* La “renuncia” de Carlos Castresana
Foto Prensa Libre: Carlos Sebastián
Se rascó la cabeza después de informar de su “renuncia”
El 7 de mes en curso, el jurista español Carlos Castresana, hasta entonces jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, convocó a una conferencia de prensa en la que informó dramáticamente que había “presentado su renuncia” a ese cargo ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, aunque la información fidedigna que he obtenido, es que él no “renunció”, sino que le pidieron que lo hiciera porque su situación en nuestro país ya era insostenible por causa de tantas acusaciones sin pruebas que había hecho contra numerosas personas. Entre los argumentos que dio para tomar esa decisión, denunció “la existencia de tres campañas de desprestigio”. En la primera incluyó a profesionales de mercadeo que pretendían destruir su imagen para intentar desaparecer a la CICIG; la segunda campaña se basa en ataques sistemáticos sobre ciertas conductas impropias en su vida privada, las cuales se iniciaron en enero y calificó como falsos señalamientos; y la tercera campaña consiste, dice él, en la infiltración de información confidencial de las investigaciones a cargo de esa instancia, a efecto de frenar la desarticulación de estructuras criminales”; y agregó: “a nivel personal siento que ya no puedo hacer más por Guatemala que lo que he hecho en estos dos años y medio, y la convicción que me llevó ante el secretario de la ONU a presentar mi renuncia fue que le sirvo más a Guatemala y a la CICIG afuera que adentro”. Pero no especificó concretamente qué fue “todo lo que hizo”, salvo por la investigación que hizo del novelesco asesinato-suicidio del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano. Pero hasta este momento no hay ninguna persona condenada por ese crímen. Además, Castresana se atribuye el mérito de haber logrado la extradición de México del ex presidente de la República Alfonso Portillo Cabrera, pero él bien sabe que no todo el mérito es de él. Sin embargo, durante los dos años y medio que permaneció en Guatemala, cobrando un salario mensual de US$25 mil, más todos sus abundantes gastos personales pagados, incluyendo un sueldo de $7,000 mensuales para una “amiguita” jamaiquina que trajo a su lado, nunca investigó la grave corrupción que hubo –hasta ahora impune– durante el régimen que presidieron Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas, de 2004 a 2008. Y hasta la fecha no ha podido averiguar tampoco nada sobre el doble asesinato del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie. Mucho menos ha logrado demostrar quiénes han sido los asesinos de numerosos choferes y sus ayudantes de muchos autobuses urbanos y extraurbanos. Ni tampoco ha hecho nada sobre el desfalco de Q82 millones y pico del Congreso de la República, en el cual supuestamente tuvieron participación los ex presidentes de las sucesivas juntas directivas de dicho organismo, licenciado Rubén Darío Morales y doctor Eduardo Meyer Maldonado.
En realidad, durante el tiempo que ha permanecido en Guatemala, Castresana demostró que tiene excesiva facilidad para lanzar acusaciones a diestra y siniestra, pero sin aportar ninguna prueba y no quiso irse de Guatemala sin causar otra crisis de institucionalidad, y por eso acusó al doctor en Derecho Conrado Arnulfo Reyes Cardona Sagastume, quien pocos días antes había sido nombrado por el presidente de la República para desempeñar el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), escogido entre una nómina de 6 candidatos que le presentó la Comisión de Postulación, presidida por el presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla, e integrada por los decanos de las facultades de derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad nacional San Carlos y las universidades privadas de país, y los presidentes del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor de esa misma institución. Castrenada había “exigido” –¡qué atrevimiento!– al presidente de la República la “inmediata destirución” de fiscal Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, acusándole de estar “relacionado con bufetes de abogados que se dedican a hacer adopciones” y de que en una llamada telefónica que fue grabada entre una persona ligada a los hermanos Valdés Paiz –actuamente prófugos de a justicia por estar acusados de estar involucrados en el caso Rosenberg–, y el magistrado suplente de a CC Hilario Roderico Pineda Sánchez, éste dice que una persona no identificada (pero Castresana afirma que se refería a Conrado Reyes), dijo ser “muy, muy, muy amigo” de él, aunque no mencionó para nada su nombre. ¿Y en todo caso, qué tiene de malo que un abogado pueda ser “muy, muy, muy amigo” de algún colega suyo? Con lo cual Castresana estaba descalificando arbitrariamente al nuevo Fiscal General y Jefe del MP. Por otra parte, el magistrado suplente Hilario Roderico Pineda Sánchez afirma que no es su voz la que Castresana identifica en a grabación como si fuese de él y está dispuesto a someterse a una investigación. Pero no hay que olvidar tampoco que como magistrado suplente de la CC el licenciado Pineda Sánchez goza de antejuicio y no se le debería interceptar sus llamadas telefónicas como si fuese un sospechoso de ser delincuente. Pero de esto no ha protestado el presidente de la CC, licenciado Roberto Molina Barreto, de cuyos ya desaparecidos papás fui amigo y no creí que él fuese a prestarse para este juego. ¡Qué decepción tan triste la que causa comprobar que una persona no es lo que uno se había imaginado!
Entonces se produjo la incongruente, inconcebible y a todas luces inconstitucional e irresponsable resolución definitiva de la CC al recurso presentado por la diputada Nineth Montenegro contra el proceso de elección del Fiscal General, la cual causó una especie de espejismo de entusiasmo nacional, totalmente infundado, especialmente entre todos los desorientados medios de comunicación, en general, y algunos columnistas en particular, que la aplaudieron sin fundamento, al extremo de haberla calificado de “histórica”, porque en ella dicho alto organismo no sólo destituyó al Fiscal General, a lo cual no tiene dercho, porque únicamente al presidente de la República corresponde hacer esa destitución, sino, además, llegó al colmo que “instó” a los integrantes de la Comisión de Postulación a inhibirse de continuar participando en la elección… no obstante que la Constitución de la República establece, con toda claridad, que son ellos –ellos precisamente– quienes deben integrar la comisión y que no puede haber representaciones. Pero ante el acoso de los medios de comunicación y de la llamada “sociedad civil” y otras supuestas entidades que sólo Dios sabe lo que realmente son, aceptaron inhibirse nueve de los decanos: Milton Argueta, de la Francisco Marroquín; Hugo Escobar Menaldo, de la Rafael Landívar; Guido Ricci, de la universidad del Istmo; Bonerge Mejía, de la San Carlos; Carlos Samayoa, de la Panamericana; Mario García, de la Rural; Ángel Barrios, de la Mesoamericana; y Juan Díaz Durán, de la San Pablo, aunque éste informó que durante estos días va a terminar su período de decano (además de que esta universidad no tiene facultad de Derecho); y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y Notarios de Guatemala (CANG), Artemio Tánchez. Únicamente se han negado a inhibirse el presidente de la CSJ y de la propia comisión, doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla; el presidente del CANG y secretario de la comisión, licenciado Óscar Cruz; y la Decana de facultad de Derecho de la universidad Mariano Gálvez, licenciada Mireya Barrera. ¡Bravo por ellos!
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El comisionado Castresana habla de “complots” o “conspiraciones”, pero la única conspiración que hay es contra la institucionalidad y la cometen quienes exigen la inhibición inconstitucional de los miembros de la Comisión de Postulación, cuando saben que la Constitución de la República establece la forma como ésta debe ser integrada y que no se deberá aceptar representaciones. El colmo es que el licenciado Mario Fuentes Destarac, ex decano de la facultad de Derecho de la universidad Landívar y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el domingo pasado participó en el programa de televisión semanal del empresario millonario Dionisio Gutiérrez, de quien se dice que representa a un poder paralelo, y llegó al colmo de decir que no sólo debían inhibirse los miembros de la Comisión de Postulación, sino también debía hacerlo el presidente de la República. ¿Qué clase de “defensor de la Constitución” es éste que exige que nuestra Carta Magna sea violada flagrantemente?
Por otra parte, un grupito compuesto por una docena de abogados, encabezado por el esposo de una esporádica columnista de elPeriódico, se presentó en un noticiario de televisión para exigir la renuncia de toda la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios, principalmente la de su presidente… y agregó que no porque éste haya formado parte de la Comisión de Postulación, sino porque reconoció que para su eleccción recibió el apoyo del “rey del tenis”, apodo con el que bautizó la co-directora de elPeriódico Sylvia Gereda Valenzuela al próspero empresario Roberto López Villatoro, quien por el hecho de ser abogado y notario colegiado tiene derecho a ayudar a quien le de la gana para ganar la elección. Además, quienes exigen la renuncia es un grupito integrado por un número insignificante de profesionales del derecho… ¡pero en Guatemala hay más de 14,000 abogados y notarios! Lo que más me sorprende es que entre los que integran este grupito esté también la actual presidente de CEDECON, licenciada Anabella Morfin, a quien siempre he considerado una persona sensata.
Doctor en Derecho Erick Álvarez Mancilla, presidente de la CSJ
Sería un contrasentido absurdo que nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia viole la Constitución de la República al inhibirse de cumplir el mandato constitucional que le obliga a convocar y presidir la Comisión de Postulación. Tiene toda la razón al negarse a aceptar la imposición de los minoritarios sectores de opinión. Con toda razón, insisto, el doctor Álvarez ha declarado que él por su parte se inhibiría para evitarse problemas, porque esa responsabilidad no es “perita en dulce”. Pero agrega que si acaso él tiene que inhibirse, también debería hacerlo el ingeniero Álvaro Colom presidente del poder Ejecutivo.
Para terminar, en mi opinión, el doctor Carlos Castresana Fernández está viendo micos aparejados si es que acaso en verdad cree que hay una conspiración en su contra y en contra de la CICIG. Lo que ocurre es que en su enfermiza mente calenturienta lo ha inventado todo para justificar su salida –que no es “renuncia”–, porque no ha sabido comportarse con el debido respeto a nuestras leyes e instituciones y ha empleado métodos de tipo nazi-fascistas para acosar a todas las personas que él cree que podrían estar participando en esa supuesta “conspiración”, como es el caso de los hermanos Francisco y Eduardo Valdés Paiz, de Diego y José Manuel Moreno Botrán, del doctor Conrado Reyes Sagastume, de Carlos Quintanilla, de Juan Miguel Fuxet Ciani, gerente de los laboratorios Lanquetin y del publicista Rodolfo Ibarra, de quien se dice que se dedica a manejar campañas de relaciones públicas. ¿Qué tiene eso de ilegal o de malo? Al único que conozco es al oftalmólogo y politólogo “Pancho” Beltranena Falla, por ser hijo de un respetado y querido amigo mío que fue mi compañero en el Colegio de Infantes, pero ¿qué de malo tiene que él haya hecho una llamada telefónica para preguntar sobre sus amigos o parientes? Sin embargo, a Beltranena se le pidió su renuncia como catedrático de la universidad Francisco Marroquín y también renunció del partido Patriota. Asimismo, me he enterado que Fuxet e Ibarra están presos en la zona 18.
Finalmente, juro por las once mil vírgenes que no conozco a ninguna de las otras personas, para que no vaya a decir después el fantasioso doctor Castresana que yo también estoy involucrado en ese supuesto “complot” para desprestigiarlo, cuando es el caso que él no necesita que nadie complote para desprestigiarlo… ¡porque se desprestigia por sí mismo! ¿Estas son las “pruebas” de Castresana? ¡Ese señor ha de estar más loco que una cabra!