1.- Sanción del Tribunal de Honor del CANG a la jueza Yassmin Barrios
La “primera dama” de los EE. UU. Michelle Obama cuando aplaudió y premió a la jueza Yassmín Barrios, lo cual es otra manera de intromisión del poderoso imperio estadounidense.
Ha causado un gran revuelo, dentro y fuera del país –al extremo que hasta la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ONU quiere meter su cuchara– así como las entidades internacionales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI), entre otras agrupaciones, también manifestaron su inconformidad por la resolución del CANG. Marcia Aguiluz, de CEJIL, dijo que el CANG “pone en peligro la independencia judicial, porque en un futuro a cualquiera que no le guste la decisión de un juez podría sancionarlo por medio de una oficina que no es parte del aparato público, que tiene el riesgo de no ser independiente y de actuar políticamente”. Manifestaron su consternación porque interpretan esta medida como una represalia a Barrios por “conocer los casos de justicia transicional”, en alusión a la condena contra Ríos Montt. La Fundación Myrna Mack se adhirió a estos pronunciamientos y señaló que “esta sanción es una acción política para obstruir la carrera de Barrios, con el fin de impedir su participación en las siguientes convocatorias para elegir a magistrados de las salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia”. Todos se han rasgado las vestiduras por el hecho que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) haya determinado sancionar a la colegiada Yassmín Barrios con una inhabilitación en su ejercicio profesional durante un año, una multa de poco más de Q5 mil y la obligación de publicar la amonestación en los principales medios escritos, radiales y televisivos del país, como consecuencia de la queja del abogado Moisés Galindo por la forma tan irrespetuosa, humillante y ofensiva como le trató en el transcurso del juicio contra el general retirado Efraín Ríos Montt cuando –indebidamente– le ordenó hacerse cargo de la defensa del acusado después de haber sido ofensiva también con abogado Francisco García Gudiel, defensor del general Ríos Montt –con quien, aparentemente, ya tenía malos antecedentes personales suficientes como para inhibirse de hacerse cargo del caso– por la forma autoritaria como ordenó a los policías su expulsión de la sala de audiencias. De lo cual hay pruebas fehacientes en los numerosos videos que se captaron. Si esa es la manera “democrática” de los jueces de ejercer la justicia, insultando y faltando al respeto a sus colegas abogados, estamos fregados. De ser así, mejor regresemos a los desafortunados tiempos de las sucesivas dictaduras militares autoritarias.
El tema ha demostrado –una vez más– la creciente tendencia a la politización de la justicia, que es a todas luces nociva cuando los exaltados sectores izquierdistas radicales tanto nacionales como internacionales han pegado gritos al cielo y se han rasgado las vestiduras censurando la medida del Tribunal de Honor del CANG y apoyando a la jueza Yassmín Barrios, a quien, como consecuencia de su fallo en el juicio antes mencionado que posteriormente fue prácticamente anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC), pretenden erigir en una especie de emblemática heroína y valiente luchadora contra las violaciones de los derechos humanos y la impunidad. Pero pretende hacerlo de esa manera y exige impunidad para la forma como lo hace.
Debe quedar claro que, en el texto de su resolución, el Tribunal de Honor del CANG no menciona la intención de inhabilitar a la abogada Yassmín Barrios para que se desempeñe como jueza, aunque de hecho lo hace ipso facto porque no puede ser jueza sin ser abogada. Motivo por el cual se especula que también en esta medida existe la encubierta intención de inhabilitarla para continuar siendo jueza, con lo cual –debe reconocerse– también se estaría politizando la justicia. Solo que en sentido inverso.
Luego entonces, hay que sospechar que después de que la CSJ ampare en forma provisional a la jueza y de que se reúnan a conocer el caso los presidentes de los colegios profesionales, cabría la salida salomónica de dejar sin efecto la inhabilitación durante un año en el ejercicio de la profesión para que pueda continuar siendo jueza, pero sostener la amonestación y la multa. Con lo cual, quedaría en fijo una parte de la sanción y a la hora que la abogada Yassmín Barrios cuando pretenda aplicar para ser magistrada de la CSJ y solicite al CANG sus antecedentes, no le podrán extender constancia de no haber tenido este antecedente que será una mácula que indudablemente la inhabilitará para ser designada eventualmente magistrada de la CSJ. O sea que le saldrá muy cara la insoportable prepotencia con la que faltó al respeto y humilló tanto al abogado García Gudiel como al abogado Galindo. Lo cual merece la amonestación del Tribunal de Honor de la CANG.
En el memorial presentado por el abogado Galindo se lee que la jueza argumentó que le ordenó a los abogados que defendieran a Ríos Montt porque ella estaba obligada a velar por el derecho de defensa del acusado, y porque ellos habían sido los abogados del militar durante toda la fase preparatoria, antes de llegar al juicio.
Además, hizo referencia a que los litigantes hacen un juramento de defender a quien lo necesite, y que esta denuncia era una “doble persecución”, porque ya se habían iniciado procesos judiciales por estos mismos hechos. La juzgadora también alegó que las decisiones durante el juicio se tomaron entre tres jueces y no solo ella era la responsable.
El Tribunal de Honor del CANG rechazó estos argumentos, asegura que el Código de Ética obligaba a los litigantes a proporcionar sus servicios a quienes lo requirieran, solo cuando estas personas no tuvieran la capacidad económica para contratar a un defensor, y Ríos Montt había probado tener los fondos suficientes para contratar a un equipo de abogados.
Los hechos que originaron esta decisión ocurrieron el 19, 20 y 21 de marzo del año pasado, en las primeras tres audiencias del juicio contra Ríos Montt. El exjefe de facto es acusado de los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, por la muerte de 1,771 indígenas ixiles, asesinados a manos de soldados bajo su mando entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Como era de esperarse, la jueza Yassmín Barrios de inmediato echó mano de los recursos legales a su alcance para tratar de anular el fallo del Tribunal de Honor del CANG solicitando un amparo provisional a la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que la inhabilitación violaría el derecho a la independencia judicial, con lo cual se dejaría sin efecto la suspensión del CANG, por lo menos hasta que la CSJ le otorgue un amparo definitivo, Y como segundo recurso apeló a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales para que analicen el caso y determinen si el Tribunal de Honor del CANG actuó bien, o si, por el contrario, se extralimitó en sus funciones porque debió haberse limitado a amonestarla pero sin inhabilitarla en el ejercicio de la profesión porque eso equivale a destituirla como jueza dado que no podría ser juez durante el tiempo que esté inhabilitada, a lo cual el CANG no tiene potestad para hacerlo.
Este caso no es inédito ni tampoco insólito. En primer lugar, el Tribunal de Honor del CANG sanciona a menudo a los abogados y jueces que hayan incurrido en faltas a la ética profesional. Tampoco es esta la primera vez que el Tribunal de Honor del CANG inhabilita a un juez por determinado tiempo y tarde o temprano se le obligue cumplir la sanción y a pagar una multa. En el año 2003 se dio el caso del juez Undécimo Penal José Eduardo Cojulún, quien fungía como presidente del Tribunal Tercero de Sentencia y faltó al Código de Ética Profesional cuando sentenció a Jaime Antonio Barrios Coronado por caso especial de estafa, quien denunció ante el Tribunal de Honor del CANG al juez y al litigante Jorge Alfredo Sactic Estrada. Pero, tal como ocurre ahora, en el caso de la jueza Yassmin Barrios, la Asociación de Jueces y Magistrados presidida por Anabella Cardona, apoyó a capa y espada al juez Cojulún. Lo cual no debe de extrañar porque, como se dice popularmente “son coyotes de la misma loma”. En efecto, ha habido casos en los que un juez ha sido apoyado por la Asociación de Jueces y Magistrados por aquello de “hoy por mí y mañana por tí”. No en vano se dice que hay corrupción en el Poder Judicial. Según la denuncia presentada entonces por Barrios Coronado, al Tribunal de Honor del CANG el juez sí violentó el debido proceso porque a por el hecho de tener vínculos con Sactic debió excusarse. En ese caso, Sactic Estrada defendió a Walter Adrián Ruiz Pérez.
Pero como Dios tarda pero no olvida, diez años más tarde, en 2013, se obligó al susodicho juez a cumplir la sanción impuesta por el Tribunal de Honor del CANG cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizó investigaciones a varios jueces a quienes acusa de impunidad, entre los que figura el susodicho Juez Undécimo. Meses atrás, al momento de presentar el informe al Ministerio Público (MP), el jefe de la CICIG Francisco Dall’Anese sindicó a Cojulun de emitir “resoluciones que han favorecido a un poder difuso”, por lo que aseguró que esto no se quedaría como una denuncia sino que se investigaría y se daría seguimiento para lograr que se haga justicia, refirió. En declaraciones dadas a una agencia de noticias, Dall’Anese dijo que al hacer público el informe la pelota quedaba en la cancha de la Fiscalía. “Estamos pidiendo que se abran causas penales y que se dicte prisión a estos jueces”, declaró. Como consecuencia, pasarán seis meses antes de que Cojulun haya podido volver a ejercer la abogacía, además de verse obligado a pagar una multa de Q5 mil 40. Mientras tanto, el juez Cojulún se abstuvo de pronunciarse al respecto.
Tampoco es verdad que se trate de un “caso único”, como dijo el magistrado Héctor Manfredo Maldonado, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, cuando declaró que desconoce la decisión del Tribunal de Honor del CANG, pero que en una reunión del pleno del OJ tendrá que definirse el futuro de la Jueza Yassmín Barrios, debido a que la institución la contrató para ejercer el cargo por su calidad de abogada. “Es una situación única”, declaró. Y agregó: “Tendremos que verificar cuáles son los alcances del fallo y cómo queda la función de la jueza en el OJ”.
2.- La propuesta reelección de la pareja Pérez y Baldetti
Tal parece que ha sorprendido mucho al pueblo guatemalteco ver en los noticiarios que el profesor Aristides Crespo, actual presidente del Organismo Judicial y Congreso de la República, haya declarado que se debería reformar la Constitución Política de la República para que pueda haber reelección presidencial y puedan re elegirse el general retirado Otto Pérez Molina y la licenciada en Ciencias de la Comunicación Roxana Baldetti Elías. Pero, como en tantos casos en los que el pueblo de Guatemala se sorprende, son gajes del oficio político y ya debería estar acostumbrado a estas “sorpresas”.
No hay que olvidar que el profesor Arístides Crespo fue originalmente diputado del departamento de Escuintla por el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y, sin ánimo de ofenderle ni menospreciar su posición, fue por largo tiempo algo así como el brazo derecho o “achichincle” del general retirado José Efraín Ríos Montt, ex presidente de facto durante un año y ex presidente del Congreso durante cuatro años consecutivos durante el gobierno presidido por Alfonso Portillo, alias “Pollo ronco”, actualmente en una cárcel preventiva de Nueva York mientras está siendo juzgado por el delito de atentado de lavado de dinero. Sin embargo, en vista de que tanto el FRG como el Partido Patriota (PP) carecen de ideología política, para poder continuar teniendo una curul en el Congreso, y en vista de que en las últimas elecciones no tenía muchas posibilidades de ser electo de nuevo por el FRG, llegó a la práctica conclusión que “de general a general no hay más que un paso”, paso que dio cuando decidió retirarse del FRG e inscribirse en el PP para continuar su ya muy larga carrera legislativa. Tras de lo cual, ante la lamentable carencia de valores entre los diputados del partido denominado “patriota” (aunque, como se ha visto, no creo que sea mucho su patriotismo), se le abrió la posibilidad de sentarse en la silla presidencial de la Junta Directiva del Congreso Legislativo, misma que ocupó durante largos años su viejo mentor el general Ríos Montt. Y calculó bien las cosas porque, sin mucha competencia y sin que importara mucho la cacareada “división de poderes” que señala la “sagrada” Constitución de la República, fue ungido para ser presidente del Congreso y del Organismo Legislativo con el apoyo de la Presidencia de la República y la bancada del partido oficial.
No se puede negar que la experiencia y el comportamiento del susodicho diputado le han hecho merecedor de llegar a ser Presidente del Congreso de la República. Lo digo sinceramente. Aunque no le conozco personalmente, me merece respeto su comportamiento como diputado, aunque haya cambiado de camiseta para poder seguir siendo diputado. Y no lo hace mal a juzgar por el tiempo que lleva desempeñando ese poder del Estado supuestamente tan importante como el Ejecutivo y el Judicial, por más que de un tiempo a estas fechas ambos estén sufriendo graves deterioros.
Pero, como ocurre siempre en la vida, tarde o temprano tenía que “aparecer el peine”, como decimos popularmente. La “sorpresiva” propuesta del actual Presidente del Congreso de reformar en la actual Constitución Política la prohibición categórica a la reelección presidencial, no solo para el período siguiente al que están desempeñando tales cargos, sino “en cualquier momento”.
Por otra parte, el antiguo Código Penal, que fue emitido cuando estaba vigente la anterior Carta Magna, establece lo siguiente:
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN INSTITUCIONAL
CAPITULO I
DE LOS DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION
VIOLACION A LA CONSTITUCION
ARTICULO 381.- Será sancionado con prisión de tres a diez años:
1°. Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar sustituir, total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional.
2°. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir, en todo o en parte, las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado.
3°. Quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores, tienda a. variar el régimen establecido en la Constitución de la República, para la sucesión en el cargo de Presidente de la República.
4°. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar al Vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga.
PROPAGANDA REELECCIONARIA
ARTICULO 382.- Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad, o a aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos mil quetzales”.
Sin embargo, independientemente de que estos artículos del Código Procesal Penal me parece que son inconstitucionales, por cuanto que vulneran la libre emisión del pensamiento garantizada en el artículo 35 de la Constitución Política vigente, para fortuna del diputado presidente del Congreso, la Carta Magna también establece que los diputados “no son responsables de lo que dicen” o sea que tienen derecho a expresar todas las tonterías, babosadas y pendejadas que les de su re chingada gana y, por lo tanto, no se le podrá condenar a pasar de dos a seis años en chirona, ni a pagar una pinche multa de entre Q200 a Q2000 que gracias a este gobierno hoy no alcanzan ni para pagar lo que se compra un día en el supermercado.
Pero una cosa sí debe quedar muy clara: la propuesta de Arístides Crespo es políticamente incorrecta y, además, una mala idea, por cuanto que podemos estar seguros de que si se llega a reformar la Constitución para que exista la reelección y este mismo binomio lanza su candidatura para desempeñar los mismos cargos durante el próximo período de cuatro años, creo que en la primera vuelta no quedarían ni en segundo lugar para poder competir en una elección de segundo grado. Porque estoy convencido de que a estas alturas de su período su gobierno está muy desprestigiado para la inmensa mayoría de la población consciente, porque no ha cumplido muchas de las vanas promesas electorales que prometió, ni ha sido grato por la falta de preparación, y de capacidad y el comportamiento de algunos de las más importantes funcionarios que lo integran. Sin ánimo de ofender a nadie –¡mucho menos a una mujer que como tal me merece respeto!– temo que particularmente ha sido desafortunado el comportamiento de la señora Vicepresidenta Roxana Baldetti, con quien hace algún tiempo fuimos amigos, porque en la sección denominada “El Peladero” de elPeriódico ha sido señalada de cometer constantes abusos de autoridad y los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Razones por las que se la repudia aun más que a su pareja, el general retirado Otto Pérez Molina, quien ya está siendo apodado “velocidad de retroceso” porque constantemente se retracta de haber tomado alguna medida que deja sin efecto. Por lo cual me atrevo a sospechar que si la Constitución se reformara para que en las próximas elecciones pueda haber reelección presidencial, si acaso el actual binomio reinante llegase a ser postulado para competir, haría muy felices tanto al “doctor”(?) Manuel Baldizón, calificado como “copy-paste” por su descarada aficción a los plagios, propietario y candidato del partido denominado “Líder”, así como también la ex “primera dama”, Sandra Torres Casanova (ex esposa del tristemente recordado expresidente Álvaro Colon), porque les garantizaría el triunfo, en vista de que los candidatos del PP no tendrían ni la menor posibilidad de ganar en la primera vuelta ni sacarían votos suficientes para participar la segunda vuelta. Porque aunque el noble y estoico pueblo guatemalteco ha sido muy sufrido por haber soportado tantas dictaduras durante su triste historia, no es masoquista como para desear más de lo mismo durante los próximos cuatro años.
Si lo fuere, lo sentiría mucho por el país, pero en lo personal ya no me importaría porque a mis 85 años de vida, encontrándome en la recta final para viajar al insondable “más allá” y convertir mi cuerpo inservible en cenizas para que sean lanzadas al proceloso mar y recorran el mundo entero hasta que este planeta desaparezca porque nosotros mismos lo estamos destruyendo, estoy convencido de que no voy a sobrevivir esos próximos cuatro años; pero sí lo sentiría mucho por mis hijos y mis nietos y los hijos y nietos de ustedes, estimados amigos lectores, y de todos los demás guatemaltecos. Por esa parte, me iré preocupado por lo negro que veo el horizonte político de mi amada Patria, que merece mejor suerte, por los candidatos presidenciales que se vislumbran para suceder a este desafortunado período.
Porque debo decir que no me inspiran confianza ni el descarado plagiario “doctor”(?) Manuel Baldizón que tiene tantos millones de dinero como desvergüenza, y que Dios coja confesada a Guatemala si llega a ser Presidente de la República; ni tampoco me inspira confianza la ex “primera dama” Sandra Torres Casanova, aunque es innegable que ha mejorado mucho su imagen con la cirugía estética de su personalidad física y su comportamiento y parece que ya no tiene la misma insoportable actitud autoritaria que tenía cuando era la esposa del nagüilón Álvaro Colom, pero en realidad era ella quien mandaba, porque tomaba parte en las juntas de gabinete y cometía el abuso de “putear” a los funcionarios públicos, incluyendo a los ministros de Estado, a menos que tuvieran la hidalguía de renunciar al cargo; ni el ex candidato a Alcalde de la Ciudad de Guatemala en las pasadas elecciones, a pesar de que entonces hacía su campaña proselitista acompañado del candidato presidencial, y hoy es ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien a pesar de su buena presencia, no tiene ninguna profesión y parece que tampoco tiene ni la preparación ni la capacidad que son necesarias para ser un estadista y gobernante de cualquier país, pero ahora emplea fondos del Estado y las obras que realiza como propaganda electoral; y no se vislumbra la posibilidad de que surja un verdadero líder que pueda tener madera de estadista y no vea al gobierno de la República como una fuente para hacer negocios lucrativos para incrementar desmesuradamente la fortuna que ya ha podido hacer a la sombra del actual régimen. Aunque es una vergüenza que el único requisito que se necesita para ser candidato a la codiciada Presidencia de la República es tener 40 años de edad, una organización política que lo postule y el dinero suficiente para pagar la costosa campaña política.
Lamentable y dolorosamente, el pueblo de Guatemala ha sufrido una triste historia política cuajada de malos gobiernos –con honrosas pero escasas excepciones– que ha roto el paradigma de que “no hay mal que dure cien años ni pueblo que los soporte”, porque aunque sea triste reconocerlo, ha soportado con estoicismo más de cien años de malos gobiernos que no han sabido, o no han querido o no han podido resolver los problemas políticos y sociales más urgentes para hacer menos profunda la grieta que existe entre las dos esferas de Guatemala: la de las urbes, en especial la de la capital, y la del campo, donde todavía hay seres humanos que comen solamente una tortilla diaria y duermen en el suelo o sobre un frío petate. A pesar de lo cual nunca se ha producido una verdadera revolución, una auténtica revolución que sea mucho más que la sublevación de un cuartel militar, que de verdad rompa las actuales estructuras y llegue a transformar las injusticias políticas, económicas y sociales existentes en el país para que la diferencia entre los dos aspectos de Guatemala sean menos desiguales y menos crueles.
Solo por eso sí me iré intranquilo al más allá. Pero no temo a la muerte (aunque tampoco la estoy invitando a venir por mí) porque mi vida ha sido una permanente búsqueda de Dios y después de tanto buscarle en diferentes filosofías, religiones, iglesias, sectas, hongos alucinógenos con la famosa chamán María Sabina, de Huautla de Jiménez, en las más altas montañas de Oaxaca (México) y en sabias prácticas orientales de introspección del Tibet y de la India, como la meditación trascendental –gracias a la cual aprendí que “cuando oramos Dios nos escucha, pero cuando meditamos en silencio Dios nos habla”–, he llegado a la feliz conclusión de que Dios nunca muere y cuando el cuerpo humano se deteriora y muere, no muere la chispa divina de energía que hay adentro de cada uno mientras hemos tenido vida, sino se transforma.
Dicho lo cual cedo con mi solidaridad el siguiente espacio para reproducir uno de los últimos artículos que ha enviado desde Caracas para su publicación semanal en Prensa Libre mi estimado amigo el doctor Sadio Garavini Di Turno, brillante ex embajador de Venezuela en Guatemala durante varios años, antes de la primera llegada al poder del comandante Hugo Chávez Frías.
3.- Excelente artículo sobre la sufrida Venezuela
Paz o violencia
Por Sadio Garavini di Turno
“El gobierno de Maduro habla de paz para consumo externo, pero incrementa la represión violenta contra las manifestaciones de la oposición, utilizando cada vez más los grupos paramilitares del partido de gobierno. Fue absolutamente indignante ver como una pacífica manifestación de estudiantes fue agredida dentro de la propia Universidad Central de Venezuela por una banda armada, que no se contentó de herir y golpear salvajemente a los jóvenes, sino que los desnudaron. Las SA nazi golpeaban y desnudaban a los judíos porque era una forma de deshumanizar al “untermensch”judío, el subhombre, y de “animalizarlo”. Efectivamente, el ser humano es el único animal que se viste y no sólo para enfrentar los cambios de temperatura, sino porque tiene el concepto del pudor, característica típica de la especie humana civilizada. El régimen además, mientras afirma frente a la comunidad internacional que desea un diálogo con la oposición, insulta y criminaliza a sus dirigentes, manteniendo arbitrariamente detenido a Leopoldo López líder del partido Voluntad Popular, arrestando ilegalmente a dos alcaldes opositores e iniciando procesos judiciales contra el 30% de los demás alcaldes de oposición. El despojo “express” inconstitucional y arbitrario de su curul de diputada a María Corina Machado es una prueba más de la falta de voluntad política del gobierno Maduro de iniciar un serio diálogo con la oposición política, diálogo reclamado por toda la comunidad internacional.
“Historia magistra vitae”, decían los antiguos y Santayana repetía que quien desconoce la historia está condenado a repetirla. En realidad la historia nunca se repite exactamente, pero la experiencia de otras sociedades puede ser útil para evitar cometer errores que tienen dolorosas consecuencias. Es común en la Venezuela de hoy recordar los tiempos previos al inicio de la Guerra Civil española que duró tres años y produjo un millón de muertos, pero yo quisiera poner la atención en la manera cómo terminaron los conflictos armados en El Salvador y Guatemala en los años ’90. En el caso de Guatemala viví intensamente ese período porque como embajador de Venezuela formé parte del llamado Grupo de Amigos, que acompañó y apoyó al Representante del Secretario General de la ONU, como mediador en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de la URNG. Tanto en El Salvador como en Guatemala el proceso de paz concluyó positivamente y ahora grupos y personalidades, que se enfrentaron por años con las armas, resuelven sus diferencias en elecciones libres y justas y las debaten en los parlamentos. Tres factores influyeron en estos países para que se iniciaran los diálogos de paz, la fuerte presión internacional, el cansancio que ambos bandos sentían después de años de violencia y decenas de miles de muertos y la convicción compartida de que ninguno tenía la posibilidad de terminar la guerra con una victoria militar. La analogía centroamericana puede ser interpretada pesimistamente. Venezuela necesita miles de muertos y años de violencia para que los bandos en pugna sientan el “cansancio” necesario para dialogar, el gobierno todavía cree que puede mantener el poder con la represión, la intimidación y la “compra” de voluntades, y la presión internacional es, por lo menos, insuficiente. Sin embargo, también se puede ver “el vaso medio lleno”. El riesgo cierto de un colapso socioeconómico en Venezuela puede hacer las veces del inexistente “cansancio”, la fuerte reciente caída en las encuestas del apoyo popular al régimen y el relevante aumento de los costos de la represión podrían hacerle entender a importantes sectores del oficialismo que el mantenimiento del poder no está asegurado y finalmente la atención y presión internacionales, aunque todavía insuficientes están aumentando considerablemente y la oposición democrática debe, siguiendo el ejemplo centroamericano, redoblar los esfuerzos para hacer sentir su voz en el escenario internacional. Dios quiera que internamente prevalezca la cordura y a la comunidad internacional le recuerdo de nuevo: “Vigilia pretium libertatis”. (Fin del artículo de Sadio Garavini Di Turno)
Twitter@jorgepalmieri