MISCELÁNEA 17, 18 y 19/07/2010

1) Excelente artículo que recomiendo leer
No cabe duda que cuatro cosas se deben reconocer de mi viejo amigo Acisclo Valladares Molina, actual Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Guatemala ante el Reino Unidos de la Gran Bretaña: la primera, que es extraordinamente inteligente; la segunda, que ha tenido una magníca preparación universitaria y profesional; la tercera, que es un abogado que conoce las leyes de Guatemala al derecho y al revés; y la cuarta, que escribe muy bien. En mi opinión –respaldada por más de 60 años de dedicarme a este oficio–, es uno de los mejores columnistas que hay en el país en general y en elPeriódico en particular. Además, tuvo mucha experiencia desempeñando el importante cargo público de Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, antes de que estas dos funciones fuesen separadas como lo están ahora.
Hoy publica elPeriódico este excelente artículo del licenciado Acisclo Valladares Molina que voy a permitirme reproducir a continuación:
¿Callejón sin salida?
Perdido el referente de la ley, nada es posible.
«La resolución que emitiera la Honorable Corte de Constitucionalidad en torno al proceso de selección del Fiscal General contiene algunas “recomendaciones”, ¿consejera a corazón?, lo que resulta inusual en los fallos judiciales, caracterizados estos por sus mandatos inequívocos. Precisamente, de allí, la sentencia popular: los fallos judiciales no se discuten, se acatan.
¿Qué pasaría si no se tomasen en cuenta las “recomendaciones” emitidas –de hecho ya ha ocurrido? Pues, nada, absolutamente nada. ¿Por qué habría de ocurrir, si nada mandan?
 Estas “recomendaciones” carecen de imperio alguno y encontrándose más cerca de las “buenas intenciones” que de la propia ley, corren el gravísimo riesgo –inevitable paradoja– de descomponer, más aún, lo que quisieran ordenar. ¿No dice, acaso, la Constitución Política de la República que el presidente del Organismo Judicial es quien preside la Comisión Postuladora? Y, si es así, ¿por qué inhibirse?
Si el presidente del Organismo Judicial se abstuviese de cumplir con la función que le compete, ¡tan claro como eso!, incurriría en delito. ¿Quién podría obligarle a delinquir o, para hacerlo menos dramático, a acatar “consejos” que no le satisfacen?
El presidente del Colegio de Abogados, por su parte, no se encuentra en el cargo por su linda cara, sino porque mereció la representación de sus colegas. ¿Por qué, entonces, inhibirse? ¿Dónde se encuentra en la ley, figura semejante? 
En el mejor de los casos –los períodos de ambos están por vencer– sería hasta en el mes de octubre que podría integrarse la Comisión de Postulación con un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y hasta en abril, el año entrante, con el nuevo presidente del Colegio de Abogados. ¿Sin Fiscal General, todo ese tiempo? ¿Dónde, en la Constitución, semejante disparate?
Lo más grave de todo esto es que el callejón sin salida no se agota. Si la Comisión Postuladora llegara a integrarse con “decanos” que no sean decanos, verbigracia, con “decanos para asuntos públicos”, ¡ala grunn!, su integración sería espuria y –no se necesita de una bola de cristal para saberlo: se darían impugnaciones, por doquier.
Lo más grave es que los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad –los “consejeros”– ya no serían magistrados para entonces –abril del año entrante– ya que para esas fechas, ¡salvo impugnaciones!, ya se habría integrado el tribunal, con nuevos magistrados. ¿Empezamos a entender, ahora, lo del callejón sin salida? ¿Por qué no atenerse los jueces al silogismo judicial? ¿Por qué recomendar, y no ordenar, que es lo que deben?
¿Otro chapuz al Estado de Derecho? La descalificación que se ha hecho de los decanos y que tiene como único sustento el “clamor popular”, ¡ah, el clamorímetro!, no sólo descalifica a estos sino a sus propias facultades y –para ponerlo en dos platos– a todas las universidades existentes –responsables, cada una, del “inaceptable” decano que escogieron. Afortunadamente, en este caso, no nos encontramos ante un mandato judicial que, por ilegal, deba de incumplirse sino, simplemente, ante una recomendación, que nada manda. 
Puestos, pues, a recomendar, me permito formular la mía: convoque el presidente de la Corte Suprema de Justicia a todos aquellos que de conformidad con la Constitución Política de la República, además de él, deben de integrarla: léase, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor de ese colegio y todos los decanos de las facultades de Derecho. ¡Eso, y no otra cosa, es lo que manda la Constitución de la República!
¡Cúmplase la ley a la luz del implacable silogismo y dejémonos de extrañas invenciones! ¿No nos gustan los mandatos constitucionales que rigen la materia? Pues, cambiémoslos pero –en tanto estén vigentes, ¡cumplámoslos! Tal, el estado de Derecho.
 ¿Corruptos todos los decanos? ¿Inaceptable la expresión, en consecuencia, de todas nuestras facultades de Derecho? ¿Descalificadas todas, las universidades que tenemos? ¡Por favor!
¡Intégrese cuanto antes la Comisión Postuladora y, ajustada a la ley, haga su trabajo! ¿Mal hecho? ¿Incumplidos sus deberes? ¿Ajeno al mandato de la ley? ¡Persígasela, entonces, y procésela! Amén». (Fin del artículo de Acisclo Valladares Molina)
Mi comentario: ¡Más claro ni el agua! Ojalá que los magistrados de la CC puedan leer este juicioso artículo del licenciado Acisclo Valladares Molina y comprendan que están extralimitándose impunemente en sus funciones y deben rectificar cuanto antes ese comportamiento porque ellos deben ser los primeros en respetar la Constitución… ¡no en violarla!
2) La CC continúa extralimitándose
No satisfechos con el abuso que cometieron con la resolución a la que se refiere el artículo anterior, por la que arbitrariamente destituyeron al doctor Conrado Reyes del cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, para el cual había sido escogido por la Comisión de Postulación entre la nómina de 6 aspirantes que la Comisión le propuso al Presidente de la República entre los 29 que presentaron sus candidaturas, entre quienes el mandatario escogió, nombró y juramentó ante las cámaras de la televisión y la prensa escrita a quien había obtenido más altas calificaciones; pero  los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, presididos por el licenciado Roberto Molina Barreto, no sólo lo destituyeron arbitrariamente por chismes infundados del jefe de la CICIG, Carlos Castresana, sino también recomendaron a los miembros de la Comisión de Postulación –designados específicamente por la Constitución de la República– que se «inhiban» de continuar cumpliendo esa responsabilidad que les ordena la Constitución, lo cual, por cierto, hacen ad honorem y, como bien dijo el doctor Álvarez, «no es perita en dulce»; y si se inhiben equivaldría, obviamente, a cometer otra violación a la Carta Magna; y encima, todavía después los magistrados de la CC siguen extralimitándose cuando se permiten el abuso de emplazar al presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, doctor Erick Alfonso Álvarez, para que en un término de 48 horas que les informe «de manera detallada» de las actividades de la Comisionados para elegir al nuevo Jefe del Ministerio Público. ¡A lo cual los magistrados de la CC no están autorizados por la Constitución! ¡Ellos deberían darse cuenta de que son ellos –ellos mismos– los principales culpables del lamentable y peligroso impasse que estamos viviendo por no haberse podido nombrar aún al Fiscal General! ¡Esto es un nuevo abuso de parte de los magistrados de la CC! ¡Se les debería caer la cara de vergüenza! Es evidente que estos señores se están creyendo que, efectivamente, son la «corte celestial» (como dijo en su oportunidad uno de ellos) y no están actuando constitucionalmente, sino políticamente; y cabe sospechar que están están siguiendo oscuras directrices particulares. Esto lo puede comprobar el hecho que el magistrado Molina Barreto haya afirmado recientemente en una reunión que se propone instituir un «brazo político» de la CC que será una especie de «instituto», lo cual no corresponde a la CC ni está contemplado en ninguna parte de la Constitución de la República. Pero está visto que a Molina Barreto esto le tiene sin cuidado. ¿Qué fregados se estará creyendo este señor?
Reproduzco a continuación la información al respecto, publicada en el diario Siglo Veintiuno:
Álvarez emplazado para informar de postuladora
Máximo órgano constitucional le fija 48 horas
Debe explicar, en forma detallada, las acciones de la postuladora en cuanto a la sustitución de sus miembros.
Manuel Hernández mhernandez@sigloxxi.com

Roberto Molina Barreto
«La Corte de Constitucionalidad (CC) emplazó al titular de la Corte Suprema de Justicia, Erick Álvarez, como presidente de la Comisión de Postulación para elección a Fiscal General, a fin de que en 48 horas informe en forma circunstanciada si se cumplió con el fallo del 10 de junio, el cual anuló el proceso.
El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, explicó que en el informe se deben especificar las actuaciones de la comisión para evidenciar la sustitución de los funcionarios que se inhibieron.
“Que nos informe de manera detallada si se cumplió con la convocatoria que se pide en la resolución del 10 de junio, si se planteó la interrogante de quiénes deseaban inhibirse y si los miembros que dimitieron ya fueron legalmente sustituidos. La Corte necesita tener documentado lo actuado por la Comisión”, expresó Molina.
En respuesta a recurso
Luis Pedro Álvarez, como abogado independiente, interpuso el pasado miércoles un recurso ante la CC, en el cual buscaba que se le fijara un plazo a la postuladora para que se integre, ya que se inhibieron 10 de los 12 postuladores, y de ellos sólo 3 han sido sustituidos por las universidades del país.
El director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Marco Antonio Canteo, no comparte la idea de que primero se resuelva fijarle un plazo a la comisión, sino que “debieran resolverse las acciones que solicitan que Érick Álvarez no integre la Comisión; ya que puede generarse una confrontación muy fuerte entre la sociedad civil y la postuladora”.
El analista agregó que “la salida de Álvarez daría transparencia al actuar de la comisión”.
La directora de Madres Angustiadas e integrante del Movimiento Projusticia, Ana María de Klein, afirmó que “fue muy buena la intervención del abogado Luis Pedro Álvarez, porque la Comisión se quedó en un impasse demasiado largo. Es lamentable que para la integración de la nueva comisión sólo tres universidades han accionado con el cambio de representante y que el resto no la haya hecho todavía.
De Klein añadió que la Corte les hizo ver que había que proceder para reiniciar el trabajo de la Comisión. “El Ministerio Público, con una persona interina, no puede seguir, porque causa inseguridad al personal y no se pueden tomar medidas drásticas en algunos asuntos. Esto perjudica y abona a la impunidad”, dijo». (Fin del artículo)
Mi comentario: a finales de junio de 1993, en ocasión de la crisis nacional que provocó el «Serranazo» que trató de imponer al país el presidente Jorge Serrano Elías, en su fracasado intento de imitar el «Fujimorazo» que se produjo en Perú pocos meses antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución ordenando al Congreso de la República que en el término de 48 eligiese al sustituto del fracasado dictador, a pesar de que no estaban de acuerdo los magistrados Jorge Mario García Laguardia y Adolfo González Rodas, porque la medida no está contemplada entre sus atribuciones y la CC se extralimitó en sus legítimas funciones. Pero gracias a esto fue electo por escasa mayoría el licenciado Ramiro Deleón Carpio, hasta entonces Produrador de los Derechos Humanos, sobre su competidor, licenciado Arturo Herbruger Asturias, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lo cual fue un abuso de la CC porque la Constitución no la autoriza para hacerlo. Pero este abuso de la CC se justificaba por la grave crisis por la que estaba atravesando el país por el intento de Serrano Elías de dar un  un golpe de Estado a los poderes Legislativo y Judicial, y, gracias a ello, se logró devolver la estabilidad nacional. Esta opinión me la ha dado el propio doctor García Laguardia, un constitucionalista por excelencia. Los otros magistrados de la CC eran entonces los licenciados Epaminondas González (presidente), Rodolfo Roermosser y Gabriel Larios. Por cierto que yo informé al doctor García Laguardia que me había reunido con todos los comandantes de las zonas militares del país en la dependencia de Inteligencia Militar que se conocía como «El Archivo» y el general Francisco Ortega Menaldo me dijo que la Institución Armada había acordado que iba a acatar estrictamente lo que decidiese la Corte de Constitucionalidad y gracias a esta información que les dí los magistrados de la CC se atrevieron a dar esa resolución.
Por último –y dicho sea sin el menor ánimo de faltar al respeto que ellos me merecen– ¿quiénes son esas personas que dicen ser dirigentes o representantes de la «sociedad civil», de las «madres angustiadas», del «movimiento pro justicia», del «Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales», y de otras por el estilo, para pretender dirigir el desarrollo político y social de Guatemala? ¿Qué autoridad tienen? ¿Quienes les han designado para que les representen o les dirijan? ¿Por qué no respetan a las instituciones legalmente establecidas y a los funcionarios que las dirigen, con mayor razón cuando han sido electos por decisión popular? ¡Ah puchis!
3) Innecesaria y condenable falta de respeto
Es lamentable y a todas luces condenable que el periodista Carlos Castañaza, director ejecutivo del diario Siglo Veintiuno, se haya permitido el abuso a la libertad de expresión de ser innecesariamente irrespetruoso con los presidentes de los tres poderes del Estado, porque con ello deteriora la imagen y la estabilidad de Guatemala. ¿Quién es él para que se permita calificar de «cínicos» a los más altos funcionarios del país? Reproduzco su artículo con el único proposito de que se vea cómo se les pasa la mano a algunos comunicadores:

Galería de los cinicos

«A estas alturas, el recordado caricaturista Filóchofo tuviera cupo lleno en lo que él llamaba magistralmente “la galería de los cínicos”. Esta semana, en particular, le hubiera generado mucho material a su bien apuntado rapidógrafo. Pero lo que en la vía profesional es un deleite del humorista, para la generalidad de los guatemaltecos se transforma en una afrenta, un insulto, un motivo para la desesperanza.

Erupción de deudas. Édgar Balsells, ministro de Finanzas, recordó que la deuda flotante es ilegal, y ofreció eliminarla. Sin embargo, desde el Ministerio de Comunicaciones (CIV) recibió las primeras objeciones, pese a que tal cartera tiene Q1,500 millones adeudados sólo en Caminos, y otros Q881 millones en Covial. El viceministro Alfredo Mury le reporta a Balsells no sólo la cuantiosa deuda, sino le advierte que tras una merma en el monto por la llegada de los Bonos del Tesoro habrá un incremento, gracias a la nueva obra que, pese a lo ilegal, habrá de contratar.

¡Y pensar que cuando recién asumió este gobierno Álvaro Colom, despotricó a gritos por la deuda flotante que efectivamente le heredó Óscar Berger!

Alimentos por trabajo. Los jefes de bloque del Congreso, con Roberto Alejos a la cabeza, fueron invitados a la casa del embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, para hacerles conciencia sobre la importancia de aprobar dos leyes curiosamente dormidas: una contra el enriquecimiento ilícito y otra sobre la extinción de dominio.

Es fácil imaginar al diplomático respirar profundo, sonreír a sus invitados, compartir los frijolitos ¡y pedirles que trabajen! Al menos, que trabajen en leyes de real beneficio y urgencia extrema. Es vergonzoso que un embajador deba llegar a estos extremos, cuando sólo la primera de las leyes mencionadas tiene “dictamen favorable” desde noviembre de 2008.

Palabra de hombre. “Bajo juramento le pregunté si no va a darse a la fuga y a obstaculizar la verdad, y él me indicó que no lo va a hacer”. La jueza del caso Rosenberg, Verónica Galicia, explica así por qué dejó en libertad a Diego Moreno Botrán, a quien le cambió los delitos imputados por la CICIG. Si acá empezaba uno a quedarse boquiabierto, la juzgadora terminó su obra diciendo: “Trajo más de 100 cartas de recomendación, y por la familia de donde proviene se consideró que él no va a actuar de esa naturaleza, porque tendría un efecto negativo para su familia”.

¿Qué pasaría si, por ejemplo, se entrega el responsable del desfalco de Q82 millones en el Congreso y lleva bajo el brazo no 100 sino 105 cartas de recomendación? ¿Y si jura que no se vuelve a fugar? ¿Qué hace confiable a la familia de Moreno Botrán, y no confiable a la de otro imputado? ¿Quién garantiza que la familia de equis criminal no es también de fiar?

El crimen cobra. Los pandilleros, en especial los que están presos en el Preventivo, obtienen por extorsiones al servicio de transporte de rutas cortas Q1 millón al mes. Y no sólo se valen de la inoperancia del Sistema Penitenciario, sino de varios crímenes contra pilotos.

Pero no sacian su ambición tan fácilmente, y por ello ahora exigen a sus desprotegidas víctimas ¡el Bono 14!  Tal cinismo explicaría el ataque con granada a un autobús.

La ley y el desorden. Aduciendo que cumplen un mandato constitucional, Erick Álvarez, presidente de la CSJ, y Óscar Cruz, presidente del Colegio de Abogados, se niegan a salir de la comisión postuladora de candidatos al Ministerio Público. A su testarudez y soberbia parecen unirse también las universidades que no nombran a sus representantes.

Si no por convicción legal, cada uno debería asumir su responsabilidad, aunque sea por pena o por vergüenza. Aquellos dos, aceptando que fueron parte del fracaso en el proceso anterior; los otros, nombrando representantes de inmediato para retomar una elección que se vuelve anciana.

¿Nueva galería? Quien, para variar, hace sus méritos para figurar es el presidente Álvaro Colom. Extorsiones, asesinatos, intimidaciones, ataques cuasi terroristas, robos, agresiones y otro sinfín de hechos delincuenciales forzaron al mandatario a referirse a la delincuencia. Obviamente no estrenó la inteligencia que tanto ofreció durante su campaña electoral.

Entre otras justificaciones de risa, como que la ola violenta actual es una respuesta a las medidas que toma su gobierno contra el crimen organizado, hizo suya esta frase: “El candidato que anuncie que su fuerza va a ser la seguridad está mintiendo”. Quizá esté pensando que su propio partido, la UNE (con su esposa a la cabeza), no podrá anunciar tal seguridad otra vez, dada esa mezcla de ineptitud y corrupción que dio por resultado su gestión.

Y luego completó su pensamiento sobre el tema con un “Aquí es de aguantarnos para no arrodillarnos” ante los delincuentes. ¡Vaya solución!

Creo que Filóchofo inauguraría con él su nuevo espacio: “La galería de los descarados”. (Fin del artículo)

Mi comentario: Insisto en afirmar que es una innecesaria y condenable falta de respeto a los tres presidentes de los organismos del Estado el que cometen constantemente algunos periodistas abusivos, como lo hace en este caso Carlos Castañaza, cuando les denigra y califica de «cínicos», lo cual es un insulto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua que el cínico es un desvergonzado.