MISCELÁNEA

* Nunca es demasiado tarde para rectificar
Las experiencias que he vivido a través de los muchos años de existencia que he dedicado por completo a este fascinante pero incomprendido y peligroso oficio periodístico, me han permitido comprobar que los errores que a veces se cometen, sin mala intención, pueden transformarse en fuentes de sabiduría cuando algún día se reconoce el desacierto y se rectifica. Por lo cual creo que nunca es demasiado tarde para rectificar un error que hemos cometido.
Hoy debo agradecer al licenciado Dionisio Gutiérrez Mayorga, director y presentador del programa de televisión Libre Encuentro, que por la entrevista o el interesante diálogo que sostuvo anoche con el abogado español Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), he llegado a la conclusión de que estaba equivocado en mi obstinada oposición que mantuve contra de la firma del convenio para la creación de la CICIG entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, del cual entonces era presidente el licenciado Óscar Berger Perdomo; y, al mismo tiempo, deseo expresar mi felicitación al licenciado Dionisio Gutiérrez por la forma tan profesional como se desarrolló el diálogo.
Desde que se planteó la intención de firmar ese acuerdo con la ONU, siempre expresé mi total desacuerdo y reiteradamente protesté porque me pareció que es una falta de dignidad que el gobierno de un país libre y soberano, como Guatemala, reconozca descaradamente, ante el mundo entero, su deplorable incapacidad para hacerle frente a la corrupción y la criminalidad que existen en el país, como es su deber ineludible de acuerdo a los mandatos de la Constitución Política de la República, y se vea en la tan penosa como imperativa necesidad de pedir ayuda a dicho organismo internacional.
Pero confieso que después de haber oído anoche con mucha atención las explicaciones que dio el juez español Castresana, ahora comprendo que no estaba debidamente enterado de cómo fue que se originó y llevó a cabo ese acuerdo que erróneamente interpreté como una intromisión internacional en los asuntos internos de nuestro país. Es evidente que, lamentablemente, los encargados de la difusión de las actividades del régimen pasado no supieron explicar este asunto con la debida claridad y a ello se debió que algunos periodistas, como yo, no hubiésemos estado bien informados.
Como se recordará, la CICIG fue creada en diciembre del 2006 por un acuerdo suscrito entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, y entró en vigencia el 4 de septiembre del año pasado después de que el Congreso de la República lo aprobó en medio de intensos debates entre los diputados que se oponían a su creación y quienes lo consideraban necesario y bienvenido en vista de las malas circunstancias por las que estaba pasando entonces nuestro país y ahora están mucho peor aún. Y para dirigirlo, la ONU nombró al abogado español Carlos Castresana. ¿Quién es él y de dónde salió?
El abogado Carlos Castresana obtuvo su título profesional en la Universidad Complutense de Madrid (España) y ha realizado estudios avanzados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia). En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. Es doctor honoris causa por las universidades de Guadalajara (México) y Central (Chile). Ha sido profesor de Derecho Penal de las universidades de San Francisco, California (Estados Unidos) y Carlos III (Madrid).
Entre los años 1995 y 2005, Castresana trabajó en la Fiscalía Anticorrupción de España, donde estuvo a cargo de casos importantes de la Audiencia Nacional de su país y en otras instancias. Entre los asuntos en los que trabajó figuran el de las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Marbella y ex presidente del club futbolístico Atlético de Madrid, Jesús Gil, en el que se investigó la supuesta conducta delictiva, entre otros, del destacado político y actual primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
En nombre de la Unión Progresista de Fiscales, el 28 de marzo de 1996 presentó en la Audiencia Nacional de España la denuncia por genocidio, tortura y terrorismo contra el ex presidente de Chile, general Augusto Pinochet, lo cual desembocó en la larga detención de éste en Londres mientras se discutía el caso, hasta que el gobierno de la Reina Isabel II le permitió viajar de regreso a su país.
La interesante charla, sumamente ilustrativa, que sostuvieron anoche el director de Libre Encuentro, licenciado Dionisio Gutiérrez, y el juez español Carlos Castresana, director de la CICIG, que en mi caso particular fue muy convincente, sobre todo por la forma tan sensata y sencilla como el juez español explicó detalladamente cómo fue y bajo qué circunstancias que el gobierno guatemalteco aprovechó el hecho de ser miembro activo de la ONU para solicitar ayuda técnica a ese organismo internacional para establecer una comisión para investigar la corrupción y criminalidad existentes y coadyuvar con las autoridades judiciales nacionales para aprehender y juzgar a quienes sean señalados y castigar con todo el peso de la ley, sin ninguna posibilidad de impunidad, a quienes resulten culpables. En todo lo cual quedé convencido anoche de que no existe ni el menor asomo de intromisión ni violación a nuestra soberanía nacional, de cuyo respeto algunos guatemaltecos somos tan celosos.
Después de haber escuchado anoche con mucha atención este ilustrativo diálogo en el programa Libre Encuentro, me uno a quienes han extendido su mano amiga y le han dado la más cordial bienvenida al juez Carlos Castresana, y le deseo mucho éxito en su gestión que, si cuenta con la solidaridad, colaboración y todo el apoyo de las autoridades nacionales, es indudable que traerá mucho bien a nuestra patria que cada día que pasa cae más y más bajo el control de la corrupción y el crímen organizado ante la incapacidad para impedirlo de las fuerzas de seguridad del gobierno.
Pero ojalá que en el desarrollo de sus importantes actividades no tergiverse lo que hizo indispensable que el gobierno de Guatemala solicitase ayuda a la ONU y se sobrepase en sus limitadas atribuciones.

* Excelente columna de Font
El inquieto periodista profesional Juan Luis Font, co-director con Sylvia Gereda Valenzuela del diario elPeriódico que, por cierto, me informan que se está «fusionando» con Siglo Veintiuno en vista de que el ingeniero José Rubén Zamora fracasó en el proyecto para vendérselo en US$12 millones al magnate mexicano Ángel González, dueño de la televisión abierta y un montón de estaciones de radio, publica hoy en su habitual columna de los lunes un excelente artículo que me voy a permitir reproducir porque creo que debe ser leído por el mayor número posible de compatriotas que comparten la creciente preocupación por el estado de cosas que está viviendo nuestro país.
Otro que se les va
Carlos Quintanilla pone en aprietos mayores a Colom.
Por: Juan Luis Font
Del mismo modo que huyó Byron Sánchez, igual que escapó José Conde, así como se dejó ir hasta que quiso entregarse a Raúl Girón, ahora es el turno de «Charlie».
¿Por qué dejó el presidente Colom que Carlos Quintanilla escapara? ¿Por qué no lo retuvo hasta que el Ministerio Publico estableciera si había delito en su contra qué perseguir? No hace falta ser un abogado brillante para identificar al menos uno, de manera inmediata: el incumplimiento de deberes. La obligación de Quintanilla era resguardar al Presidente y a su familia. Era obvio que había faltado a ese deber. ¿Por qué entonces permitirle marcharse? ¿Por qué se hizo llegar a un fiscal hasta que Quintanilla ya había abandonado sus oficinas?
Esa tarde, cuando se le informó al Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad que su renuncia era indispensable, el Presidente consideró necesario hacerse acompañar por tropas leales del Ejército. Esto es, había razones para temer o para prever que Quintanilla quisiera oponerse a la decisión de su salida. Sin embargo, el hombre se fue mansamente, en apariencia tranquilo, sin la menor angustia porque habría de ser perseguido. El propio Álvaro Colom habló esa tarde y la mañana siguiente a favor de su antiguo «gran amigo». Casi le exculpó de manera pública. Y de pronto, de forma intempestiva, el Ministerio Público gestiona una orden de captura en su contra y arranca con una serie de infructuosos allanamientos. De nuevo se pone en evidencia la inoperancia, la falta de capacidad del Estado para hacer cumplir su propio sistema legal.
Cuán distinto, cuánto más positivo pudo haber sido todo si el Presidente y sus asesores hubieran actuado de manera más fría, más ponderada y sobre todo, más apegada a derecho, sin las consideraciones especiales para un amigo al cual se le pueden tener muchas deudas, de gratitud y pecuniarias, incluso.
¿En dónde estaba el Secretario General de la Presidencia para ofrecerle este mínimo consejo al gobernante, que hoy le evitaría la sospecha de haberle facilitado la huida a quien tiene tantas cosas que responder ante la justicia? Un hombre que mucho podría revelar respecto a la prolongada campaña y al Gobierno.
¿Es que acaso se le permitió de forma deliberada que huyera? ¿Fue ese el último favor que Colom estuvo dispuesto a concederle?
Todas estas preguntas se encuentran hoy sobre el tapete, a pesar de que el gobernante merece el reconocimiento de haber denunciado por primera vez en la historia de Guatemala, ser objeto deliberado de espionaje.
De ese asunto aún ignoramos demasiadas cosas. ¿Para qué se espiaba al Presidente? ¿Para responder con agilidad a sus decisiones y así socavarlas oportunamente? ¿Para favorecer a una actividad criminal en acciones que se planificaran en su contra? ¿O sólo para mantener una cuota de poder?
¿Cuántas conversaciones sobre altos asuntos del Estado pudieron haberse grabado al amparo o bajo la órdenes de Charlie? ¿Y en poder de quién están al día de hoy?
Son demasiado graves estos asuntos para ignorarlos olímpicamente.
(Fin del artículo de Juan Luis Font)

* Sigue el caso de «espionaje»
Es difícil de creer que el Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, ya tenía indicios o por lo menos sospechas de que su viejo amigo y generoso patrocinador desde hacía muchos años, Carlos «Charlie» Quintanilla, estaba «espiándole», escuchando sus conversaciones telefónicas y las de la controvertida señora Sandra Torres Casanova de Colom, al extremo de estar grabando películas de lo que ambos hacían en la intimidad de su casa de habitación. Y parece increíble que si él tenía informes negativos contra «Charlie» de parte de la embajada de los Estados Unidos, como dicen algunos, no se lo haya dicho inmediatamente a su viejo amigo y patrocinador, encargado de su «seguridad», para que se retirase tranquilamente de la vida pública, sin hacer olas, en vez de haber montado ese escandaloso show con los soldados de la Guardia Presidencial y la subsiguiente dramática conferencia de prensa.
Por eso digo que parece mentira. Pero no lo es. Nos hace recordar el caso del banquero Francisco («Paco») Alvarado MacDonald, socio mayoritario de los bancos Metropolitano y Promotor, con su íntimo amigo y generoso patrocinador durante muchos años, Alfonso Portillo Cabrera, cuya entrañable amistad hizo que el gobierno del «pollo ronco» le diesen financiamiento de más de Q1,500.000.000. ¡Más de mil quinientos millones de quetzales! del Estado que jamás fueron devueltos. Lo único que pudo recuperar el BANGUAT fueron unos inmuebles. Y aquella amistad que otrora había sido casi filial entre los dos, terminó en un disgusto irreconciliable. La «pequeña» diferencia es que el mentado «pollo ronco» es hoy el prófugo de la justicia guatemalteca mientras vive como rey en la ciudad de México, y «Charlie» Quintanilla, después de haber sido un hombre tan poderoso y temible que le dio tanto apoyo económico al actual presidente, es hoy prófugo de la justicia de Guatemala aunque esté escondido aquí mismo, porque no creo que haya tenido tiempo para huír del país tan pronto.
Lo curioso de ese caso de «financiamiento bancario» en tiempo de crisis a su amigo Alvarado MacDonald es que -aunque ni el propio Ripley lo crea- tal parece que a estas alturas nadie se acuerda ya de cuánto fue exactamente lo que Portillo le dió a su patrocinador para ayudarle a salir de la crisis de sus dos bancos… pero esos mil doscientos millones de quetzales o más volaron demasiado lejos porque no volvieron al Banco de Guatemala.
La diferencia está en que entonces el presidente de la República fue quien le dio mil doscientos millones de quetzales (o más) a su íntimo amigo y patrocinador que hoy sigue tranquilamenten en el país, mientras que él es prófugo de la justicia, pero en este caso el prófugo de la justicia es quien fue generoso mecenas y patrocinador del presidente de la República que sigue aquí mismo más tranquilo que antes. ¡Y parte sin novedad!

* Casa de Rubén Darío de Q3 millones
El matutino elPeriódico destaca hoy en su primera plana que la señora Brenda Elizabeth Buezo Mejicanos de Morales, una auditora de 34 años de edad, segunda esposa del ex presidente del Organismo Legislativo y Congreso de la República, Rubén Darío Morales, compró la casa ubicada en la 21 avenida 11-34, de Vista Hermosa III (Zona 15) de la ciudad capital, que está valuada en más de Q3 millones… pero está subvaluada en apenas Q89 mil, obviamente para no pagar los impuestos debidos en la compra-venta y menos ahora con el IUSI municipal. Según la información, esta adquisición coincide con el escándalo de los famosos Q82.8 millones que tenía «guardados» el Congreso y fueron «invertidos» a plazo fijo en la financiera MDF para ganar intereses y cobrar comisiones. Pero la casa fue traspasada oportunamente a la empresa Mi Barquito.com vinculada a los hijos del parlamentario, quienes se dice que también recibieron cheques de MDF que aun no han sido justificados. Agrega elPeriódico que la joven señora de Morales comenzó a darse a conocer cuando su esposo era presidente de la Junta Directiva del Congreso y le adjudicó un contrato por Q35 mil mensuales y la autorizó para gastar miles de quetzales en viáticos. ¿A cuenta de qué?
¿Y qué? ¿En qué ha quedado todo lo relativo al escándalo del MDF? ¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia con el antejuicio al doctor Meyer? ¿También le van a quitar el derecho a antejuicio al susodicho Rubén Dario Morales? Rubén Darío, el poeta nicaragüense, diría ahora: «Impunidad, divino tesoro…»