El texto propuesto para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) fue enviado a la Corte de Constitucionalidad (CC) el martes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para que estudie y dictamine si su aprobación podría violar la Constitución de la República y se espera que dentro del plazo de dos meses, que establece la ley, resuelva lo solicitado. Esto ha sido calificado por ciertos altos funcionarios del gobierno de la República como como algo ?positivo? en especial por el vicepresidente de la República, doctor Eduardo Stein Barillas y el licenciado Frank La Rue, comisionado presidencial para los Derechos Humanos ?a quienes se puede calificar como ?coyotes de la misma loma? por sus réquete conocidas tendencias ideológicas y actividades- y confían en que la resolución de la CC será favorable a que la CICIG pueda establecerse para coadyuvar a la investigación y persecución penal de los posibles delitos que puedan llegar a cometer los cuerpos ?de seguridad? ilegales y clandestinos que eventualmente puedan existir. Y a pesar de que en estos últimos días hemos sabido que de un tiempo a esta parte han actuado con total impunidad unos comandos policiales ilegales dedicados a llevar a cabo acciones de ?limpieza social? que han violado las leyes del país y en especial los derechos humanos, no creo que sea conveniente que la CC autorice la creación de la CICIG porque se pretende que ésta pueda llegar a tener prerrogativas superiores a las del Estado, lo cual no debe permitirse en ningún país que sea soberano.
La creación de la CICIG sería recibida con beneplácito por la Organización de las Naciones Unidas porque es indudable que con ella podría llegar a tener aún mayor ingerencia en los asuntos internos de nuestro país, en vista de que por diversas causas están convencidos de que las autoridades nacionales no son capaces de impedir que esos cuerpos ilegales desarrollen con impunidad actividades que están fuera de las leyes.
El domingo pasado se discutió este tema en el programa semanal de televisión denominado Libre Encuentro, que dirige el conocido empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga, y cualquier persona que lo haya visto y no hubiese tenido formado un criterio favotable tendrá que haber llegado irremediablemente a la conclusión de que no fueron suficientemente satisfactorios los argumentos que esgrimió el controvertido Comisionado presidencial de los Derechos Humanos para rebatir los razonamientos constitucionales que planteó el doctor José Luis González De León, y, por el contrario, dejaron la impresión de que es otra de las tantas medidas que tratan de impulsar los activistas de la izquierda que a partir de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera están incrustados en las filas oficiales y sobre todo en este ?gobierno de empresarios? y tienen el deliberado propósito de procurar las medidas que puedan llegar a favorecerles cuando tengan que dejar el poder a sus próximos sucesores, sobre todo ante la ceritumbre de que no podrán reelegirse.
Cualquier guatemalteco que tenga dos dedos de frente y pueda ser capaz de pensar con ecuanimidad las consecuencias que podría llegar a tener para la soberanía nacional otra dependencia de la ONU con funcionarios con amplios poderes para imponer sus criterios a los próximos gobiernos del país, tendrá que estar en decidido desacuerdo con la creación y funcionamiento de la CICIG y cualquier otra dependencia de un organismo internacional por el estilo. Ojalá que los señores magistrados de la CC tengan vergüenza para poder percatarse de ello y emitir una resolución tendiente a que los diputados, que representan al pueblo, no abran las puertas a que se establezca en nuestro país otra dependencia de la ONU como Minugua.
Si tenemos dignidad debemos decir a los señores de la ONU ¡Al carajo con la CICIG!