A juzgar por el tremendo escándalo que han armado quienes están en favor de la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a cargo de funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la unánime resonancia que le han dado los medios de comunicación escritos ?uno de ellos por una vieja antipatía personal reforzada por taimados propósitos políticos partidarios- por el hecho que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República dictaminó en contra de aprobar su creación en cumplimiento de las atribuciones que le corresponden y según el criterio de sus miembros, y los diputados de la bancada del partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE), César Fajardo y Jorge Girón, también votaron en contra de que sea autorizada, a pesar de que había ofrecido lo contrario el Secretario General y candidato presidencial de su partido, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, somos unas especies de traidores a la patria, y estamos comprometidos con el tráfico de drogas, la delincuencia común, el crimen organizado y la corrupción gubernamental quienes no estamos de acuerdo con que una comisión internacional de funcionarios de la ONU tenga poderes por encima del Ministerio Público, el Poder Judicial y demás autoridades nacionales. Ya sólo falta que pidan al Consulado de los Estados Unidos de América que nos quite las visas.
La Constitución de la República establece en su Artículo 154 (Función pública; sujeción a la ley) ?Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. /Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. /La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución?. Claro está que la creación de la CICIG sería una ley por ser un tratado internacional, siempre y cuando el Congreso de la República decida autorizarla y el Presidente de la República la apruebe posteriormente, a pesar de que su funcionamiento no está previsto en la Constitución, ni en ninguna de las leyes vigentes. Pero la CICIG no puede funcionar mientras la mayoría requerida de los miembros del Poder Legislativo no autorice su creación y el Presidente del Poder Ejecutivo no la ratifique. Así de simple.
A eso se debe que cuando se consultó a la Corte de Constitucionalidad (CC) si sería inconstitucional la creación de la CICIG, dictaminó que no lo sería si la aprueba el Congreso de la República y la ratifica el Presidente de la República, porque sería una ley. Sin embargo, también hay una autorizada opinión contraria a su creación del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON).
Ahora bien, algunas personas han clamado al cielo y se han rasgado las vestiduras y criticado de manera por demás exagerada el hecho que dos diputados del partido UNE hayan votado en contra de lo que ofreció su máximo dirigente y candidato presidencial, como si los diputados tuviesen que obedecer sin chistar los deseos del ingeniero Colom y estuviésemos en una dictadura en la cual no se permiten los desacuerdos. ¿Pretenden acaso que los diputados actúen como títeres o monigotes de su dirigente? ¿No tienen derecho ellos a votar de acuerdo a su propio criterio? Es tan grande y enfermiza la animadversión o el odio de algunos periodistas contra el ingeniero Colom que han puesto en entredicho hasta su condición de dirigente político simplemente porque votaron en contra de sus deseos dos de los miembros de la bancada de diputados de su partido.
Es lamentable que elPeriódico haya publicado ayer un ignominioso ?análisis de la situación? titulado ?Colom contra las cuerdas? que destila abundante veneno porque en el fondo es producto de la vieja antipatía personal y deseo de venganza del presidente de esa empresa, ingeniero José Rubén Zamora, porque en cierta oportunidad lejana, en el restaurante Carpaccio frente al hotel Camino Real, el ingeniero Colom y su esposa, la licenciada Sandra Torres Casanova de Colom, le enrostraron con franqueza su indebido comportamiento hacia ellos y le dijeron un par de cosas desagradables. Estuvieron a punto de pegarle una bofetada, pero se aguantaron.
Y es por demás indebido también que la co-directora de ese medio, periodista Sylvia Gereda Valenzuela de Torrebiarte, haya publicado el sábado pasado un artículo titulado ?Colom no es un líder?, en el cual no sólo regatea la indisputable y comprobada calidad de veterano dirigente político al líder del UNE, quien en las elecciones pasadas obtuvo más de un millón de votos y según las encuestas de intención de votos probablemente va a ganar la elección del 9 de septiembre próximo; sino, además, cometió la calumnia y la difamación de subtitular su libelo: ?Seis partidos evidencian que responden a intereses del crimen organizado. No votemos por ellos?. ¡Todo por el hecho que los diputados de esos partidos no aprobaron la creación del controversial CICIG!
Y al referirse concretamente al diputado Fajardo, secretario general adjunto de la UNE, agregó: ?Anteayer, el padre de José Carlos Marroquín, jefe de campaña de la UNE, lo acusó de formar parte del crimen organizado y estar implicado en el atentado que sufrió José Carlos hace pocos meses, cuando detonaron una granada en su carro?. La información no es correcta y la acusación es calumniosa. Se refiere a algo que el licenciado Óscar Clemente Marroquín Godoy, propietario y director general del vespertino La Hora, publicó en un artículo reciente, pero él mismo aclaró el sábado pasado dicendo: ?En El Periódico publicaron que yo responsabilizaba a Fajardo del ataque contra mi hijo. No fue así porque sé de dónde viene el ataque. Lo que dije fue que en su casa celebraron los que participaron y ese es el detalle que en Ministerio Público investiga sobre él. Lo que dije es que su voto era un voto al servicio del crimen organizado y de eso no tengo la menor duda?.
No debe sorprender al ingeniero Colom el problema en que le ha metido su jefe de campaña José Carlos Marroquín Pérez, porque antes de concederle esa importante posición había escuchado opiniones en el sentido que su poca madurez y mal carácter iba a causar problemas. La señora de Torrebiarte debería saber que no se vale acusar en esa forma a una persona sin tener pruebas. Estoy seguro que a ella no le gustaría ser acusada de tener mal comportamiento en público o en lo privado. Bien dicen que no se debe tirar piedras al tejado ajeno cuando se tiene techo de vidrio. Haría bien en no hacer acusaciones sin fundamento contra el ingeniero Colom, como esa de haber recibido dinero mal habido del ex Contralor Abadío, a pesar de que ya es bien sabido que ese caso fue juzgado y cerrado por la Corte Suprema de Justicia. No debe andar haciendo esas acusaciones a menos que quiera exponerse a que se acuse sin fundamento a uno de sus parientes políticos de no haber actuado con estricta transparencia en el millonario negocio de la compra de medicinas en el IGSS.
No es periodismo lo que hace elPeriódico con ese ?análisis de la situación? obviamente torcido y mal intencionado. ¡Eso es hacer política partidista! Ni mucho menos pueden calificarse de periodismo las constantes gratuitas acusaciones e insultos de su co-directora, a quien antes tuve respeto y simpatía pero me ha disgustado que use su privilegiada posición en ese medio para calumniar y difamar a las personas que le son antipáticas por motivos personales.
Por otra parte, es a todas luces denigrante el concepto que ella expresa de Guatemala al decir: ?Somos casi un Estado fallido, o fracasado, y necesitamos de expertos extranjeros que en alianza con la gente honesta de Guatemala nos ayude (a) conseguir un país donde impere la paz y la justicia?. Y concluye su desafortunada columna diciendo: ?Es torpe e incongruente que los opositores de la CICIG digan que no la apoyan porque atenta contra la soberanía del país, pues la misma Corte de Constitucionalidad resolvió que la creación de esta comisión no contiene inconstitucionalidades?. ¡Lo rechazo firmemente! ¡Qué atrevida es la ignorancia! De acuerdo con ese criterio, la ONU debería nombrar al próximo Presidente de la República y a todos los funcionarios nacionales, porque los guatemaltecos no sabemos gobernarnos solos. ¡Qué poca estimación por sus compatriotas!
Pero volviendo a la mentada CICIG, quienes están empecinados en que se autorice la creación de esa comisión de la ONU para que venga a fiscalizarnos, lo que deben hacer es promover que la solicitud pase a otra de las comisiones del Congreso (que podría ser la de Derechos Humanos, donde hay representantes de todos los partidos políticos y probablemente cuentan con los votos necesarios para aprobarla) antes de que pase al pleno y después la ratifique el Presidente Berger. O de lo contrario que se hagan nuevas negociaciones para que su autoridad no pueda ser superior a la del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, sino esté supeditada a ellos.
Pero conste que lo que persiguen algunos funcionarios que no quieren soltar el poder y por eso la promueven ?encabezados por el vicepresidente Eduardo Stein Barillas- es que antes de entregar sus cargos el 14 de enero del año próximo sea autorizada esa comisión en la cual creen que van a encontrar acomodo para seguir mamando la teta del Estado.
Otro detalle interesante de todo esto es que no se habla más el caso de los cheques por 19 millones de quetzales que emitió el Estado Mayor Presidencial cuando estaba a punto de entregar la presidencia Ramiro DeLeón Carpio y fueron cobrados en efectivo. En el programa Libre Encuentro de anoche, la inteligente y valiente periodista Marielos Monzón preguntó por ese oscuro asunto al general retirado Otto Pérez Molina, candidato presidencial del partido Patriota, y éste contestó con una serie de palabras vacías y argumentos que no me parecieron satisfactorios, y finalmente dijo que habían sido para repartirlos como regalo entre el personal de la Presidencia de la República en el período de transición de ese gobierno y la toma de posesión de su sucesor. ¡Pero no hay que olvidar que ese “período de transición” fue de sólo diez días! El general de la “mano dura” no explicó satisfactoriamente en qué diablos se gastaron esos millones de quetzales que fueron cobrados en efectivo al Banco de Guatemala. Se me ocurre la sospecha que el escándalo del CICIG podría ser una cortina de humo para que se olvide el caso y no exigir cuentas claras de esos millones. ¡Malicioso que es uno!
