De El Calafate a Ushuaia

Estas fueron las últimas fotografías que tomamos en El Calafate antes de trasladarnos al puerto Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, sobre el Canal Beagle:

Como se puede ver, en El Calafate la «Iglesia de Jesucristo» no es precisamente igual a la que administra en Guatemala el famoso predicador «Cash» Luna en la llamada «Casa de Dios», ni tampoco como el coliseo denominado «La Fraternidad Cristiana». Tampoco el sencillo automóvil al servicio del pastor de El Calafate es comparable a los que usan en nuestro país tanto los pastores evangélicos como los curas católicos.


El corderito patagónico a las brasas es la más deliciosa especialidad que se come en la Patagonia Argentina, porque en esta zona del país abundan los corderos, pero no hay carne de res. Abren los corderitos y los ponen a asarse lentamente a las brasas. Todos los restaurantes de El Calafate ofrecen carne de cordero, asado a las brasas, y la carne de res tienen que traerla de otros lugares.


Es indudable que La Tablita es el mejor restaurante que hay en El Calafate. Aquí estamos Alejandro y cto se centró en la disputa por la posesión de las islas e islotes ubicados en el llamado «martillo», un polígono definido en el Compromiso de Arbitraje de 1971 en el que se hallaban ubicadas las islas Picton, Nueva, Lennox, Gratil, Augusto, Snipe, Becasses, Gable e islotes adyacentes.
Los primeros antecedentes del conflicto datan de 1888, siete años después de la firma del Tratado de Límites, cuando aparece el primer mapa argentino en el que aparecen las islas en cuestión bajo soberanía argentina. A pesar del pequeño tamaño de las islas, su valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico originó un largo conflicto entre ambos estados sudamericanos durante gran parte del siglo XX.
El año 1971 ambos países acordaron en el Compromiso de Arbitraje definir un polígono (el «martillo») y someter la soberanía de las islas ubicadas en el a la sentencia de un Tribunal Arbitral que debía dar a conocer su decisión a la Reina Isabel II de Inglaterra. El Tribunal Arbitral dictó una sentencia, conocida como Laudo Arbitral de 1977, que otorgaba aguas navegables en el Canal Beagle a ambos países y la mayor parte de las islas y de los derechos oceánicos a Chile.
El régimen argentino rechazó el fallo, considerándolo «insubsanablemente nulo», extendió el conflicto a toda la región hasta el Cabo de Hornos, es decir las islas Evout, Barnevelt, Freycinet, Terhalten, Sesambre, Deceit y la parte oriental de las islas Wollaston, Herschel y de Hornos y amenazó con la guerra. El conflicto llegó a su punto culminante el día 22 de diciembre cuando las Fuerzas Armadas de la Argentina se disponían a ocupar por la fuerza las islas en disputa.
Después de más de dos tercios de siglo de disputa, el conflicto se solucionó finalmente en 1984 cuando el gobierno de Argentina, tras una consulta popular, aceptó la propuesta de la Santa Sede que reconoce la frontera trazada por el Laudo Arbitral en el Canal Beagle otorgó las islas en la mitad norte del canal a Argentina y las islas en la mitad sur y al sur del canal a Chile y otorga derechos de navegación a ambos países en casi toda la zona. Asimismo concedió a Argentina la mayor parte del territorio marino en disputa.
Como se recordará, hace algunos años Chile ganó el diferendo con Argentina sobre la soberanía del Canal Beagle, para lo cual se solicitó la intermediación del gobierno de la Santa Sede y el Papa Juan Pablo II designó como mediador al cardenal Antonio Samoré.
Para poder informar minuciosamente lo que habido en este diferendo, o esta disputa, consulté la Wikipedia, estupenda enciclopedia libre de Goggle en Internet, de donde extraigo estos datos.
La ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego fue fundada por el gobierno de Argentina el 12 de octubre de 1884, cerca del lugar donde existía una misión anglicana dirigida por el ciudadano inglés Thomas Bridges, quien se nacionalizó argentino en 1869.
El Canal Beagle, así llamado en los tratados limítrofes, pero también denominado en Argentina Canal de Beagle o Canal del Beagle, va desde el meridiano 71°W hasta el meridiano 66°W y es un accidente geográfico del extremo meridional Americano que corre unos kilómetros al norte del paralelo 55 sur.
Por sus rasgos fisiográficos ha sido caracterizado como un canal costanero, longitudinal y concordante. Se extiende a lo largo de 280 km, con dirección general este-oeste, poniendo en comunicación las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico, desde el extremo del denominado Brazo Suroeste, que forma la bahía Rafagales, hasta su boca oriental, en un punto situado al NE de isla Nueva.
Su denominación procede del bergantín HMS Beagle, bajo el mando de Robert Fitz Roy, que arribó al lugar en 1830. El descubridor del canal fue el teniente M. Murray miembro de la tripulación de la misma nave.
Entre los meridianos 68º36’38,5W y 66º25’00W constituye el límite internacional entre Chile y Argentina. El límite va casi por el centro del canal y permite la navegación a ambos lados de la frontera.
La parte central y la occidental del Canal Beagle pertenece totalmente a Chile y forma parte de XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
El canal corre entre la Isla Grande de Tierra del Fuego, por el norte, y las islas Stewart, O’Brien, Gordon, Hoste, Navarino, Picton, Lennox, de oeste a este, y Nueva por el sur. En la parte del canal compartida por Chile y Argentina se encuentran las islas o islotes chilenos Whaits y Snipe y las islas o islotes argentinos Bridges, Gable, Becasses, Martillo y Yunque.
Entre las bahías que se abren en el canal cabe mencionar la de Ushuaia, sobre cuyas costas se asienta la ciudad del mismo nombre, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Puerto Williams, en la isla Navarino, es la capital tanto de la Agrupación de Comunas de Cabo de Hornos y Antártica como de la Provincia de la Antártica Chilena.
Puerto Toro, también en la isla Navarino, es realmente la comunidad más austral del mundo y está poblado por aproximadamente 50 pescadores y sus familias. Pertenece a la comuna de Cabo de Hornos, en la Provincia de la Antártica Chilena, correspondiente a su vez a la XII Región de Magallanes y la Antártica de Chile.
El origen del canal se remonta a las últimas fases de las glaciaciones cuaternarias, como resultado del avance de un glaciar que descendió de la cordillera de Darwin y avanzó por un valle longitudinal; posteriormente, ante el retroceso posglacial, fue invadido por el mar. Son diversos los rasgos que atestiguan estos procesos geológicos; entre ellos destaca el perfil transversal de forma de «U», con la berma visible, así como la presencia de morrenas laterales e islas rocosas pulidas por el hielo.
Laudo Arbitral de 1977
En 1970 Chile y Argentina aceptaron someter el diferendo al arbitraje de del Reino Unido con la condición de que fuese un tribunal arbitral compuesto por cinco peritos internacionales nombrados por Chile y Argentina quienes plantearan una propuesta a la monarca, la que finalmente aprobaría o rechazaría sin modificarla dicha propuesta de arbitraje. El 22 de julio de 1971, el doctor Salvador Allende y el general Alejandro Agustín Lanusse, gobernantes de las repúblicas de Chile y Argentina, respectivamente, firmaron en la ciudad de Salta el Compromiso de Arbitraje entre y Solicitud de Laudo Arbitral.
La sentencia, llamada Laudo Arbitral de 1977, es el resultado de un exhaustivo análisis por parte del tribunal arbitral de los derechos jurídicos de ambos países sobre la zona en conflicto en el marco del Derecho Internacional y de los tratados vigentes. Para ello ambos países pudieron presentar toda la argumentación y los documentos que según su interpretación aseguraban sus derechos sobre la zona y luego defender ante los jueces sus respectivas tésis.
Su preparación y realización se llevó a cabo consensuadamente por ambos países, con la expresa condición argentina de descartar cualquier ventaja para la posición chilena como consequencia del litigio argentino-británico por las Islas Malvinas. Su cumplimiento era obligatorio y estaba confiado al honor de las naciones.
El Laudo Arbitral fue dado a conocer por la Reina Isabel II de Inglaterra el 2 de mayo de 1977 y dictaminó que las islas Picton, Nueva y Lennox así como los islotes adyacentes pertenecen a Chile.
Al dar el Tratado Límites de 1881 a Argentina una costa en el Canal Beagle, automáticamente el derecho internacional le concedía derechos marítimos sobre el canal, descartando la teoría de la costa seca. Conforme a lo anterior el tribunal trazó el límite al interior del canal de tal manera que ambos tuviesen libre navegación a sus puertos por el canal. En particular, dentro del canal, el islote Snipe fue otorgado a Chile y la isla Gable y las islas Becasse fueron otorgadas a Argentina.
El límite marítimo era la línea de puntos equidistantes a las costas chilenas y argentinas más cercanas. Aproximadamente una línea desde la salida oriental del Canal Beagle en dirección sureste.
Chile aceptó la sentencia, y la convirtió en ley chilena, promulgó los decretos de Lineas de Bases y nombró alcaldes de mar.
Sin embargo, Argentina declaró nula la sentencia, según su declaración «por deformación de las tesis argentinas, por abuso de las prerrogativas de la corte, por contradicciones lógicas, por errores de interpretación, por errores geográficos e históricos y por parcialidad». También la consideró ilegal dentro de la legislación argentina por haber sido solicitado por un gobierno de facto, porque no había sido aprobada por el Congreso y por haber sido elaborado por la Reina Isabel II. Conforme a lo previsto en el compromiso, el tribunal arbitral se autodisolvió tras comunicar su sentencia a las partes y constatar que se había cumplido su sentencia: todas las islas en disputa se encontraban bajo soberanía de facto del respectivo país al cual se le habían otorgado.
Antecedentes
El abrazo de Maipú entre los próceres de la independencia José de San Martín, de Argentina, y Bernardo O’Higgins, de Chile, después de haber derrotado a los gobiernos realistas en la Batalla de Maipú. Ambas naciones comparten lazos familiares, cultura, lengua, religión, historia y modos de vida.
Durante el dominio español, la firme resistencia indígena y las duras condiciones climáticas dificultaron los intentos de establecerse en la zona de la Patagonia y la Araucanía, con la excepción de Valdivia, Chiloé y los Establecimientos Patagónicos sobre el Atlántico de Chile. Tras el intento fallido de fundar Puerto del Hambre, en 1584, en las costas del Estrecho de Magallanes, la Corona española desistió de nuevos intentos poblacionales en la región.
Tras la creación de los estados independientes en América del Sur, el establecimiento de límites entre éstos se definió usando las fronteras de las antiguas jurisdicciones coloniales aplicando el principio del Uti Possidetis, es decir se mantendrían las juridicciones coloniales. La Cordillera de los Andes, límite natural entre las zonas más habitadas de Chile y de la Argentina, evitó grandes discusiones sobre el establecimiento oficial de una frontera. Pero cuando las zonas pobladas comenzaron a expandirse, a cada lado de la frontera se entendían los documentos históricos sobre la región patagónica de manera diferente. Debe notarse que estos derechos derivados de la época colonial eran de jure y la soberanía de ninguno de las dos estados fue ejercida efectivamente en esas latitudes del continente, que eran considerados res nullius por otros países y se hallaban bajo control de pueblos indígenas no sometidos al control de ambos estados.
El territorio de Chile conoce como límites naturales, al sur el Cabo de Hornos de acuerdo al Artículo 2 de la Constitución del Estado de 1822. Estos límites se repitieron en las constituciones de 1823, 1828 y 1833.
A partir de 1830 Chile logró dejar atrás la anarquía que siguió a las luchas por la independencia y desde los años 1840, comenzó a otorgar patentes para la utilización del Estrecho de Magallanes. En consonancia con esta política, fundó los asentamientos de Fuerte Bulnes, el 21 de septiembre de 1843 y Punta Arenas en 1848, creando un polo de desarrollo y sirviendo a la navegación a vapor que comenzaba a usar el Estrecho de Magallanes como una mejor alternativa al paso de Drake usada hasta entonces por la navegación a vela.
La posesión del Estrecho de Magallanes no solo interesaba a Chile y Argentina, sino también a las potencias europeas y a los Estados Unidos de América. Los casos de las Islas Malvinas (1833), la zona del Canal de Panamá (1903), Gibraltar (1713), el Estrecho de Malaca Singapur (1819), todos ocupados puntualmente y a cualquier costo por Estados Unidos y el Reino Unido, demuestran el deseo de las potencias de controlar los pasos más importantes de navegación.
Dado que en el siglo XIX toda la cultura y casi todo el comercio chileno se orientaba a Europa, era de primordial importancia para Chile un acceso directo al oceáno Atlántico.
En 1895 se asentaron como pescadores, ovejeros o buscadores de oro los primeros chilenos en las islas al sur del canal Beagle. A partir de entonces Chile ejerció diferentes actos de soberanía sobre las islas.
La carencia de un gobierno nacional hasta 1853 y las guerras de Argentina contra Brasil y después contra Paraguay impidieron la ejecución de actos concretos de soberanía de Argentina en la región sur. El 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con sede en la Isla Soledad, y con juridicción teórica sobre las islas adyacentes al Cabo de Hornos. Sin embargo, su accionar se limitó a las islas Malvinas y a la Isla de los Estados y en 1833 las Malvinas fueron tomadas por la fuerza y dominadas desde entonces por el Reino Unido.
Siendo gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas protestó por el texto de la constitución de Chile de 1833 y reclamó por la posesión sobre el Estrecho de Magallanes. De acuerdo con su posición histórica, que afirmaba que la Patagonia era parte integrante de la región de Cuyo, la constitución de la Provincia de Mendoza de 1854, consideró también al Cabo de Hornos como su límite austral, pero este reclamo fue nacionalizado por la ley nacional Nº 28 del 17 de octubre de 1862 que federalizó los territorios pampeanos y patagónicos.
Tratados limítrofes entre Chile y Argentina
El año 1856 se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Chile y Argentina de 1856 que se basó en la doctrina del Uti Possidetis para fijar la frontera entre ambas naciones. Sin embargo en la práctica esta doctrina fue insuficiente, porque durante la colonia vastos territorios no eran conocidos, o no estaban cartografiados, o nunca habían sido poblados, lo cual hacía imposible determinar quién era el administrador de tales regiones durante la colonia, amén de que aún no se conocíann todos los registros administrativos coloniales.
Tras muchos intentos se llegó al acuerdo plasmado en el Tratado de Límites entre Chile y Argentina de 1881, válido hasta hoy, cuya simplicidad trajo consigo claridad, pero también algunas falencias.
Se intentó superar estas falencias con el Protocolo de Límites entre Chile y Argentina de 1893 que contiene la mención del principio oceánico: «Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico», la que Argentina considera general aplicable a toda la frontera y Chile solo a la frontera definida por la Cordillera de los Andes, es decir hasta el paralelo 52° Sur.
Dada la frecuencia con que aparecían controversias, se acordó el Tratado General de Arbitraje entre Chile y Argentina de 1902 para la solución pacífica de controversias. Esta sería más tarde la base legal del Laudo Arbitral de 1977.
Interpretación inicial del Tratado de 1881
El tratado de 1881 fue objeto de debate en ambos países en los años posteriores a su aprobación por la demarcación de la frontera a lo largo de la Cordillera de los Andes. Aunque el tratado sufrió algunas modificaciones en los años posteriores, el status de las islas del Beagle no fue sometido a cambio alguno.
Estudios sobre el tema coinciden en señalar que la interpretación inicial del Tratado de Límites de 1881 tanto en Chile como en Argentina coincidía en otorgar las islas Picton, Nueva y Lennox a Chile. Hasta 1888 la cartografía chilena, argentina y de otros países señalan las islas al sur de la Tierra del Fuego bajo soberanía chilena y en ninguno de los mapas aparece el meridiano del Cabo de Hornos como límite entre Chile y Argentina.
Los mapas argentinos muestran coincidencia hasta 1888 y algunos hasta mucho tiempo después en otorgar a Chile las islas al sur de la Isla Grande, de Tierra del Fuego.
Uno de los testimonios que sustentan la posición chilena es la del representante argentino para la delimitación de la frontera con Chile, don Francisco Pascasio Moreno (el famoso Perito Moreno en cuyo honor lleva ese nombre el glaciar), quien en un memorandum al Ministro Plenipotenciario de Gran Bretaña en Buenos Aires prevenía a su país del reclamar las islas.
«No atino a explicarme por qué el gobierno argentino pretende hoy imponer su soberanía sobre las islas Picton, Nueva, Lennox, etc., fundándose en los tratados vigentes, es decir, en el de 1881 y en el protocolo de 1893, cuando el primero de ellos lo invalida para tal pretensión y el segundo nada tiene que ver con la demarcación en el canal de Beagle. Insisto: la mención en el Tratado de 1881, con excepción de la isla de los Estados, le hará perder un pleito tan malamente planteado. También repetiré que la excepción que hace el Tratado de 1881 con la isla de los Estados, que reconoce como argentina, no permite poner en duda la propiedad chilena de las tierras situadas tanto al sur de la isla de la Tierra del Fuego como al sur del canal de Beagle»
Empero, la docta opinión de este representante argentino durante la discusión, que era un perito en la materia, en la comisión que debía fijar los límites con Chile no fue escuchada por los gobiernos de Argentina.
Desde 1888 algunos mapas argentinos comenzaron a incluir parte de estos territorios en su soberanía. En publicaciones de 1894 ya se evidencian reclamaciones argentinas principalmente sobre Picton y Nueva. En los años posteriores a la firma del tratado, fueron encontrados yacimientos de oro en las islas al oriente de Navarino lo que reavivó el interés de ambos países para la extracción de recursos desde aquellos territorios.
Otro punto importante sobre este tratado es la posesión del Canal Beagle: en Chile, algunas interpretaciones del texto «… hasta tocar con el canal Beagle …» determinaban que el límite fuera la costa y la totalidad del canal sería chilena. Si este fuera el caso, Argentina tendría una costa seca, es decir tendría costa, pero no acceso al mar. Esta interpretación fue dejada por un lado y ya en la consulta a la Corte Arbitral Chile pidió sólo las islas interiores del canal que estaban en la parte sur del Canal Beagle.
Los intentos de solución y los incidentes
El 28 de junio de 1915 se firmó un protocolo en Buenos Aires para solicitar los servicios de la corona británica en base al Tratado General de Arbitraje de 1902 en la solución del diferendo de Beagle, sin embargo, el protocolo no fue ratificado.
El 2 de febrero de 1933 se intentó facilitar la ratificación del acuerdo anterior mediante el compromiso de Cruchaga Tocornal y Saavedra Lamas, pero no se tuvo éxito.
El 4 de mayo de 1938, en el protocolo de Gutierréz y Castillo se buscó como árbitro al fiscal general de los Estados Unidos de América, pero tampoco fructificó.
En 1948 Chile propuso someter a una sentencia de tribunal las islas Picton y Nueva, pero la oferta fue rechazada por la Argentina porque no incluía la isla Lennox.
Con el paso del tiempo, con las mejoras en la navegación y en la capacidad de ambos países de ejercer su soberanía en los territorios y mares que consideraban propios, aumentaron los incidentes.
En 1944, algunos sectores de la sociedad argentina, obnubilados por las victorias pírricas del fascismo europeo, fraguaron planes de invasión a Chile que fueron abortados, pero minaron las confianzas necesarias para la firma de tratados.
En 1949 el desastre del dragaminas argentino «Fournier», en el que murió toda su tripulación cerca de isla Dawson, complicó las relaciones entre ambos países.
En 1953, fue fundada la base naval Puerto Williams en la isla Navarino convirtiéndose en el poblado más austral del mundo.
En 1958 ocurrió el incidente del Islote Snipe que tensó nuevamente las relaciones entre los dos países.
Tras los incidentes en Laguna del Desierto, en Santiago de Chile se produjeron violentas manifestaciones anti-argentinas, hubo tensión en la frontera y un avión chileno realizó el 3 de diciembre un vuelo rasante sobre el crucero ARA La Argentina cerca de Puerto Williams.
En 1967 ocurrió el incidente de la «Torpedera Quidora» de la Armada de Chile, a la que se le disparó desde Ushuaia y también desde aviones argentinos.
Rumbo al arbitraje
Tras el incidente del islote Snipe, los gobiernos de la Argentina y Chile intentaron realizar acercamientos para poder solucionar los problemas derivados además del conflicto sobre la región de del alto Palena. El 2 de febrero de 1959, el presidente argentino Arturo Frondizi aterrizó en el Aeropuerto Los Cerrillos y firmó junto a su homólogo chileno Jorge Alessandri una declaración conocida como Declaración de Los Cerrillos en la que ambos mandatarios se comprometían a «entrar de inmediato en negociaciones encaminadas a encontrar las fórmulas arbitrales adecuadas, que permitan resolver los diferendos existentes».
El 22 de marzo de 1960 los presidentes Frondizi de Argentina y Alessandri de Chile firmaron en Santiago de Chile la Declaración Conjunta sobre Arbitraje. Los dos presidentes habían acordado someter al arbitraje de la reina Isabel II de Gran Bretaña o, en su defecto, del presidente de Suiza, la disputa limítrofe en la zona de Río Encuentro y valles de Palena y California, mientras que la disputa del Beagle sería sometida ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El 12 de junio de 1960 el canciller argentino y el embajador chileno en Buenos Aires firmaron los acuerdos conocidos como los Pactos del Sesenta: 1) Arbitraje en la región del río Encuentro – Palena ante la reina de Gran Bretaña; 2) Arbitraje de la Corte Internacional de La Haya en la cuestión de las islas Nueva, Picton y otras; 3) Se reconocía como chilena a la isla Lennox y los islotes adyacentes a ella; 4) El canal Beagle sería dividido por la línea media «con las inflexiones necesarias para que ambos países queden con aguas propias navegables en toda la extensión de la parte así dividida»; 5) Acta Adicional al Protocolo del 16 de abril de 1941 sobre revisión, reposición y densificación de hitos, que sometía al arbitraje británico cualquier cuestión sobre los hitos; y 6) Convenio de navegación sin prácticos para el paso inocente de barcos de guerra argentinos en los canales fueguinos entre el canal Beagle y el estrecho de Magallanes o a través del canal Murray entre el Beagle y el pasaje Drake.
Este texto generó suspicacias a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Mientras en Chile se consideraba una usurpación el ceder los islotes Becasses ubicados en la entrada del canal, las autoridades argentinas no estuvieron de acuerdo con la renuncia sobre Lennox y además preferían buscar una solución bilateral y no recurrir a un arbitraje. El Senado chileno rechazó el convenio sobre navegación. Ante la falta de apoyo de los pactos en ambas naciones, el presidente chileno Eduardo Frei Montalva retiró su discusión del Congreso en 1965.
A pesar del rechazo al pacto, la idea del arbitraje se concretó. En 1964 ambos gobiernos aceptaron someter la diferencia limítrofe al Tribunal de La Haya y, al año siguiente, ambos mandatarios participaron en una cumbre en la ciudad de Mendoza destinada a buscar una solución definitiva en cuanto a las fronteras. Sin embargo los avances en esta gestión se vieron abortados tanto por los nacionalismos exacerbados provenientes principalmente desde las Fuerzas Armadas de ambos países, las diversas violaciones a los acuerdos limítrofes por barcos en las costas del Beagle, el conflicto en Laguna del Desierto, el derrocamiento del presidente argentino Arturo Umberto Illia, en 1966 y la resolución pendiente del arbitraje en Palena.
Contrario a lo que habían convenido en 1964, el gobierno chileno decidió invocar al arbitraje ante el monarca británico. El 11 de diciembre de 1967 el canciller chileno Gabriel Valdés comunicó al embajador argentino la decisión de utilizar este método, de acuerdo a lo estipulado en los Pactos de Mayo de 1902. Al día siguiente se realizó lo mismo con el canciller británico George Brown. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez cuestionó de inmediato el proceder del gobierno chileno y se negó a participar del arbitraje.
El Laudo Arbitral de 1977
En 1970 Chile y Argentina aceptaron someter el diferendo al arbitraje de del Reino Unido con la condición de que fuese un tribunal arbitral compuesto por cinco peritos internacionales nombrados por Chile y Argentina quienes plantearan una propuesta a la monarca, la que finalmente aprobaría o rechazaría dicha propuesta de arbitraje, sin modificarla. El 22 de julio de 1971 los gobernantes doctor Salvador Allende y general Alejandro Agustín Lanusse firmaron el Compromiso de Arbitraje entre Chile y Argentina: solicitud de Laudo Arbitral, en la ciudad de Salta.
La sentencia, llamada Laudo Arbitral de 1977, es el resultado de un exhaustivo análisis por parte del tribunal arbitral de los derechos jurídicos de ambos países sobre la zona en conflicto en el marco del derecho internacional y de los tratados vigentes. Para ello ambos países pudieron presentar toda la argumentación y los documentos que según su interpretación aseguraban sus derechos sobre la zona y luego defender ante los jueces sus respectivas tésis.
Su preparación y realización se llevó a cabo consensuadamente por ambos países, con la expresa condición argentina de descartar cualquier ventaja para la posición chilena como consequencia del litigio argentino-británico por las Islas Malvinas. Su cumplimiento era obligatorio y estaba confiado al honor de las naciones.
El Laudo Arbitral fue dado a conocer por la Reina Isabel II de Inglaterra el 2 de mayo de 1977 y, aquí en forma resumida, dictaminó que las islas Picton, Nueva y Lennox, así como los islotes adyacentes, pertenecen a Chile.
Al dar el Tratado Límites de 1881 a Argentina una costa en el Canal Beagle, automáticamente el derecho internacional le concedía derechos marítimos sobre el canal, descartando la teoría de la costa seca. Conforme a lo anterior el tribunal trazó el límite al interior del canal de tal manera que ambos tuviesen libre navegación a sus puertos en el canal. En particular, dentro del canal, el islote Snipe fue otorgado a Chile y la isla Gable y las islas Becasse fueron otorgadas a Argentina.
El límite marítimo era la línea de puntos equidistantes a las costas chilenas y argentinas más cercanas. Aproximadamente una línea desde la salida oriental del Canal Beagle en dirección sureste.
Chile aceptó la sentencia, y la convirtió en ley chilena: promulgó los decretos de Lineas de Bases y nombró alcaldes de mar.
Argentina declaró nula la sentencia, según su declaración, por deformación de las tesis argentinas, por abuso de las prerrogativas de la corte, por contradicciones lógicas, por errores de interpretación, por errores geográficos e históricos y por parcialidad. También se le consideró ilegal dentro de la legislación argentina por haber sido solicitado por un gobierno de facto, por que la solicitud no había sido aprobada por el congreso y por haber sido elaborado por la Reina Isabel II de Gran Bretaña.
Conforme a lo previsto en el compromiso, el tribunal arbitral se autodisolvió tras comunicar su sentencia a las partes y constatar que se había cumplido su sentencia: todas las islas en disputa se encontraban bajo soberanía de facto del respectivo país al cual se le habían otorgado.
A partir de aquel momento, Argentina intensificó la presión militar sobre Chile. En octubre de 1978 los presidentes de la Argentina y de Bolivia ratificaron su solidaridad mediante un comunicado que unía el pedido de Bolivia de salida al mar, el cual perdió después de Guerra del Pacífico, con la cuestión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, incluyendo a Malvinas y el Beagle.
Las fuerzas armadas argentinas elaboraron el «Operativo Soberanía» para «cortar» Chile en varias partes por medio de una invasión. Para prepararse realizaron maniobras militares y simulacros de guerra a lo largo de la frontera.
Al mismo tiempo, la Armada Argentina preparó en detalle las órdenes a cumplir una vez que se tomara posesión de las islas militarmente. La gendarmería argentina cerró varias veces la frontera con Chile, un paso considerado como previo a la guerra. La Argentina impidió el libre tráfico de productos entre Chile y Brasil.
Los medios de comunicación argentinos difundieron contínuamente una visión belicista del problema, el embajador de Chile ante la OEA dio a conocer la expulsión de más de 4000 chilenos residentes en Argentina; el presidente argentino, general Jorge Rafael Videla, durante el encuentro de Puerto Montt, amenazó con la guerra si Chile no cambiaba su posición en las negociaciones: «las negociaciones directas constituyen la única vía pacífica para solucionar el conflicto». El gobierno argentino realizó los preparativos públicamente con gran profusión de determinadas noticias alarmantes, tales como que el almirante Massera realizó una «vigilia de armas» en Ushuaia, una costumbre medieval de tono místico; los envios de tropas fueron acompañados de gran algarabía, gritos y coros; cantantes populares concurrieron a los cuarteles para actuar y entretener a la tropa; se realizaron ejercicios de oscurecimiento, también en ciudades que difícilmente podían ser atacadas; la sucesión de maniobras militares en 1978 fueron difundidas y comentadas ampliamente por la prensa; se recurrió a los más bajos instintos para motivar a los soldados: tales como estos deseos de un oficial del ejército argentino: «Comeremos sus gallinas y violaremos a sus mujeres». A lo que agregaban: ?En seis horas estamos en Santiago, tomando champaña en La Moneda y después vamos a orinar a Valparaíso?.
El informe Rattennach criticó posteriormente la actitud belicosa del gobierno argentino durante la primera fase de la guerra de Las Malvinas. El presidente de ese gobierno de facto era el general Leopoldo Fortunato Galtieri comandante de cuerpo del ejército argentino durante la fase caliente del Conflicto del Beagle que ordenó inconsultamente el cierre de la frontera chilena.
En gobierno chileno, consciente del peligro de guerra, de sus funestas consecuencias y de que en ella no había nada que ganar, pues ya ocupaba las islas de hecho y por derecho, preparó la defensa del país manteniendo a la prensa y a la población alejada de esos temas en lo posible. En una guerra, Chile nada obtendría pero si podía perder. Sabía que en caso de una derrota, ya fuese parcial o completa, debería transar con su contraparte argentina y en ese caso una opinión pública demasiado optimista o delirante impediría la flexibilidad, es decir, las concesiones necesarias.
La marina de guerra se preparó durante todo el año 1978, pero no fue publicitado sino que la información se mantuvo velada al público y era conocida sólo por las personas e instituciones involucradas.
La verticalidad del mando dentro de las fuerzas armadas chilenas hacía imposible que algún general o almirante hiciera alardes de valentía o coraje o presentase exigencias diferentes a las del gobierno frente a los periodistas para obtener ventajas políticas. En ese caso se transformaría en un concurrente para Pinochet lo que no era deseado dentro de las fuerzas armadas.
Pinochet preveía una guerra larga y de desgaste: «una guerra de montonera, matando todos los días, fusilando gente, tanto por parte de los argentinos como por nuestra parte, y al final, por cansancio, se habría llegado a la paz».
Alternativas para la solución
Dado que el camino del derecho había sido bloqueado por la negativa argentina a aceptar el consensuado Laudo Arbitral, los gobernantes debieron buscar otra vez el camino para un entendimiento:
Llevar a cabo negociaciones directas y solicitar un mediador; llevar el caso ante el tribunal internacional de La Haya; o la guerra; u obligar al adversario mediante la fuerza a aceptar las condiciones.
Cada una de estas alternativas tenía ventajas y desventajas diferentes para cada adversario.
La negociación directa
La negociación directa es normalmente la forma en que los gobiernos resuelven sus cuestiones, ya sean litigios, planes para el futuro, etc. Se pueden llevar a cabo confidencialmente, no tienen la presión de la opinión pública, la que se entera sólo cuando hay un plan presentable. Tampoco deben autoimponerse cortapisas innecesarias en las conversaciones, si ambos lo desean todo es transable. Pero si los ánimos ya están caldeados o no hay nuevos aportes, la negociación no fructifica. Además, tiene la desventaja de que puede colocar en la misma mesa a adversarios muy dispares, quedando el más débil a merced del más fuerte. Esta era «la única salida pacífica al conflito», según el general Jorge Rafael Videla, presidente de facto de Argentina. Pero posteriormente cambió esta opinión.
El servicio de un mediador
El servicio de un mediador consiste en que, si es de confianza, puede ayudar a los adversarios a ceder algo en sus posiciones sin que el otro rival lo sepa inmediatamente, sino a través del mediador. El mediador debe entonces encontrar un punto de contacto entre las dos posiciones. Para el mediador existe el peligro de fracasar, lo cual le significa un gran desprestigio. Dado que el mediador debe tener la confianza de ambas partes, su prestigio debe ser mayor, algo que nadie quiere perder.
El gobierno chileno veía en la mediación una posibilidad de negociar sin la presión militar argentina y buscaba un mediador, pero el gobierno argentino no podía imponerse a los sectores militares intransigentes que formaban parte del Proceso de Reorganización Nacional. Argentina ya había rechazado la posibilidad de solicitar la mediación de:
La Organización de Estados Americanos (OEA), o del Rey Juan Carlos de España, o del Papa. Pero durante la fase más candente del conflicto murió el Papa Pablo VI, a quién sucedióJuan Pablo I durante solamente 33 días. Finalmente, su sucesor, Juan Pablo II, fue el mediador del conflicto.
Un tribunal internacional
Un tribunal internacional supone la entrega del caso completamente a manos ajenas, pero dentro de un marco legal fijado de antemano. Los argumentos en este caso habrían sido sólo jurídicos. La Argentina, cuyos argumentos jurídicos habían sido rechazados en la Corte Arbitral y había desechado una revisión declarándolo nulo, consideraba la presentación por parte de Chile del caso Beagle ante el Tribunal de La Haya como casus belli o motivo de guerra.
La guerra
«La guerra es la continuación de las negociaciones directas con otros medios». Dado que hasta ese momento Chile estaba en posesión de facto efectiva de las islas y el Laudo Arbitral de 1977 se las había otorgado de jure, no le convenía el camino de la guerra, menos aún considerando la correlación de fuerzas.
La Argentina, en cambio, no estaba en posesión de las islas en disputa y tenía en su contra el fallo arbitral, por lo que el gobierno militar planificó acciones militares para tomar posesión de ellas, utilizando su mayor peso militar.
La política interna
En Chile gobernó desde 1973 hasta 1989 una junta militar con Augusto Pinochet como presidente y casi sin oposición permitida, ni dentro ni fuera de la junta militar. A mediados de 1978 Pinochet destituyó al general Gustavo Leigh de la comandancia de la Fuerza Aérea de Chile por sus propuestas de democratización, tras lo cual renunciaron a su cargo 18 de los 21 generales de esa institución. Sin embargo, el poder de Pinochet no era absoluto, ya que no pudo concretar un virtual acuerdo alcanzado con Videla en la reunión de Mendoza, ni subordinar a la marina al jefe militar de la zona sur en diciembre de 1978. Aun así la organización centralizada y jerárquica del mando permitió evitar roces entre los actores y optimizar el uso de los recursos.
En Argentina gobernaba el llamado Proceso de Reorganización Nacional que otorgaba igual poder a las tres ramas de las fuerzas armadas argentinas y en que se preveía la alternancia en el poder. Este balance dentro de la junta militar argentina permitía además la deliberación política dentro de las fuerzas armadas y la formación de bloques entre ellas. Se distinguieron tres corrientes políticas dentro de las fuerzas armadas argentinas: los «blandos» fueron los generales Videla y Viola; los «duros» fueron los generales José. A. Vaquero, Luciano. B. Menendez, Leopoldo. Galtieri, R. Camps, C. G. Suaréz M., y Saint Jean; y el «populista» fue el general A. Massera. Las continuas rencillas entre estas facciones impedían la toma de decisiones y su imposición: el general Galtieri, quien era el más intemperante y decidido a llegar a la guerra, ordenó inconsultamente el cierre de la frontera con Chile; el general Menendez intentó impedir por la fuerza la firma del Acta de Montevideo y se sublevó en 1979 contra el gobierno de Videla por razones de política contingente; el almirante Massera criticaba continuamente al gobierno con la esperanza de llegar a ser presidente si Videla caía. Las críticas eran a veces abiertas, otras solapadas, minando la credibilidad de su gobierno.
Videla era prácticamente solamente un portavoz del gobierno, pues sus decisiones a menudo eran revertidas por la junta militar.
El autor Luis Alberto Romero sostiene que la rama belicosa del nacionalismo argentino que gobernaba su país se alimentaba de un fuerte chauvinismo, de viejas y nuevas fantasías argentinas como «patria grande», «entrar al primer mundo», «la expoliación sufrida» y el tradicional mesianismo militar ignorante de los básicos conocimientos de la geopolítica y de la política internacional.
En esa dirección apunta también el comentario aparecido en el New York Times del 31 de diciembre de 1978 que traducido al español dijo: ?La controversia sobre el Canal Beagle que ha llevado a los regímenes militares de Argentina y Chile al borde de la guerra es una expresión del turbulento revisionismo operante en Argentina en reacción a las frustraciones en la vida nacional. La política argentina esta conducida por militares cuyos valores nacionalistas están mezclados con ambiciones personales, miedos a los políticos, progresistas?.
Estas apreciaciones deben verse a la luz de declaraciones como la del almirante Gastón A. Clement, jefe del Estado Mayor de la Flota de Mar argentina, más tarde ministro de Marina, quien en 1948, en Bahía Blanca, postuló: «Argentina, desde el punto de vista geopolítico, es dueña de todo el estrecho de Magallanes, de sus canales derivados y de todo el Beagle. Los tratados internacionales de 1881 y los protocolos posteriores con Chile no tienen mayor alcance, porque se trata de necesidades de la nación argentina, impuestas a ella por su propia naturaleza geográfica y por la configuración del extremo austral del continente. El cono sur de América es argentino por obra de la naturaleza y las discusiones en que se entretienen algunos internacionalistas y juristas, tanto de Chile como de Argentina, no pueden destruir los hechos, más poderosos que todas las argumentaciones de la geografía del extremo sur de América. El dominio austral de América lo ha entregado la configuración geográfica del continente a la nación argentina, y resulta pueril que la Marina de Guerra argentina pueda aceptar otra posición que no sea la del imperio irrestricto y absoluto de la soberanía en el extremo austral de nuestro continente».
También el capitán de navío José A. Dellepianne, profesor de Estrategia y Geopolítica de la Academia de Guerra Naval de Argentina, julio de 1947 tenia similares deseos: «No podemos negarnos a la realidad. La Marina argentina debe tener dominio absoluto sobre todos los canales del Pacífico al Sur de la isla de Chiloé. La frontera con Chile es el macizo andino, y la cordillera de los Andes termina al Sur de Puerto Montt. La Armada argentina no tiene, pues, por qué desconocer los hechos de la naturaleza: el cono austral de América del Sur debe pertenecer de modo irremisible, tanto por derecho propio como por indiscutibles razones geográficas, a la más grande patria argentina.»
El impacto internacional
El aislamiento internacional del gobierno de Pinochet hacía difícil a cualquier cancillería un comunicado oficial de condena al rompimiento argentino del derecho internacional porque podría ser interpretado como un acto de solidaridad con un gobierno condenado internacionalmente por sus violaciones a los derechos humanos.
Pero la prensa internacional si comentó lo que estaba pasando:
El Journal do Brasil comentó en su editorial Del Derecho al Vaudeville: ?si la situación no estuviese tomando aspectos preocupantes oscilaría a los ojos de terceros, sólo entre lo cómico y lo ridículo. … Cuando el Laudo Arbitral, favorable a una de las partes en litigio, es rechazado por el perdedor y este exhibe todo un dispositivo guerrero para apoyar sus puntos de vista, se esta pasando del Derecho al Vaudeville
El Times de Londres se ocupó del tema en su editorial: ?Argentina ha hecho saber ahora que, probablemente, rechazará la decisión del panel internacional de árbitros que asignó a Chile tres islas en la boca del Canal Beagle. Deliberadamente ha elevado la temperatura dando publicidad a las maniobras navales que inició recientemente en la zona. Pero los argentinos deben tener conciencia de que, al mostrarse ejerciendo presión militar por su disconformidad con el fallo de un tribunal internacional, no está haciéndole mucho favor a su causa.
El diario El Tiempo de Bogotá, del 30 enero de 1978 opinó : «el fallo arbitral sobre el Beagle debe ser aceptado por ambas partes.»

Las relaciones intraregionales

Para aumentar la presión militar sobre Chile, la Argentina utilizó sus buenas relaciones con Perú y Bolivia, países que a consecuencia de la Guerra del Pacífico debieron ceder territorios a Chile y han mantenido siempre un deseo latente de revisión de esas cesiones.
La peligrosidad de un conflicto armado llamó la atención de las potencias mundiales dado que:
Brasil podría verse involucrado en acciones favorables a Chile, debido a rivalidades sobre el predominio regional con la Argentina; o si el Perú rompía el tratado fronterizo de 1929 y atacaba a Chile, Ecuador, debido a su insatisfacción por el tratado fronterizo de 1946 que entregó al Perú regiones del Amazonas que Ecuador consideraba legítimamente suyas, podría aprovechar la situación para intentar recuperarlas.
Estas complicaciones impulsaron a los Estados Unidos a presionar a ambos países para mantener la paz y a pedir al Vaticano una mediación.
El ministro de RR.EE. de Brasil y portavoz de la OEA aseguró que en caso de un conflicto armado la organización intervendría inmediatamente para restablecer la paz20

Operación Soberanía
Una vez desconocida la validez del Laudo Arbitral, el gobierno militar argentino movilizó todo su poderío militar para cambiar lo establecido por el tribunal. Para ello planificó bajo el nombre de «Operación Soberanía» un ‘plan de acción militar’ contra Chile, con el fin de ocupar las islas que el Laudo Arbitral de 1977 le había otorgado a Chile, e invadir su territorio continental si fuera necesario.
Este ‘plan de acción militar’ incluía la ocupación por medio de la fuerza de las islas que el Laudo había reconocido como chilenas y que se hallaban bajo control chileno, algunas desde 1892. Un acto de este tipo es condenado por la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, inciso 4:21. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Además, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, dice en su artículo 1:22:
Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado.
Por otra parte, la Carta de la Organización de Estados Americanos en su artículo 22:23 establece: ?Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados?.
La resolución Nr. 3314 (XXIX) en su artículo 2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1974 define la guerra de agresión como: ?the first use of armed force by a state in contravention of the Charter shall constitute prima facie an evidence of an act of aggression?.
La posición del aliado de Argentina, los Estados Unidos de América en condenar de antemano tal acto no podía ser más clara:
Si ustedes toman una sola roca, por minúscula que sea, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN los van a calificar de agresores. Le pediría que transmitiera este mensaje con claridad absoluta a Buenos Aires. Y agregó: el presidente Carter está al tanto de nuestra conversación.
Bob Pastor, asesor para asuntos interamericanos de los EE.UU.
La operación Soberanía fue puesta en marcha la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, el 4º Batallón de Infantería de Marina debía desembarcar en las islas en disputa a la hora 4:00 del 22 de diciembre. Helicópteros de la fuerza aérea, ejército y la Armada transportarían al batallón, pero fue abortada sólo horas antes cuando la junta militar argentina resolvió aceptar la mediación papal.
¿Por qué el gobierno militar argentino no continuó? Es una pregunta que no tiene respuesta conocida. Sin duda, la autoridad moral del papa Juan Pablo II fue una razón. También la certeza de que serían condenados internacionalmente como agresores puede haber jugado un rol en la decisión. Además la seguridad de una resistencia «simbólica» de parte de Chile y una victoria fácil se fue desvaneciendo día a día al ver que a pesar de los intentos de amedrentamiento Chile no cambiaba su posición. Otra razón fue que la flota argentina llevaba 20 días en el tormentoso mar austral lejos de su base de operaciones, lo que habría producido mareos y problemas de salud a los efectivos argentinos.
La mediación papal de 1979 a 1984
La Santa Sede aceptó mediar entre ambos países, impidiendo en ese momento el comienzo de la guerra.
En Montevideo, el 8 de enero de 1979 se firmó el Acta de Montevideo que fijaba de forma bastante flexible el marco de la mediación. Ambos gobiernos se comprometieron a no hacer uso de la fuerza, retornar al statu quo militar de comienzos de 1977 y se abstendrían de tomar medidas que turbasen la armonía entre las dos naciones.
La autoridad moral que el Papa posee en ambos países católicos impidió a los sectores más belicistas rechazar la oferta de mediación, aunque el Vaticano sabía que corría un grave riesgo por la disparidad de las posiciones presentadas. Chile sostenía la validez del Laudo Arbitral de 1977, pero la Argentina lo había declarado nulo.
El papa Juan Pablo II nombró como responsable de sus buenos oficios al cardenal Antonio Samoré, de 73 años de edad.
El 12 de diciembre de 1980 Juan Pablo II dio a conocer su propuesta para la solución del conflicto. El contenido de la propuesta debía permanecer confidencial hasta la aprobación por ambos gobiernos, pero el diario La Nación de Buenos Aires lo publicó el 22 de agosto de 1981. Ambos gobiernos debían dar a conocer su posición antes del 8 de enero de 1981.
Esta primera propuesta papal otorgaba las islas en disputa a Chile, mientras que la zona marítima en cuestión, un triángulo con un vértice en el extremo oriental del Canal Beagle y un lado sobre el meridiano del Cabo de Hornos, sería una zona económica compartida por Chile y la Argentina.
El 25 de diciembre de 1980, el régimen militar chileno declaró su aceptación a la propuesta papal.
El régimen militar argentino dejó pasar el plazo dado por el Papa sin dar una respuesta. El 25 de marzo de 1981 en una declaración pública no dio respuesta sino que solicitó más precisiones y detalles.
Ninguno de los gobernantes de facto del proceso de reorganización nacional argentino se pronunció sobre la propuesta papal, ni dio una solución al problema suscitado por el desconocimiento del Laudo Arbitral de 1977.
A pesar de que ambos gobiernos se habían comprometido a resolver el diferendo pacíficamente, el peligro de la guerra continuó en el sur.
A comienzos de 1981 fueron detenidas a ambos lados de la frontera varias personas, bajo la acusación de espionaje. Las tropas fueron puestas otra vez en la frontera y la Argentina cerró todos los pasos fronterizos hacia Chile, una medida que se considera normalmente como previa a la guerra.
El 19 de febrero de 1982, seis semanas antes del comienzo de la guerra por las Islas Malvinas, el remolcador argentino ARA Gurruchaga ancló sin permiso de las autoridades chilenas durante tres días frente a la isla Deceit, ubicada fuera de la zona de litigio definida por el Compromiso de Arbitraje de 1971, en una zona que el gobierno argentino había comenzado a reclamar como propia desde que había declarado nulo el Laudo Arbitral, rompiendo las promesas hechas al Vaticano en el «Acta de Montevideo» de abstenerse de tomar medidas que turbasen la armonía entre las dos naciones y a pesar de las protestas del gobierno chileno.26 La tensión en la frontera permanecía.
La guerra de las Malvinas
En la Argentina, continuaron las pugnas entre las facciones de las fuerzas armadas para obtener una mayor cuota de poder en el gobierno, utilizando para ello también la política exterior. Durante sus intentos para evitar la guerra entre la Argentina y el Reino Unido el Secretario de Estado de los Estados Unidos, general Alexander Haig, envió un mensaje al canciller británico Francis Pym comentando la jerarquía en la junta militar argentina el 27 de Argentina 30 de abril de 2007:
«No está claro quién está al mando ahí», explica Haig al canciller británico, Francis Pym, en un mensaje reservado. «Tanto como 50 personas, incluyendo comandantes de cuerpo, pueden estar ejerciendo vetos»
Con el paso del tiempo el descrédito de los gobernantes aumentaba y la paciencia de los gobernados se terminaba, teniendo el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri que luchar por su supervivencia. En ese sentido, en la política argentina, la Guerra de las Malvinas se puede entender como la continuación de la crísis del Canal Beagle.
El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de las Malvinas con el desembarco argentino en las Islas Malvinas. Tras cruento combate, la fuerza anfibia tomó prisioneros a los 68 guardias británicos que protegían las islas y la deportó, junto al gobernador de las islas, hacia el Reino Unido. El Reino Unido reaccionó, para los jefes militares argentinos inexplicablemente, enviando cuatro días después, una fuerza de tareas desde Portsmouth. Esta guerra costó la vida de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Chile, que siempre ha apoyado los derechos argentinos sobre las islas, se abstuvo el 29 de mayo de 1982 junto a los Estados Unidos, Colombia y Trinidad y Tobago de apoyar la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para dar apoyo militar a Argentina en la guerra. La razón formal fue el no cumplimiento por Argentina de la resolución 502 de las Naciones Unidas que exigía el retiro de las fuerzas argentinas de las islas Malvinas. (En su artículo 2 el TIAR exige a los contendores cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas). Pero la razón verdadera puede haber sido que en Chile no había pasado desapercibido que Argentina consideraba a Chile un país enemigo, como lo confirmó el Informe Rattenbach en el párrafo 718.28
El barco de la Armada de Chile «Piloto Pardo» colaboró en el rescate de naúfragos y víctimas tras el hundimiento del ARA General Belgrano.
El discurso de Galtieri al anunciar la recuperación de las islas a los argentinos que celebraban en la Plaza de Mayo, donde dijo: «es el comienzo de la recuperación de nuestra soberanía en las islas del sur». más la presencia de las mejores tropas argentinas apostadas en la frontera chilena obligaron al gobierno de Chile a prever lo peor. Argentina se negaba aún a aceptar la propuesta papal y sectores de las Fuerzas Armadas argentinas aún se inclinaban por la guerra contra Chile.
Un último daño que la crísis del Canal Beagle le causó a ambos países fue la cooperación chilena con el Reino Unido durante la guerra de Las Malvinas.
En un ejemplo de lo que durante la guerra fría se llamó Realpolitik, el gobierno chileno informaba al Reino Unido los despegues desde bases aéreas argentinas, alertando a los británicos antes que los aviones llegaran a sus objetivos.
A las 23:59 del 14 de junio de 1982, el general argentino Mario Benjamín Menéndez rinde las islas Malvinas al general Jeremy J. Moore. El conflicto dejó unas Fuerzas Armadas Argentinas completamente debilitadas tanto en sus equipos, como en el personal y en su moral. Perdió supremacía en la región y con una desprestigiada cúpula militar, las inversiones y gastos militares fueron anulados hasta el presente, ya que los sucesivos gobiernos fijaron como política de estado, no tener hipótesis de conflictos y resolver todo por vía diplomática.
El régimen militar chileno en 1982
Tras algunos años de prosperidad a fines de los 70, el incipiente modelo económico neoliberal chileno hizo crisis a raíz de la fijación del tipo de cambio dolar-peso. Durante el año 1982 el PGB bajó un 14% y aunque la inflación se mantuvo en un 21%, el desempleo llegó al 26% y las reservas internacionales disminuyeron en 1.200 millones de dólares. El año 1983 todos los partidos de centro e izquierda y algunos sindicatos que habían logrado recomponerse llamaron a la primera protesta nacional abiertamente, iniciando un enfrentanmiento político y social con el gobierno.
El Partido Comunista de Chile, que siempre había legitimado el sistema parlamentario y las elecciones, llamó a combatir al gobierno militar «con todas las formas de lucha», creó el Frente Patriótico Manuel Rodriguez, que el 14 de diciembre de 1983 inicio su lucha con un corte del suministro eléctrico a nivel nacional. Después de la firma del Tratado de Paz, el FPMR, con intervención cubana, ingresó masivamente armas a Chile para combatir al régimen. Su máxima notoriedad la logró el 7 de septiembre de 1986 cuando intentó el magnicidio a las afueras de Santiago de Chile.
Al aislamiento político del régimen, interno y externo, se sumó el peligro de un alzamiento armado dentro del país. Para la represión de las protestas populares el régimen debía comandar miles de soldados y en las protestas más fuertes eran asesinadas decenas de personas.
La redemocratización en Argentina era un ejemplo a seguir para los opositores del régimen y la opinión pública chilena seguía con interés los sucesos al otro lado de la cordillera.
Dado que ya se conocían en Chile los entretelones de la Guerra de las Malvinas, una solución «a la Galtieri» a los problemas internos no era viable para Augusto Pinochet. Una opción era desahuciar la mediación papal, dejar que pasara el tiempo hasta que se aceptara el Laudo Arbitral por parte del gobierno argentino: Argentina no podía emprender otra guerra y el derecho internacional asistía a Chile.
Es posible que los gobernantes chilenos hayan aprendido de sus errores tras la Guerra del Pacífico, cuando tomaron todo lo que pudieron tomar, y esta vez hayan escuchado el consejo de Domingo Faustino Sarmiento ilustre visionario y patriota argentino, creador de la Escuela Normal de Chile (hoy diríamos Escuela de Pedagogía), propulsor de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por parte de Chile y defensor implacable de los derechos argentinos sobre la Patagonia oriental. En una carta del 15 de febrero de 1881, un mes después de la entrada de las tropas chilenas a Lima, aconsejaba a Don José Manuel Balmaceda: «He debido esperar para contestarle, que el rumor de las batallas cese; que los actores cuenten todas las escenas del gran drama, para darle a Ud. mi opinión sobre la política que debe seguir Chile después de su grande victoria en el Pacífico: Negarse la entrada en el Atlántico y tener el coraje de no tener razón en Magallanes ni Patagonia, so pena de constituir un estado desde Tarapacá hasta Santa Cruz, con mil quinientas leguas de largo, sin ancho apreciable, tres repúblicas y dos mares a guardar».
La consulta popular argentina de 1984
Tras el retorno a la democracia, la opinión pública argentina aprobó la mediación papal en un plebiscito, llamado Consulta Popular No Vinculante, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Este fue el camino elegido por el gobierno argentino para dejar en manos del pueblo la decisión que tomaría el gobierno sobre la aprobación o no del tratado, aunque los legisladores no estaban obligados a someterse al resultado de la consulta, aprobaron el tratado de paz.
El resultado de la votación, el día 25 de noviembre de 1984 fue el siguiente:
A favor de la aceptación de la propuesta papal: 10.391.01, o sea el 82% de los votos.
En contra de la aceptación de la propuesta papal: 2.105.663, equivalente al 16%
Blancos o nulos: 2%
En consecuencia, el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue el distrito que más se opuso, no obstante los votos a favor del tratado igualmente superaron -aunque levemente- a los que se oponían al mismo.
Tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina de 1984
El Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984 dio solución definitiva a todos los problemas límitrofes al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
El tratado incluye la delimitación marítima, un procedimiento para la solución de controversias, estipula derechos de navegación y precisa los límites en el Estrecho de Magallanes. En cada uno de estos puntos reafirma también los derechos de ambos países en la Antártida y exhorta a ambos pueblos a seguir el camino de la paz y la cooperación.
Chile obtuvo el reconocimiento por parte de Argentina de la soberanía chilena sobre todas las islas al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, excepto las argentinas al lado norte del canal, a cambio de la entrega por parte de Chile de la mayor parte de los derechos marinos que tales islas otorgan según el derecho internacional. Además ambos países intercambiaron derechos de navegación en la zona y Argentina renunció a sus aspiraciones en el Estrecho de Magallanes. Y así concluyó el diferendo entre Argentina y Chile por la soberanía de estas tierras y la navegación en esas aguas.
Las consecuencias de la crisis
El respeto a los tratados está basado en la conveniencia de ambas partes en obtener ventajas a largo plazo de la solidez en las relaciones que da un acuerdo. Pero la inestabilidad política aumenta las ansias de algunos gobiernos por obtener réditos inmediatos exacerbando un problema que oblige a sus gobernados a alinearse a su lado. Para balancear esa tendencia la otra parte debe aumentar los problemas que traería un rompimiento del Tratado.
El aislamiento internacional del régimen chileno, el embargo de armas a Chile y la desmedida confianza en su capacidad militar condujeron a la junta militar argentina a desconocer el Laudo Arbitral sin temor a una guerra.
Si bien Chile no pudo evitar el desconocimiento del Laudo Arbitral por parte de la Argentina, su despliegue defensivo en el año 1978 convenció a la junta militar argentina que tomar las islas por la fuerza, aún llegando a ocuparlas, le causaría más costos que ganancias y la expondría a imprevisibles riesgos.
Supeditar el respeto a los tratados internacionales a los intereses geopolíticos nacionales, la amenaza de la fuerza y el uso de la fuerza para ocupar militarmente islas en litigio bajo la soberanía de facto de otros países (Operación Soberanía, Operación Rosario), es decir, la preponderancia de los intereses nacionales por sobre la paz entre las naciones, fue, hasta el zarpe de la flota británica desde Portsmouth el 5 de abril de 1982 el método de la junta militar argentina para la solución de controversias limítrofes.
A partir de entonces la Junta en el poder en la Argentina buscó en países, instituciones y tratados internacionales el apoyo que hasta entonces creyó no necesitar.
Las consecuencias de esa ruptura fueron: los exacerbados gastos militares que con seguridad causaron en parte los descalabros económicos que sufrieron ambos países.
el afianzamiento de ambos régimenes antidemocráticos; una o más generaciones que crecieron en el temor e incluso odio al vecino a ambos lados de la frontera;
su política exterior condujo a la Argentina a la Guerra de las Malvinas y sus consecuencias.
la intervención chilena en una guerra en que no tenía parte.
El descalabro sufrido por la Argentina en las islas Malvinas tuvo como efecto positivo una reorientación de la política exterior argentina, la que renunció a las amenazas y al uso de la fuerza para resolver los conflictos limítrofes.
Ya sin amenazas de guerra ni presiones ambos países aceptaron la propuesta papal que entregó a la Argentina la mayor parte del territorio marino que otorgan las isla en disputa a cambio de la aceptación argentina del Laudo Arbitral de 1977.
El intercambio de derechos de navegación y la estabilidad del pacto alcanzado han permitido alcanzar una gran solidez en las relaciones entre ambos países y han favorecido el desarrollo de la región del Canal Beagle y posibilitado algunos avances que en el año 1978 parecían imposibles.
Como legado físico del conflicto, existen alrededor de 3.500 minas instaladas por la Armada chilena en 17 campos distribuidos de la siguiente manera: 5 en la isla Picton, 8 en la isla Nueva, 2 en la isla Deceit, 1 en la isla Freycinet y 1 en la Isla de Hornos.
Como testigo de la historia, el Paso Puyehue fue rebautizado como Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, en agradecimiento a quien hiciera tanto por la paz. Hoy es el segundo paso en importancia entre ambas naciones y conecta las ciudades de Bariloche y Osorno.
Hay rumores de que hubo una pequeña cifra de muertos y heridos durante conflictos aislados entre los militares de ambos países, aunque no hay evidencias contundentes hacia ese tema.

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