MISCELÁNEA 01/09/2010

1. Nueva torpeza presidencial

Aunque se que me expongo a que los más altos funcionarios del «gobierno de Álvaro Colom», el propio Presidente de la República a la cabeza, seguido por el ministro de Gobernación, periodista Carlos Menocal, el asesor presidencial de asuntos políticos, Arnoldo Noriega; el jefe de la campaña presidencial de Sandra Torres de Colom, Orlando Blanco; Roberto Izurieta, de nacionalidad ecuatoriana, su asesor internacional de imagen, y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, periodista Ronaldo Robles, me cataloguen como un conspirador y desestabilizador del actual régimen, no puedo dejar de consignar que se ha dado a conocer que el mandatario ha vuelto a cometer un grave error al amenazar con coaccionar a los diputados al Congreso con llevar una manifestación para presionarles para que aprueben el aumento a su presupuesto que ha solicitado, porque ya no se dispone de dinero. Sin embargo, su esposa sigue repartiendo por todo el país Q.400 y bolsas con alimentos a miles de gentes pobres. Dicha amenaza presidencial, además de ser indebida, es inconstitucional porque el Presidente de la República es el representante de la unidad nacional y está obligado a respetar la división de los tres poderes del Estado. En el diario Siglo Veintiuno de hoy se publica una información sobre el particular:

Colom amenaza con “llevar a la gente al Congreso”

> El gobernante advierte a los diputados que urgen los Q1,300 millones de la ampliación presupuestaria.

> Diputados y juristas rechazan declaración del mandatario y la califican desde confrontación hasta chantaje.

Por A. Mendizábal, R. Tejeda, S. Nicolle y S. Casasola, Siglo 21

“Vamos a llevar a la gente al Congreso, porque el dinero es para ellos.  Esto no es solidaridad para mí, es solidaridad para la gente”. Así se pronunció el presidente Álvaro Colom al dar a conocer su “plan B” por la urgencia de fondos del Ejecutivo y la falta de aprobación de la ampliación presupuestaria de Q1,300 millones en el Legislativo.

Colom dio las declaraciones en Amatitlán, a donde llegó a visitar las comunidades Los Cerritos y El Zacatón, las cuales resultaron afectadas por las lluvias. El gobernante dijo que ha estado dialogando con jefes de bloque del Congreso y que “realmente estamos preocupados; las emergencias siguen, tenemos problemas en el Motagua y estamos preocupados por la ampliación presupuestaria, ya que prácticamente en una semana o semana y media no vamos a tener recursos para atender a la gente”.

Los diputados rechazaron la advertencia de Colom.“Le pido al Presidente que deje de estar confrontando a los guatemaltecos, especialmente cuando ellos no han rendido cuentas. No se vale que utilice a la gente.  Si supiéramos que es para ayudar, le haríamos caso de todas las urgencias que dice tener. Pero si es para la campaña anticipada de doña Sandra de Colom, no”, señaló la diputada Roxana Baldetti, del Partido Patriota.

Roberto Villate, jefe de la bancada Líder, señaló: “El Presidente de la República es el representante de la unidad de la Nación, no es el Presidente de la confrontación. Él debe propiciar la teoría de las tres C, que son consenso, colaboración y compromiso. Pero si está usando una retórica confrontativa o de miedo, los resultados no serán los que él quiere.

El presidente del Poder Legislativo y de la Junta Directiva del Congreso, Roberto Alejos Cámbara, no quiso pronunciarse sobre laa amenaza del Presidente Colom y se limitó a declarar: “Ya tenemos la presión de la población necesitada. A cada diputado lo presionan en sus departamentos, y en esos debates estamos”. Sin embargo, agregó: «Ya tenemos la presión de la población necesitada.  A cada diputado lo presionan en sus departamentos, y en esos debates estamos”.

Por su parte, la presidenta de la bancada en el Congreso del Partido Patriota, Roxana Baldetti, dijo lo siguiente: “Le pido al Presidente que deje de estar confrontando a los guatemaltecos, especialmente cuando ellos no han rendido cuentas”.
El diputado Roberto Villate, de la bancada Líder opinó:
“El Presidente… es el representante de la unidad de la Nación, no es el Presidente de la confrontación”.

Otras opiniones aparecen en un recuadro con el título EN VOZ DE EXPERTOS

COACCIÓN

El constitucionalista Gabriel Orellana considera que la advertencia de Colom «se llama coacción y es una figura delictiva. Diría que también entra en el término de chantaje. Es un problema constitucional y penal. Si la CICIG sirve para algo, debiera tomat en consideración que esto es una maniobra que va en contra de las instituciones», apuntó.

ABUSO DE PODER

El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad Rodolfo Rohrmoser señaló que la actitud del gobernante «podría tipificarla como abuso de poder. Pensaría que si lleva gente al Congreso para presionarlo, viola la autonomía de uno de los poderes, pporque estos son independientes, según la Constitución, y tienen independencia absoluta».

LE QUITA DIGNIDAD

A decir del ex constituyente Carlos Molina Mencos, «es muy poco elegante que el Presidente haga una cosa como esa, pero, como delito, no lo veo. Le está quitando la dignidad del cargo. Delitos, el Presidente ha cometido muchos, pero son otros». «Insisto que si se diera que llevara gente al Congreso, sería algo que no está a la altura de un mandatario».

Y en el Editorial de hoy de ese mismo diario se opina lo siguiente:

ESO NO SE DEBE, SEÑOR PRESIDENTE
> La extensa carrera política de Colom torna imperdonable sus declaraciones, sobre todo porque intentan imponer la agenda legislativa.
> El Gobierno está obligado a procurar seguridad, salud y educación, pero ello no justifica que conmine a la confrontación social.
La amenaza lanzada por el presidente Álvaro Colom de “llevar a la gente al Congreso” para acelerar la discusión y aprobación de la ampliación presupuestaria es una muestra de lo que un representante de la unidad nacional no debe hacer. En un verdadero Estado de Derecho y en un sistema de justicia que se precie de honesto, esa impertinencia de la autoridad ameritaría una investigación profunda, por la apología del delito que supone.
La extensa carrera política de Colom torna imperdonable e injustificable tal declaración, sobre todo porque parece ser parte de un plan gubernamental orquestado para imponer la agenda legislativa, algo que prohíbe nuestra Carta Magna.
A lo largo de su historia, Guatemala ha estado llena de tristes y sangrientos episodios producto de la intolerancia y el irrespeto de las autoridades para con los otros poderes del Estado. Los sucesos de julio de 2003, cuando las turbas eferregistas secuestraron, persiguieron, amenazaron y agredieron a los capitalinos en demanda de la inscripción ilegal de Efraín Ríos Montt, son un ejemplo del nefasto daño que una mala dirigencia puede provocar.
En las últimas semanas, el Gobierno ha insistido en una supuesta crisis financiera que lo agobia, producto, según este, de la negativa del Parlamento a aprobar una ampliación presupuestaria de Q1,300 millones. Esta campaña, a la que se han sumado sindicatos afines al Ejecutivo, el Seguro Social, algunas municipalidades y la Conred, no cuestiona el criterio ni la probidad con que la administración uneísta y el Estado en general ha dado a los escasos fondos.
Este macabro plan ha llegado a los extremos de evidenciar las precariedades en ministerios claves como Salud, Educación y Comunicaciones. Así, los guatemaltecos hemos visto hospitales y centros de salud donde abunda la escasez, escuelas sin refacción escolar ni maestros, y carreteras y calles colmadas de agujeros y puentes destruidos. En contraposición a estas penurias, el Gobierno compra espacios publicitarios como nunca y la esposa del Presidente, Sandra Torres, regala dinero y contrata personal incontroladamente, a costa de las dependencias que hoy se declaran en bancarrota.
Es indudable que los últimos años han sido de penurias y limitaciones financieras, pero también es incuestionable que esa estrechez ha acompañado a gobernantes y gobernados. Colom está obligado a cumplir con su papel de procurar seguridad, salud y educación, pero ello no justifica que conmine a la confrontación social o que coaccione a sus rivales políticos. Eso, señor Presidente, no se debe ni se puede. (Fin del Editorial de Siglo Veintiuno)

2. Totalmente de acuerdo con la opinión de Estuardo Zapeta

Recientemente, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) convocaron a una conferencia de prensa, en la cual llevó la voz cantante el magistrado presidente en turno, licenciado Roberto Molina Barreto, para denunciar que hay «una campaña para desprestigiar» a ese alto organismo. Fue triste ver que también la CC recurre a las mismas patrañas que emplean los gobiernos incapaces para justificar todas las críticas que se les hace en vez de reconocer que han dado motivos para que se les critique. Y ahora la CC se ha hecho merecedora de la siguiente crítica de parte del antropólogo y columnista Estuardo Zapeta por la absurda resolución al recurso de amparo solici la columnista de Siglo Veintiuno, Marta Yolanda Díaz-Durán en el recurso de amparo que presentó ante la demanda que planteó en su contra el Vicepresidente de la República, doctor Rafael Espada, por haber difundido una información que le dieron en el caso de la auto-asesinato del licenciado Rodrigo Rosenberg Marzano. Como podrán ver, el columnista Zapeta opina en su columna «Era Libertaria» que la CC actuó mal, opinión que comparto totalmente:

Opinión | ERA LIBERTARIA

La CC contra la Libertad de Emisión del Pensamiento

Quiero llamar la atención a que el Artículo 35 NO  protege solamente a “periodistas”, o a quienes tal función cumplan.

Estuardo Zapeta ezapeta@sigloxxi.com

En el caso de la columnista de este diario, Marta Yolanda Díaz-Durán, quien fue demandada por el vicepresidente Rafael Espada, varias preguntas me quedan después de leer el aberrante fallo de la Corte de Constitucionalidad negándole el amparo a Díaz-Durán.
Y mis preguntas nacen después de leer y releer y volver a leer el Artículo 35 Constitucional, el cual establece que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Este segundo párrafo del 35 se refiere específicamente a “funcionarios o empleados públicos”, y en el caso citado el Vicepresidente Espada llena ese perfil.

Esto es de aplicación para todos los periodistas, reporteros, analistas, equipos de investigación, fotógrafos, columnistas, editorialistas, Consejos Editoriales, dueños de medios, etc., ¿será que desde la inconstitucional sentencia de la CC negándole el Amparo a Díaz-Durán —y fallando entonces, a favor del Vicepresidente— todos los funcionarios a quienes o de quienes hagamos “denuncias, críticas e imputaciones” nos demandarán penalmente?

Más aún, ¿será que desde esa destrucción constitucional, —oh paradoja—, por la Corte de “constitucionalidad”, todas las “críticas” que hagamos los periodistas son “delitos o faltas” castigables con prisión?

Por si no nos habíamos percatado, el amparo negado a Díaz-Durán fue una eliminación automática del artículo 35 Constitucional, lo cual la CC debe enmendar inmediatamente. (Hasta risa me provocó que el mismo Espada interpusiese un amparo como si estuviese “indefenso” y ahora el favor de la CC, en contra de una columnista y sus 2912 caracteres).

Todavía más, el mismo Espada en las demandas presentas contra Díaz-Durán se  “identifica” con su acta de toma de posesión como Vicepresidente, y la CC, en un argumento retorcido, sumamente fumado, y sideralmente imaginado, pretende que creamos que el otro actuó como ciudadano individual. ¿En cuál mundo vive la CC?

Ya columnistas como la Licda. Marta Altolaguirre o el Lic. Óscar Clemente Marroquín han llamado nuestra atención a que el caso ha rebasado al simple tema si Díaz-Durán tiene o no razón, si cae bien o cae mal, o si sus señalamientos tenía o no base (de hecho, ya testigos en el caso Rosenberg confirmaron bajo juramento lo que Díaz-Durán expuso en 2,912 caracteres), y nos llevan estos columnistas a reconsiderar el gran error cometido por la CC, ya que a partir de esa resolución (¡vaya inconstitucionalidad!) de ahora en adelante el párrafo 2 del Art. 35 deberá leer “SÍ constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Quiero llamar la atención a que el artículo 35 NO  protege solamente a “periodistas”, o a quienes tal función cumplan, sino que fue escrito para proteger la “Libertad de Emisión del Pensamiento” de todos los guatemaltecos.

Quienes más felices y celebrando estarán la inconstitucionalidad de la CC han de ser los “funcionarios y empleados” quienes ahora podrán citar como “antecedente” el caso en el cual la CC eliminó la Libertad de Emisión del Pensamiento» (Fin de la columna de Zapeta).

3. Ya se fue Evelyn Morataya

Bonita foto publicada en Nuestro Diario de la atractiva señora Evelyn Morataya cuando llegaba al Centro Preventivo de la zona 18 a visitar a su ex esposo, el ex Presidente Constitucional de la República Alfonso Portillo Cabrera.

Evelyn MoratayaBonita foto publicada en Nuestro Diario de la guapa, atractiva, sexy y simpática Evelyn Morataya, ex esposa del ex presidente Alfonso Portillo, a quien llegaba a visitar en la carcel preventiva de la zona 18.

Hace aproximadamente un mes, vino de visita a Guatemala, su país natal, acompañada de su linda hijita Gabriela, la guapa, inteligente, culta y encantadora joven señora Evelyn Morataya, actualmente residente en la Colonia Polanco de la Ciudad de México, donde sigue estudiando para obtener un doctorado. El motivo del viaje de ambas fue venir a visitar al ex presidente Alfonso Portillo Cabrera ex esposo de Evelyn y padre de Gabriela, hoy en prisión «preventiva» en el cuartel militar Mariscal Zavala, esperando ser juzgado aquí por peculado, pero también en «capilla ardiente» para ser extraditado primero a Estados Unidos y después a Francia, acusado de «lavado de dinero».

El martes de la presente semana regresó al Distrito Federal después de haber cumplido el principal cometido de su visita, que era visitar en la carcel a su ex esposo el ex presidente, aunque también vino a celebrar su 38 cumpleaños y a ocuparse de la demanda de desalojo de la casa en la zona 14 que ocuparon desde antes de asumir la presidencia, y que se las ha venido reclamando el adinerado empresario Francisco Alvarado MacDonald, a pesar de que durante muy largo tiempo fue el principal patrocinador y mecenas en las dos campañas presidenciales de Portillo y de que Evelyn lo llegó a ver como un segundo padre. No obstante que en marzo de 2001 se produjo una ruptura de la relación entre ellos desde que los bancos Metropilitano y Promotor de los cuales el mayor accionista era Alvarado MacDonald, fueron inesperadamente intervenidos de una manera muy discutible por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, para lo cual el Banco de Guatemala erogó la respetable cantidad de entre Q1,2oo y Q1,500 millones para cubrir a los depositarios y cuenta habientes, pero nombró a tres interventores demasiado avorazados, el principal de los cuales su mamá decía que era «billante» y se recetó un sueldo mensual de Q70 mil y los otros dos Q60 mil, y lo que realmente hicieron fue liquidar a los bancos que, supuestamente, sólo estaban siendo intervenidos con el propósito de salvarlos, pero no de liquidarlos. Y desde entonces se acabó la entreñable amistad que había entre los esposos Alfonso y Evelyn Portillo y su largo tiempo patrocinador Alvarado MacDonald.

Pero hasta la fecha no se ha concretado la resolución legal del caso para dilucidar a quién pertenecen realmente las dos casas que fueron adquiridas por una Sociedad Anónima, una de ellas en la zona 14 (que ocuparon durante cuatro años Portillo cuando era Presidente de la República y su entonces esposa Evelyn) y la otra en un exclusivo condominio situado en la playa del sur del país.