1.- Golpe de Estado técnico de la Corte de Constitucionalidad
El sindicato de trabajadores del Organismo Judicial (OJ) informó que desconocen a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que estos continuarán en el cargo por resolución de la Corte de Constitucionalidad a pesar de que, de acuerdo con la Constitución de la República, el término de su período concluyó el 13 del mes en curso.
Juan Ramón Lau, representante legal de dicho sindicato, dijo que esa resolución de la CC es un “golpe de estado técnico al Organismo Judicial”, en referencia al fallo donde se indica que los actuales magistrados deben continuar en el cargo, y no dejarlo este 13 de octubre, por haber suspendido la juramentación y toma de posesión de los magistrados electos.
Asimismo, dijo que se reunió con el presidente interino de la CSJ, doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla, para decirle que impugnarán cualquier decisión que tomen el pleno de magistrados. Lau dijo también que presentarán acciones por la decisión de la CC.
Estoy de acuerdo. En mi opinión, la CC debe limitarse a velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República, pero no tiene autoridad para legislar como si fuese una asamblea nacional constituyente, como lo hizo al extender la fecha en que debe terminar el período de cuatro años para el cual fueron electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, cuyo mandato debió terminar el 13 del mes en curso.
Pero, al conceder el amparo provisional, la CC dejó sin efecto la elección que decretó el Congreso de la República y ordenó que continuaran en sus cargos los magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones hasta que sean nombrados sus sustitutos, lo cual constituye una afrenta para un organismo del Estado como lo es el Congreso Legislativo, puesto que los nombramientos de los magistrados no fueron por obra y gracia de un acuerdo político de los diputados de los partidos Líder y Patriota, sino de un decreto del Congreso de la República. No satisfechos con esto, al mismo tiempo, cuatro de los cinco magistrados de la CC se tomaron la libertad de desobedecer los plazos constitucionales para que los magistrados dejen sus cargos y les sustituyan quienes hayan sido electos.
La caprichosa disposición de la mayoría de los magistrados de la CC de prorrogar las fechas ordenadas por la Constitución –el 13 de octubre, ni un día antes ni un día después– y obligar a que los magistrados permanezcan en sus cargos a pesar de que ha terminado el período para el cual fueron electos, y sea solo el presidente del Organismo Judicial (OJ) y Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien deje su cargo para que, de acuerdo con la ley del Organismo Judicial, le sustituya el vocal primero, en este caso el doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla. Sin embargo, si la Constitución de la República establece que el 13 de octubre (ni un día antes ni un día después) vence el período para el cual fueron electos, significa que desde esa fecha ha dejado de haber no solo presidente de la CSJ sino también vocal primero y todos los demás magistrados. Por consiguiente, el doctor Álvarez no debió asumir el cargo de manera provisional mientras no son nombrados los nuevos magistrados. Pero le obligó a hacerlo la decisión inconstitucional de 4 de los 5 magistrados de la CC.
En este orden de cosas, si 4 de los 5 magistrados de la CC creen que tienen derecho a legislar al corregir a la Constitución para extender el plazo de cese de los magistrados, quiere decir que hemos caído, ni más ni menos, en una dictadura de la Corte de Constitucionalidad, porque sus decisiones son inapelables, como en las dictaduras.
2.- Incongruencias de la magistrada Claudia Escobar
La renuncia de la doctora Claudia Escobar Mejía a la magistratura a la que fue electa por el Congreso de la República, ha sido ampliamente elogiada por las organizaciones de la sociedad civil y la prensa afin, quienes desde ya la han convertido en una especie de heroína nacional y paladín de la lucha por la justicia.
Sin embargo, una persona conocedora del caso me afirmó que existen varias incongruencias en la actuación de la aún magistrada (pues actualmente sigue en el cargo indefinidamente), entre ellas:
Al momento de renunciar dice que lo hace por las irregularidades realizadas en el procedimiento de elección de magistrados, las cuales ponen en peligro la independencia judicial y la carrera judicial. Pero:
1. Al estudiar su hoja de vida resulta que ingresó al Organismo Judicial directamente como juez de primera instancia, saltándose el ingreso a la carrera judicial como juez de paz, como lo ordena la ley de la carrera judicial. ¿Defiende realmente la carrera judicial?
2. Días después, en conferencia de prensa, junto con los jueces que la apoyan, amenazó a la Corte de Constitucionalidad con tomar medidas de hecho si no resuelven anulando el proceso. ¿Defiende realmente la independencia judicial?
3. Antes de que la Corte de Constitucionalidad resolviese sobre el otorgamiento del amparo provisional se reunió en secreto con la presidenta en funciones de dicho tribunal para solicitarle que resuelva a su favor. ¿Defiende realmente la independencia judicial?
4. Al momento de renunciar le preguntaron si ella recibio alguna presión o amenaza para resolver el amparo interpuesto por la vicepresidenta Roxana Baldetti en su Sala, a lo cual ella respondió que “amenazas no, pero era evidente que si nos elegirían luego si había alguna presión”, pero días después denunció que si recibió presiones directas del diputado Gudy Rivera. ¿Qué se debe creer, su primera versión o la segunda?
5. Cuando se la cuestionó sobre por qué no presentó pruebas de su denuncia de interferencia judicial del diputado Gudy Rivera, dijo que presentó una grabación de la conversación a la CICIG, sin compartirla con nadie más. ¿Alguien más ha escuchado la grabación?
6. Alega interferencia judicial, pero no explica por qué se reunió en secreto con el diputado Gudy Rivera fuera de su oficina de magistrada antes de su elección. ¿Cuantas veces se habrá reunido en secreto para tratar resoluciones de su sala?
7. La doctora Claudia Escobar Mejía renunció al cargo para el cual fue electa por el Congreso de la República, pero se mantiene en el cargo de magistrada suplente para el cual fue electa hace cinco años, siguiendo el mismo procedimiento que ahora critica, y anuncia que cuando deje el cargo de magistrada, que actualmente sigue ejerciendo a pesar de haber vencido su período, regresará a ser juez de primera instancia Y sus defensores dicen que es “muy valiente” (?) porque se arriesgó a quedarse sin trabajo. ¿Realmente es ser “valiente”, renunciar del cargo para el que ha sido electa por supuestos vicios que alega del procedimiento pero continuar en el cargo de magistrada suplente, el cual, al dejarlo, la llevará de regreso a ser juez de instancia nuevamente? O sea que no se va a quedar sin chamba. Hummmmmm. ¡Quién sabe!
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