En la sección de columnas de Opinión de elPeriódico de hoy se publica un artículo del licenciado Fernando Andrade Díaz Durán, con el cual concuerdo totalmente y voy a reproducir a continuación porque me parece excelente y oportuno. Como es ampliamente sabido, el autor es un connotado abogado y notario y fue Ministro de Relaciones Exteriores de 1983 a 1986, luego fue Embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York de 1986 a 1988; en 1995 fue candidato a la Presidencia de la República por los partidos Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), Unidad del Centro Nacional (UCN) y Social Demócrata (PSD; y, posteriormente, en 2003 fue candidato temporal a la Vicepresidencia de la República por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) actualmente en el poder. Está tan claro que no creo necesario agregarle el más mínimo comentario.
Jugar con fuego es peligroso
Pretenden impedir la candidatura de oposición más fuerte al día de hoy.
Fernando Andrade Díaz-Durán
La campaña electoral ya se inició con plena fuerza. Todos estamos conscientes que este año electoral va a ser duro, complicado y riesgoso. La ciudadanía se siente inundada de la publicidad –propaganda– masiva en los medios de comunicación social y ya no es posible bajar el ritmo de la misma porque los distintos proyectos sienten que ahora el tiempo es corto, a pesar de que aún faltan ocho meses para las elecciones generales. Por de pronto, no han ocurrido contratiempos de mayor envergadura de los cuales tengamos que lamentarnos. Sin embargo, se siente cierto desasosiego en distintos sectores porque se le atribuye al sector oficial la disposición a hacer cualquier cosa para triunfar en las elecciones sin reparar en el costo para la institucionalidad democrática. Hace un mes en mi columna de opinión, señalé que la UNE y la candidata oficial, Sandra Torres, no escatimarían esfuerzo o recurso alguno para imponerse en las elecciones. Dije que un sector de la UNE no titubearía en recurrir a cualquier artimaña para despejar el campo político de los candidatos fuertes de oposición con mejores opciones. Para los observadores políticos está muy claro que el sector de la izquierda profunda que se ha impuesto, por de pronto, en la UNE, está detrás de la estrategia que busca descalificar la candidatura presidencial del Partido Patriota reactivando el “famoso” caso Bámaca. Como se recordará este caso ya había sido cerrado en definitiva por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Pero, ¡oh, sorpresa!: “por generación espontánea o inducida”, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió recientemente una resolución-recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se “ordena” que se abra de nuevo la investigación sobre la muerte del ex guerrillero Efraín Bámaca, ocurrida hace alrededor de 18 años. Es muy posible quque se intente iniciar un proceso contra el candidato presidencial del Partido Patriota, con el claro propósito de dañar su imagen o lo que es más serio, procurar inhabilitar su candidatura a través de procedimientos sesgados con el pretexto de hacer “justicia” en un supuesto caso de violación de los derechos humanos. Quienes dirigen la campaña electoral de la UNE saben que su candidata está rezagada en las encuestas y por ello pretenden impedir la candidatura de oposición más fuerte al día de hoy. Quienes están detrás de todo esto deberían entender que están poniendo en peligro la gobernabilidad democrática y la institucionalidad misma. Las aspiraciones de los partidos políticos son legítimas siempre y cuando se manifiesten dentro del respeto al Estado de Derecho. Pero lo que se pretende hacer por el grupo ideológicamente recalcitrante de la UNE es motivo de gran preocupación sobre todo porque parecen contar con la anuencia de algunas de las autoridades de Gobierno. Y lo que es más preocupante es la eventual complicidad –consciente o inconsciente– de algunos elementos ideologizados o predispuestos de los tribunales o del Ministerio Público. Otro aspecto que no se puede ignorar es el involucramiento creciente de ciertos diplomáticos extranjeros en los asuntos internos de Guatemala y cuyos juicios de valor a veces son prejuiciados o inexactos y en ocasiones se dejan sorprender por determinados sectores locales que buscan utilizarlos para alcanzar sus propios fines. Es cierto que el Gobierno de Guatemala solicitó a la Organización de las Naciones Unidas su cooperación para hacer frente a los problemas de justicia e impunidad en Guatemala y de allí nació, después de muchos cabildeos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG es un experimento único de la ONU que no tiene precedente alguno y que, a la fecha, no ha rendido los resultados que se esperaban a pesar de algunos aciertos en casos muy puntuales. Los procedimientos de esta entidad internacional son elásticos y se mueven en un ámbito de funcionamiento que responde más bien a la personalidad de quienes han sido nombrados para dirigirla. No se trata aquí de cuestionar la legitimidad de las actividades de la CICIG, pero sí vale la pena recordar que debe ser independiente e imparcial. Menciono lo anterior porque sería inaudito que el sector ideologizado de la UNE se saliera con la suya a ciencia y paciencia de los sectores representativos de la sociedad de Guatemala con la indiferencia o pasividad internacional. Quienes resulten triunfadores en las próximas elecciones deben ser producto de la voluntad popular legítimamente expresada. Hay que ganar en buena lid. (Fin del artículo)