Sensacional entrevista en T13 Noticias
La entrevistada, Fiscal Gisselle Rivera
La reportera del noticiario T-13 Noticias de Canal 13 Veraliz Martínez viajó a San José de Costa Rica y entrevistó a la fiscal Gisselle Rivera, y la entrevista fue transmitida en dos partes antenoche y anoche a partir de las 20:30 horas. Y, según anunciaron, hoy sera transmitida en su totalidad a partir de las 18 horas. Le aconsejo verla y escucharla atentamente. No dejen de verla porque es un excelente trabajo periodístico. Estos son algunos de los temas que trataron:
* Asesinato de los diputados al PARLACEN y su piloto
Entre todos los temas que ocupan en estos días la atención nacional sobresalen los casos del asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su piloto, supuestamente cometido por unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el posterior asesinato en la cárcel de estos policías; la muerte violenta de siete reos en la Granja Penal de Rehabilitación de Pavón y la muerte de tres de los reos que se habían fugado de la cárcel de seguridad denominada El Infiernito. A lo que hay que agregar que el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, aprehendido en Madrid el 14 de octubre del año en curso por una orden de captura internacional emanada de INTERPOL a petición de las autoridades judiciales guatemaltecas, que pretendía extraditarle para ser juzgado aquí, haya sido dejado en libertad por orden del juez Santiago Garzón, de la Audiencia Española, en vez de ser extraditado a Guatemala debido a que, según declaración del mencionado juez, se venció el plazo de 40 días sin que las autoridades guatemaltecas hayan presentado las pruebas de su supuesta implicación en dichos casos, por lo cual no formalizó la solicitud de extradición. Asimismo, se suman a estos casos las explosivas declaraciones que ha venido dando a varios medios de comunicación de El Salvador y Guatemala la ex fiscal costarricense, quien fungió como jefa de Investigaciones de la CICIG Giselle Rivera.
Operación Pavo Real en Granja de Pavón
Vielmann, Sperisen y Figueroa
En la Granja Penal de Pavón se registró un motin o levantamiento de los reos que prácticamente tenían bajo su control ese centro penitenciario en el que vivían y hacían lo que les daba la gana y desde donde realizaban secuestros y extorsiones, sin que pudiesen hacer nada para evitarlo las autoridades de penitenciarias ni de Policía. Por este motivo, una mañana, bajo las órdenes directas del ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, del director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Fulano Sperisen y del director de Investigaciones Criminales de la PNC, doctor Javiel Figueroa, un suficiente número de agentes de la policía, fuertemente armados y con el apoyo de tierra y aire, tomaron por asalto la Granja Penal y resultaron muertos siete de los reos más revoltosos y peligrosos. Al principio se dijo que estos habían recibido a balazos a la autoridad, por lo que habían tenido que ser abatidos, pero en posteriores investigaciones se dedujo que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales porque no habían opuesto resistencia sino habían sido atados de pies y manos antes de asesinarles a balazos, algunos en la parte posterior de la cabeza. Después que se llevó a cabo esa acción se presentó en el lugar de los hechos el director general del sistema penitenciario, doctor Alejandro Giammattei Falla. Pero es evidente que él no tuvo ninguna participación en el desarrollo de la acción represeiva. Luego se presentó también el presidente de la República, licenciado Óscar Berger Perdoma, en una actitud de supervisión de lo ocurrido y con satisfacción por lo ocurrido. Al menos esto es lo que se dio a conocer a través de los diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros.
* Los diputados salvadoreños al PARLACEN
En base a lo publicado en el Diario El Mundo de El Salvador:
De acuerdo con el diario salvadoreño El Mundo, investigadores profesionales contratados por la ONU concluyeron que los tres diputados salvadoreños asesinados en Guatemala en 2007, perdieron la vida porque uno de ellos llevaba, en el auto, $5 millones. Los resultados de sus investigaciones, que conoce dicho diario, fueron desatendidos y silenciados. Eso provocó protestas y renuncias de expertos en la CICIG de Guatemala. El grupo investigador involucró en el crimen a Víctor Rivera (alias “Zacarías”) un investigador venezolano que vivió en El Salvador bajo el nombre de “Frank” y al ex jefe de la DINC de Guatemala, así como otros altos ex funcionarios guatemaltecos.
El transportar cinco millones de dólares en dos valijas negras de tela sería el móvil que provocó el asesinato de los tres diputados salvadoreños y su motorista, ocurrido el 17 de febrero del 2007, de acuerdo con una investigación hecha por expertos contratados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas, que no fue atendida en ese país.
En una prolongada investigación, un grupo de trece profesionales de varios países dijo en sus informes que los diputados transportaban cinco millones de dólares en un vehículo Land Cruiser, con placas de circulación salvadoreñas número 186171, lo cual era del conocimiento de las autoridades guatemaltecas.
El dinero se lo atribuyen al diputado William Pichinte, cuya esposa era la propietaria del vehículo Land Cruiser en el que viajaban los tres diputados y su piloto.
Los legisladores Ramón González y Eduardo d’Abuisson viajaron junto a Pichinte porque, el primero dejó su auto en El Salvador para que movilizaran a su hija que estaba próxima a tener un hijo, y d’Abuisson tenía en el taller mecánico su jeep de doble tracción.
El vehículo en el que viajaban los diputados salvadoreños poseía un compartimiento secreto mandado a construir por sus propietarios para ocultar cargas que no querían llevarse en lugares convencionales.
Alentados por el dinero, en el crimen habrían participado no sólo los cuatro agentes policiales que fueron acusados y posteriormente asesinados en condiciones misteriosas en una prisión guatemalteca, sino también otros funcionarios que caminan libres o que, igualmente, fueron acribillados a balazos o están presos por diferentes razones, según la investigación.
Esos hechos son apenas parte de los resultados la pesquisa que fue desatendida, y posiblemente archivada en el interior de la CICIG, una organización fundada en el 2007 por un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas con el anterior gobierno guatemalteco encabezado por Oscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas. La investigación la realizaron prominentes profesionales dentro de los que se incluyen un ex juez antimafia de Italia que actualmente investiga crímenes de guerra en Kosovo y entonces era, además, el jefe de investigaciones de la CICIG.
También formó parte de ese grupo la fiscal costarricense Gisselle Rivera, y un prestigioso investigador español que realizó importantes pesquisas en ese país para aclarar el asesinato del Obispo de Guatemala, Monseñor Juan José Gerardi.Ttambién conocieron de esas investigaciones una abogada suiza, un criminólogo y un policía chilenos y una experta sueca que llegaron a Guatemala a contribuir con la CICIG,.
De acuerdo a los informes de ese grupo internacional, firmados la mayoría de ellos por la fiscal costarricense, Gisele Rivera, tras conocer la presencia del dinero, un asesor del ex ministro de gobernación, Carlos Vielmann y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), juntaron a miembros de la Unidad contra el Crimen Organizado de la policía guatemalteca para que interceptaran y luego asesinaran a los diputados salvadoreños.
Esas operaciones las habrían encabezado el investigador venezolano Víctor Rivera, quien vivió muchos años en El Salvador, y posteriormente montó en Guatemala una estructura paralela de seguridad, y Víctor Hugo Soto Diéguez, ex jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, como se dice en los documentos de la CICIG.
Esos hombres también sospechaban que en el automóvil también viajaban 20 kilos de cocaína lo que alentó, aún más, a importantes autoridades a atentar contra los diputados.
Testimonios recabados por los investigadores, además de otras pruebas, establecen también que participaron en el crimen y nunca fueron acusados otros agentes policiales guatemaltecos, además de los asesinados. Para esos testigos se pidió protección internacional que nunca fue concedida por el ex comisionado de la CICIG Carlos Castresana.
Fueron esos testigos los que mencionaron que Soto y Rivera estuvieron junto a los diputados, poco antes de ser ultimados.
Soto Diéguez se encuentra preso en Guatemala acusado de participar en ejecuciones extrajudiciales de reclusos en la cárcel de Pavón. Rivera, un polémico investigador que antes había intentado crear en El Salvador una estructura de investigaciones criminales fuera de la institucionalidad, fue asesinado el 7 de abril del 2007 en la ciudad de Guatemala, poco después de reunirse con periodistas y confesarles que llevaba consigo secretos oficiales.
En la investigación, que no se apoyó en la CICIG, también se involucran con esos hechos al ex ministro de gobernación, Carlos Vielmann, al antiguo jefe de la policía de Guatemala, Erwin Sperisen, y al subjefe de ese cuerpo, doctor Víctor Figueroa. Por los caminos que recorrieron los investigadores de la CICIG, muchos de los cuales ya no están ahí, Vielmann y la alta estructura de las autoridades de ese país estuvieron detrás del millonario “tumbe” de dinero que se habría producido.
Los miembros de ese equipo comenzaron su trabajo en abril del 2007 investigando el asesinato del venezolano Víctor Rivera, quien fue uno de los principales asesores del ex ministro Vielmann, sobre todo en los casos de secuestros. Luego se vieron obligados a conectar otros casos como las muertes en las cárceles de Pavón e “Infiernillo”, además de otros hechos delictivos como la muerte de los diputados salvadoreños.
Sin embargo, todas las pesquisas los llevaron a concluir (por lo menos hasta enero de este año) que los casos vinculaban entre sí a importantes personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala que tenían hombres bajo su mando y que cometían crímenes, asaltos, extorsiones, secuestros y “tumbes” de dinero y drogas, entre otras cosas.
Con esos resultados en la mano, los investigadores pretendieron cambiarle el rumbo a las pesquisas oficiales en el caso de los diputados. Incluso, pidieron al ex comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, que les permitiera plantear acusaciones diferentes por la muerte de los salvadoreños, principalmente por considerar obstruida la justicia.
Cuando arrancaron las investigaciones, recibieron el apoyo del ex comisionado Castresana, pero luego se sintieron abandonados por el penalista español. Eso produjo una serie de renuncias que finalmente desarticuló buena parte del grupo examinador de la CICIG, según lo confirmó diario salvadoreño El Mundo.
“Entre el 2004 y el 2008, el ex ministro Carlos Vielmann, durante el período presidencial de Oscar Berger, en concertación con otras personas más, dentro de los que se incluyen jefes policiales, el venezolano Víctor Rivera, fiscales y otros personajes, realizaron una actividad criminal continuada. Realizaron varias ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de tres diputados salvadoreños y los cuatro agentes policiales involucrados de haber participado en el caso Parlacen”, dijo a El Mundo la fiscal costarricense, Gisele Rivera.
La funcionaria, quien se reincorporó a la fiscalía costarricense después de renunciar a su cargo en Guatemala cuando se percató de que Castresana no iba a dar a conocer el resultado de su investigación, dice que en esos casos acumularon “elementos de prueba incontestables, tales como testigos”. En Guatemala se juzga actualmente a un ex diputado guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo (alias “Manolito”), y al ex legislador salvadoreño, Roberto Silva, acusados de estar implicados en dar muerte a los diputados salvadoreños ante el PARLACEN.
Supuestamente ambos usaron a agentes policiales y a personajes privados para cometer el crimen, como parte de una supuesta venganza . Los investigadores de la CICIG no creyeron en esa versión. Plantearon otro camino que el ex comisionado Castresana supuestamente desatendió.
El Mundo se comunicó, por correo electrónico con Castresana, quien hoy ocupa un cargo en la Fiscalía General de España para consultarle sobre su conducta en este caso. Inicialmente accedió a hacerlo pero, posteriormente, no respondió más mensajes de este diario.
El dinero en el auto
En los informes que recibió Carlos Castresana, quien renunció a su cargo en agosto pasado, se dice que el dinero fue tomado por Soto Diéguez en la finca “La Parga”, localizada en el kilómetro 25 de la carretera hacia El Salvador, donde fueron asesinados los diputados.
Con la ayuda de otros agentes que participaron en la operación contra los diputados, el dinero fue llevado en un auto hasta un “car wash” localizado en la zona cinco de la ciudad de Guatemala.
Uno de los hombres que ayudó a cargar hasta el carro las dos maletas en que supuestamente se había colocado el dinero, contó a los investigadores que abrió una de ellas y miró la enorme cantidad de dinero. Otro exclamó, según las pesquisas, que se trataba de cinco millones de dólares. El dinero, según los documentos examinados por Diario el Mundo, fue tomado por Soto mientras a los diputados los mantenían en un pequeño cuarto de la finca, con sus cabezas envueltas en bolsas plásticas.
Todavía estaban vivos.
El tema del dinero atribuido a Pichinte, lo preguntó El Mundo al ex jefe policial Rodrigo Ávila.
El ex funcionario dijo: “es que Pichinte llevaba dinero. ¿Qué tanto?…no lo sé. ¿Un millón?…No lo sé. Supuestamente iba a comprar unas propiedades en Guatemala. Él estaba haciendo negocios en ese país. Él llevaba un ataché pero no sé cuánto dinero llevaba”.
Para la costarricense Gisele Rivera, las referencias al dinero obligaban a prolongar las investigaciones hacia El Salvador, principalmente por los testimonios que recibieron que fijaban las miradas en Pichinte y sus negocios.
La fiscal costarricense, quien ahora investiga en su país otro supuesto soborno recibido de una reaseguradora londinense por el ex gobernante Miguel Angel Rodríguez, y el investigador español Rafael Villamón, pidieron permiso al español Carlos Castresana para extender sus investigaciones en El Salvador, pero no fueron autorizados. Por el contrario, les obligaron a no dar ese paso. Por eso es que, un fin de semana, Rivera y Villamón viajaron a San Salvador a título privado y se entrevistaron con Rodrigo Ávila, para hablar del crimen tras aclarar al ex jefe policial salvadoreño que el comisionado Carlos Castresana, no les oficializó el viaje.
Ávila le confirmó a El Mundo sobre el viaje de los dos funcionarios de la CICIG y recuerda que los dos profesionales le aclararon a su llegada a San Salvador la calidad privada que le dieron. Los tres hablaron por horas sobre el crimen de los diputados al PARLACEN.
Para el grupo investigador de la CICIG, en El Salvador se encontraban muchas de las claves para descifrar el asesinato de los tres diputados y su motorista. El problema es que les cerraron las puertas oficiales, supuestamente por órdenes de Carlos Castresana.
La principal pregunta que se hacían los examinadores del caso es: “¿Si los testigos hablan de esa importante suma de dinero…de dónde se tomó, para quién iba ese dinero y qué actividades rodeaban su origen?”
Rodrigo Ávila dijo que él jamás encontró al ex diputado Pichinte ninguna fase oscura en sus negocios. Tampoco le encontró nexos con el narcotráfico internacional. El ex presidente Antonio Saca, quien gobernaba el país mientras sucedió el asesinato, dijo en una ocasión, al periodista de El Mundo, que su homólogo Oscar Berger, le dijo, en una ocasión, que la muerte de los diputados obedecía a un problema de narcotráfico pero tampoco nunca le probó nada.
Cuando El Mundo preguntó a Ávila si el ex ministro de gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann, le habló algo sobre ese dinero, respondió que era Víctor Rivera (uno de los líderes de las primeras investigaciones oficiales, aunque involucrado por los investigadores de la CICIG con las muertes) quien le insistía que Pichinte tenía negocios con Manuel Castillo, el ex legislador que está acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de los diputados salvadoreños. Pero, asegura que nunca le probó nada.
¿Por qué Rivera insistía en eso? Se desconoce. De ser cierto lo que Rivera le dijo a Ávila, la participación de Manuel Castillo, un ex diputado guatemalteco que es juzgado por el crimen de los diputados a pedido del también ex diputado Roberto Carlos Silva, habría pasado de socio a exterminador.
Rivera llevaba, entre sus cejas, el nombre de Manuel Jesús Castillo desde que se produjo el asesinato de los legisladores salvadoreños ante el PARLACEN.
Prueba de eso es que, cuando el ex ministro de gobernación, Carlos Vielmann, acudió, en febrero del 2007, en compañía del ex jefe de la policía de El Salvador, Rodrigo Ávila, a comunicarle al antiguo mandatario Oscar Berger, la participación de cuatro agentes policiales en el crimen de los nacionales, en ese encuentro participó Vìctor Rivera.
El venezolano se desempeñaba como un importante asesor de Vielmann. Desde entonces Zacarías le dijo a Berger que Castillo estaba involucrado en el asesinato. Eso sucedió apenas dos días después del crimen.
Pero los investigadores de la CICIG siempre insistieron que Rivera, y otros funcionarios del anterior gobierno guatemalteco, siempre estuvieron involucrados en la muerte de los diputados y su motorista. El móvil era el dinero y, supuestamente, 20 kilos de cocaína que se transportaban en el auto.
Lo que habría sucedido
Varios de los informes del grupo investigador contratado por la ONU y que conoce el Diario El Mundo, muestran que testigos importantes del caso, a quienes se pedía sacar a Estados Unidos o Canadá, nunca negaron que los cuatro agentes policiales muertos participaron en la intercepción ilegal de los diputados salvadoreños, William Pichinte, Ramón González y Eduardo d’Abuisson , y de su motorista Gerardo Ramírez.
Eso ocurrió cerca del centro comercial La Pradera, de la ciudad de Guatemala. Posteriormente fueron asesinados y calcinados en una finca localizada en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hasta Santa Elena de Barillas.
Pero, un informe elaborado el 28 de julio del 2009 por el grupo investigador y entregado al español Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, menciona que el Ministro de Gobernación del gobierno de Oscar Berger, Carlos Vielman, el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), Víctor Hugo Soto Diéguez, y el venezolano Víctor Rivera, conocían que los diputados viajarían a la ciudad de Guatemala para incorporarse a las sesiones ordinarias del Parlamento Centroamericano.
Todos ellos habrían participado como parte de una estructura criminal que operaba dentro del Ministerio de Gobernación y la policía. Desde adentro cometieron asesinatos, secuestros, extorsiones y robos hasta de drogas.
Dentro de los hombres que se utilizaron para capturar a los diputados el lunes 19 de febrero del 2007 se incluyeron a José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen y Luis Arturo Herrera. Estos hombres fueron capturados dos días después de cometido el crimen, delatados por videos hechos por cámaras en un centro comercial y una gasolinera localizada en la carretera que lleva a El Salvador.
También los delató un sistema de localización satelital localizado en el auto Toyota Yaris, propiedad de la policía, que utilizaron ese día para interceptar a los diputados y llevarlos a la finca donde los asesinaron.
Pero, además de ellos, Soto habría utilizado otros hombres como Marvin Contreras Natareno, quien es juzgado en el caso que se examina en Guatemala, y otros que quedaron lejos de las investigaciones oficiales.
Contreras Natareno fue detenido después de pasar varios días en un hotel de la ciudad de Guatemala, cuya cuenta pagó el Ministerio de Gobernación. Fue presentado ante los tribunales guatemaltecos después de permanecer literalmente desaparecido durante cuatro días en manos de autoridades de ese país. Lo llevaron ante los tribunales luego que sus compañeros fueran asesinados.
Aunque prefirió no declarar en las etapas previas al proceso, las investigadores de la CICIG temieron, en su momento, que pueda estar influenciado por el asesinato de sus compañeros y alguna petición para que callara hechos. Contreras Natareno declaró en el juicio en el que se le juzga y reprodujo la tesis del funcionamiento de la estructura de crimen organizado dentro de las principales instituciones de seguridad guatemaltecas.
Los cuatro agentes policiales (Herrera, Gutiérrez, Langen y López) fueron detenidos, en medio de una convulsa rebelión dentro de la policía guatemalteca.
Lo paradójico para los indagadores es que, a pesar de que Soto Diéguez y Víctor Rivera estuviesen involucrados en el crimen de los diputados, hayan sido ellos quienes encabezaron las investigaciones oficiales sobre el asesinato.
Soto fue el primero que acusó a esos cuatro agentes como jefe de la DINC guatemalteca. Eso ocurrió a pesar de que fue él quien autorizó que los cuatro agentes utilizaran el auto Yaris en el que interceptaron a los diputados.
El vehículo nuevo, y sin placas, lo utilizaba un funcionario de la sección de informática de la policía. Soto autorizó que se lo trasladaran a los hombres que estaban bajo su mando. A pesar de eso, la fiscalía guatemalteca jamás lo investigó por el asesinato.
De acuerdo con los investigadores de la ONU, no debió permitirse que Soto Dieguez, preso ahora en Guatemala por exterminar reos en una prisión, fuese uno de los hombres que guiaron las investigaciones principales contra los cuatro agentes policiales que luego fueron asesinados en la cárcel de Pavón. Los cuatro agentes fueron detenidos, en el Ministerio de Gobernación, con la intervención no sólo de Soto Diéguez sino también del venezolano Víctor Rivera, tras un sórdido encuentro en el que el ex jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, fue testigo cercano.
Una vez que fueron detenidos esos cuatro agentes, Dany Benítez, uno de los hombres más controversiales de la policía guatemalteca, grabó un video con su teléfono en el que Luis Herrera le grita al venezolano Rivera , en el momento de su detención, que los traicionaron y que si los detienen “¡por Dios que van a saber de nosotros!”.
Cuatro días después de ser detenidos, los cuatro agentes fueron asesinados en la cárcel de Pavón en circunstancias extrañas en el que testigos miraron entrar carros oficiales, cargados de hombres armados, luego de cortarse la electricidad y el agua.
La fiscalía guatemalteca acusó a un grupo de mareros de cometer el crimen pero rápidamente fueron absueltos en abril del 2008. No encontraron ninguna prueba contra ellos. El crimen quedó impune pero las sospechas de un decreto obligado de silencio que significara la muerte queda aún en el aire.
Aparece “Zacarías” o “Frank”
El mismo día del asesinato de los agentes policiales, Víctor Rivera llegó a la frontera de El Salvador desde donde intentó localizar a Rodrigo Avila, en ese entonces jefe de la policía salvadoreña.
Rivera, a quien apodaban “Zacarías”, viajaba en varios vehículos oficiales acompañado de hombres armados. Sus primeros contactos telefónicos los hizo desde la frontera con Guatemala a eso de las dos de la tarde. Rivera utilizó a un colaborador cercano de Ávila para tratar de localizarlo. Pedía un encuentro urgente con él en San Salvador. Pero Ávila se encontraba, ese domingo, en un convivio en la casa del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Calderón.
Como “Zacarías” insistía en hablar con Ávila, uno de sus colaboradores aconsejó al ex jefe de la policía que no lo recibiera. Entonces, Rivera (“Zacarías” o “Frank”) acabó reuniéndose con José Luis Tobar Prieto, el subjefe de la policía salvadoreña. En ese encuentro que apresuradamente buscó Rivera, el venezolano únicamente mostró unas fotografías y contactos telefónicos que ya se conocían en El Salvador.
Mientras estaban en la reunión, llegó la noticia, desde Guatemala, pasadas las seis de la tarde, sobre el exterminio de los cuatro agentes que participaron el crimen de los diputados salvadoreños, en la cárcel de Pavón.
Era domingo y esa inesperada visita de Rivera la confirmó a El Mundo el Ingeniero Rodrigo Ávila. Para los investigadores de la ONU, es muy probable que el venezolano ya sabía lo que iba a ocurrir con los cuatro agentes policiales y corrió a deslindarse de los hechos apareciéndose en San Salvador sin cita previa. Para algunos esa fue una jugada perfecta para que nadie le atribuyera la muerte de los agentes que habían amenazado con contar lo que hacían él y otras autoridades guatemaltecas.
Otros implicados
Pero, los problemas para Víctor Rivera no comenzaron con esa visita no anunciada a El Salvador, de acuerdo con los informes del grupo investigador de la CICIG que no fue atendido en Guatemala. Los profesionales obtuvieron el testimonio de un hombre que participó en toda la operación contra los diputados salvadoreños.
El testigo menciona que en la escena del crimen no sólo estuvo Soto Diéguez, sino que también llegó Víctor Rivera, acompañado de su asistente, María del Rosario Melgar Martínez. Supuestamente ambos llegaron a confirmar las órdenes para que se matara a los diputados y a su motorista.
Si algo ha quedado claro, en este caso, es que fueron varios los autos que ingresaron a la finca donde fueron asesinados los diputados. Algunos de ellos no fueron identificados nunca.
María del Rosario, conocida como Mary Ro, también fue investigada por los expertos de la ONU que metieron sus narices en el caso PARLACEN. Ella acompañaba a Rivera la noche en que lo acribillaron a balazos en una calle de la ciudad de Guatemala, dos meses después del asesinato de los diputados salvadoreños. Ambos viajaban en un auto propiedad de Rivera.
Supuestamente, el día en que mataron a “Zacarías”, María del Rosario resultó herida de un balazo en el atentado que le cegó la vida a Rivera. Sin embargo, la investigación de los miembros de la CICIG demostró que la bala, ni el detalle de las lesiones o curaciones sufridas por la mujer, nunca fueron acreditadas en el expediente judicial por los médicos del hospital San Juan de Dios, donde fue atendida inicialmente. La mujer fue trasladada, posteriormente, a otro hospital y las pruebas médicas tampoco aparecieron.
María del Rosario, quien siempre acompañaba a Rivera (incluso en su no anunciado viaje a El Salvador), fue sacada de Guatemala, después del asesinato de Rivera, por el ex fiscal de delitos contra la vida, Alvaro Matus, sin consultar ni informar a la CICIG mientras se investigaba el crimen del venezolano.
Ahora se sabe que la asistente de Rivera supuestamente recibió $100 mil en una cuenta bancaria en Bahamas por colaborar con el asesinato de Rivera. Matus era, precisamente, el jefe del fiscal Edwin Marroquín, quien actualmente lleva sobre sus espaldas la acción acusadora que se realiza en Guatemala contra la fiscal Gisselle Rivera y Castillo y Silva. En los documentos de ese equipo investigador se plantean serias dudas sobre el trabajo realizado por ambos fiscales, en el caso PARLACEN. Por eso insistían en darle otro curso al juicio por obstrucción de la justicia. Desde el primer día de las investigaciones sobre la muerte de los diputados salvadoreños, Matus tomó asiento de primera fila en las indagaciones. Se desempeñaba, en ese entonces, como el fiscal encargado de los delitos contra la vida.
En el caso de Matus, los jerarcas de la CICIG sí decidieron acusarlo, algún tiempo después de renunciar varios de los miembros del grupo investigador, por obstrucción de la justicia en el caso del asesinato de Víctor Rivera.
En la acusación formal se dice que destruyó pruebas para encubrir el crimen de Rivera porque manejó con negligencia la escena del crimen, permitió la desaparición de un maletín que llevaba el venezolano consigo con varios expedientes, e impidió que se hicieran importantes allanamientos de lugares vitales para el esclarecimiento del asesinato. Esos allanamientos estaban autorizados por el juez .
La acusación contra Matus se sembró sobre la base de las pesquisas del grupo investigador encabezado por el juez antimafia italiano, que era el jefe de investigaciones de la CICIG, por la fiscal costarricense y un investigador español. Todos ellos renunciaron cuando Castresana no quiso impulsar los nuevos caminos sobre el crimen de los diputados salvadoreños.
En una conversación sostenida con el ex jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, quien fue una pieza clave, en Guatemala, para apresar a los primeros cuatro agentes policiales involucrados en el crimen, recuerda que siempre que él pedía que se detuviera a los subordinados de Soto Diéguez, Matus le respondía: “es que no podemos”.
La decía que necesitaban una orden de captura judicial. Ávila le insistía que los cuatro agentes se habían amotinado junto con otros policías, y habían sacado pistolas para impedir que se los detuvieran. Para el salvadoreño esos hombres podían ser detenidos en flagrancia. Parte del problema, según Ávila, es que Matus “trabajaba de la mano con Víctor Hugo Soto Diéguez”. Para él, el fiscal estaba “untado en otros casos” y posiblemente le pidieron ayuda para manejar el asunto de las muertes a su antojo.
Ávila recordó, incluso, que mientras su equipo investigador permanecía en Guatemala, averiguando la muerte de los diputados, hombres de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), siempre los seguían. En algún momento, a algunos de los principales colaboradores de Ávila los trataron de interceptar, cerca del obelisco localizado a la entrada principal de la ciudad de Guatemala, y casi se arma una refriega en ese lugar.
Incluso, al equipo de Ávila le pusieron como hombre de enlace que coordinara con ellos las tareas investigadoras a Dany Benítez, un agente policial, hombre de confianza del ex subjefe de la policía, Javier Figueroa (actual residente en Austria), y del venezolano Víctor Rivera.
Todavía faltan más
Otro testigo que se incluye en los informes del grupo investigador de la CICIG que luego se alejó de Castresana, dice que en el lugar donde mataron a los diputados no sólo se encontraba Dany Benítez sino también su hermano José Benítez. Ambos habrían participado en el aseinato de los diputados, cumpliendo órdenes de Rivera. Algunos meses después los hermanos Benítez fueron asesinados en Guatemala. Ambos forman parte de un numeroso grupo de personajes conectados con esos casos que han sido asesinados en condiciones extrañas. Los testigos también relataron a los investigadores de la CICIG que en la muerte de los diputados también participó Axel Martínez, quien se encuentra preso relacionado con tareas del narcotráfico internacional. También está acusado de asesinar, extrajudicialmente, a un prófugo carcelario llamado Edwin Estuardo Santacruz. Éste huyó de la cárcel del “Infiernillo”. Lo recapturaron pero jamás lo regresaron a la prisión sino que apareció muerto. A ellos se sumaría en la escena del crimen Ronny Torres Bustamante conocido como Amílcar Franco, alias “El Malandrín” o “El 15”. Él también era un hombre cercano a Rivera.
Por eso es que el grupo investigador de la CICIG concluyó que varias personas que participaron en el crimen quedaron, deliberadamente, fuera del caso.
* La fiscal costarricense Giselle Rivera
Aparentemente, la CICIG no quiere que de su testimonio
Fiscal costarricense asegura que aquí buscan que “no abra la boca”
La fiscal costarricense Giselle Rivera, ex investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), afirma que la orden de captura girada en su contra en Guatemala solo busca que “no abra la boca”.
SAN JOSÉ – “Lo hacen para que no abra la boca. No les conviene que se sepa que hay una estructura criminal que sigue operando en Guatemala”, afirmó Rivera en una entrevista que publica hoy en el portal de Internet del diario costarricense La Nación.
Acan-Efe intentó localizar a la fiscal pero se encuentra participando en un juicio.
La orden de captura contra la costarricense fue girada el lunes por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala, a petición del Ministerio Público, por los delitos de “patrocinio infiel, doble representación y encubrimiento”, que en ese país contemplan penas de cárcel y multas económicas.
Según Rivera, estas acusaciones se relacionan con contactos que mantuvo con un funcionario policial guatemalteco, en el marco de sus investigaciones en el seno de la Cicig sobre el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), perpetrado el 19 de febrero de 2007.
“Esta persona no era un testigo, era un partícipe y estaba dispuesto a colaborar a cambio de beneficios. Incluso, nos entrevistamos con él en Europa. “Lo autorizó el doctor Carlos Castresana” (comisionado de la CICIG hasta junio pasado), afirmo Rivera.
Según la fiscal costarricense, como parte de la “dinámica de investigación”, existieron reuniones con otros supuestos partícipes del crimen que querían colaborar y aseguró que todo consta en informes.
Rivera aseveró que nadie de su equipo hizo “algo indebido” y que “de todo tuvo conocimiento Castresana”.
“Se me denuncia para debilitar mi credibilidad y mi investigación. Le digo que, con eso, el crimen organizado se está saliendo con la suya”, expresó.
La ex investigadora costarricense ha sido propuesta como testigo en el juicio que celebra un tribunal guatemalteco de alto impacto en contra de nueve guatemaltecos, acusados de su participación en el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen.
En el juicio “iba a manifestar cómo se gestó ese grupo, cómo ese cuerpo policial, con conocimiento del Ministro (de Gobernación, Carlos Vielmann), formó una estructura paralela y cómo es que solicitamos detener a esa gente”, dijo Rivera.
Los cuatro policías guatemaltecos capturados como autores materiales del asesinato de los diputados, fueron asesinados el 25 de febrero de 2007 en la prisión en la que fueron recluidos.
Sobre si asistirá al juicio, Rivera expresó: “Allá no solo son capaces de meterme a una cárcel, sino de desaparecerme”.
Las más duras críticas que hizo la fiscal Rivera fueron para el español Carlos Castresana, a quien, entre otras cosas, llamó incompetente y corrupto.
* Presunta Ingénua
A todo esto, hasta el más ingenuo se pregunta: ¿y si están procesando al ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann Montes, al ex Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperisen, al director de Investigaciones criminales doctor Javiel Figueroa y al director de Presidios Alejandro Giammattei, por qué no se ha involucrado también a sus jefes máximos, sin cuya probación no habrían podido tomar esas acciones, el presidente Óscar Berger Perdomo y el vicepresidente Eduardo Stein Barillas?