Uno de los numerosos errores que cometió el fiscal Carlos Castresana Fernández mientras estuvo al frente de la CICIG fue que en muchas circunstancias actuó políticamente y no se circunscribió al contenido del Convenio suscrito el 12 de diciembre de 2006 entre la ONU y el nefasto gobierno de Guatemala a cargo de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Stein Barillas. Su deber consistía en colaborar y fortalecer las acciones del sector justicia del país, apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, como, en general, en las acciones que tiendan al desmantelamiento de esos grupos. Pero él se creyó un Virrey, o cosa por el estilo y, en vista del desvergonzado servilismo mediático y de la mal llamada “sociedad civil” que encontró, que se convirtieron en sus “achichincles”, se erigió en máxima autoridad del país y se permitió los abusos de exigir a los tres organismos del Estado y hasta a la Corte de Constitucionalidad que acataran sus exigencias. Pero, para vergüenza nacional, generalmente se le obedeció cuando tanto el Presidente del poder Ejecutivo, ingeniero Colom, como el presidente de la CC, se doblegaron a sus exigencias, al extremo de que, sin aportar pruebas a sus frívolas acusaciones contra el doctor Conrado Pérez, quien había sido escogido por la Comisión Postuladora entre los 29 aspirantes a ese cargo para encabezar la nómina de 6 que le dio al Presidente Colom y, por haber obtenido el más alto punteo, éste lo nombró Fiscal General y Jefe del MP y ya le había juramentado, pero, disgustado porque no ganaron sus candidatos, Castresana lo rechazó y descalificó sin siquiera conocerle, mucho menos tener ninguna prueba en su contra; y exigió —¡sí, exigió!— nada menos que al Presidente Constitucional de la República que lo destituyese inmediatamente, y solicitó a la CC que anulase todo lo actuado por la Comisión de Postulación que estaba constitucionalmente constituida. Y, por increíble que parezca, todos le obedecieron con patética sumisión. Como bien dijo la fiscal costarricense Gisele Rivera en la interesante entrevista telefónica que le hicieron periodistas del diario Siglo Veintiuno de Guatemala, “en todo lo que él decía, era como un dios. Todo lo que él decía era la verdad absoluta, incuestionable y muy pocos tuvieron el valor de venir y decir: pensemos objetivamente”.
Creo que pocas personas han conocido tan bien el caprichoso y autoritario comportamiento del ex jefe de la CICIG, Carlos Castresana Fernández, cuando trabajó en la CICIG como fiscal investigadora Gisele Rivera, costarricense de origen, porque trabajó en esa entidad internacional durante dos años, pero prefirió renunciar y regresar a su país al comprobar la taimada actitud política –no legal– de dicho fiscal español. Para conocer cuál fue su experiencia de esta fiscal, la entrevistó por teléfono un reportero del diario guatemalteco Siglo Veintiuno, y el sábado pasado se publicó la entrevista con la firma responsable de los periodistas Carlos Ajanel, L. González y R. Pérez, la cual me voy a permitir reproducir textualmente sin intercalar ningún comentario, porque sería innecesario. Como podrán leer, después de haber trabajado alrededor de dos años en la CICIG como fiscal jefa de investigadores, esta señora renunció cuando Castresana engavetó el resultado de la investigación que ella había hecho sobre los dramáticos acontecimientos en la Granja Penal de Pavón, y le dijo que no iba a presentarlo al Ministerio Público –como correspondía– porque “no era el momento político para hacerlo”. Evidentemente, se refería a que entre los que estaban compometidos en esa matanza había algunos altos funcionarios del gobierno de Óscar Berger y Eduardo Stein, tales como el ministro de Gobernación y sus viceministros, pero como este mismo gobierno de Guatemala era el mismo que había firmafo el convenio con la ONU para la creación de CICIC y le había traído a Guatemala devengando una respetable cantidad de dólares, con todos sus gastos pagados, transportación blindada, con más protección que cualquier alto funcionario del gobierno, etcétera, prefirió engavetar el resultado de la investigación de la fiscal Rivera, aduciendo que “no era el momento”. Ante los acontecimientos recientes, posteriores a la salida de Castresana, parece obvio que el fiscal costarricense Francisco Dall’Anese, sucesor de Castresana, ha sacado de la gaveta esa investigaciçon y no dudo que a ello se deban las órdenes de captura que se han girado y que el doctor Giammattei se encuentra como “huésped” en la embajada de Honduras, imitando lo que hizo el desprestigiado ex presidente hondureño “Mel” Zelaya en la residencia de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, a raíz de haber sido defenestrado y sacado del país por el ejército que actuó por órdenes de la Corte Suprema de Justicia. De manera que por estas razones esta entrevista es de sumo interés y les aconsejo leerla muy cuidadosamente. Las preguntas del reportero están en negrita y las respuestas de la fiscal en tipo de letra ordinario.
“SÍ HUBO EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN PAVÓN”
Ex fiscal de la CICIG estuvo a cargo de la investigación de la toma de penal
Gisele Rivera afirma que en el caso Parlacén están involucradas personas con poder político, económico y gente que sigue en la PNC.
ASÍ LO DIJO
“Vea que el señor Castresana, en todo lo que él decía, era como un dios. Todo lo que él decía era la verdad absoluta, incuestionable y muy pocos tuvieron el valor de venir y decir: pensemos objetivamente.
Gisele Rivera fue fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta el 15 de diciembre del año pasado, cuando renunció. La investigadora regresó a su país, Costa Rica. Por la vía telefónica concedió una entrevista a Siglo Veintiuno, en la cual afirma que en la toma de la Granja Penal Pavón, en septiembre de 2006, sí hubo ejecuciones extrajudiciales.
También declara que en la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, así como en el posterior asesinato de los policías acusados del cuádruple asesinato, están involucrados personajes con “poder político” y “económico”, así como individuos que siguen en la Policía Nacional Civil (PNC). Rivera afirma que el caso Parlacén fue retrasado por el ahora ex comisionado Carlos Castresana.
Por la tarde, se llamó al vocero de la CICIG, Diego Álvarez, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.
¿Cuáles eran sus funciones?
Yo investigaba, me correspondía como jefa de un equipo de investigación de casos. Inicialmente investigué el caso del señor Rivera y luego otros relevantes como era la fuga del Infiernito, el caso de Pavón, caso Parlacén y El Boquerón.
En la conferencia que dio hace poco, usted refirió que Castresana decía que había que esperar momentos políticos para resolver casos. ¿Eso cómo se digiere señora Fiscal?
Yo soy una fiscal y tengo 25 años de experiencia; para uno es muy difícil efectuar una investigación y que, entonces, cuando usted tiene la investigación tenga qye depender de un jerarca que por razones de carácter político o momentos específicos decida que eso no se puede presentar a los tribunales. Creo que esto tiene que quedar claro para la ciudadanía guatemalteca. Preguntarse para qué fue creada la CICIG y qué es lo que regula el mandato de la CICIG. Primero (Castresana) titubea, luego dice que él es el que conoce cuál es el momento oportuno, que hay momentos momentos para hacer las cosas; entonces, evidentemente hay una cuestión política, una injerencia de oportunismo que yo no podía aceptar.
¿Cómo está el caso Palarcacén?
Yo le dije, mire señor (Castresana), hay que presentar a este gente a los tribunales, hay que solicitarles órdenes de aprehensión.
¿Qué gente, fiscal?
A los vinculados, pero eso si yo no se lo puedo decir. ¿Por qué yo no se lo puedo decir? No le voy a decir los nombres de esas personas porque tengo fe en que ahora la CICIG haga lo que le corresponde. Hay partícipes, y lo único que le voy a decir es que hay gente importante, hay gente con poder político, económico, hay gente de la PNC que está actualmente ahí y que participaron en esos hechos. Hasta ahí le voy a llegar.
¿Usted me está hablando concretamente de ex funcionarios del gobierno anterior?
Bueno, puede ser, sí, pueden ser ex funcionarios del anterior gobierno, o que están aún ahí.
¿Funcionarios que áun están?
Puede ser.
¿Y los políticos?
Creo que sí. Pero yo, nada más… y lo que le digo es que sí había personas identificadas.
¿Son políticos que están en la oposición o que están haciendo gobierno?
Nada más le voy a decir que se identificó a una estructura paralela. ¿Qué significa eso? Hay gente del gobierno, hay gente del Ministerio Público, hay gente de la Policía, también particulares que colaboraban y trabajaron con esa estructura.
¿Gente que tumbaba droga, que hacía ejecuciones extradudiciales?
Exactamente.
¿La figura más notable en el caso Parlacén es aquel que fue diputado y después se hizo alcalde?
Pero es que yo, yo no… mire, ese dabate se va a a acreditar, yo espero que así sea, qué pasó con esos hechos. Porque yo le estoy hablando a usted de una estructura que opera desde, digamos, desde equis tiempo hasta equis tiempo, y que aún sigue operando.
¿Usted me decía que esta estructura paralela tiene entre sus redes a ex funcionarios, posiblemente también funcionarios, políticos que se dedican al tumbe de drogas?
Asesinatos, y no sólo a eso, sino a una serie de actos delictivos.
¿Esta gente aún está en la estructura gubernamental?
Vea, hay gente que hay que proteger y que yo tengo el deber de cuidarla y protegerla, porque son testigos, porque es gente que va a ir a un debate. Que fue lo que se le dice al señor Castresana: mire, aquí está esto, igual al que está ahora de jefe de investigaciones de la CICIG, aquí está esto; esta es nuestra hipótesis de investigación, y ellos no quisieron intervenir en este proceso.
¿Usted lo toma como temor de ellos o como una acción de protección que está haciendo la misma CICIG hacia ellos?
No sabría decirle, pero hay algo muy evidente y claro. Imagínese que el mandato ordena hacer eso y si yo no cumplo con eso, pues estoy incurriendo en un incumplimiento de deberes clarísimo.
¿Será que hubo presión de las autoridades hacia la CICIG y que logró acallarla, detenerla?
Puedo presumir muchas cosas. Nada más le puedo decir a usted que no se permitió al equipo de investigación llevar eso hasta los tribunales, y el único caso que se está llevando ahora y que estaba resuelto, desde hace mucho tiempo, es el de Pavón.
¿Cuándo fue el momento oportuno para presentarlo?
Se empieza a tener claro que hay una estructura a finales de 2008 y ya formados los casos a mediados de 2009.
¿Que fue cuando usted…?
Yo presenté una primera renuncia que no me fue aceptada. Di tiempo para ver si efectivamente se iba a hacer algo y no se hizo. Y yo me vine (a Costa Rica).
¿Por eso fue que usted renunció en esa ocasión?
Sí señor, yo renuncio precisamente porque yo creo que yo fui a Guatemala para colaborar en un proceso en Guatemala, y por qué quedarme allá disfrutando de un salario sin hacer lo que realmente correspondía.
Y en relación al momento político, ¿cuál cree que sea ese momento político del caso Parlacén? ¿cuando este gobierno esté saliendo?
En las pesquisas penales no deben primar momentos políticos.
Según su parecer ¿cuál cree que fue el momento político que vio el doctor Castresana?
Eso habría que preguntárselo a él. Hay algo que deberían dejarle claro a la ciudadanía guatemalteca: todo el equipo que yo tenía, todos los que investigamos estos casos, ya no estamos en Guatemala. Ninguno.
¿Cuántos eran?
Unos 10 de diferentes nacionalidades.
¿Todos renunciaron? ¿se fueron por lo mismo?
Unos, porque ya cumplieron y retornaron a sus países; la gran mayoría, bueno, seis, renunciamos.
¿Por las mismas razones?
Al menos le puedo decir que tres sí renunciamos por esa razón.
¿De qué países eran los tres?
Dos españoles y yo.
Castresana dijo que usted fue despedida y que se le había sometido a un proceso, como queriéndola descalificar
El señor Castresana lo que quiere es deslegitimar lo que yo estoy diciendo, porque no tiene argumentos, porque ellos saben que tengo las pruebas. Tengo las cartas de felicitación que me dieron, pero él me quiere descalificar. Se lo dije cara a cara, porque soy una mujer frontal. No he incurrido en ningún hecho delictivo. Lo único que he hecho es ser consecuente con la ética, la honestidad y la lucha por la justicia.
En el caso Pavón, usted me decía que ya estaba resuelto, de alguna manera, desde hace algún tiempo. Las investigaciones, digamos, concluida la investigación.
Las investigaciones que hicimos nos dan cuenta de ciertos hechos; obviamente eso tiene que ser sometido a los tribunales.
¿Desde qué momento está el caso Parlacén con las investigaciones ya casi concluidas?
Desde que teníamos una posición para tomar una línea respecto a ese caso.
¿Fechas?
Le puedo decir que desde el año pasado, desde abril y mayo del año pasado.
¿Hay relación entre uno y otro hecho. Estoy diciendo entre el Parlacén y Pavón. Es una misma estructura la que operó?
Hay, don Carlos, sí… ya les dije más que mucho. Les dije que se estudió e identificó la estructura.
Pero yo lo que le estoy preguntando, perdone, es si hay una relación entre los hechos del Parlacén y los hechos de Pavón
Pero es que yo no le puedo ya… yo no le puedo responder.
¿Sí me puede decir que se llegó a la conclusión de que hubo ejecuciones extrajudiciales en el caso de Pavón..?
Sí, es cierto que hubo ejecuciones extrajudiciales; eso sí le puedo decir.
Entonces ¿sí fue una ejecución extrajudicial lo de Pavón?
Sí, hubo ejecuciones extrajudiciales en Pavón.
¿Esta estructura paralela que se identificó en los casos de Parlacén y Pavón?
Y El Infiernito…
…También en El Infiernito, ¿qué tan grande a nivel de funcionarios? ¿qué tan elevada es la cantidad?
Yo le hablo de una estructura. No le voy a decir de cantidad.
¿Qué pasa con los señalamientos a la ligera?
Me parece muy grave, y es mi criterio muy respetuoso, que la función de nosotros no era irrumpir en la institucionalidad del país, de cuestionamientos. La obligación sería que la CICIG hubiese presentado procesos penales con todas las personas señaladas.
¿Hay alguna instancia de la ONU para que usted lo denuncie a ese alto organismo?
No hablé antes, primero porque yo era una total desconocida, aunque tengo la prueba… Vea que el señor Castresana, en todo lo que él decía, era como un dios. Todo lo que él decía era la verdad absoluta, incuestionable y muy pocos tuvieron el valor de venir y decir: pensemos objetivamente, cuáles son los elementos de prueba y cómo se justifica esto.
¿Usted sí estaría dispuesta si es requerida al más alto nivel de la ONU a contar esto?
Por supuesto, y aún más detalles.
¿Y eso aún no lo ha hecho?
No, porque imagínese, yo no sé ahí que instancias hay que tocar. Y cuál es una de las cosas que yo veo respecto a la CICIG, es que no hay controles de supervisión, y sabe por qué, porque como la CICIG es una cosa tan novedosa, es un Ministerio Público como de carácter internacional, pero no tiene órganos de control que digan, bueno, esta gente está haciendo bien las investigaciones, está actuando debidamente, no hay transparencia ni rendición de cuentas.
¿Usted cree que la CICIG ha aportado o más bien debilitado la institucionalidad del país?
Es que, vea, yo creo que si la CICIG se hubiera limitado a cumplir con el mandato, ya hubiera fortalecido, pero creo que más bien ha polarizado las diferentes fuerzas en Guatemala. Pero por eso le digo, creo que ahora, con otro rumbo, yo creo que va a cambiar bastante. Yo estoy casi segura y tengo la confianza que esta nueva gestión va a darle justamente el sustento legal, normativo, a la CICIG y le va a dar esperanza a Guatemala para salir adelante.
Usted que conoce al doctor Dall’Anese, ¿cuáles cree que sean las fortalezas para hacerse cargo del equipo?
Sus fortalezas son su carácter independiente, una férrea voluntad de lucha por la justicia; tiene un compromiso con lo que hace.
(Fin de la entrevista telefónica de la Fiscal costarricence Gisela Rivera con el periodista Carlos Ajanel de Siglo Veintiuno).
Cláususlas del Convenio entre la ONU y Guatemala
A estas especificaciones se debe circunscribir el jefe de la CICIG (quien quiera que sea):
- Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
- Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
- Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. (Fin de las cláusulas del Convenio entre la ONU y el gobierno de Berger y Stein para la creación de la CICIG)
Mi saludo de bienvenida al doctor Dall’Anese
Dicho lo anterior, presento mi más respetuoso y cordial saludo de bienvenida al nuevo jefe de la CICIG, doctor Dall’Anese y le deseo mucho éxito en el desempeño de sus funciones.
(Continuará)