NO HA TERMINADO LA GUERRA

De nada sirvió la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

General retirado Héctor Mario López Fuentes, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, cuando estaba siendo fichado para ser juzgado acusado de haber cometido matanzas y actos de genocidio.

La sorpresiva captura en su residencia del general retirado Héctor Mario López Fuentes, de 81 años de edad, con el posterior procedimiento habitual de «ficharle» como delincuente, y su dtención preventiva en un ex cuartel del Ejército transformado en carcel, demuestra que de nada sirvió la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que se celebró el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura al final del primer año de gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen, en un acto pomposo que contó con la presencia de varias importantes personalidades internacionales, políticas y diplomáticas, entre ellas el diplomático egipcio Boutros Boutros-Ghalli, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Presidente de España José María Aznar y otros. Con esta actitus será difícil o estéril que se vuelva a hacer un acuerdo de paz en ningún lugar del mundo ya que quien, según este caso, detente el poder sabrá que al entregar el mando al cumplir su parte de los acuerdos, podrá ser procesado por su contraparte, que no cumple lo pactado.

Sin embargo, aunque los guerrilleros subversivos perdieron la guerra en los campos de batalla y en las ciudades en las que operaban algunas de sus células, y la ganaron las fuerzas regulares del Estado que cumplieron con su función constitucional, al final de cuentas en las mesas de negociaciones los primeros salieron ganando y los segundos perdieron, pues el Ejércto fue prácticamente diezmado, fueron canceladas y desmanteladas  las bases militares que estaban instaladas en diferentes departamentos de la República por el gobierno de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas, mientras que numerosos ex guerrilleros han venido ocupando –y aún siguen ocupando– posiciones muy importantes en el gobierno de la República. Pero a ellos no se les juzga por sus numerosas acciones de destrucción de la infraestructura del país y asesinatos de civiles inocentes que ellos cometieron durante la guerra. A pesar de que ellos mismos reconocieron públicamente que cometieron abusos y errores cuando pidieron perdón a los deudos de las víctimas. Lo cual ocurrió al día siguiente que el ex Presidente estadounidense William Clinton pidió perdón a Guatemala por los errores cometidos aquí por su país en la lucha contra la amenaza del comunismo internacional. Motivo por el cual ese mismo día el coronel Oliver North y el ex Subsecretario de Estado Elliott Abrams lo acusaron de traidor.

Después de tantos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, mientras que los elementos subversivos se acogieron a una amnistía para regresar al país y las autoridades militares nunca les han molestado para nada, el espíritu de venganza de algunos de quienes fueron subversivos y otros que simpatizaban con ellos, aunque no fueron beligerantes, continúan los hostigamientos contra los militares que participaron en el conflicto armado interno y mantienen una constante Cacería de Brujas para que algunos de ellos sean capturados, enjuiciados y encarcelados por el «delito» de haber cumplido con su deber constitucional de defender la estabilidad del Estado en esa guerra fratricida y estéril durante el período histórico que era conocido como «guerra fría» entre los poderes hegemónicos mundiales de los Estados Unidos de América y sus países aliados y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba, que inspiraron, entrenaron y patrocinaron a las organizaciones subversivas con el propósito de establecer por la fuerza en Guatemala un régimen comunista satélite de la dictadura comunista cubana, por lo que los gobiernos guatemaltecos que se sucedieron, presididos por militares,  les combatieron para impedir que lograsen su propósito. Pero nunca hay que olvidar que lo que lo que se peleó fue UNA GUERRA y ya se sabe que todas las guerras son sucias y en en ellas siempre hay muertos en ambos bandos beligerantes. Pero en el caso particular del general López Fuentes, es absurdo y ridículo –y denota ignorancia– que se le acuse de haber sido autor intelectual de matanzas de muchas personas y de cometer genocidio cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa, del 23 de marzo de 1982 al 21 de octubre de 1983, porque cualquiera que conozca algo sobre las jerarquías castrenses debe saber que a una sóla persona no se le puede atribuir ser autor intelectual de alguna acción, actividad o estrategia del Ejército porque todas las decisiones de importancia emanan del Consejo Superior de la Defensa y siempre se respeta el escalafón jerárquico. Antes de las órdenes de un Jefe del Estado Mayor de la Defensa están las del ministro de Defensa y aún la del Comandante general, que es el Presidente de la República.

Después de un largo proceso iniciado por el Estado, que tomó varios años de reuniones y acuerdos, con el objetivo tratar de llegar finalmente a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y alcanzar la una paz, se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera y los elementos subversivos se pudieron acoger a la amnistía que se les otorgó para que pudiesen regresar a Guatemala a vivir en paz. Lo cual se ha venido cumpliendo sin problemas, salvo por la actitud revanchista y vengativa de algunos civiles de la izquierda trasnochada que no parece que van a dejar de tratar de vengar su derrota.

Como es natural en todas las guerras, es innegable que durante los 36 años del conflicto armado interno se cometieron numerosos actos destructivos y sanguinarios, muchos de ellos probablemente injustos, pero estos no fueron solamente de parte de las fuerzas represivas del Estado porque también los guerrilleros subversivos cometieron muchos abusos de poder, no sólo contra las autoridades represivas gubernamentales, sino también contra muchos particulares inocentes. No pueden calificarse de otra manera los numerosos secuestros que cometieron para obtener el pago de rescates, como los de los licenciados Héctor Menéndez de la Riva y Baltazar Morales de la Cruz y de los destacados periodistas Pedro Julio García y Álvaro Contreras Vélez. Y ellos también fueron los autores de numeros cobardes asesinatos, entre ellos los del periodista Isidoro Zarco y del embajador de Estados Unidos de América Gordon Mein, y del secuestro y asesinato del conde Karl von Spreti, embajador de Alemania. Por otro lado, si bien es verdad que las fuerzas militares y policíacas del Estado mataron a indígenas que colaboraban con los guerrilla subversiva, también lo es que los guerrilleros mataron a indígenas que colaboraban con el Ejército, particularmente a quienes eran miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Pero a ninguna de las dos partes en conflicto se puede acusar de haber cometido genocidio, porque en ningún momento existió el deliverado propósito de exterminar a la raza maya-quiché. Ni hay que olvidar tampoco que algunos de los oficiales y la mayoría de los soldados del Ejército que murieron en esa guerra fratricida eran de esa raza. Por lo que si se acusa al Ejército de haber cometido actos de genocidio, también se debe acusar de lo mismo a los guerrilleros subversivos. Porque ambos mataron a indígenas que militaban en sus filas.

Sobre el caso del secuestro y vil asesinato del embajador de Alemania Karl von Spreti voy a referirme a continuación basado en lo que dijo al respecto la Comisión de la Verdad, a pesar de que ésta demostró tener simpatía con la subversión y aversión por los militares:

I Antecedentes
En los primeros meses de 1970, que fueron los últimos del gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, Guatemala vivía momentos de gran convulsión política que involucró a todos los grupos, tanto los que se encontraban dentro como fuera de la legalidad. El estado de emergencia1  había sido dictado en el mes de diciembre de 1969, prorrogado ese mismo mes y vuelto a establecer en enero de 1970.
El proceso de elección del nuevo mandatario se realizó el domingo 1 de marzo, resultando electo por gran mayoría el coronel Carlos Manuel Arana Osorio. El traspaso de la jefatura de gobierno estaba fijado para que se celebrara el primero de julio.
A la lógica agitación proselitista de la coyuntura electoral se sumó una cadena de secuestros de carácter político, que ponían en entredicho la capacidad del gobierno para controlar la violencia generada tanto por la guerrilla urbana como por otros grupos de poder, de signo contrario, vinculados al Ejército y la Policía. Se agregarían al panorama, por último, las presiones diplomáticas derivadas de los propios sucesos.
Al secuestro del licenciado Alberto Fuentes Mohr, ministro de Relaciones Exteriores, acaecido el 27 de febrero de 1970, siguió el 6 de marzo el secuestro de Sean Holly, agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos. Ambas víctimas, secuestradas por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), fueron liberadas después de que el gobierno accedió a las exigencias planteadas por el grupo insurgente, que consistían en la liberación de Vicente Girón Calvillo, en el primer caso, y las de José Manuel Aguirre Monzón y Vitalina Monzón, en el segundo, junto con la aclaración del paradero de dos personas, una de apellido Sierra y otra de nombre Leonel del Cid.
Las Fuerzas Armadas Rebeldes, organización que reivindicó la autoría de los dos secuestros, intentaba en esa época fortalecer su presencia en el área urbana y específicamente en la capital. «Ha menguado la guerrilla rural de extrema izquierda que cobró auge bajo el gobierno militar de 1963-66; pero ahora surge implacable la guerrilla urbana (…)».
Además, a esas alturas del enfrentamiento, las FAR ya no perpetraban secuestros solamente por razones o fines políticos,  sino también por objetivos económicos. «(…) En muchos casos fueron [fines] políticos y económicos y no se podía distinguir (…); (…) la burguesía va a financiar la propia guerra (…) porque ellos mismos sufragan al Ejército (…)», argumentaban los grupos subversivos.

En fin, «en este contexto, los comandos urbanos realizaron el secuestro del embajador alemán Karl von Spreti (…)».

II. Los hechos
A mediodía del 31 de marzo de 1970, el vehículo en que se movilizaba el embajador de Alemania, conde Karl von Spreti, fue interceptado por dos automóviles en la avenida Las Américas, en la ciudad capital; de los vehículos descendieron varios individuos armados y la víctima fue secuestrada e introducida a la fuerza a uno de esos automóviles, que emprendió la marcha con rumbo desconocido. El piloto del automóvil Mercedes Benz del diplomático quedó abandonado en el lugar.
El día 1 de abril, por mediación de la Nunciatura Apostólica, se recibieron dos notas de las FAR, idénticas, dirigidas al presidente Méndez Montenegro y al ministro de Relaciones Exteriores, AlbertoFuentes Mohr, en las cuales la organización guerrillera confirmó que von Spreti se halla en su poder, exige la liberación de 157  personas detenidas que, según las notas, están «[en] peligro de ser asesinadas» y  que sean puestas bajo la protección de la Embajada de México para que puedan abandonar el país con salvoconductos, y demandan el cese de la represión contra el pueblo guatemalteco.
Luego, las FAR ampliaron a 22 el número de personas que debían ser liberadas y agregaron como exigencia el pago de 700 mil dólares. Por último, establecieron un plazo de 48 horas, a partir del jueves 2 de abril, a las tres de la tarde, para que el gobierno procediese a cumplir todas estas condiciones. De lo contrario, manifiestaron «(…) procederemos a ajusticiar al autor intelectual y material de la política imperialista», en alusión al diplomático alemán secuestrado.
Mientras esto ocurre, a través de las radioemisoras se pidió a los secuestradores que facilitasen medicamentos al embajador, porque padecía de los nervios y del corazón.
Dada la magnitud de las exigencias de los secuestradores rebeldes, se reúne el gabinete del gobierno para discernir si debe ceder ante las exigencias de las FAR y valorar las consecuencias. Algunos ministros proponen establecer el Estado de Sitio como respuesta a la reincidencia de la guerrilla en este tipo de operaciones de extorsión. En esa misma reunión se les informa que, a excepción de dos de los detenidos cuya liberación exige la guerrilla, los demás ya habían sido procesados o condenados judicialmente, lo cual, a juicio del gobierno, limita su capacidad de resolución y agrava la disyuntiva: satisfacer las exigencias de los secuestradores, violando la Constitución, o rechazarlas poniendo en peligro la vida del diplomático.
El gobierno se inclinó por esta segunda opción. El 2 de abril, el Ejecutivo decidió declarar el Estado de Sitio y la suspensión de las garantías individuales por un plazo de 30 días. Dicho acuerdo decía:
«El Presidente Constitucional de la República (…) ACUERDA: (…) queda en receso toda actividad política de los particulares (…) la policía nacional, departamento judicial, policías municipales, de Hacienda y demás agentes de autoridad, deben ponerse a las órdenes de las autoridades militares (…) los servicios de relaciones públicas e información del gobierno (…) quedan centralizados en la jefatura de Relaciones Públicas del Ejército (…). El presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente (…)».
En este comunicado, que fue dado a conocer por el sistema nacional de radio y televisión y por los periódicos, el gobierno aclaró que la situación legal de los detenidos que exigía la guerrilla que fuesen dejados en libertad no permitía liberarlos, por haber sido ya procesados o estar siéndolo, en cuyo caso: «Nuestro ordenamiento jurídico les garantiza un proceso imparcial y asegura su integridad física (….) Cualquier interferencia del Ejecutivo en funciones propias de los tribunales de justicia (…) constituiría una violación de la Constitución de la República».  En efecto, en los anteriores casos de secuestros perpetrados por la guerrilla, que habían sido resueltos sobre la base de la liberación de personas detenidas, éstas aún no habían sido consignadas a los tribunales o se les había dejado en libertad por «falta de mérito».
Refiriéndose a la posición adoptada por el gobierno de Guatemala, su homólogo alemán, a través del encargado de Negocios, manifiestó: «De ninguna manera estamos de acuerdo con esa decisión»  y expresó la «mayor preocupación por la decisión (…) de rechazar la propuesta de los secuestradores (…)»;  informó, también, que el diplomático secuestrado se encuentra en buen estado y que se ha comunicado por escrito con su hijo.

El 3 de abril por la tarde, llegó a Guatemala un alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, enviado por el gobierno de Alemania. En la misma noche se entrevista con el ministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, e insistió en que el gobierno de Guatemala tenía que cumplir con las exigencias de la guerrilla para conseguir la liberación de von Spreti. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que la legislación guatemalteca no permite la liberación de personas ya procesadas y condenadas, a pesar de las obligaciones que resultan del Artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Por su parte, el Cuerpo Diplomático manifestó su preocupación por la seguridad de sus miembros y la de sus familias, sumándose a aquélla la Nunciatura Apostólica, a cargo de monseñor Gerolamo Progione, a quien por tradición protocolaria se le consideraba el decano del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

El Ejército notificó que se mantenía firme en apoyo a la decisión del Ejecutivo, «ya que si cede el señor Presidente, se formaría un caos y el pueblo no creería en su capacidad a sólo tres meses de entregar el mandato». El 4 de abril, el encargado especial alemán se entrevistó con el Presidente Méndez Montenegro, y volvió a exponer cuál era la posición alemana sobre el tema. A la una de la tarde, el canciller alemán, Willy Brandt, quien se encontraba en visita oficial en El Paso, Texas, Estados Unidos, dirigió un llamado al pueblo guatemalteco y a los responsables del secuestro para que hagan todo lo posible por alcanzar la liberación del rehén.
En el transcurso de la tarde del 5 de abril, el encargado especial y el encargado de negocios de Alemania entregaron dos mensajes al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Alberto Fuentes Mohr. Un mensaje del canciller alemán Willy Brandt, dirigido al presidente de Guatemala (con el cual no lograron establecer comunicación), en el que se apuntaba: «(…) Desafortunadamente, se acrecienta la impresión de que el ilustre gobierno de Guatemala no agota todas las posibilidades para conseguir la liberación del embajador».  El segundo mensaje del ministro de Asuntos Exteriores estaba dirigido a su colega guatemalteco y destacó, una vez más, la obligación del gobierno guatemalteco de responder positivamente a las exigencias de la guerrilla, fundada en el derecho internacional.
El día 5 de abril, a través de una llamada telefónica, el Nuncio Apostólico fue advertido por los secuestradores de que el plazo se encuentra agotado, debiendo darlo a conocer al gobierno de Guatemala.
Alrededor de las siete y media de la noche, una voz anónima informó por teléfono a los bomberos voluntarios del hallazgo de un cadáver en las cercanías de San Pedro Ayampuc, a 17 kilómetros de la capital. Poco tiempo después, se confirmó que se trataba del embajador alemán. Los médicos forenses establecieron que presentaba un disparo en la sien derecha y que su muerte ocurrió alrededor de las cinco de la tarde de ese mismo día.
El mando del frente urbano de las FAR había tomado la decisión de ejecutar al embajador, «(…) el gobierno no accedió a las presiones (…) era una posición de fuerza (…) el comando de esta región urbana ejecuta al embajador, para demostrar que no estaban jugando y que hablaban en serio».
«Se sometió al Presidente de la República a esta crisis y respondiendo a esta situación el gobierno de Méndez Montenegro se puso duro. Pudo haber cedido, pero entonces hubiese quedado mal y el contrincante del candidato oficial en las próximas elecciones era el coronel Carlos Manuel Arana Osorio, quien se vanagloriaba de haber aniquilado a la guerrilla en el oriente del país y defendía una posición de fuerza frente a los secuestros. Se la estaba jugando y entonces tenía que hacer contrapeso a la posición de Arana Osorio. En consecuencia, el embajador von Spreti fue víctima de este juego político».
El gobierno de Guatemala, en un nuevo comunicado, remitido a través de Relaciones Públicas del Ejército «(…) deja constancia de que se agotó todos los medios que estuvieron a su alcance (…) Desafortunadamente las desorbitantes pretensiones de los secuestradores (…) hicieron nugatorios estos esfuerzos».
III. Conclusiones
Con los antecedentes obtenidos por la CEH, ha sido posible adquirir la convicción plena de que el embajador de Alemania, conde Karl von Spreti, fue víctima de secuestro y ejecución arbitraria perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en cumplimiento de una decisión de los dirigentes del frente urbano de esa organización guerrillera.

¡Ninguna circunstancia otorga justificación jurídica o ética a este execrable crimen!

La CEH consideró que el hecho fue ilustrativo de la utilización que la guerrilla hizo de personas inocentes, como el embajador von Spreti, a quien se convirtió, desde el momento mismo de su secuestro, en víctima propiciatoria de un juego de medición de fuerzas políticas, con total desprecio al derecho a la vida.

Además, la CEH consideró que ese suceso tuvo un impacto negativo especial en las relaciones exteriores de Guatemala, a raíz de la infructuosa presión que todo el Cuerpo Diplomático debió ejercer ante el gobierno, frente a la posibilidad de que otros miembros del mismo pudiesen ser víctimas de acciones similares. (Fin del caso del secuestro y asesinato del embajador de Alemania por la guerrilla urbana de las FAR)

Les prometo que en el transcurso de los próximos días relataré todo lo que tuvo que ocurrir en diferentes partes del mundo para que el Gobierno de Guatemala y la URNG llegaran finalmente a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera (supuestamente), el 29 de diciembre de 1996.