuncia a la fiscal general por presión y obstrucción por una fiscal de Huehuetenango, entre muchos otros. Respecto del sistema judicial hemos visto a la Corte Suprema trasladar extemporáneamente a jueces que aparecen con tacha, aunque cuando fueron nombrados ya las tenían; magistrados señalados por el sindicato del OJ de realizar presiones; denuncia de jueces por coacción de sus superiores y otros temas “menores” relacionados con renta de edificios donde algún “digno” magistrado parece haber metido las manos.
Hay quienes estiman que el problema está en los jueces que son presionados, comprados o intimidados. Otros consideran que es una deficiencia manifiesta y continuada del MP que no investiga adecuadamente, y todos son conscientes de que tanto en uno como en otro lado se mete la mano según convenga a los intereses de quienes proponen, pagan o presionan. Al final de esta estéril discusión pierde siempre el ciudadano, que además paga con sus impuestos un sistema manifiestamente inservible a todas luces.
No se conocen sanciones contundentes en el MP por ineptitud al realizar investigaciones ni en el OJ por sentencias de dudosa imparcialidad. Esas situaciones, en las que dos partes (MP y OJ) son claras protagonistas, aconsejan hacer un alto y ver quién realmente las provoca y es culpable de estimular esa sensación de inseguridad al no llevar a buen término los juicios emprendidos, posiblemente en forma precipitada y poco precisa en los detalles y seguramente también con un cierto grado de responsabilidad en quienes no aprecian ciertas pruebas. De no detenernos, seguiremos como a la fecha, y lo único que se alienta es que el sistema siga sin funcionar y consecuentemente la toma de justicia por mano propia —linchamientos o ajusticiamientos— sea la salida natural a todos estos actos infames, con la correspondiente incidencia negativa en las inversiones y en el desarrollo.
Se pone atención, generalmente, en el poder ejecutivo o en el legislativo, sin apreciar que muchas dictaduras del mundo sobrevivieron porque el sistema judicial más o menos funcionaba o era percibido como dador de respuesta a una parte sustancial de la ciudadanía. Un país se resquebraja o fracasa cuando el sistema judicial se desmorona. Ejemplos sobran: Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y, más recientemente, El Salvador. Hay suficientes casos para aprender, aunque no hace falta mirar a otros para darnos cuenta de que estamos muy mal. Los responsables deben ser cesados, cambiados, procesados y siempre sujetos de fiscalización y rendición de cuentas. Nos distraen con lo que dice Forbes y la solicitud de prórroga de la Cicig, pero los asuntos de fondo parecen no importar mucho ¡Seguimos, con más de lo mismo! (Fin del artículo del columnista Pedro Trujillo)

Por su parte, el licenciado, embajador y columnista de elPeriódico Acisclo Valladares Molina, publica hoy lo siguiente

Asesinos solapados

Quien justifica uno, los justifica todos.

Veo cómo algunos se rasgan las vestiduras –emocionados por lo que consideran el avance– en todo caso monocolor, si avance fuera –de la administración de justicia: “Se está encauzando, finalmente, a militares y agentes del Estado”.

El caso es que quienes se afanan por esto, como avance, resultan ser los mismos que se tapan los ojos ante lo que fueron los asesinatos que perpetrara la insurgencia. ¿Qué importancia podría tener que se haya secuestrado a Karl Von Spreti y que, teniéndolo aquella en su poder lo haya asesinado. ¿Algún parecido con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas? ¡Todo haya sido por la causa revolucionaria que, para alcanzar su triunfo, todo lo justificaba, y lo permitía?

¿Qué importancia puede tener Rony Elmer Orellana, el primer niño asesinado?

El problema, amigo lector, es que quien justifica un crimen ¡Cualquiera! aunque sea uno solo ¡Qué nos cuesta entenderlo! los justifica todos.

El primer asesinato que justificara la insurgencia, justificó, no solo ese asesinato, sino todos los asesinatos sucesivos.

El primero de estos crímenes que no fuera castigado “¡Es que ese, sí era justo y necesario!” dejó abierta la puerta –de par en par– para todos los subsiguientes.

¿Qué importancia podría tener para estos paladines de la justicia sesgada que se haya secuestrado y asesinado –a sangre fría– a Karl Von Spreti, en su concepto –quizá– simple basura. ¿Qué importancia podría tener ese crimen comparado con los altos fines de la revolución que se buscaban? ¿Qué importancia puede tener un ser humano, si se trata de uno solo?

¿Dónde está el proceso en contra de los asesinos de Von Spreti? ¿Acaso no lo secuestraron? ¿Acaso no lo desaparecieron por un tiempo? ¿Acaso no lo asesinaron? ¿Acaso no lo ejecutaron extrajudicialmente? ¿Dónde las responsabilidades deducidas a sus asesinos, por la línea de mando?

¿Lo hecho por la insurgencia se hizo, acaso, sin que hubiera en ello, dirección alguna? ¿“Por emanación espontánea”? ¿Existe una amnistía? Si es así, no puede perseguirse ninguno de los delitos que fueron amnistiados ¡Así de claro! ¿Sesgo? Si no lo hubiera ¿Por qué no se persigue a los asesinos de Von Spreti, desaparecido (secuestrado) y extrajudicialmente, ejecutado (asesinado)? Quien justifica un solo asesinato, es también un asesino, solapado. (Fin del artículo del licenciado, embajador y columnista Acisclo Valladares Molina).

Mi comentario:

A lo que dice esta columna sobre el cobarde secuestro y asesinato del embajador de Alemania, conde Karl von Spreti, hay que agregar el también cobarde asesinato del embajador de los Estados Unidos de América Gordon Mein. Ni sobre tantos otros crímenes que cometieron los subversivos. Pero no se dice nada sobre estos crímenes que pudieron poner en peligro la relación con esas potencias. En lo que respecta al primero, hizo que el Canciller de Alemania volase a nuestro país en uno de esos aviones superpotentes, y tan pronto aterrizó en La Aurora se dirigió al Palacio Nacional y directamente al despacho del Presidente de la República de Guatemala, licenciado Julio César Méndez Montenegro, y sin mediar una sola palabra ni en español, ni en alemán, ni en inglés, simplemente le dejó sobre su despacho una carta en alemán de protesta de su gobierno y sin dirigirle la palabra dio la media vuelta para irse al aeropuerto y volar de regreso a Alemania. Y causó también que el pleno del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, encabezado por el Nuncio Apostólico Gerolamo Prigione, le hicieran un insolente desprecio público a nuestro mandatario durante el velatorio del embajador von Spreti. ¿Qué habría pasado a Guatemala si el poder hegemónico de los Estados Unidos de América hubiese traído unos cuantos batallones de marines a cobrarse la afrenta del asesinato de su embajador?

Pero a juzgar por todo lo que se ha dicho, en la caminata del movimiento Familias participaron solamente pocos cientos de personas. Sobre todo en proporción a los miles o millones de personas que deberían dar gracias a Dios de que la Institución Armada del Estado haya triunfado en su lucha a muerte contra los ejércitos irregulares guerrilleros subversivos inspirados, entrenados y subvencionados por el gobierno comunista de Cuba y el apoyo económico de los gobiernos izquierdistas de algunos países escandinavos. Lo cual, en cualquier parte del mundo se llama ingratitud. Porque si en mala hora hubiese ganado la guerra la subversión, hoy estaríamos los guatemaltecos como están los cubanos y los nicaragüenses. Por otra parte, los medios de comunicación dieron escasa importancia a la mencionada caminata, al extremo que se evidenció que el hecho no les mereció mayor atención. No es de extrañar que sea así porque todos los medios de comunicación del país están infestados de simpatizantes de los izquierdistas, entre ellos algunos columnistas como Berganza, naturalmente, por más que las empresas de los medios sean propiedad de derechistas. Pero estos tienen poco control sobre lo que publican o dejan de publicar los primeros en casos como el que nos ocupa. Además, no es de extrañar que estas empresas –que si hoy existen es gracias a que no triunfó la subversión comunista– pero no se atreven a expresar la más mínima defensa de los militares que les salvaron del comunismo… para «no darse color».

No es mi propósito constituirme en defensor de oficio de los militares, en general, ni, mucho menos, de los militares que cometieron abusos o delitos de lesa humanidad durante la guerra, como los que, dolorosamente, se cometen en todas las guerras. En todas sin excepción. Porque todas las guerras del mundo han sido crueles y sanguinarias. Pero es preciso insistir en que en Guatemala no se produjo ningún genocidio, porque tanto la mayoría de los muertos como la mayoría de quienes les dieron muerte fueron indígenas o descendientes de indígenas. Pero todos fueron guatemaltecos. Porque esa larga, cruenta e inútil guerra fue fratricida en la que lucharon hermanos contra hermanos, unos y otros sirviendo a intereses distintos. Por una parte los guerrilleros subversivos bajo comandos comunistas, tanto en el campo como en las ciudades, y, por la otra, las fuerzas de seguridad de los gobiernos sucesivos que obedecían las órdenes emanadas de la Constitución de la República promulgada en 1965 que en la segunda parte de su artículo 64 establecía: «Se prohibe la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación a entidades internacionales que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario». Nos gustase o no nos gustase, este era un precepto constitucional que estaba vigente y tenía que ser respetado y cumplido; y las autoridades del Estado tenían que hacer lo que fuera indispensable para que esto se cumpliera. Por otra parte, eso constituía en delincuentes a quienes lo contravenían. Desde luego. En síntesis, me parece una ingratitud y una cobardía dar la espalda hoy a quienes salvaron al país de convertirse en satélite de Cuba comunista. Es por esa ingratitud y esa cobardía que Guatemala está en la situación en la que está. Porque no es verdad que «Ahora sí!» como dice insistentemente la destemplada propaganda del gobierno. ¡Pero Dios y el pueblo saben que no es cierto lo que dice!

Twitter: @jorgepalmieri