MISCELÁNEA 15/03/2010

*Cuidado con la CICIG

Foto Prensa Libre: Saúl Martínez

«El ex presidente (Alfonso) Portillo malversó fondos para la Cofradía, y es por eso que se le está acusando». Carlos Castresana, jefe de la Cicig.

El titular de primera plana del dierio Siglo Veintiuno del jueves 11 del mes en curso dice lo siguiente: Colom busca ampliar facultades de la CICIG y como subtítulo: Además, el gobernante considera que Comisión debería quedarse otros cinco años en el país.

Y en la página 3 de esa edición hay un reportaje que se refiere a ese titular:

Proyecto. Colom dice que la ampliación de la CICIG está en análisis.

>Gobernante considera que la Comisión de la ONU tendría que quedarse otros cinco años en el país.

>Entre los nuevos ámbitos de investigación podrían incluírse delitos cometidos durante el conflicto armado.

Mynor Enrique Pérez, sigloxxi.com

El presidente Álvaro Colom busca ampliar las facultades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) así como la extensión del mandato por cinco años más.

El gobernante afirmó que entre los nuevos ámbitos de investigación de la CICIG podrían estar los delitos cometidos durante el conflicto armado.

«Honestamente, creo que deberían ser por lo menos cinco años más», afirmó Colon (sic) al ser consultado sobre la prórroga de la permanencia en el país de la Comisión dirigida por el jurista español Carlos Castresana Fernández.

Colom indicó que el Ministerio de Gobernación revisará «lo bueno que ha hecho (la) CICIG y los instrumentos que necesita. Pero, definitivamente, se necesita fortalecer la figura de CICIG (sic) para que tenga más amplitus y más rango de acción» (vea: Acuerdo único)

En pláticas

Colom reconoció que sobre el tema «ha habido pláticas» en sus recientes reuniones con Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las (sic) Naciones Unidas (ONU), y con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, pero «todavía no hay un planteamiento»Consultado sobre la ampliación del mandato, Castresana refirió: «Sólo puedo decirle que tenemos trabajo para los próximos 18 meses; es muy prematuro, pero es una opinión, en todo caso, entre el gobierno y la secretaría general (de la ONU); es pronto, pero no es malo discutir, la relación es buena, ambas partes están satisfechas con el trabajo que se está realizando».

El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, indicó que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) está analizando «en qué otros escenarios ampliar el mandato», pero subrayó que, de momento, «no hay una propuesta concreta».

Francisco Jiménez, secretario técnico del CNS, afirma que los 18 meses que quedan para que concluya el actual mandato de la CICIG podrían ser insuficientes para «madurar» las entidades que reciben el apoyo, en referencia a las instituciones del sector justicia.

Según el convenio de creación de la CICIG, firmado por el vicepresidente Eduardo Stein, el trabajo de la comisión concluye en septiembre de 2011 (lea: Arma de doble filo).

Sobre las nuevas facultades que podría tener la CICIG, Colom expresó que «no habría ningún problema» con asignar investigaciones por delitos perpetrados durante la guerra interna.

El titular de la Secretaría de la Paz, Orlando Blanco, afirmó que la ampliación de las atribuciones de la CICIG permitiría realizar pesquisas en casos como la quema de la Embajada de España, así como las masacres.

Blanco recordó que la idea original del ente que más tarde se convirtió en CICIG «conllevaba la posibilidad de la persecución de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, que se originaron en el confrontamiento armado y evolucionaron en estructuras ligadas al crimen organizado».

Sobre este tipo de investigaciones, el diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, señaló que algunas de estas pesquisas se complicarían por la amnistía otorgada por medio de la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1996.

Evaluación

El analista político Édgar Gutiérrez, quien en 2004, en su calidad de canciller, promovió una primera versión de lo que posteriormente derivaría en la CICIG, considera que antes de ampliar el mandato de la Comisión dirigida por Castresana hay que evaluar su desempeño, pero señala que hay una carencia de mecanismos para este fin.

«Carlos Castresana tiene un poder discrecional muy amplio», dijo Gutiérrez, al sugerir que la ONU valore primero si el trabajo de la CICIG «ayuda o no a combatir la impunidad».

El analista señaló que la Comisión «se ha metido en todo», en referencia a la elección de magistrados y otros funcionarios del sector justicia. Sentenció que «el que mucho abarca, poco aprieta».

En esa misma página hay un recuadro con el título ACUERDO ÚNICO y el subtítulo >El convenio por medio del cual se crea la CICIG es único en el mundo, y, según el presidente Colom, buscan ampliar la permanencia de la Comisión y sus facultades de investigación.

Convenio

El acuerdo para establecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se firmó con Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006. Lo suscribieron, en Nueva York, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, y el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Ibrahim Gambari.

Ratificación

El acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entró en vigencia el 4 de septiembre, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos.

Nombramiento

Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al comisionado Carlos Castresana Fernández para estar al frente de la CICIG.

Plazo

El convenio para la creación de la CICIG establece un plazo de 2 años prorrogables. Dicha ampliación de plazo fue solicitada el año pasado por el presidente Álvaro Colom, por lo cual la Comisión encabezada por Castresana funcionará en el país hasta septiembre de 2011.

Prórroga y facultades

Colom anuncia su intención de extender el plazo de la CICIG en el país, más allá de 2011, además de ampliar sus facultades de invetigación.

Intento fallido

Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Esta poropuesta fue desechada luego de que la CC opinó que el acuerdo violaba la Constitución, al otorgar al ente internacional facultades exclusivas del Ministerio Público.

En este mismo reportaje hay un recuadro con el título ARMA DE DOBLE FILO, que dice:

Stein, promotor de la CICIG, calificó de saludable la revisión de las atribuciones antes de que inicie el año electoral, pero advirtió que se corre el riesgo de que la discusión sea aprovechada para debilitar al ente.

«Los mismos aparatos clandestinos que se han metido en la institucionalidad serían los primeros interesados en desinflar a la CICIG, quitándole capacidades», señaló Stein, quien sugiere incluir entre las facultades la investigación de casos de corrupción, con lo cual se fortalecería el trabajo de la Contraloría General de Cuentas. (Fin del reportaje)

Foto Prensa Libre: Saúl Martínez

Comento: felicito a los columnistas Gustavo Berganza y Édgar Gutiérrez por sus enjundiosos artículos que se refieren a la posibilidad que la CICIG extienda sus actividades para conocer los delitos cometidos durante el conflicto armado interno, lo único que se me ocurre decir es que sería como «meterse en camisa de once varas» o, en otras palabras, «jugar con fuego». Me atrevo a decirlo en esta forma porque aunque la Institución Armada está prácticamente diezmada a raíz de los «acuerdos de la paz» y, sobre todo, del acuerdo «de paz firme y duradera», firmado el 29 de diciembre de 1996 por los representantes del gobierno del Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen, el ex guerrillero Gustavo Porras Castejón, quien entonces trabajaba como Secretario de la Presidencia, la licenciada Raquel Zelaya Rosales, el licenciado Richard Aitkenhead Castillo, ex ministro de Finanzas del gobierno de Jorge Serrano Elías, y el general de Brigada Otto Pérez Molina, ex jefe del EMP que desempeñaba el cargo de Inspector General del Ejército, y los  representantes de las organizaciones guerrilleras integradas en la Unidad Revolucionaria Nacionalista Guatemalteca (URNG), que poco tiempo antes, por disposición del comandante Fidel Castro Ruz, en Nicaragua habían sido integradas en una sola organización, gracias a los oficios de los comandantes cubanos Manuel «Barba Roja» Piñeiro, embajador de Cuba en ese país, y Ramiro Abreu, embajador viajero de la dictadura comunista cubana. Los dirigentes de estas organizaciones fueron: Ricardo Arnoldo Ramírez de León, comandante Rolando Morán, quien había sido el fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), primera organización guerrillera que hubo en el país, y después fue comandante en Jefe del denominado Ejército guerrillero de los pobres (EGP); Jorge Ismael Soto García, comandante Pablo Monsanto, Ricardo Rosales Román, alias Carlos González, secretario general del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), (comunista) y el doctor Jorge Edilberto Rosal Meléndez en representación de Rodrigo Asturias Amado, comandante Pascual Ilom, de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Boutros Boutros-Ghali; pero no creo que los militares vayan a tolerar tranquilamente que, a estas alturas de la historia, elementos plenamente identificados con la subversión guerrillera que les combatieron y hoy ocupan altas posiciones en las filas del actual gobierno, vayan a tratar de cobrarse venganzas por las acciones militares que les combatieron en la guerra cumpliendo con su deber constitucional y, aunque les derrotaron en el campo de batalla, perdieron la guerra en la mesa de negociaciones. No hay que olvidar que todas las guerras dejan muertos y heridos y en ellas se cometen abusos y delitos por las acciones de ambos contendientes. De ambos, repito, no sólo de uno de ellos. Pero si los militares se cruzan de brazos y dejan que eso ocurra, serán culpables de lo que les podría llegar a suceder. Y qué se puede decir de que el poderoso Orlando Blanco Lapola, de quien se dice que fue «comandante» guerrillero durante el conflicto armado y actualmente es nada menos que «Secretario de la Paz» (¡viva la paz!) y, según sus propias palabras, trata de resucitar a la CICIACS no obstante que fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC) y rechazada su ratificación por el Congreso de la República.

A continuación, reproduzco  las opiniones de los columnistas de elPeriódico Édgar Gutiérrez, quien fue precisamente el promotor de la creación de la CICIACS cuando era ministro de Relaciones Exteriores del nefasto gobierno de Alfonso Portillo, pero la CICIACS la cual fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, y no fue ratificada por el Congreso de la República, y del doctor Gustavo Berganza las cuales abordan ese mismo tema. Y no creo que tenga razón el empresario multimillonario Dionisio Gutiérrez Mayorga, presidente de la empresa Multinversiones, quien en su acostumbrado programa de televisión denominado Libre Encuentro, anoche arremetió contra ellos satanizándoles y descalificándoles por el hecho de ser izquierdistas. No comprende que por actitudes tan radicales como la suya es que se produjo el conflicto armado. Además, Gutiérrez trató de convencer a su teleaudiencia de que éstos columnistas están participando en una «conspiración» contra el comisionado Castresana. En dicho programa tomaron parte también la diputada Nineth Montenegro, el ex candidato presidencial y Rector de la universidad Galileo, doctor en Matemáticas y Física Nuclear Eduardo Suger Cofiño, el licenciado Luis Linares, secretario adjunto de Asíes, y ese señor de origen español que se llama Pedro Trujillo que, evidentemente, es una persona sumamente activa porque es profesor de la universidad Francisco Marroquín, escribe una columna periódica en Prensa Libre y es colaborador de planta del programa noticioso de televisión que transmite el canal Antigua y dirige el periodista Juan Luis Font, co director de elPeriódico, denominado A las 8:45. Y todos ellos hicieron coro a las graves acusaciones del muy adinerado empresario Gutiérrez contra los mencionados columnistas y totalmente en favor del jefe de la CICIG en lo personal.

Quiero dejar MUY CLARO –por enésima vez– que me viene del Norte lo que puedan pensar y decir en el programa de televisión Libre Encuentro el empresario multimillonario Dionisio Gutiérrez Mayorga y sus achichincles acerca de lo que publican en sus columnas mis colegas columnistas, porque para eso es que la Constitución de la República garantiza la libertad de opinión y de expresión, pero no tengo por qué guardar silencio ante las tortuosas insinuaciones que plantean contra quienes criticamos a la CICIG en general y a Castresana en particular estamos comprometidos en alguna «conspiración» izquierdista. Dionisio Gutiérrez tiene tantos millones y tantos aviones jets y ejércitos de guardaespaldas que no le permiten darse cuenta de la realidad de quienes habitamos este país y compartir lo que sentimos quienes no estamos de acuerdo con la dolorosa situación de miseria que comparte una gran mayoría del pueblo guatemalteco y creemos firmemente que se debe hacer algo decisivo para que ésta cambie favorablemente para que esos pobres compatriotas puedan vivir como seres humanos y no como si fuesen animales de corral, en miserables chozas que se van a caer en el primer temblor de tierra y tienen que dormir sobre petates en el suelo. Los multimillonarios como Gutiérrez, que se desplazan por las calles de esta ciudad con caravanas de vehículos blindados llenos de guardaespaldas y fuertemente armados no pueden comprender lo que sentimos quienes arriesgamos la vida todos los días cuando salimos a las calles, porque no tenemos guardaespaldas y los delincuentes nos pueden matar en cualquier esquina, aunque sea solamente para robarnos el teléfono celular o el automóvil; ni les importa un cacahuate si el gobierno del país ejerce o no su soberanía en situaciones como las que hay actualmente con el creciente poder de una comisión internacional como la que preside el español Castresana. Lo único que les importa a ellos es ver cómo puede ser posible evitar tener que pagar impuestos y que los gobiernos cuiden el cotarro para que sus negocios ganen más dinero y no les vayan a robar sus millones mayormente depositados o invertidos en el extranjero. Pero nadie les dice nada porque como tienen tanto dinero, pueden darse el lujo de ser socios de los medios de comunicación para que los periodistas no puedan tocar sus intereses ni con el pétalo de una rosa.

Repito, una vez más, que no tengo nada personal contra el comisionado español Carlos Castresana, nombrado por la ONU para ser el jefe de la CICIG, aunque anteriormente he expuesto con toda franqueza que me desagrada la idea que tenga que venir un juez español a combatir la impunidad porque las autoridades de los sucesivos gobiernos guatemaltecos no han sido capaces de hacerlo, ya sea por incapacidad o porque caen fácilmente en las tentaciones y cantos de sirenas para enriquecerse con la corrupción y siguen tan impunes. Pero también he reconocido que si es absolutamente indispensable haya una CICIG de la ONU y un comisionado como Castresana para que investigue los casos de corrupción y haga lo que sea necesario para que los delitos no queden impunes, bienvenidos sean. Pero me preocupa –y me disgusta, lo confieso– que Castresana esté tomando tanto poder, al extremo de intervenir en todo lo que se relaciona con el ministerio de Gobernación y demás instituciones relacionadas con la justicia. Porque, además, no es exactamente ese el papel para el cual fue contratado originalmente. Es innegable que ya ha sobrepasado sus funciones. Sin embargo, nada se ha hecho además de la brillante investigación sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Peromientras tanto son muchos los ex funcionarios señalados de haber cometidos graves actos de corrupción que siguen caminando en libertad tranquilamente por las calles como si fuesen émulos del famoso Johnny Walker. Para no ir muy lejos, podría explicar ¿en qué quedaron los ex presidentes del Congreso, licenciado Rubén Darío Morales y doctor Eduardo Meyer, ambos acusados de haber depositado en una Casa de Cambio muchos millones de quetzales del Congreso de la República (del pueblo, pues)?

Por otra parte, en la misma forma como el multimillonario Dionisio Gutiérrez y sus achichincles se permiten la libertad de sospechar que los columnistas estamos involucrados en «una conspiración» contra la nueva Inquisición española ahora representada por la CICIG, hay personas que sospechan que el gobierno de Álvaro Colom está tratando de prolongar el período del contrato de la CICIG y sus atribuciones porque el comisionado Castresana ha logrado colocar a personas de su preferencia en posiciones de poder, como el nuevo ministro de Gobernación, periodista Carlos Escoto, quien antes de ser nombrado ministro en sustitución de Raúl Velásquez (sorpresivamente destituído del cargo y hoy prófugo de la justicia), era el enlace entre el presidente Colom y Castresana, y como la licenciada Yolanda Encarnación Pérez Ruiz, quien antes de ser nombrada viceministra de Gobernación trabajaba en las filas de la CICIG.
Pero después de haber leído con mucho detenimiento una larga entrevista de dos páginas sumamente interesante que le hizo la reportera de Prensa Libre Coralia Orantes a Castresana, titulada «Instituciones están sobre estructuras clandestinas» y el pre título Impunidad. Carlos Castresana, jefe de la CIcig, señala que existenpor lo menos dos tipos de grupos que han manejado las instituciones del Estado y que han permitido que se enraíce la impunidad en Guatemala», estoy seguro de que en el país hay muchas personas que sospechan que la prórroga del tiempo del contrato de la CICIG y la extensión del campo de actividades que ha prometido el presidente Colom  es en cambio a que de ahora en adelante la CICIG y su comisionado Castresana comiencen a señalar supuestas actividades delictivas de la famosa «Cofradía» (¡nada que ver con la Cofradía de los Viernes!) integrada por oficiales de la Institución Armada especializados en Inteligencia –como el general retirado Otto Pérez Molina, por ejemplo, porque fue uno de los miembros prominentes de la «Cofradía» cuando fue primero Jefe de Inteligencia Militar (G-2) y jefe del «Archivo» y después Jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente «emergente» Ramiro Deleón Carpio, alias «huevos tibios«– en supuestos delitos cometidos  con impunidad en esos tiempos pasados… para tratar de desprestigiar a ese general retirado en vista de que es el que tiene mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales y, por consiguiente, el más fuerte contendiente de la hasta ahora supuesta candidatura presidencial de la discutida señora Sandra Torres de Colom, esposa del actual mandatario.

La primera de dichas columnas dice así:

La desproporción

En qué caravana camina la verdad y la justicia.

Por: Edgar Gutiérrez

Vuelvo a decirlo con todas las letras. El señor de la CICIG no está haciendo el trabajo que se le encomendó para Guatemala. Y si por advertir que el rey va desnudo, él emplea en represalia los recursos con los cuales dispone (más los que se abroga indebidamente) para montar un patrón de persecución en mi contra, no me importa. Me atengo a las consecuencias por una razón de principio: son inaceptables sus desplantes de censura a la libertad de expresión o que criminalice el ejercicio del criterio.

Estos días ha sido diligente visitando directores de medios y oficinas que forman opinión pública para confiarles que un peligroso conspirador opera contra la CICIG, montando además un plan de desinformación para dañar a ciertas personas. Resumo en qué consiste la “conspiración” publicada y firmada en estas páginas desde el año pasado: decir que el señor tuvo que haber identificado y desmantelado Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Que debió promover una estrategia de fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho. Que está echando por la borda una oportunidad irrepetible para Guatemala. Que si continúa por ese sendero nos va a dejar peor de como nos encontró. 
¿Desinformación? Los periodistas saben. Es filtración de personal frustrado de la CICIG. Quizá lo hicieron porque las denuncias recibidas hace varios meses y sus propias investigaciones no fueron procesadas judicialmente.

Me importa que la CICIG tenga éxito porque es sano para el país. Soy corresponsable de su creación, pues en 2004 firmé con el Subsecretario General de la ONU el acuerdo de la CICIACS. En el encendido debate de 2006 y 2007 siempre defendí su pertinencia. En 2008 formé parte de una iniciativa para capacitar en periodismo de investigación sobre CIACS a 100 periodistas de todos los medios con énfasis en reporteros de provincia. Siempre fue un apoyo sin interferencia. Ahora es mi decepción y, a la vez, mi crítica leal a lo que considero traición al mandato de la CICIG escamoteo de la justicia y abuso del poder discrecional.

Mi sola crítica es insignificante ante el inmenso poder del señor de la CICIG. La desproporción la visualicé la semana pasada: sólo en mi carro, ante una marea de autos y motoristas cuya punta ya había atravesado el Periférico, y cuya cola aún no terminaba de pasar por la Reformita zona 12. Trato de adivinar en qué caravana camina la verdad y la justicia para Guatemala, pero entiendo que ya no está a bordo de esta. (Fin de la columna de Gutiérrez)

Comento: Eso de «la caravana» que menciona Gutiérrez en su columna se refiere a que el poderoso comisionado Castresana se desplaza por la ciudad en medio de una numerosa caravana de vehículos llenos de elementos de seguridad.

Y la segunda es la siguiente:

Guatemala, país intervenido
Construir un Estado fuerte.
Por: Gustavo Berganza
Desde que los militares admitieron su fracaso para gobernar, este país ha estado sometido a diversos niveles de intervención. Durante los gobiernos de Cerezo y Serrano se debía rendir cuentas a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y había que doblar el lomo ante el relator/asesor que esta nombraba para fiscalizar cómo cumplíamos con nuestras obligaciones.
Con las negociaciones de paz, la ONU adquirió un rol mayor como contralora de las políticas de Estado a través de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), una gigantesca operación que llenó al país de observadores extranjeros. Esta intervención, consentida por el Estado guatemalteco, se prolongó de 1994 a 2004. Su función era evitar que el Estado continuara torturando y matando a los guatemaltecos.
En plena agonía de Minugua en el 2003, y ante el auge del narcotráfico y las bandas de secuestradores, presumiblemente con complicidad del Estado, Edgar Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del FRG, propone una Comisión para la Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). La idea es liquidada por la Corte de Constitucionalidad. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la nueva versión impulsada por Eduardo Stein, vicepresidente de Berger, será aceptada en la ONU y ratificada por el Congreso, aunque con oposición del FRG y el Partido Unionista. Desde su establecimiento, la CICIG ha dirigido investigaciones y armado procesos junto con el Ministerio Público. Además, ha diseñado propuestas de reforma de leyes, para las cuales ha cabildeado en el Congreso. Últimamente ha ejercido derecho de veto en elecciones de magistrados, del director de la Defensa Pública Penal y nombramientos en Gobernación y la Policía Nacional Civil; es previsible que lo haga también en la designación del nuevo Fiscal General.
En el ínterin, los embajadores asentados aquí también han rebasado su papel diplomático para transformarse en activistas. No es sólo la embajada de EE.UU., que siempre ha tenido un gran peso, sino también las de países europeos e, incluso, latinoamericanos.
La conclusión a la que se llega es que este país no sabe gobernarse y por ello necesita de muletas extranjeras. A pesar de los pataleos de la derecha –cuya vertiente empresarial se resignó a la presencia de la CICIG– y de las críticas que emergen de los amigos de Alfonso Portillo, sin la intervención extranjera Guatemala no habría tenido gobiernos libremente electos, en los que ahora participa la antigua insurgencia. De haber persistido el nacionalismo aislacionista de los militares, seríamos como Birmania o tendríamos cuartelazos cada jueves y domingo. De seguro, nunca habríamos emprendido el rescate del sistema de seguridad y justicia ni seríamos conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente, los derechos indígenas, la igualdad de la mujer y abatir el negocio de las adopciones.

Ya tenemos la patota de la intervención dentro, lo mejor que podemos hacer es apoyarnos en ella para construir un estado fuerte y eficaz. Esa es la única manera de sacudirnos la arrogancia y prepotencia de los que, con razón y conocimiento, nos dicen hoy cómo debemos gobernarnos. (Fin de la columna del doctor Gustavo Berganza)

Comento: Reitero que yo no formo parte de ninguna supuesta «conspiración contra la CICIG en general o contra Castresana en particular, pero eso no quiere decir que no tenga derecho a preguntar: «¿Faculta la Constitución de la República al presidente de la República a endozar la soberanía del país a una dependencia de una organización internacional como la ONU? ¿Hasta dónde llegará el poder del señor Castresana? ¿Es un Procónsul todopoderoso que puede intervenir en todo lo que le da la gana? ¿Hasta qué límite va a actuar en todo lo relacionado con el ministerio de Gobernación, donde evidentemente logró colocar como ministro al periodista Carlos Menocal con quien tenía una estrecha relación anterior y también fue nombrada la licenciada Yolanda Pérez como viceministra de Gobernación y antes trabajaba en la CICIG? No tengo ninguna razón para poner en tela de duda la capacidad y la honorabilidad de esta ex juez y ex magistrada porque tiene una hoja de servicios impecable, pero es sospechoso que llegue a ese alto cargo en el ministerio de Gobernación. ¿Se le va a permitir que designe también al próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público? ¿Va a ser la persona escogida para ese cargo alguien que también esté ligada al gobierno de Álvaro Colom y concretamente con la señora Sandra Torres Casanova de Colom?

Interesante entrevista al ministro Carlos Menocal

Carlos Menocal jurando que hará respetar y hacer que se respete la Constitución de la República.

Esta mañana, en el escuchado programa radial titulado A primera Hora, que transmite la cadena Emisoras Unidas fue entrevistado por los periodistas conductores Beatriz Colmenares y Felipe Valenzuela el nuevo ministro de Gobernación, Carlos Menocal y, francamente, me pareció excelente y me hace creer que este periodista es un hombre sumamente inteligente y sensato, además de estar muy bien informado. En general, fue muy atinada su participación en el mencionado programa, por lo cual le felicito y le deseo que tenga mucho éxito en su gestión.