BIDEN, LOS MILLONES Y LA CICIG

El vicepresidente Joseph Biden y su esposa Jill saludando desde lo alto de la escalerilla del avión Air Force Two, modelo C32A, una versión militar del modelo 757 que les transportó a la Ciudad de Guatemala. Atrás se puede ver al embajador de ese país, Todd Robinson.

En su visita de dos días a nuestro país, para reunirse con los presidentes del triángulo norte del istmo Centroamericano, El Salvador, Honduras y Guatemala, el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden y su esposa Jill volaron a bordo del avión Air Force Two, modelo 757, similar al Air Force One que utiliza el presidente de esa gran potencia mundial. Este mismo avión sirvió como Air Force One al presidente George W. Bush.

Pero, además, le acompañaron dos C-17 Globemaster III un avión estratégico de carga construido por la McDonnell Douglas (ahora Boeing, porque la McDonell Douglas  fue absorbida por la Boeing en 1997) y utilizado en las fuerzas aéreas de Estados Unidos y del Reino Unido. El C-17 Globemaster III es el avión de carga específicamente militar más nuevo de las fuerzas aéreas occidentales. Es capaz de desplegar rápidamente tropas estratégicas y todo tipo de carga para mantener bases operativas o directamente crear bases avanzadas. Esta aeronave es capaz de realizar misiones de transporte y paracaidismo tácticas cuando sea necesario. El rendimiento y flexibilidad del C-17 mejora la capacidad del sistema de carga y transporte aéreo mundial de los Estados Unidos.

En los últimos años el tamaño y peso de las unidades mecanizadas de los EE.UU. han crecido, lo que implica un incremento en los requerimientos de mobilidad particularmente en el área de grandes o pesadas cargas. Por esto modernas aeronaves, como el C-17 son necesarias para cubrir las necesidades de transporte para potenciales contingencias armadas, mantenimiento de la paz o misiones humanitarias a nivel mundial. El C-17 está impulsado por 4 motores, totalmente reversibles, F117-PW-100 (designación del Departamento de Defensa estadounidense para los motores Pratt and Whitney PW 2040 utilizados en el Boeing 757). Cada uno de los motores tiene una potencia de 180 kN. El avión opera con una tripulación mínima de 3 personas (piloto, copiloto y jefe de carga). La carga se introduce en el C-17 por una gran puerta trasera que permite el acceso de equipo rodado como vehículos, trailers, etcétera, o carga paletizada. El suelo de la cabina de carga dispone de rodamientos para la carga paletizada, que pueden ser ocultados para su utilización por equipamiento rodado. El equipo rodado más grande que puede llevar este avión es un tanque de batalla M1 de 70 toneladas.
La máxima carga del C-17 es de 77.500 kg, y su máximo peso al despegue es de 265.350 kg. Con una carga de 72.600 kg y una altitud de crucero de 8.500 m, el C-17 tiene un rango de acción aproximado de 4.400 km en las primeras 71 unidades y 5.200 km en las siguientes unidades, que incluyen un tanque de combustible adicional en el centro de las alas. Su velocidad de crucero es de aproximadamente 833 km/h (0,74 match). El C-17 está diseñado para transportar a 102 paracaidistas totalmente equipados.
El C-17 está diseñado para operar en pistas de 900 metros de longitud y 27 metros de anchura. Adicionalmente el C17 puede operar en pistas no pavimentadas.

En uno de estos aviones transportan los automóviles super blindados que utilizan esos altos funcionarios estadounidenses en sus visitas a los países conflictivos en los que hay mucha violencia y crimen organizado, además de otras cosas, como los numerosos miembros del Servicio Secreto que les protegen. Sobre todo cuando visitan un país tan conflictivo y violento como lo es Guatemala. Y, por ende, no confían en la seguridad que les ofrecen estos países.

Creo que a nadie le cabe la menor duda de que la promesa del vicepresidente Joe Biden de donar mil millones de dólares para repartirse entre los tres países del Triángulo Norte del Istmo Centroamericano está condicionada a que se prorrogue el contrato entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no obstante que el presidente de Guatemala, general Otto Fernando Pérez Molina, ya había anticipado su intención de no renovar dicho contrato, por lo cual conformó una comisión especial para evaluar la gestión que ha desarrollado esa entidad durante los siete años que tiene de estar funcionando en Guatemala. Originalmente, el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para crear una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS)firmado el 7 de enero de 2004, por el entonces Canciller Edgar Gutiérrez del gobierno de Alfonso Portillo, tiene una historia detrás de alianzas, negociaciones, investigación y cabildeo. Es la primera y única comisión de este tipo en el mundo.

Los actores principales de este proceso para la creación de la CICIACS, además de la solicitud a la ONU del Canciller de Alfonso Portillo, Edgar Gutiérrez, se debe destacar el proceso de gestión proveniente de grupos de sociedad civil, quien en conjunto son, entre ellos: Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación Myrna Mack (FMM); la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), y Seguridad en Democracia (SEDEM), mismos que ahora integran la comisión nombrada por el presidente Pérez Molina para dilucidar si conviene o no prorrogar el contrato.

En el compromiso IV del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos se establece la necesidad de desarticular los cuerpo ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sin embargo, dicho compromiso aun no se ha cumplido. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) ha verificado este componente en su informe correspondiente al período entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001, en el que establece que “existen indicios de que la influencia y participación de estos grupos o cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos en actividades ilegales y delictivas habría crecido, pero su naturaleza clandestina y el encubrimiento del que gozan, dificulta su verificación. El gobierno debe combatir la impunidad que los ampara, especialmente la tolerancia, aquiescencia o complicidad de algunos funcionarios públicos.”

Tanto el Acuerdo como el Informe mencionados constituyeron el sustento jurídico y a la vez ético para dar continuidad al arduo trabajo de las organizaciones involucradas en la creación de la CICIACS. A mediados de junio del año 2002, las organizaciones de Derechos Humanos acordaron dar relevancia y espacio a la idea de la creación de una Comisión de Investigación que se encargara de descubrir y denunciar a los grupos clandestinos que han operado y operan impunemente a lo largo de la historia del país. Esta idea entonces pareció inviable, ya que no se consideró la posibilidad de recibir la aprobación respectiva por parte del gobierno. Sin embargo, el 16 de enero del 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos, encabezada por su titular, Sergio Morales, recibió la iniciativa y la acogió. A escasos cinco días, el Congreso de la República y el gobierno aceptaron el reto de dar inicio a su proceso de creación.

El 13 de marzo del mismo año se firmó el Acuerdo para la Creación de la CICIACS, entre el gobierno de Guatemala, representado por el entonces Canciller, Edgar Gutiérrez, y la Procuraduría de Derechos Humanos, al cual se añadieron dos adendum, fechados 25 de junio y 5 de noviembre del 2003 respectivamente. El primero, en función de ratificar la firme voluntad de realizar todas las acciones necesarias para acelerar la instalación de la CICIACS; así como reafirmar la suscripción del Acuerdo del 13 de marzo, específicamente en lo referente al mandato, integración, funciones, facultades y características del informe final; brindar apoyo a la ONU para establecer la Comisión con carácter de misión internacional con inmunidad diplomática, con el objeto de garantizar la mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de su mandato.

El segundo adendum, fue redactado en función de reconocer el aporte de Naciones Unidas para la creación de la CICIACS, expresado en el informe de su misión técnica que evaluó la iniciativa, reiterar la decisión del gobierno de establecer la CICIACS y aceptar como base de trabajo, las recomendaciones formuladas en el citado informe. En consecuencia, se convino establecer una mesa de trabajo técnico integrada por equipos técnicos nombrados por la PDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las organizaciones de Derechos Humanos. Asimismo, en el Adendum se establece la necesidad de solicitar el acompañamiento técnico de la Organización de Naciones Unidas en el apoyo de la mesa de trabajo, que se encargara de preparar la propuesta de convenio internacional y demás instrumentos necesarios para establecer la CICIACS, como Misión Internacional. Finalmente, el segundo adendum estipula un plazo de 45 días para que la mesa técnica presente al gobierno su propuesta y un plazo similar para que el gobierno de Guatemala presente a la ONU un proyecto de convenio internacional para la creación de la CICIACS.

Posterior a ello se inició un largo proceso de trabajo que involucró a las instancias mencionadas. De ese proceso surgió el Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, CICIACS, que fue firmado el 7 de enero de 2004, documento que rebasa las propias expectativas provenientes de las organizaciones de Derechos Humanos que impulsaron su creación.

El procedimiento de aprobación interno del Convenio Internacional de Derechos Humanos que contiene el establecimiento de la CICIACS se ha extendido e implica que las organizaciones involucradas deberán mantener pendiente una estrategia de lobby. Adicionalmente deberán implementar otra de difusión que supere no sólo los obstáculos que actualmente afronta y que han desencadenado un debate nacional a través de los medios de comunicación, en donde existen posicionamientos antagónicos con relación al tema, sino también una revisión pormenorizada y objetiva del Acuerdo Marco. Esta revisión deberá ser vía la Corte de Constitucionalidad, visto que las Comisiones de trabajo del Congreso –de Gobernación y Derechos Humanos, respectivamente– adujeron la existencia de algunas inconstitucionalidades en el documento que la creó; o, de manera conjunta entre un representante designado específicamente por el Gobierno y un representante ad hoc, designado por las Naciones Unidas. Sin embargo, para dar ese paso se requiere de una férrea voluntad política por parte de la actual administración pública.

Independientemente de los esfuerzos que las organizaciones pro Derechos Humanos desarrollen en el marco de la coalición, se debe impulsar las reformas al sistema de investigación y persecución penal guatemalteco, teniendo presente y haciendo valer el reconocimiento público por parte del Estado, de la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. A la vez, las organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando la creación de la CICIACS deberán tomar en cuenta las acciones realizadas por el Ejecutivo, que entregó el lunes 7 de junio a la Corte de Constitucionalidad, CC, el documento que contiene las 20 preguntas que buscan determinar si los preceptos y disposiciones del Convenio de Establecimiento de la CICIACS, contraviene la Carta Magna. El cuestionario enviado por el Presidente de la República, Oscar Berger a la CC inquiere acerca de los artículos del acuerdo que otorgan facultades a la CICIACS. De ellos, 17 están vinculados directamente a los artículos que generan controversia, y el resto busca determinar si el convenio como Tratado Internacional en materia de Derechos Humanos llena los requisitos para ser aprobado por el Legislativo.

Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional este contrato y entonces se creo, el 12 de diciembre de 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por medio del acuerdo firmado en mayo de 2007 entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, después de conocer la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad (CC) . El convenio fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.

La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional con inmunidad diplomática, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público (MP), a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales: Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación. Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en su resolución denominada “La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo” (A/63/L.18) expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”.

El 24 de marzo de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. La prórroga fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el secretario general de la ONU Ban Ki-moon envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones Exteriores, expresando el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su importante labor de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 4 de septiembre de 2011 para ayudar al Estado en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en Guatemala. En este año de elecciones generales, la incógnita ha sido si se prorroga por dos años más el contrato de la CICIG y, aunque el presidente Pérez Molina expresó varias veces su deseo de que se le sea prorrogado el contrato, el 15 de enero último nombró a una instancia coodinadora para que emita un informe si conviene o no la prórroga. Y, como es bien sabido, aunque el mandatario ya ha externado su opinión negativa al respecto, es bien sabido que durante su mandato se ha caracterizado por echar marcha atrás en casi todo lo que ha propuesto, desde la idea de reglamentar el consumo de las drogas hasta la reforma constitucional, entre muchas otras.

La instancia coordinadora que deberá emitir un informe a la presidencia sobre la conveniencia de la permanencia de la Comisión está conformada por Josué Baquiax, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación; Thelma Aldana, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y Remberto Ruiz, director interino del Instituto de la Defensoría Pública Penal. El 27 de febrero, los representantes de la llamada Sociedad Civil se reunieron con el fiscal Iván Velásquez para conocer sus opiniones. Y ahora se espera que esta comisión entregará su informe al mandatario para que éste decida si se prorroga el contrato de la CICIG por dos años más o no.

La CICIG nació el 12 de diciembre de 2006 y desde entonces ha tenido tres comisionados: el primero fue el nefasto abogado español Carlos Castresana,  de triste recordación, hasta que fue obligado por la ONU a presentar su renuncia, el segundo fue el fiscal costarricence Óscar Dall’Anese, y el tercero es el actual jefe, el colombiano Iván Velásquez. Castresana dejó en el país un pésimo recuerdo y llegó al colmo de contratar a un testigo falso que declaró que le había amenazado si no declaraba lo que Castresana quería. Lo único que se le atribuyó como un éxito fue el caso del supuesto asesinato o suicidio del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, aunque hay personas que aún dudas sobre la veracidad de su informe. Pero que se sepa nunca logró averigüar nada sobre el asesinato del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie Musa de Hildebrand. Pero difundió que entre Rossenberg y Marjorie Musa de Hildebrand había una relación amorosa secreta y proporcionó una larga lista de mensajes telefónicos entre ellos reiterándose su apasionado amor. Su propósito fue insinuar que Rosenberg cayó en una profunda depresión con el asesinato de Marjorie y que esa fue la razón por la que urdió el macabro plan para ser asesinado en vez de suicidarse. Con este informe de Castresana, la responsabilidad que recaía sobre el presidente Colom, su esposa Sandra, el secretario particular de la presidencia Gustavo Alejos y Gregorio Valdés. Pero hay personas que afirman que Castresana recibió una fuerte cantidad de dinero por haber salvado con su informe al gobierno de Álvaro Colom que, como consecuencia del Video que dejó grabado Rosenberg Marzano antes de morir, estuvo a punto de caer.

En síntesis, se tiene la impresión de que la CICIG no ha servido para mucho. Sin embargo, hay quienes afirman que su contribución ha sido valiosa y sobre todo en esta época pre electoral habrá de ser aún más valiosa, por lo que conviene prorrogar su contrato dos años más.

Es desagradable que venga desde Washington en sus enormes aviones el vicepresidente Joseph Biden a ofrecer mil millones de dólares, pero al mismo tiempo condicione la oferta a la prórroga de la CICIG. Y, aun más, proponga que la CICIG extienda sus funciones a los tres países del llamado Triángulo Norte Centroamericano. Pero ya es sabido que en Geopolítica hay que saber aceptar las condiciones que impone el imperio estadounidense. O atenerse a las consecuencias. Lo que dijo ayer el vicepresidente Joseph Biden no deja lugar a dudas: “La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala debe ser prolongada, claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de los Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto”.

Como bien dice en su artículo de hoy el periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico:

«Al entendido por señas»

 «Pérez y Baldetti, abanderados emblemáticos de la cleptocracia, de la corrupción desbordada, de la impunidad y de las mafias criminales, los cuerpos paralelos y estructuras clandestinas y de los capos de los carteles, en diferentes momentos y de diferentes formas, han venido reiterando que el fin de CICIG en Guatemala había llegado.

 Por semanas, Baldetti estuvo liderando a Pérez Molina y a su mediocre y corrupto gabinete de cuarto mundo, en la confección de una agenda para discutir con el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, que ignorara y excluyera la extensión del mandato de la CICIG.

 El señor vicepresidente Biden, con el apoyo de su valiosa embajada en Guatemala, con gran sofisticación diplomática y con una educación envidiable evitaron que nuestra impresentable Vicepresidenta tuviera alguna participación en el encuentro para discutir La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Entre otras cosas, con buen criterio, el señor Biden trajo a su señora esposa para forzar a Pérez Molina a recibirlo con su señora esposa, doña Rosa Leal de Pérez.

 El disgusto, la indignación y el berrinche de Baldetti fue tan explosivo, que este lunes tomó su jet y salió hacia Europa, es decir a la vuelta de la esquina. Como ha dicho en el pasado Baldetti, es más barato viajar a Europa que a Petén.

 Como expresó Franklin Delano Roosevelt: “En la alta diplomacia nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así se planeó”.

 Luego, ayer por la tarde, el vicepresidente Biden fue categórico: “La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala debe ser prolongada, claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de los Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto”.

 Más claro ni el agua: el vicepresidente Biden sabe que vivimos en un río de estiércol.

 En cuanto a Pérez, Baldetti, la cleptocracia cínica que nos tiene el pie encima, bien haría en apresurar el lavado del dinero que han robado al pueblo de Guatemala sin disimulo y esconder con prisa sus enormes patrimonios inmobiliarios en Guatemala y en el extranjero, y sus juguetes: yates, aviones, helicópteros, vehículos y motos.

 Los cuerpos paralelos y estructuras paralelas deben poner sus barbas en remojo de manera semejante a las mafias criminales y los carteles de polvo blanco que no es harina.

 Aún recuerdo cuando Portillo dijo públicamente que al dejar la presidencia sería profesor universitario y yo escribí, que solo que la universidad se llamara Pavón y los cursos que impartiría fuesen Corrupción Avanzada, Lavado de Dinero Básico y Elemental, Enriquecimiento Ilícito V, Impunidad I, II y III, Narcotráfico y Alianzas Estratégicas con Mafias Criminales, entre otras de sus especialidades y conocimientos. Considero que ahora que salió Portillo del Instituto Correccional Federal Englewood, Pérez, Baldetti y su gabinete, bien podrían llenar el vacío que Pollo Ronco dejó en dicho lugar». (Fin del artículo de José Rubén Zamora).

 Twitter@jorgepalmieri