«ALEA JACTA EST»

La expresión latina Alea Jacta Est que sirve de título a esta nota, significa “la suerte está echada», y ha pasado a la historia desde que el historiador Suetonio se la atribuyó a Julio César antes de cruzar con sus tropas el río Rubicón, que era el límite entre Italia y la Galia Cisalpina, la provincia que el Senado romano le había asignado para mantenerle alejado, pero él se rebeló y encabezó una larga rebelión contra el emperador Pompeyo. La expresión implica que al decidir cruzar el río se dio cuenta de que ya no habría marcha atrás, y decidió tomar el riesgo y que había pasado un “punto de no retorno”, es decir que ya no podría retroceder de lo que se ha comenzado a hacer. Actualmente se aplica cuando una persona está decidida a dar un paso irrevocable hacia adelante, generalmente con algún riesgo o confrontación.

Esta historia viene a cuento porque ya está integrado el pleno de los siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que tendrán que definir en el transcurso de los próximos días el futuro de la candidatura presidencial de la señora Sandra Torres Casanova, postulada por la coalición del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el llamado Gran Alianza Nacional (GANA). El pleno de magistrados de la CC quedó conformado por los cinco magistrados titulares: licenciados Gloria Patricia Porras, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Mauro Chacón Corado y Alejandro Maldonado Aguirre, actual presidente, a quines se sumarán dos magistrados suplentes seleccionados por medio de un sorteo electrónico, ellos son los licenciados Juan Carlos Medina Salas y Héctor Efraín Trujillo Aldana. En este mismo caso se encuentran los siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad que mañana van a conocer, en una Vista Pública, el caso del recurso de la señora Torres Casanova (ex de Colom?) que está empecinada en ser inscrita como candidata presidencial en estas próximas elecciones generales, a pesar de que lo prohíbe la Constitución de la República, y aunque para ello cometa un Fraude de Ley al tratar de burlar los mandatos constitucionales con esa payasada del supuesto «divorcio» que no ha engañado a nadie. Por cierto que me han informado que desde hace varios días ella ya no está viviendo en su casa que está en un condominio ubicado en la carretera a El Salvador, casi enfrente del hotel Vista Real. Pero tampoco está viviendo en Casa Presidencial.

Estos siete magistrados conocerán el recurso de apelación planteado por los partidos UNE y GANA contra la resolución de la mayoría (12 a 1) de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se confirmó el fallo del Registro de Ciudadanos y posterior del Tribunal Electoral de negar la inscripción de la señora Torres Casanova como candidata presidencial en las próximas elecciones que se celebrarán el 11 de septiembre. “Con esto quedó conformado el tribunal que conocerá la acción de la UNE-GANA. Luego de la vista pública, que se realizará mañana, tenemos un plazo de tres días para dictar la sentencia del caso”, explicó el magistrado-presidente Alejandro Maldonado Aguirre al exponer que la selección de los dos magistrados suplentes fue producto del azar.
 En la vista pública las partes procesales deberán exponer sus argumentos. Entre estos se cuenta el interponente de la apelación, Jairo Flores, secretario general de la UNE, y la propia candidata. También participarán 27 personas jurídicas como terceros interesados, 25 de ellas son partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como autoridad impugnada, y el Ministerio Público (MP).

Los ex diputados constitucionalistas dicen que el magistrado Héctor Efraín Trujillo Aldana debe inhibirse de conocer este caso, por el hecho de estar emparentado con la señora Torres Casanova y haber sido su abogado en la demanda que le planteó la bancada de diputados del Partido Patriota (PP) por haber desobedecido un llamado de esa bancada a comparecer en el Congreso de la República para explicar los gastos de sus programas Cohesión Social y Mi Familia Progresa. Por su parte, la UNE pide que haga lo mismo el magistrado Roberto Molina Barreto porque  ya expresó una opinión al respecto.

La selección por sorteo del magistrado suplente Héctor Efraín Trujillo Aldana no fue ninguna sorpresa para aquellos que  se habían adelantado a pronosticar que la suerte le iba a favorecer en el sorteo. ¡Dicho y hecho! Este magistrado suplente fue designado por el Organismo Ejecutivo, uno de los cinco entes que participan en la conformación de la CC.  Desde ese momento comenzaron las críticas, ya que Trujillo ha sido consejero del presidente Álvaro Colom, tiene una oficina en Casa Presidencial y fue el defensor de la entonces «primera dama» en el proceso contra ella en el Juzgado Undécimo del Ramo Penal, por no haber obedecido el llamado a la sede de la bancada del Partido Patriota (PP).

Ante tal hecho, los destacados abogados constitucionalistas José Luis González Dubón y Gabriel Orellana coincidieron en que el licenciado Trujillo Aldana debe inhibirse de conocer este caso. “A mi criterio personal, cualquier magistrado cuyo nombre sea cuestionado durante este proceso, debería inhibirse de seguir conociendo; pues se critica su imparcialidad”, declaró Orellana. 
En medio de esta polémica, Orlando Blanco Lapola, jefe del comando de la campaña de la coalición UNE-GANA, salió al paso y añadió que quien que inhibirse de conocer la apelación es el magistrado Roberto Molina Barreto y explicó: “Cuando fue presidente de la CC, en la magistratura anterior, emitió opinión del caso, lo que le hace no apto para conocer”.

Son cinco las instituciones que designan a los cinco magistrados titulares y a los cinco magistrados suplentes.
 De acuerdo al licenciado Fredy Cabrera, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se espera que el fallo que la CC emita en este caso sea apegado al Estado de Derecho. “Para esto se requiere olvidar las presiones que harán tanto el oficialismo como entidades de la sociedad civil”, explicó. Los magistrados postulados por el CANG son los licenciados Héctor Pérez Aguilera, como magistrado titular, y el licenciado Ricardo Alvarado, suplente.

El licenciado Estuardo Gálvez, Rector de la Universidad de San Carlos, dijo que  “se espera tener una resolución apegada a derecho, y para eso se requiere tener confianza en las decisiones de los magistrados”.
 Por su parte, el presidente de la CSJ licenciado Luis Archila, declaró:
 “La CC es un ente independiente, por lo que no se debe olvidar que los magistrados que la integran no deben responder a los deseos de unos pocos sectores».

Jairo Flores

El presidente del Organismo Legislativo, Roberto Alejos Cámbara, prefirió no opinar al respecto. El Congreso de la República eligió a los magistrados Alejandro Maldonado Aguirre como titular y a la licenciada María de los Ángeles Araujo como suplente.

Orlando Blanco Lapola

Orlando Blanco y Jairo Flores, principales activistas de la campaña electoral de la ex «primera dama» le están buscando tres pies al gato y jugando con fuego por andar organizando manifestaciones de personas «acarreadas» a quienes les pagan algunos quetzales y les dan un almuerzo para que vengan a la capital a ejercer presión sobre los magistrados de la CC para que ordene la inscripción de la candidatura de la señora Sandra Torres Casanova. Los simpatizantes de la coalición UNE-GANA han anunciado que saldrán a la calle de nuevo mañana (jueves) cuando se esté realizando la Vista Pública en la Corte de Constitucionalidad, informó ayer Orlando Blanco Lapola, jefe de campaña de la coalición y agregó:
 “El acompañamiento de las bases no es presión, estamos planificando el acompañamiento de algunas delegaciones que puedan venir de los departamentos y del área metropolitana. Siempre en el marco de lo que la ley nos permita”.
 El pasado 29 de julio, varios miles de partidarios de la inscripción de la candidatura de Sandra Torres Casanova y correligionarios de la UNE-GANA marcharon por las calles de la capital en apoyo a su candidata, cuando se celebró la Vista Pública en la Corte Suprema de Justicia, donde se conocía una acción de amparo presentada por la ex “primera dama”, quien está empecinada en ser inscrita como candidata presidencial y en ganar las elecciones para llegar a ser la primera mujer en Guatemala que desempeña el cargo de Presidente Constitucional de la República. Pero se lo prohíbe el inciso c) del Artículo 186 de la Constitución de la República. Y a pesar de que pueda haber más de un millón de personas que la quieren ver como candidata presidencial, «la ley es la ley» y hay que obedecerla sin protestar de esa manera intimidatoria.