ABUSO DE PODER EN EL CASO BANCAFÉ

Durante la mañana del viernes pasado, ocho personas fueron aprehendidas sorpresivamente y llevadas a los tribunales de justicia por considerárseles ligados a la supuesta quiebra del banco Bancafé y Bancafé International Bank Ltd., con sede en la isla de Barbados, producida sorpresivamente hace cinco años por disposición del titular de la Superintendencia de Bancos, licenciado Willy Zapata, 15 días antes de que se venciera el plazo que tenía el banco para demostrar su solvencia. Los ocho detenidos fueron los señores Eduardo González Rivera y Manuel Eduardo González Castillo y su hermano Jorge Alfredo Rivera Castillo, el primero en su calidad de presidente de Administración de la susodicha institución bancaria y el segundo miembro de su junta directiva. La primera detención fue la del señor Eduardo González Rivera, alrededor de las 10:00 horas, en las propias gradas de la Torre de Tribunales cuando bajaba después de firmar el libro de asistencias en el Juzgado Décimo de Instancia, como lo estipuló una de las medidas sustitutivas impuestas por el Juzgado Noveno de Instancia Penal por el proceso que se abrió por la supuesta quiebra del mencionado banco. En las mismas circunstancias fue detenida de manera brutal la señora Celeste Aída Desiré Soto Vetorrazi, por haber sido una de las principales accionistas. Pero de ninguna manera se podría decir que participó en alguna forma en las decisiones que tomaban los directores del Banco. Se les acusa de haber participado en una estafa y lavado de dinero por US$204 millones por medio de otras financieras para declarar la quiebra. Sin embargo, es bien sabido que ninguna de esas dos instituciones bancarias se declaró en quiebra, sino fue ordenada por la Superintendencia de Bancos. El Banco del Café estaba considerado el tercer banco en importancia del país y el que tenía mayor número de agencias en toda la república. Para argumentar el lavado de dinero se ha dicho que los directivos de Bancafé utilizaban su offshore en Barbados para hacerse préstamos millonarios que después regresaban a invertir en Guatemala, lo cual hizo quebrar al BBI, y que fue debido a esas circustancias que el Bancafé se vio en la necesidad de inyectar varios millones a su banco en Barbados. Sin embargo, con fecha 29 de mayo del 2006, el propio Superintendente de Bancos, licenciado Willy Zapata S. envió  una carta al señor Eduardo Manuel González Rivera, Presidente del Consejo de Administración del Banco del Café, S. A. transcribiéndole el oficio No.1963-2006 que dice textualmente: «Según el balance de saldos al 30 de abril de 2006 que se recibió en este órgano superior, la entidad fuera de plaza Bancafé International Bank., Ltd., miembro de Bancafé, Grupo Financiero del País, cuya empresa responsable es el banco que usted preside, reporta pérdidas acumuladas por US$11.238.008.50 equivalentes al 90.5% del capital pagado. De continuar las párdidas con la tendencia observada existe alto riesgoi de caer en deficiencia patrimonial y sería el banco responsable quien, de conformidad con el inciso e) del artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, estaría obligado a cubrir tales deficiencias».

Y continúa diciendo: «Como es de su conocimiento, de conformidad con los incisos c) y g) del artículo 21 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, corresponde al Consejo de Administración que usted preside, asegurar que se implementen e instruir para que se mantengan en adecuado funcionamiento y ejecución, las políticas, sistemas y control de riesgos, así como cumplir y hacer cumplir las disposiciones y regulaciones que son aplicables al banco».

Concluye: «Por lo anterior, le agradeceré que el Consejo de Administración del Banco del Café, S.A. en su calidad de empresa responsable de Bancafé, Gruoo Financiero del País, informe a la Superintendencia de Bancis, dentro de los diez días siguientes a la recepción del presente oficio, las medidas que se han adoptado y se adoptarán en el corto plazo para mitigar el riesgo de incurrir en deficiencia patrimonial de la entidad fuera de plaza.» (Fin del oficio). No obstante, acusan de lavado de dinero a Bancafé por haber inyectado fondos al BBI por los millones que perdió en su inversión en otro grupo offshore que quebró. Aparentemente, pretenden responsabilizar a Bancafé, Grupo Financiero del País, de haber dado dinero a su offshore como un salvavidas, cuando, como puede verse en ese carta, fué el propio Superintendente de Bancos y Presidente de la Junta Bancaria quien ordenó que se le salvara de la pérdida de su patrimonio. Y era precisamente en en el Bancafé International Bank de Barbados donde, al declarar en quiebra a Bancafé, perdieron sus importantes inversiones  muchos guatemaltecos que antes habían cobrando muy altos intereses. Pero ahora son quienes más enconados están contra los directivos del Banco del Café y promueven todo tipo de acciones penales contra los directivos de Bancafé  el Grupo Financiero del país para desprestigiarles y perjudicarles, como creo que está ocurriendo en este caso.

Según un reportaje de Julio Revolorio, publicado esta mañana en elPeriódico, el licenciado Alejandro Balsells, presidente de CEDECON y columnista de La Hora declaró «Puede ser que existan delitos, pero esto solo se pueden conocer una vez que se concluya el proceso de quiebra en el ramo civil, lo cual no existe ni se ha ventilado en el país. Y agregó: «El ramo civil, la Junta Monetaria suspendió las operaciones del Banco del Café el 19 de octubre de 2006, lo cual ocasionó que no se pudiera responder como determina la Ley de Bancos por la offshore BIB y Valores e Inversiones del país (VIPASA) en el reclamo de US$204 millones».

En el mismo reportaje se publica que, por su parte, la licenciada Anabella Morfín, abogada directora del proceso de liquidación en representación de Bancafé, declaró: «Debe prevalecer la razón» e indicó: «Esperaría que el juez comprenda que las reclamaciones se hacen en el ámbito civil y no en el penal, ya que no se ha consumado un incumplimiento de pago». Y aseveró que «no se han dado las condiciones presupuestarias para encuadrar las figuras de los supuestos delitos por lo que el MP pretende señalarlos, como quedó demostrado en una auditoría forense efectuada, a lo que se suma que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

De acuerdo a un reportaje de Willberth Girón y Claudia Vásquez,  publicado hoy en el diario Siglo Veintiuno, en el transcurso de la mañana del sábado el licenciasdo José Quesada Fernández, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que hay anomalías en este caso porque «en el caso Bancafé el proceso de quiebra lo inicia la SuperIntendencia de Bancos y el mismo debe ser conocido por un juez que conozca de negocios y del tema financiero antes de catalogar abruptamente delitos». Y siguió diciendo: «En este caso se inician tres procesos penales paralelos al proceso de quiebra y dos jueces ya determinaron que el asunto debe conocerse por e lámbito civil, creo que en este caso se está utilizando inadecuadamente el sistema penal». Además, agregó que el juez Villatoro pudo haber cometido el delito de prevaricato por haber calificado los supuestos delitos antes de haber oído a los acusados.

El licenciado Quesada dijo que estas capturas se dieron a raíz de un tercer proceso en el que el juez determinó que hay lavado de dinero, estafa, estafa propia y otros delitos. Este juez no ha tomado en cuenta la pre judicialidad en los otros procesos e insiste en seguir con la persecución penal. ha habido tres procesos por el caso Bancafe: dos procesos penales en los cuales ya se resolvió que existe prejudicialidad, lo cual significa que el juez determinó que un proceso de quiebra es un asunto civil, el cual ya fue iniciado por la Superintendencia de Bancos y Junta Mionetaria.  Si luego de ese procedimiento civil se llega a determinar que la quiebra fue fraudulenta, entonces podrán seguir los procesos penales, pero antes no.  Dicha prejudicialidad fue posteriormente confirmada por la Sala de Apelaciones.

De acuerdo al artículo 389 del Código Civil y Mercantil, Calificación de Quiebra. «Si la Junta de acreedores, en vista del informe que le hubiere presentado la comisión revisora o el síndico, en su caso, pidiere que la quiebra se declare fraudulenta o culpable, o si el juez lo estimare así, en virtud de lo que aparezca de las actuaciones, certificará lo conducente, para que el juez competente abra el proceso criminal. Cuando la quiebra fuere calificada de fortuita, el juez lo pondrá en conocimiento inmediato del juez que conozca del proceso penal, para que ponga en libertad al fallido, y se publicará en el Diario Oficial la resolución que contenga tal declaratoria».

Como bien dice esta mañana el Editorial de Prensa Libre, «de las persnas acusadas, dos llegaron por sus propios medios, y las otras fueron trasladadas de sus oficinas o residencias, lo cual no tiene nada de extraño. Sin embargo, fue innecesario el envío de docenas de agentes armados, así como engrilletarlas, sobre todo en los casos de quienes se habían presentado a las autoridades». Y en el siguiente párrafo agrega: «Llamó la atención que los acusados hayan debido pasar tres noches en la «carceleta» del edificio de tribunales, porque las dirligencias legales no pudieron realizarse por causa de la ausencia de representantes del Ministerio Público. Será hasta hoy a las 9 de la mañana cuando se realice la diligencia en la que se deben conocer las causas de la quiebra del banco, tanto internas como internacionales, pero también gubernativas y de las autoridades bancarias de cuando pasó eso».

Los otros detenidos son el licenciado Eduardo Antonio Palomo Escobar, quien simplemente era el abogado del banco y nunca participó en lo más mínimo en los movimientos financieros del Bancafé porque no le correspondía, y su hijo Eduardo Alberto Palomo Mahr, quien durante algún tiempo fue miembro de la Junta Directiva de Bancafé, pero antes de lo ocurrido ya no lo era porque había renunciado; Ariel Estuardo Camargo, la señora Soto Vetorazzi y Francis Frederick Fisher Theriot, quien, en realidad, jamás tuvo nada que ver con Bancafé pero fue directivo de Multibanco cuando éste fue adquirido por Bancafé. Se les acusa de estar vinculados en supuesto lavado de dinero, con conspiración, intermediación financiera y caso especial de estafa. Cinco de los nueve que se encuentran detenidos se presentaron voluntariamente al enterarse de que había orden de captura contra ellas. Aparte de los mencionados, se han girado órdenes de captura contra Silvia Ileana González Castillo, Mayra Elisa Kausel Beschiroff de Habeland, residente en Alemania, viuda del señor Ingo Habeland, exdirectivo del banco, Juan Carlos Maldonado Paiz, Moisés Samuel Cupersmith Mizrahí y Juan Carlos Moraga. Y la señora Gloria Barrios Pineda se presentó ante el juez voluntariamente tan pronto se enteró de que había orden de captura contra ella. De hecho, cinco de las nueves personas que están detenidas hasta ahora se presentaron voluntariamente. Y el licenciado Juan Eladio Campos se entregó esta mañana y también participará en la audiencia que a las 11:00 horas todavía no había comenzado.

El señor Manuel Eduardo González Castillo, hijo del señor Eduardo González Rivera, ex presidente del Banco del Café, fue secretario de la Presidencia de la República durante el período presidencial del licenciado Óscar Berger Perdomo. Era un hecho sabido que tanto él como su padre y el Banco del Café y el Grupo Financiero del país en general aportaron fuertes sumas de dinero para las dos campañas políticas de Berger, tanto en la primera, que perdió ante Alfonso Portillo, como en la segunda que le ganó a Álvaro Colom, y se decía insistemente que el más probable candidato a sucederle era Eduardo González Castillo. Sin embargo, Berger no fue capaz de intervenir ni en la más mínima forma para impedir que el Superintendente de Bancos y Presidente de la Junta Monetaria, licenciado Willy Zapata, decretara la quiebra del banco sin darles oportunidad de llevar a cabo una operación de venta que estaban tramitando con un banco canadiense, con lo cual habrían resuelto la difícil situación, a pesar de que todavía faltaban 15 días para que venciera el plazo para ello. Por cierto que desde entonces ha desaparecido del país el licenciado  Zapata y no ha respondido a las citas que se le han hecho para escuchar su testimonio. De ello se desprendió la sospecha que lo había hecho con el propósito de favorecer a otros bancos del sistema que se hicieron cargo de muchos de los asuntos que dejarían el Banco del Café y el Grupo Financiero del país. Por este insólito comportamiento, evidentemente traicionero y desleal del presidente Berger, para con su financiero y amigo, se creyó en aquellos días que la verdadera intención detrás de la declaración de fraude era desprestigiar y descalificar a Eduardo González Castillo para que no pudiese ser candidato a la Presidencia de la República. El comportamiento del ex presidente Berger no debe extrañar a nadie que conozca cómo fue su actuación durante su período presidencial, pero debería darle verguenza haber sido tan desleal con alguien que había sido su íntimo amigo, financista y colaborador durante muchos años.

Otro de los detenidos es el licenciado Eduardo Palomo Escobar, de 80 años de edad, un profesional del Derecho ampliamente reconocido por su capacidad e integridad profesional, por su hombría de bien y por su singular caballerosidad y brillante currículo, fue Consejero legal del Banco de Guatemala, después Vicepresidente del mismo, viceministro de Economía y luego ministro de Economía, Embajador Plenipotenciariuo y Extraordinario de Guatemala en los Estados Unidos de América durante el gobierno del licenciado Vinicio Cerezo Arévalo; asimismo, fue fundador y presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON). No creo que haya una sola persona en Guatemala que le conozca personalmente o esté informado de cuál ha sido su comportamiento, tanto público como privado, que pueda poner en tela de duda su honradez y estricto apego a la ética y a las leyes. Ni creo haya alguien que pueda acusarle de no ser un caballero a carta cabal. La mañana del viernes, como suele hacerlo todos los días, se encontraba atendiendo asuntos profesionales en su bufete, situado en el edificio Géminis, cuando de pronto irrumpieron escandalosamente  57 personas, entre agentes del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad, fuertemente armados, como si fuesen a capturar a un peligroso delincuente. Durante tres horas los agentes del MP estuvieron recogiendo todos los papeles que encontraron en los escritorios y se los llevaron en tres cajas, sin prestar atención a las indicaciones del personal del bufete de que se trataba de documentos legales de diversos casos por completo ajenos al caso Bancafé. Mientras tanto, alrededor del edificio había numerosos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Finalmente, los agentes del MP y de la PNC condujeron engrilletado al licenciado Palomo Escobar a la Torre de Tribunales para ser oídos en una audiencia ante el Juez  Décimo Penal, Walter Villatoro. Sin embargo, esta audiencia no se pudo celebrar porque, por increíble que parezca, los representantes del MP no se presentaron a pesar de haber sido quienes promovieron las capturas, con lo que se demuestra que el propósito era aplicarse lo que se conoce como «un sabadazo», que significa que las personas tienen que permanecer detenidas durante todo el fin de semana. En consecuencia, el juez ordenó que los detenidos fuesen conducidos a la «carceleta» situada en el oscuro y húmedo sótano de la Torre de Tribunales, donde estuvieron el fin de semana en condiciones humillantes y por demás indignas, sin comodidad alguna, sin luz, durmiendo en bancas de cemento o en el suelo, con un asqueroso hinodoro sin higiene y sin una ducha para bañarse. Como si estuviesen delincuentes después de haber sido oídos, juzgados y condenados en juicio. Por otra parte, es muy criticable que se haya permitido que los reporteros gráficos de los medios de comunicación les tomasen fotografías y los xamarógrafos de los noticiarios les sacasen videos con las esposas puestas y en esas humillantes condiciones, lo cual es contrario a la Constitución de la República porque no habían sido oídos en su primera declaración.

Un párrafo del Editorial de Prensa Libre de hoy dice al respecto: «Este artículo no se refiere a los aspectos legales, sino a las humillantes condiciones de los centros de detención. La carceleta mencionada está situada en el sótano, al lado de la rampa de ingreso al estacionamiento, y tiene no más de i.50 metros de ancho por seis o siete de largo. Las personas detenidas deben dormir en bancas de concreto o en el suelo, sin servicios sanitarios dignos. Lo peor: ser enviado allí es considerado prueba de muy buena suerte, porque la opción es el Centro Preventivo de la zona 18, donde la vida de todo capturado corre peligro real y las vejaciones pueden ser innenarrables».

Y en el párrafo siguiente sigue diciendo: «Con razón, los defensores de los capturados consideran que hay alguna razón escondida para realizar estas capturas en ese día y la época del año. Aquí el punto principal es que tales consideraciones se pueden realizar en la totalidad de los casos. Llegar a un centro de detención no no es experiencia agradable en ningún paós, pero en Guatemala se vuelve una tragedia adicional. Sin entrar a considerar la culpabilidad o inocencia de quienes son apresados, sus familias –muchas veces de escasos recursos– se ven obligadas a dar dinero propio o prestado para comprar proteccióno asegurarse de que haya alimentos. En fin, es el ingreso en el submundo de las cárceles del país, dominadas por grupos mafiosos.»

El sábado por la mañana, el destacado abogado José Quezada, ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo una conferencia de prensa frente a la «carceleta» de la Torre de Tribunales y, entre otras graves acusaciones que hizo contra el juez décimo Penal, Walter Villatoro, dijo que era obvio que había cometido abuso de autoridad y el delito de prevaricato por haber mandado a la carcel a esas personas por los delitos que señaló sin haberles escuchado antes. De acuerdo con el DRAE, prevaricación en un delito que comete una autoridad, un juez o un funcionario «consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta»

El abogado David Abbott, defensor de los señores González Rivera y González Castillo afirmó el domingo que está convencido de que el MP tendió una cortina de humo para que no se investiguen las anomalías detectadas en la Corporación Financiera Nacional (CORFINA) que se encargó de la venta de algunos de los activos del Banco del Café y hay razones para sospechar que se produjeron graves anomalías en las que lucraron los dirigentes de la entidad. Al ser entrevistado el domingo por un reportero del matutino Prensa Libre se le preguntó:

«¿A qué atribuye que el MP solicitara órdenes de captura contra los directivos de Bancafé?», a lo que él respondió: «En primer lugar eran innecesaria, ya que tres de los que se entregaron tenían arresto domiciliario, hay otros de avanzada edad que no tienen intenciones de escapar. Las personas que ahora están a disposición de la justicia en ningún momento han sido citadas por el MP. Es más, siempre se han presentado y están anuentes a colaborar con la investigación».

¿Qué busca el MP con las órdenes de captura? y respondió: «Crear un impacto mediático, ya que están conscientes de que se acerca un cambio de gobierno. Es una columna de humo gigantesca que el MP levanta para evitar que se investiguen los contratos anómalos que han ocurrido en CORFINA. Entre las anomalías está que esa institución elaboró un avalúo a Bancafé y determinó que el edificio tenía un valor de Q320 millones que servirían para pagar a los inversionistas, pero algo pasó y lo vendieron por Q120 millones. No sabemos los motivos para haber vendido tales activos de los exbanqueros por ese reducido monto.

«¿Quiénes estarían detrás de esta cortina d humo que usted menciona?» y contestó: «Los mismos que se han beneficiado con la venta de ese inmueble, pero desconozco quiénes podrían ser. Pese a la situación jurídica de la quiebra del banco y del Bancafé International Bank se cumple con los pagos, pero buscan la forma de perjudicar a los exdirectivos y mantenerlos presos para que no inicien acciones contra CORFINA.»

Finalmente, cabe esperar que esta mañana el juez Walter Villatoro sea justo y responsable y actúe de estricto apego a la ley y no participe en el evidente propósito de desprestigiar, humillar y encarcelar durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo a esas personas de reconocida honorabilidad que en nada tuvieron que ver con las decisiones financieras que llevaron al licenciado Willy Zapata, presidente de la Superintendencia de Bancos y Junta Monetaria, a ordenar, sorpresivamente, el cierre de operaciones de Bancafé y de su banco offshore en las islas Bahamas. Lo cual fue precipitado y ha tenido desastrosas consecuecias.