FISCAL GENERAL Y JEFE DEL MP.

El 18 de mayo del año en curso, el Presidente Constitucional de la República, general (retirado) Otto Pérez Molina, deberá nombrar a la persona que habrá de desempeñar el cargo de Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público (MP) durante el siguiente período constitucional de cuatro años a partir del 18 de mayo. Esta persona va a sustituir a la doctora Claudia Paz y Paz Bailey quien actualmente desempeña este cargo y, por el apoyo nacional e internacional que ha recibido, para que continúe en el cargo, cualquiera diría que es la única persona honorable y capacitada que hay en el país para desempeñar esas importantes funciones. De hecho, han sido obvias las presiones internacionales y nacionales que se han manifestado primero para que termine su período en diciembre y, segundo, para que continúe en el cargo indefinidamente. Finalmente, después de larga discusión mediática con la participación de los grupos de la llamada «Sociedad Civil» (que solo Dios sabe quiénes las integran), los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgaron, por unanimidad, primero un amparo provisional al abogado Ricardo Sagastume para que se cumplan las fechas constitucionales del período de 4 años de funciones de la Fiscal General, en este caso de mayo 2010 a mayo 2014, y no hasta diciembre, como pretendían tanto ella como sus admiradores, entre ellos el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, de acuerdo al comportamiento evidentemente imperial del ex embajador Arnold Chacón, quien al darse a conocer el fallo provisional de la CC se permitió la injerencia de emitir un boletín de prensa en el que reiteraba su firme apoyo a la doctora Paz y Paz, a quien calificó como «socia» y agregó que todavía estaban «analizando la resolución provisional de la CC». ¿Qué tienen ellos qué analizar una resolución de la Corte de Constitucionalidad? ¿Acaso no es Guatemala un país libre y soberano y son inapelables las resoluciones del más alto tribunal de justicia? ¡Y pensar que a pesar de ello el gobierno le condecoró con la más alta condecoración, la Orden del Quetzal, en su más alto grado! ¡Qué poca vergüenza! Pero eso no es todo, porque en igual sentido se pronunció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Giatemala (CICIG), que es una agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contratada por el gobierno de Guatemala. ¡Pero el gobierno de la República no les ha respondido ni pío! ¿Por qué se deja sobar la cara?

Ricardo Sagastume logró que la CC difina el plazo de la Fiscal General

Es innegable que la doctora Claudia Paz y Paz es una persona honorable, inteligente y capacitada para desempeñar el cargo de Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Como lo ha venido demostrando. Pero en contra de su actuación se esgrime que tuvo varios parientes cercanos involucrados en la subversión guerrillera marxista, como el periodista Roberto Paz y Paz y su hermano Enrique (Quique) Paz y Paz, de quienes se cree que fueron terroristas, miembros del Frente de Resistencia Urbana de la guerrilla, y que participaron en el secuestro y asesinato del embajador de Alemania, conde Karl von Spretti, y del embajador de Estados Unidos de América, Gordon Mein, como se dice en la página 377 del tomo 1/7 del los 10 tomos de la interesante obra «Las Batallas por Guatemala» del capitán Oscar Platero (Editorial Óscar De León Palacios), que les sugiero leer porque contiene mucha de la historia reciente de nuestro país; y se cree que ella misma ha sido partidaria de esa tendencia ideológica, por lo cual su actuación siempre será parcial hacia la izquierda y no se puede confiar en su imparcialidad.

De hecho, ya ha habido casos, como el de la Fiscal de Huehuetenango, licenciada Gilda Isabel Aguilar, en el que la Fiscal General se comportó con clara tendencia izquierdista al ordenarle retirar las órdenes de captura a varios miembros del Consejo de Unidad Campesina (CUC) comprobado brazo armado de la guerrilla, a pesar de que ellos habían participado en un asalto a las instalaciones de la hidroeléctrica de Barillas, asalto en el que murió un miembro del ejército; ademas, se negó a darle la debida protección a la Fiscal Gilda Isabel Aguilar, a pesar de que había sufrido un atentado criminal en la carretera, hasta que finalmente la destituyó injustamente.

Claudia Paz y PazDoctora Claudia Paz y Paz

Y es tanta la fijación por ella que la revista ContraPoder, donde su director, el abogado y periodista Juan Luis Font, quien además es jefe del departamento noticioso del canal de televisión Antigua, la designaron «Mujer del año», han venido promoviendo la teoría que su período termina en diciembre, y no en mayo, y proponen que se reelija para el próximo período. A todo lo cual ella se hacía de rogar, como remolona, y decía que todavía no había definido esa situación, a la vez que siempre se ha negado a identificar su ideología política o sus simpatías, que, para un gran sector de la población no izquierdista, entre quienes destacan el señor Ricardo Méndez Ruiz, quien fue víctima de un secuestro de parte de la guerrilla subversiva marxista durante el gobierno del general Ríos Montt, cuando su padre, coronel Ricardo Méndez Ruiz Roshmosser, era ministro de Gobernación, y el licenciado y periodista Geovanny Fratti, quien fue destituido de Canal Antigua, donde integraba el panel del segmento periodístico titulado «A las 10 pm», del cual formaba parte, solo porque criticó a la revista ContraPoder por haber declarado «Mujer del Año» a Claudia Paz y Paz y haberla sacado en la portada de la revista dos números seguidos con numerosas fotografías de ella en distintas poses. Con lo cual la empresa de la revista ContraPoder y de Canal Antigua, y del programa «A las 8 y 45» y el periodista Juan Luis Font en lo personal violaron flagrantemente la libertad de emisión del pensamiento, de la salía Fratti en pantalla pregonándola en sus promocionales, como una de las características tanto de ese programa como de canal Antigua.

Además, ella había rechazado el fallo provisional de la CC en favor del amparo planteado por el licenciado Ricardo Sagastume, pero la presión que hubo el viernes 7 de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la llamada «Sociedad Civil» para que la CC resolviera en definitiva el amparo planteado por el licenciado Sagastume, ella se presentó a las 3 de la tarde ante la Comisión de Postulación a presentar su postulación, cuando faltaban pocos minutos para que se cerrara el plazo para la inscripción, con lo cual cometió varios delitos, porque la CC todavía no había emitido su fallo definitivo, pero ella se había visto obligada a inscribirse antes sin importarle las consecuencias éticas y legales, porque su inscripción confirmó, con su propio acto, que a) la CC resolvió conforme a Derecho cuando decidió que dejara el cargo en mayo y no en diciembre, como ella pretendía, por lo que su oposición fue maliciosa, de mala fe,  en franco delito de obstrucción de justicia en este caso de carácter constitucional; b) el MP tiene participación en materia de amparo de carácter obligado. La participaciñon con su oposición, sin renunciar al cargo, además de la del MP, la convirtieron en juez y parte, lo que se tipifica como prevaricato; y c) al señalar que la CC emitió una disposición inconstitucional en su caso, siendo el MP parte del sistema de justicia ella, por su calidad de jefe del MP, controlaba la postura de este ante el amparo, y al desacreditar al más alto tribunal en esa materia, desquicia la integridad y respeto de las instituciones que se ocupan de la justicia y da motivo o justa causa para que el presidente hubiese activado su facultad para ordenar su inmediata destitución. ¡Imaginemos si en los EEUU de América la Fiscal General afirmase que la Corte Suprema de Justicia emite sentencias  inconstitucionales!

Finalmente, creo que aunque sea muy probable, si es que no seguro, que la Comisión de Postulación escoja a la doctora Paz y Paz como una de las seis postulantes para que entre ellas el Presidente de la República escoja y nombre a una, yo dudo mucho que en esa circunstancia el general Otto Pérez Molina vaya a nombrarla después de que se ha visto su actitud antagónica contra los militares, como lo demostró en el juicio –juicio que fue político más que judicial– contra el general (retirado) José Efraín Ríos Montt, y uno de los testigos privilegiados mencionó el nombre del «comandante Tito», aunque no se le había requerido, lo cual debería bastarle al mandatario para poner sus barbas en remojo, porque es indudable que tarde o temprano le volverán a sacar el caso del «comandante Everardo», nombre que usó el guerrillero Efraín Ciriaco Bámaca Vásquez. Y no creo que le convendría que la Fiscal General en turno sea parcial a los guerrilleros con ánimos vengativos contra los militares, como creo que, dado el caso, sería la doctora Paz y Paz. Por otra parte, no creo que al Presidente Constitucional de la República de Guatemala, general Otto Pérez Molina, le guste que el gobierno de los Estados Unidos de América le imponga quién debe ser la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Estoy convencido de que por cuestión de dignidad quedará rechaza la doctora Claudia Paz y Paz por haber sido calificada como «socia» por el ex embajador de Washington.

Foto de elPeriódico

Los 14 Integrantes de la Comisión de Postulación son los siguientes: Luis Arturo Sierra González, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial; Luis Alfredo Reyes, presidente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG); Manuel Alfredo Marroquín, presidente del Tribunal de Honor del CANG;  Avidán Ortiz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos; Jari Méndez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo; Mario René Archila, decano de la Facultad de Derecho Universidad San Pablo; Guisela Reinoso, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural; Estuardo Argueta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín; Héctor Peña, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana; José Guillermo Alfredo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci; Rubén Calderón González, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mesoamericana; Julio Rolando Escobar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar; Rodrigo Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez; y Pedro Guzmán, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Occidente.

Estos catorce abogados-académicos fueron juramentados en el pleno del Congreso de la República como miembros de la Comisión de Postulación, que definirá en una lista de 30 profesionales del Derecho a seis candidatos, entre quienes el Presidente de la República escogerá y nombrará Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el próximo período de 18 de mayo de 2014 al 18 de mayo de 2018.

La instancia nominadora es dirigida por el magistrado-presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, licenciado José Arturo Sierra González. La integran, además, autoridades del Colegio de Abogados y decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país.

El primer paso fue proceder a una reunión de jefes de bancadas. Las bancadas de oposición no asistieron. Luego, con 94 votos, el Pleno aprobó en su sesión plenaria -iniciada a las 15 horas con 13 minutos-, el Acuerdo 4-2014 por medio del que convocó, integró y tomó la protesta de ley a los 14 comisionados.

El Congreso dio este paso cumpliendo la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que, aparte de declarar sin lugar el recurso de ampliación y rectificación de Claudia Paz y Paz, fijó a los diputados 48 horas para explicar por qué no se había instalado aún la Comisión de Postulación.

Foto Prensa Libre

Ya se ha cerrado el plazo para que los abogados que aspiran a estar entre los seis postulados presenten su documentación ante la Comisión Postuladora del Congreso de la República. Estos 30 candidatos a ser postulados, todos ellos perfectamente certificados, son: 1) Jorge Luis Donado Vivar; 2) Edgar Abel López Sosa; 3) Julio César Rivera Clavería; 4) Silvia Jeanette García Guzmán; 5) Eunice Mendizábal; 6) Rony Elías López; 7) Edgar Enrique Lemus; 8) Baudilio Portillo Merlos; 9) Luis Arturo Archila Alvarez; 10) Danilo Julián Roca Barillas; 11) Cecilia Ilusión Barrios Ortega; 12) Óscar Rolando Contreras Hernández; 13) Mario Antonio Villeda; 14) Thelma Aldana; 15) Claudia Paz y Paz;  16) Moisés Eduardo Galindo Ruiz; 17) Leopoldo Liu; 18) Gladys Anabella de León; 19) Aura marina López Cifuentes; 20) Amilcar Enrique Colindres Hernández; 21) Marco Antonio Cortez; 22) William René Méndez; 23) Ronald Federico Urrutia; 24) Francisco Quiñonez; 25) Erick Fernando Rosales; 26) María Consuelo Porras; 27) Acisclo Valladares Molina; 28) Ingrid Liseth Caracuz; 29) Jaime Fernando Osorio Alonzo; 30) Manfredo Gallo.

Como puede verse, se trata de treinta (30) respetables profesionales del derecho que creen llenar todos los requisitos necesarios para que, entre ellos, los 14 miembros de la Comisión Postuladora del Congreso de la República escoja a seis que serán propuestos el 2 de mayo al Presidente de la República para entre ellos escoja a la persona que deberá desempeñar esa importante función. Entre ellas se encuentran algunas que ya han demostrado su preparación y capacidad para desempeñar ese cargo, tales como los siguientes:

* El licenciado Julio Rivera Clavería tiene amplia experiencia judicial y docente como catedrático en diferentes universidades de América del Sur, especialmente en Argentina. Y conoce muy bien los entretelones de la relación entre el Ministerio Público y el ministerio de Gobernación, entre los cuales debe haber una estrecha colaboración.

* La doctora Claudia Paz y Paz, quien busca su reelección porque asumió el cargo en diciembre de 2010 por mandato de la CC. Durante 2012 fue incluida en la lista de la revista Forbes como una de las mujeres «más poderosas que están cambiando el mundo en Política y Políticas Públicas» y resaltó que desde que asumió el cargo en el año 2010, ha trabajado arduamente por aplicar la justicia contra el crimen organizado, violaciones a los derechos humanos y quienes son responsables de la violencia de género. También fue postulada por algunas personas para el premio Nobel de la Paz 2013 por el desempeño en el Ministerio Público durante el desarrollo del juicio por genocidio, entre los sindicados está el ex presidente de la República de facto, general (retirado) José Efraín Ríos Montt. Y se cree que esa fue una de las razones por las que insistía en que su período terminara en diciembre, para que estuviese en el cargo cuando sean postuladas las candidaturas al premio Nobel de la Paz, que están gestionando para ella ciertas personas identificadas con la izquierda, entre ellas se supone que está Rigoberta Menchú, quien obtuvo ese premio en el año 1992, propuesta por organizaciones socialistas de Europa y gracias a la influencia de la esposa del presidente François Mitterrand. Pero, evidentemente, ese plan ya se vino al suelo, a pesar del apoyo de varios países izquierdistas.

* También está entre los postulados el licenciado Rony López, actual Fiscal Contra la Corrupción, trabaja en el Ministerio Público desde hace 18 años. Es indudable que él ha sido no de los principales y más cercanos colaboradores de la Fiscal Paz y Paz.

* El licenciado Baudilio Portillo Merlos fue titular de la Procuraduría General de la Nación entre abril de 2008 a agosto de 2009, se desempeñó como director de la Policía Nacional Civil (PNC) en los primeros días del gobierno de Alfonso Portillo, más tarde como asesor legal de la Secretaría General de la Presidencia; y fue juez de Primera Instancia y presidente del Tribunal Tercero de Sentencia.

* El licenciado Luis Arturo Archila Álvarez es jefe de la Fiscalía Metropolitana.

* La licenciada Cecilia Ilusión Barrios Ortega es fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio.

* La licenciada Thelma Aldana inició su carrera como conserje del Juzgado de Familia de Quetzaltenango en 1981, oficial y notificadora de la misma sala, en 1999 fue electa Magistrado Titular de la Corte de Apelaciones hasta ejercer como presidenta del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, y en 2011 fue designada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

* El licenciado Acisclo Valladares Molina fue Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público del 18 de marzo 1991-31 de mayo 1991; y del 31 de mayo 1991 al 13 de septiembre 1993, cuando ambas dependencias estaban unidas.

CURRICULUM VITAE

Postulado para el cargo de Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Publico, periodo constitucional 18 de mayo 2014 -18 de mayo 2018

1. Acisclo Valladares Molina; DPI 1942 38865 0101; nació en la ciudad de Guatemala el 17 septiembre de 1946; tiene 67 años de edad; es casado, contrajo matrimonio civil el 23 de abril de 1975 y canónico el 25 del mismo mes y año – 39 años de casado – habiendo procreado durante su matrimonio cinco hijos; es guatemalteco por nacimiento; abogado y notario, colegiado activo 1545 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, teniendo 41 años de ejercicio profesional. Profesa y practica la Religión Católica.

 2. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, obtuvo el grado académico en setiembre de 1969; especialista en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma; estudios realizados en el ciclo 1969-70; incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, previo examen general de incorporación, con el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y Notario, el 25 de octubre de 1972, constando en el grado académico conferido y en los títulos profesionales extendidos, la procedencia universitaria anterior a incorporarse. Diplomático de carrera, escalafón 3814, Ministro Consejero; Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario; Embajador.- Habla, lee y escribe (idiomas de trabajo) castellano, inglés, francés e italiano; tiene conocimientos de latín, griego, alemán, hebreo y K ́icheé.

3. Presidente de la Instancia Superior Permanente de Fiscalías Generales y Procuradurías Generales de Centroamérica y Panamá; Procurador General de la Nación (18 de mayo 1994 – 18 de mayo 1998); Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público (18 de marzo 1991-31 de mayo 1991; 31 de mayo 1991-13 de septiembre 1993); Juez Primero de Tránsito (1970-71); Juez Sexto de Paz Civil (1971-72)

Miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, colegiado activo 1545, ha ejercido las profesiones de abogado y notario durante 41 años, en todas las ramas del Derecho y ante todas las instancias y Cortes nacionales. (Penal, civil, mercantil, laboral, administrativo, contencioso administrativo, económico coactivo, menores, familia, emisión del pensamiento, casación, amparo, inconstitucionalidad). Asesoría, consultoría; auditoría jurídica (especialidad).

Actualmente es Embajador de Guatemala ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Embajador de Guatemala con carácter concurrente ante: Irlanda, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Estado de Bahréin, el Estado de Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, la República de Nigeria, la República de Kenia, la República Federal y Democrática de Etiopia, la República de Sudáfrica, la República de Guinea Ecuatorial y la Republica de Ghana. Representante Permanente de Guatemala ante la Unión Africana, Representante Permanente de Guatemala ante la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Café, la Organización Internacional del Azúcar, y la Organización Internacional del Cacao.

Fue Embajador de Guatemala ante la Santa Sede en dos ocasiones del 2000 al 2004 y del 2008 al 2010, Embajador de Guatemala ante la Soberana Militar Orden de Malta y ante la Republica Helénica. Representante Permanente de Guatemala ante las Organizaciones de Naciones Unidas con sede en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Miembro de la delegación de Guatemala en los periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, New York (1988- 1992). Agente Principal del Estado de Guatemala ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Coordinador de la Comisión de Belice del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Administrador Delegado, Mandatario General y Especial Judicial con representación de Aceros Prefabricados, Sociedad Anónima; Grupo Forte, Sociedad Anónima, Industrias Marbella, Sociedad Anónima, Tierras y Alimentos, Sociedad Anónima, Representante Legal de Inversiones Turísticas, S.A., Concreto Preesforzado de Centroamérica, Sociedad Anónima. Director del Bufete Profesional Acisclo Valladares & Asociados (Abogacía y Notariado); Miembro del Consejo de Administración de Aseguradora La Ceiba, S.A. Secretario del Consejo de Administración de Aseguradora La Ceiba, S.A.

4. Catedrático de Problemas Sociales y Económicos de Centroamérica. Escuela Preparatoria; 1070-1971, Nivel: último año de bachillerato. Revisor de tesis, licenciada Gloria Elubia Xiquín Mejía, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

5, Columnista Editorial de: Prensa Libre, El Gráfico, Diario la Tarde, El Imparcial (1982-1985), columnista editorial de Nuestro Diario y El Periódico (2004, hasta la fecha). Todo lo publicado se encuentra en la Hemeroteca Nacional de Guatemala. Autor del Ante Proyecto de ley: Ley de Servicio Diplomático y Consular de la República de Guatemala; Auditoría Externa sobre proceso Gerardi, etapa inicial (Arzobispado de Guatemala). Auditoría Externa sobre Concesión Minera (Arzobispado de Guatemala y Conferencia Episcopal); El Principio de Legalidad en el Ordenamiento Jurídico Tributaria; La Clave de la Democracia en el Desarrollo Administrativo de los Preceptos Constitucionales; Tratamiento diferencial de la Renta y de las Plusvalías en el Ordenamiento Jurídico- Tributario; Carácter de las Presunciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Universidad de Salamanca); La situación Jurídica de la Iglesia Católica en Guatemala (Comentario de los Textos Constitucionales de 1945, 1946 y 1965); La Carga de la Prueba en la Nulidad Matrimonial ; El Matrimonio Civil en Guatemala, según Ley de 1829 (Universidad gregoriana de Roma; Breve ensayo sobre Problemas de Doble Imposición Internacional (Universidades de Ginebra y Roma); Error de Derecho y Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba, en la Casación Civil y Penal (Universidad de San Carlos, de Guatemala) Catedrático, Escuela Preparatoria, Problemas Sociales y Económicos de Centroamérica (1970-1971)

 6. La Tiranía en la Obra de Miguel Angel Asturias, lección inaugural de la Escuela Diplomática de Guatemala, 1970; Reforma en la Política de Drogas, King ́s College, Londres 2013.

7. Gran Cruz de la Orden de Pío IX (Máxima Condecoración Pontificia), Gran Cruz al Mérito Melitense de la Soberana Orden de Malta, Gran Cruz de la Orden de los Cinco Cordones de la República de China, Gran Oficial de la Orden de Vasco Núñez de Balboa, de la República de Panamá, Gran Cruz de la orden de José de Marcorena, de la República de Nicaragua, Caballero de Gran Cruz y de Gracia Magistral de la Orden

Militar del Santísimo Salvador y de Santa Brígida de Suecia.

8. Es socio contribuyente desde hace 25 años de la Asociación Italiana de Beneficencia y participa en las actividades de su parroquia desde hace 43 años. Fue Secretario General del Partido Libertador Progresista y Afiliado al mismo.

Observaciones finales: Su sujeción a la ley y a los tribunales de justicia ha sido proverbial en todos los actos de su vida, habiendo permanecido siempre en Guatemala para dirimir cualquier tipo de responsabilidades por cualquiera de sus actos.

Goza de finiquito y jamás ha sido sancionado en su desempeño profesional público y privado.

Como Candidato a la Presidencia de la República (1995 y 1999), hizo del cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, su plan de gobierno. “¿Para qué las leyes, si las leyes, no se cumplen? ¿Para qué, si incumplida, la Constitución de la República?”

Su labor en la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público mereció la más alta aprobación popular y de personalidades nacionales y extranjeras como Tom Stroock, Embajador de los Estados Unidos de América, Helen Mack y Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, quien la calificó, así, en sus momento: “El Estado de Guatemala en Usted está dignamente representado. No puedo sino instarlo a continuar la tarea que se ha impuesto para construir las bases de un autentico Estado de Derecho que sea soporte de la paz.” Guatemala, marzo de 2014. Que no se diga que en Guatemala no hay otro abogado suficientemente calificado para que pueda sustituir a la doctora Claudia Paz y Paz Bailey.

* Está también el licenciado Julio César Rivera Clavería: abogado y doctor en Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador, con un amplísimo y brillante currículum de sus brillantes actividades jurídicas y docentes en Guatemala, Argentina y otros países.

* Y hay muchos otros postulados que llenan de sobra todos los requisitos y con su currículum-vitae desmienten el mito que la doctora Claudia Paz y Paz es la mejor postulación para ese cargo.

La tabla de requisitos se compone de cuatro aspectos a evaluar: los méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana. A excepción del primer aspecto, el resto se ponderará con una puntuación que juntas sumarán 100 puntos.

De acuerdo con los integrantes de la Comisión de Postulación, la ética del aspirante deberá ser honorable y con carácter, entre otras cualidades.

En el aspecto profesional  se tomará en cuenta el tiempo de ejercicio y si cuenta con alguna especialización en la rama del Derecho Penal.

Mientras tanto, en desarrollo humano evaluarán la participación en entidades de beneficencia y en organizaciones de Derechos Humanos de defensa de la justicia.

En otros aspectos, la Comisión Postuladora estableció que los candidatos deberán presentar declaración jurada sobre su ejercicio profesional.

La comisión tiene a su cargo definir a seis postulantes para que el presidente de la República haga la elección. Su decisión deberá ser avalada por el Congreso.

Los integrantes de la Comisión Postuladora se comprometieron a entregar la nómina a más tardar el 2 de mayo del año en curso, para que el presidente de la República escoja y nobre a una persona entre las tres propuestas..

El abogado Danilo Julián Roca Barillas planteó a la Comisión Postuladora sus ideas acefa de la responsabilidad de un Fiscal General y Jefe del Ministerio Público por medio de una especie de revista de 20 páginas, muy bien elaborada, con su currículum-vitae, en ciya contra portada publicó el siguiente planteamiento de lo que, en su opinión, debe ser la función del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Por cierto que corrió el rumor de que este ilustre abogado había sido descalificado y eliminado por un problema del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). Y el problema consistió en que el CANG cometió un error al registrarle como Danilo Julián Roca, sin su segundo apellido (Barillas), pero este error está siendo corregido y se espera que mañana quedará totalmente firme su inscripción. Esta es la portada de la revista en la que dio a conocer su currículum vitae.

FRENTE A LA JUSTICIA

Lo que publico a continuación está impreso en la contraportada de esta revista que contiene el currícum vitae del licenciado Danilo Julián Roca Barillas:

«Cuando las Instituciones entran en un proceso acelerado de deterioro, la balanza de la esperanza ciudadana se traslada inmediatamente a la eficacia, imparcialidad y buen juicio en la aplicación del Derecho y la búsqueda de la Justicia en los jueces responsables del resguardo del Estado de Derecho.

En los Estados Unidos de América, el estamento mejor valorado por la sociedad en la percepción de confianza y respeto a sus derechos y sanción al incumplimiento de sus obligaciones, son precisamente los Jueces.

Desde los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a quienes por cierto nomina el Presidente y confirman en el Senado, hasta los jueces de más ínfima jerarquía, que por la naturaleza de sus funciones mantienen un nivel de contacto más cercano con los ciudadanos.

Un Estado de Derecho, como su nombre lo indica, descansa fundamentalmente en la impecabilidad de su Juridicidad.

Los procesos esencialmente políticos, especialmente los de carácter meramente electoral, tienden a mantener en un estado de zozobra el sistema institucional. Y la contradicción de sus intereses sectarios, favorecen el progresivo deterioro de las instituciones que conforman el Estado incrementando la desconfianza de los ciudadanos en la sustentación de la gobernabilidad.

Por esa razón es tan importante garantizar el nivel de máximo respeto y confianza de la sociedad en sus jueces.

Y los jueces, cuya razón de ser, es la de impartir justicia, con todas las virtudes que esa responsabilidad implica, debe ser esa, como misión sagrada. No la de dirimir, mucho menos arbitrar la problemática de orden político sectario o partidista.

La responsabilidad política, descansa en los políticos, no en los jueces.

Y dependerá del nivel de formación política de la clase dirigente, que se privilegiará el debate, la discusión, la concertación y el que se alcancen los acuerdos de gobernabilidad que le garanticen un desarrollo sostenido y políticamente tolerable a la sociedad.

Las diferencias políticas que se ventilan en los tribunales, o la búsqueda de la parcialidad judicial para saciar ambiciones o venganzas políticas, sobre la premisa de controlar política o ideológicamente los entes encargados de la operación de la justicia, debilita el sistema y enferma a la sociedad.

Los jueces no deben complicarse en la toma de decisiones políticas disfrazadas de judiciales y los operadores institucionales, entre los que se incluyen entidades que representan a la sociedad como es el caso del Ministerio Público, jamás deben de estar al servicio de intereses ideologilizados que pretendan y procuren sentencias condenatorias de carácter político sectario, más allá del apego al Derecho y la consecución de la Justicia.

La sola sospecha de que un aparato de justicia responda a intereses ajenos a su función esencial, es suficiente para buscar la anulación de su presencia en ese organismo que pertenece al interés colectivo y no a ninguna facción política o ideológica en particular.

Las muestras de adhesión sectaria hacia una eventual candidata, en lugar de favorecerle y procurarle apoyo, denuncian una parcialidad indeseable al frente de una institución en la que toda la sociedad debe tener plena confianza.

No se trata del que más grita, sino del que mejor resuelva.

No se trata de tener el respaldo de un grupo, se trata de tener el respeto y la confianza de todos.

Cuando se judicializa la política, tema que he abordado decididamente desde los tiempos de la intolerable y prepotente actitud del no bien recordado Comisionado Castresana, provoca como consecuencia la  Politización de la Justicia, desgasta innecesariamente, por incapacidad de abordar el debate político, a todo el sistema de justicia.

Y cuando las Instituciones se degradan, queda como único refugio la solemnidad y confianza que debieran inspirar los jueces, pero cuando los jueces se ven precisados a tomar decisiones alejadas a su competencia y formación por ser esencialmente políticas, se debilitan y se desacreditan.

Y en un Estado de Derecho, donde la Justicia está comprometida con el interés político o sectario, la sociedad queda inerme y sin soluciones.

Y una sociedad sin soluciones jurídicas confiables y morales y éticamente aceptadas por la mayoría, se encaminará inevitablemente a la ANARQUIA.

Que no es otra cosa que un grupo de individuos, sin gobierno y sin reglas a la deriva, sujeta a la ley del más fuerte y en proceso de autodestrucción.

FUERA LA POLITIZACION DE LA JUSTICIA,

FUERA LA JUDICIALIZACION DE LA POLITICA»

Twitter @jorgepalmieri